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martes, 1 de septiembre de 2026

EL “CARDIÓLOGO y el PULSO PERDIDO: PROTESTA en REYNOSA EXHIBE DIAGNÓSTICO CLÍNICO del FRACASO en SALUD”…la mediocridad es poco saludable.


La metáfora no sólo es retórica, particularmente porque Américo Villarreal ,aun gobernador de Morena en Tamaulipas es cardiólogo y Ricardo Guerrero Morales,actual Secretario de Salud, es médico cirujano y ambos deberían conocer la diferencia entre atender síntomas y corregir una enfermedad de fondo.

Guerrero fue designado secretario de Salud estatal el 1 de julio de 2026; sin embargo, su perfil público lo identifica más como amigo de escuela del gobernador que como médico cirujano general. Por su parte, Villarreal ha construido buena parte de su identidad pública desde su pasado priista y su profesión de cardiólogo, aunque nunca se distinguió de manera sobresaliente en ninguna de las dos facetas, pues ha hecho de la mediocridad su modo de vida, como advierten encuestas ciudadanas del historico y pesimo desempeño.

El sistema está en terapia intensiva y los médicos a cargo siguen tomando la presión, no curando al paciente

En Reynosa, el sistema público de salud volvió a entrar en crisis. Y no es una metáfora gratuita: el paciente se llama IMSS-Bienestar Tamaulipas, lleva años con los mismos síntomas, presenta carencia crónica de medicamentos, déficit de personal, falta de equipo, agotamiento laboral y una administración incapaz de estabilizarlo.

Los médicos y trabajadores del Hospital General de Reynosa a cargo de un medico al que la esposa del gobernador le corrió a su cónyuge de la Secretaria de Salud, tuvieron que salir a protestar porque ya no pueden seguir aplicando curitas a una hemorragia institucional. 

Y aquí la ironía es particularmente grave: quienes están obligados a atender esta emergencia son médicos.

El secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, médico cirujano general, llegó a la dependencia con el expediente de un sistema ya enfermo, sí, pero con la obligación profesional y política de intervenirlo. No basta tomarle el pulso al desastre, reconocer que hay carencias y prometer atención. Un cirujano sabe que, cuando un paciente entra con signos de choque, no se le manda a casa con palabras de aliento: se identifica la causa, se controla la hemorragia, se administra el tratamiento y se vigila la evolución.

Eso es justamente lo que no ve el personal de Reynosa.

Porque si los trabajadores protestan por falta de lo elemental, entonces el problema no está en fase de prevención; está en una falla operativa severa. Y Guerrero Morales no puede comportarse como médico de guardia que sólo recibe al paciente ya descompensado: como secretario de Salud debe ordenar estudios, encontrar dónde se fugan los recursos, corregir el abasto, contratar personal, garantizar insumos y dar una fecha verificable para que el hospital deje de sobrevivir a base de buena voluntad.

El cardiólogo y el pulso perdido

Pero la responsabilidad no termina en el consultorio del secretario. Arriba está el gobernador Américo Villarreal Anaya, cardiólogo de profesión, quien debería reconocer con claridad que el sistema de salud tamaulipeco no tiene una simple arritmia administrativa: padece insuficiencia estructural, como en el resto de su quehacer gubernamental.

La salud pública estatal lleva años con taquicardia burocrática, presión política elevada, oxigenación presupuestal insuficiente y una circulación de medicamentos que no llega a donde debe llegar. Cada protesta de médicos, cada paciente sin tratamiento, cada hospital sin material y cada trabajador obligado a comprar su uniforme es una alarma en el monitor. El problema es que desde el gobierno parecen escuchar el pitido, pero nadie decide intervenir.

Un cardiólogo sabe que no se puede pedirle a un corazón debilitado que siga bombeando más con menos. Sin embargo, eso es lo que se les exige a médicos, enfermeras, camilleros y personal administrativo: atender más pacientes, cubrir más turnos y resolver más carencias, pero sin medicinas, sin equipo y sin plantilla suficiente.

A ese ritmo, el sistema no mejora: se fatiga, se deteriora y termina colapsando.

IMSS-Bienestar: el diagnóstico pendiente

Y tampoco se puede esconder la responsabilidad detrás del membrete de IMSS-Bienestar. La federalización prometía corregir desigualdades, mejorar el suministro y ampliar la atención para quienes no tienen seguridad social. Pero en Reynosa, según la denuncia de los trabajadores, el tratamiento sigue sin llegar al área crítica: medicamentos, insumos, personal y equipamiento. 

La presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno federal que presumen desde el primer piso, un sistema de salud mejor que Dinamarca, deben asumir que IMSS-Bienestar no puede ser una marca institucional que funcione en discursos nacionales y se descompense cuando llega al hospital. 

Si la Federación concentra la conducción del modelo, también debe responder por sus signos vitales reales: presupuesto ejercido, compras, distribución, plazas, tiempos de cobertura y calidad de atención.

No hay “bienestar” cuando un médico debe explicar a un paciente que no hay medicamento. No hay “transformación” cuando el personal tiene que bloquear una avenida para conseguir la atención que el gobierno les niega dentro del hospital. Y no hay sistema de salud funcional cuando la protesta sustituye al inventario, la guardia sustituye a la plantilla y la resignación sustituye a la política pública.

El expediente clínico

El diagnóstico ya está sobre la mesa:

  • Síntoma: falta de medicamentos, insumos, equipo y personal.
  • Complicación: jornadas excesivas y desgaste de quienes sostienen el servicio.
  • Pronóstico: reservado, mientras la respuesta siga siendo administrativa y no clínica.
  • Responsables del tratamiento: Ricardo Guerrero Morales, desde la Secretaría de Salud; Américo Villarreal, desde el gobierno estatal; y Claudia Sheinbaum, desde el diseño y operación federal de IMSS-Bienestar.
  • Tratamiento urgente: abasto verificable, contratación de personal, equipamiento, condiciones laborales dignas y transparencia sobre recursos y plazos.

El problema tiene muchos años, pero esa antigüedad no lo vuelve normal ni lo absuelve. Al contrario: confirma que los gobiernos han aprendido a convivir con la enfermedad en vez de curarla.

Y cuando dos médicos tienen el mando político de la salud en Tamaulipas —uno desde la Secretaría y otro desde el Palacio de Gobierno— ya no alcanza con decir que el paciente llegó grave. La pregunta es otra: ¿cuándo van a dejar de levantarle el expediente al enfermo y van a empezar, de una vez, a salvarlo ?

Con información: HoyTamaulipas/

“NO MAMES. SIMEY YA ME PERDIÓ”: ATRAPAN a ADÁN AUGUSTO con los DEDOS en el WHATSAPP al ESTILO de MANITO y REY del CDV… pero con otro tipo de “calenturas”.


Mientras el país espera que sus senadores legislen, los morenistas parecen haber convertido el chat de WhatsApp en la verdadera cámara alta: ahí se negocian comisiones, se reparten huesos y se ajustan cuentas con gobernadores incómodos.

El diputado hidalguense Cuauhtémoc Ochoa decidió que, si Andrea Chávez ya anda más ocupada midiéndose la banda de “futura Gobernadora de Chihuahua” que calentando la curul, pues alguien tenía que recoger la Comisión de Bienestar del Senado que dejó botada. Y, qué casualidad, ese alguien era él.

En el mensaje dirigido al “Jefe”, Adán Augusto López, Ochoa plantea su brillante plan de fortalecimiento institucional: quedarse con la Comisión no tanto para mejorar el bienestar de los mexicanos —faltaba más—, sino para tener mayor contacto con Bienestar en Hidalgo y “contrarrestar” al gobernador Julio Menchaca. Porque para eso sirven las comisiones legislativas en la 4T: no para vigilar programas públicos, sino para armar contrapesos, cobrar facturas y jugar vencidas entre tribus.

Y como buen operador que no deja cabo suelto, Ochoa pregunta si la posición ya estaba apartada para Simey Olvera, su paisana, aquella que la semana pasada llevó a una doble de Claudia Sheinbaum a un mitin. La política hidalguense, al parecer, ya no necesita operadores: necesita casting, vestuario y suplentes de utilería.

La respuesta de Adán Augusto fue menos solemne que una sesión del Senado y bastante más sincera: “No mames. Simey ya me perdió”.

Así se ve el alto debate parlamentario: Andrea, según ellos, ya despachando como gobernadora antes de la elección; Ochoa apartando comisión para pelearse con el gobernador en turno; Simey quemada en el chat; y Adán Augusto administrando el reparto como si fuera padrino de una tanda política.

Mientras tanto, el “Bienestar” —ese que tanto invocan— esperando turno para entrar a la conversación.

Con información: ELNORTE/

“10 DÍAS MÁS y son 2 AÑOS.NO es UCRANIA, es AFGANISTÁN: el SALDO de ESTRATEGIA de HARFUCH y MILITARES en SINALOA NO SÓLO es de QUIEBRES; es de QUIEBRA”…administran un incendio que sigue devorando vidas, libertad y patrimonio.


A diez días de que se cumplan dos años de la guerra intestina entre facciones del mismo Cártel de Sinaloa, el próximo 09 de Septiembre,el balance no admite maquillaje corporativo: la operación de Omar García Harfuch y el músculo militar no han convertido el conflicto en un mercado bajo control; apenas han aprendido a administrar un incendio que sigue devorando vidas, libertad y patrimonio.

El tablero no celebra

En cualquier empresa que aspire a sobrevivir, hay indicadores que no se pueden presentar como “áreas de oportunidad”. Son alertas de quiebra operativa. Del 9 de septiembre de 2024 al 30 de agosto de 2026, de acuerdo con Noroeste, Sinaloa acumuló 3,773 homicidios dolosos, 4,315 personas privadas de la libertad y 12,361 vehículos robados. Traducido al lenguaje de una junta de consejo: el negocio principal —garantizar seguridad— está perdiendo clientes todos los días, y los clientes se llaman ciudadanos.

Made with Flourish • Create a chart
  • 5.2 personas asesinadas cada día. No es una curva estadística: es una línea de producción de cadáveres.
  • 6 secuestros o privaciones de la libertad diarios. Es la señal más brutal de que el Estado no controla quién entra, quién sale ni quién desaparece.
  • 17.2 vehículos robados por día. Una economía criminal que conserva movilidad, logística, capacidad de reposición y, sobre todo, impunidad.
  • 5.5 detenidos diarios. Pero las detenciones, por sí solas, no equivalen a resultados si no reducen de forma visible el daño a la población.
  • 211 personas abatidas. El Estado puede contabilizar bajas; la sociedad pregunta por qué, pese a ellas, la violencia mantuvo una escala industrial.

La empresa pública llamada seguridad no puede presumir “actividad” cuando su producto final sigue siendo miedo. Patrullajes, decomisos, cateos, capturas y despliegues son inputs; una baja sostenible de asesinatos, desapariciones, secuestros y robos es el resultado. Confundir ambas cosas es hacer PowerPoint con la tragedia.

Un KPI devastador

La administración federal sostiene que, luego del pico inicial de violencia, el promedio diario de homicidios en Sinaloa se redujo 44% desde diciembre de 2024 y que el Plan Sinaloa combinó inteligencia, operaciones focalizadas y refuerzo federal. 

Pero la realidad en tiempo real los contradice brutalmente :

Pero aun y suponiendo sin conceder, aunque los números son tercos,una reducción desde un pico extraordinario no es lo mismo que una victoria. Es una regla elemental de auditoría: si la línea base es una explosión, cualquier descenso posterior puede venderse como éxito aunque el nivel resultante continúe siendo insoportable.

Es el truco de presumir que el paciente “mejoró” porque dejó de perder tanta sangre como el día que llegó baleado al hospital. La pregunta no es si perdió menos sangre que durante el colapso; la pregunta es si está fuera de peligro. Con 3,773 homicidios en menos de dos años, la respuesta no puede ser triunfalista.

México Evalúa ya había advertido que Sinaloa permanece entre los epicentros de violencia letal y delitos patrimoniales, en un contexto donde persiste la guerra entre grupos criminales. Para septiembre de 2025, el registro citado alcanzaba 1,958 víctimas de homicidio desde septiembre de 2024, por encima de todo 2024 y de 2023.

El fracaso de diseño

La falla no está en que falten uniformes, hay miles; está en la hipótesis de que una guerra criminal de raíces territoriales, financieras y familiares se resuelve con una exhibición permanente de fuerza.

El componente militar funciona como una grúa: puede retirar un vehículo incendiado, cerrar una avenida, detener a un agresor y ocupar temporalmente una zona. Pero una grúa no repara el motor de una ciudad. No sustituye fiscalías que investiguen y judicialicen, policías locales confiables, protección real a denunciantes, búsqueda de desaparecidos, inteligencia patrimonial, control de prisiones y desmantelamiento de redes de extorsión.

La fórmula aplicada parece haber sido: más tropas, más operativos, más capturas, más anuncios. El problema es que una guerra entre Los Chapitos y La Mayiza —dos bandos surgidos de la misma estructura criminal— no se parece a una campaña convencional contra un enemigo externo. Se parece más a una corporación mafiosa en proceso de ruptura: comparten mercados, rutas, proveedores, sicarios, territorios, información y una cultura operativa. Golpear una célula puede reacomodar los incentivos, fragmentar mandos o provocar represalias sin necesariamente extinguir la capacidad de matar.

Es la analogía de Afganistán en versión regional: puedes controlar con fuerza los puntos estratégicos, las carreteras y las fotografías de mando, pero si fuera de la base el poder cotidiano sigue en disputa, no hay pacificación; hay ocupación intermitente. Y una ocupación que no protege la vida diaria termina midiendo su éxito por kilómetros patrullados, no por familias que pueden volver a vivir sin miedo.

La barbarie como saldo

La cifra más grave no es sólo la de homicidios. Es la combinación.

Matar 3,773 personas es atroz; sumar 4,315 privaciones de la libertad revela algo todavía más profundo: la violencia no se limita a ejecuciones entre adversarios armados. Penetra hogares, negocios, carreteras y rutinas. El secuestro y la desaparición son tecnologías de control territorial: silencian, cobran, castigan, reclutan y desplazan. El robo de 12,361 vehículos completa el modelo: el crimen conserva su cadena logística mientras la ciudadanía absorbe la pérdida económica.

Así se dibuja una barbarie con contabilidad propia:

IndicadorLectura empresarialLectura humana
3,773 homicidiosFalla crítica de control de riesgoFamilias destruidas y comunidades aterrorizadas
4,315 privaciones de la libertadPérdida de soberanía operativaPersonas convertidas en mercancía, rehén o ausencia
12,361 robos de vehículosCadena logística criminal funcionalTrabajo, movilidad y patrimonio arrancados
3,902 detencionesAlto volumen de actividad, resultado insuficienteCapturar no basta si el daño persiste
211 abatidosEscalamiento letal del conflictoLa fuerza se vuelve parte del paisaje, no solución

Un CEO serio no premiaría a su equipo porque “trabajó mucho” mientras se desploman las métricas que definen la viabilidad de la empresa. Pediría explicaciones: ¿por qué, con miles de elementos, continúa la capacidad de secuestrar seis personas diarias? ¿Por qué los ladrones sostienen el robo de 17 vehículos al día? ¿Por qué las capturas no han generado un quiebre irreversible de las estructuras criminales? ¿Dónde están las sentencias, las redes financieras desmontadas, los mandos civiles fortalecidos y la recuperación sostenida de los territorios?

No es éxito: es contención cara

La estrategia de Harfuch puede alegar contención frente a una crisis heredada y exacerbada por la fractura interna del cártel propiciada por la misma complicidad e inacción del gobierno. Puede exhibir operaciones, incautaciones y arrestos. Pero no puede vender como éxito completo un periodo que deja, en menos de 24 meses, una cifra de muertos comparable a la población de una pequeña comunidad y miles de personas arrancadas de la libertad.

En lenguaje de CEO: el gobierno está celebrando eficiencia de proceso mientras fracasa el indicador que importa, la seguridad del usuario final. Y en lenguaje de calle: mientras cada día haya cinco asesinatos, seis personas levantadas y diecisiete vehículos robados, el Plan Sinaloa no será una historia de éxito; será un costoso esquema de administración de pérdidas.

La militarización puede ser un recurso de emergencia. Nunca debe convertirse en la coartada permanente para no construir la arquitectura civil de seguridad y justicia que Sinaloa necesita. Porque una guerra entre bandos de la misma banda no se gana contando uniformes desplegados: se gana cuando dejan de mandar las armas, cuando desaparece la impunidad y cuando la población vuelve a ser la dueña real de su territorio.

Con información: NOROESTE/

“BAJARON LOS HOMICIDIOS y… ¿SUBIERON los BOMBAZOS ?: los CABRERA, ALIADOS del MAYITO, PELEAN con el CÁRTEL de JALISCO”… y quieren disciplinar al gobierno, que tanto disfruta agarrar partido.


Zacatecas vuelve a crujir no por una estadística de homicidios —que el Gobierno presume a la baja— sino por tres explosiones en cinco días que revelan que el crimen organizado ha decidido subir la apuesta: atacar directamente a policías con dinamita, una motocicleta-bomba y, finalmente, un coche bomba frente a una comandancia municipal.

Tres explosiones, una advertencia

La alerta se encendió al sur de Zacatecas, en la franja que colinda con Aguascalientes. Entre jueves y domingo, delincuentes ejecutaron tres atentados contra corporaciones policiales que dejaron al menos 14 heridos, varios de ellos agentes.

El ataque más grave ocurrió el domingo en Ojocaliente, municipio cercano a la frontera con Aguascalientes. Un automóvil robado en Jalisco explotó frente a la comandancia de la Policía Municipal y dejó por lo menos 10 lesionados. La escena no fue un simple acto de violencia: fue una exhibición de capacidad operativa, de desafío abierto y de impunidad territorial.

Antes, el sábado, una motocicleta cargada de explosivos estalló cerca de Villa García y lesionó a dos policías estatales. El jueves, en el municipio de Tabasco, criminales usaron dinamita contra patrullas de la Policía Estatal, con otros dos agentes heridos. Tres municipios, tres ataques y un mismo mensaje: la policía es blanco directo.

El gobernador David Monreal, de Morena, salió a declarar que los agresores “no nos amedrentarán”. La frase, inevitable en estos casos, intenta proyectar control en una entidad donde la violencia parece estar mutando de forma. El fiscal estatal ha apuntado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como probable responsable del coche bomba de Ojocaliente, entre otras cosas porque el vehículo utilizado habría sido robado en Jalisco.

La trampa de las cifras

El discurso oficial presume: los homicidios han bajado de forma significativa respecto de los años de mayor horror. Zacatecas registró 1,776 asesinatos en 2021 y 1,459 en 2022, según el Inegi. Para 2025, las cifras preliminares hablaban de 269 víctimas, por debajo de las 569 de 2024. Y en el primer semestre de 2026, la Fiscalía estatal contabilizaba 47 homicidios.

Pero convertir esa reducción en certificado de pacificación sería, por decirlo suavemente, una pirueta propagandística. Los homicidios son un indicador central, sí, pero no alcanzan para describir el nivel de control criminal ni la naturaleza de la violencia. Un Estado puede contar menos cadáveres y, al mismo tiempo, enfrentar organizaciones más audaces, mejor armadas y dispuestas a colocar explosivos frente a instalaciones policiales.

Las bajas en asesinatos pueden responder a una gestión eficaz, pero también a reacomodos entre bandas, pactos precarios, treguas funcionales o a que uno de los grupos haya conseguido temporalmente imponer su ley. El descenso estadístico no borra la podredumbre; apenas puede cambiar la manera en que ésta se expresa.

El tablero criminal se reacomoda

La guerra actual tiene antecedentes claros. En 2021 y 2022, Zacatecas atravesó uno de sus peores ciclos de violencia: la capital, Guadalupe, Fresnillo y la zona serrana que conecta Jerez con Sombrerete vivieron una disputa feroz. Entonces, la ofensiva se atribuyó al avance del CJNG, bajo una operación asociada a Audias Flores Silva, El Jardinero, uno de los operadores del grupo encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Cuatro años después, el mapa cambió de forma drástica. El Mencho murió durante un operativo militar en Jalisco en febrero; El Jardinero fue detenido por la Armada en Nayarit en abril. Las autoridades mexicanas y estadounidenses ubican ahora a Juan Carlos Valencia, hijastro de Oseguera, como figura de liderazgo dentro del CJNG. La pregunta es si esa nueva jefatura podrá conservar o recuperar territorios que no son parte natural de su bastión jalisciense.

Y ahí entra la otra fuerza del choque: una facción del Cartel de Sinaloa asociada con Ismael Zambada Sicairos, Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada. Esa facción no sólo avanza en el centro y occidente del país; además carga con una guerra de dos años contra Los Chapitos en Sinaloa. Es decir, la disputa zacatecana forma parte de un conflicto mayor, con ramificaciones, herencias familiares, liderazgos en transición y alianzas que pueden ser tan volátiles como una carga explosiva.

Zacatecas, territorio en disputa

En el área metropolitana de Zacatecas y en los caminos que conducen hacia Aguascalientes, los grupos vinculados al Mayito Flaco —respaldados por Los Cabrera, un clan con presencia y arraigo en Durango y Coahuila— se enfrentan a estructuras relacionadas con el CJNG. La frontera sur de Zacatecas no es, por tanto, una periferia accidental: es corredor, zona de disputa y punto de contacto entre proyectos criminales rivales.

La situación se vuelve todavía más turbia por los persistentes rumores sobre posibles vínculos de autoridades locales con uno u otro bando. La aparición, en julio, de 10 personas asesinadas —algunas colgadas de puentes y otras tiradas en calles y carreteras— alimentó esa sospecha, sobre todo porque entre las víctimas había políticos y funcionarios municipales.

No se trata sólo de que el crimen combata al Estado. El problema es que, en ciertos territorios, el crimen parece competir por penetrarlo, condicionarlo o usarlo como parte de su maquinaria.

El precedente de Celaya

Los atentados contra policías evocan lo sucedido en Celaya, Guanajuato, hace algunos años, cuando la confrontación entre el CJNG y el Cartel Santa Rosa de Lima convirtió a agentes y patrullas en objetivos recurrentes. Esa escalada dejó más de una veintena de policías asesinados y mostró el tránsito de una violencia criminal enfocada en adversarios directos hacia otra más beligerante, diseñada para intimidar, desgastar y exhibir la vulnerabilidad institucional.

Zacatecas no necesita regresar a los picos de homicidios de 2021 y 2022 para estar en problemas. Basta con que los grupos criminales hayan encontrado espacio para usar explosivos, atacar mandos locales y convertir carreteras, comandancias y municipios enteros en escenarios de su disputa. La estadística puede bajar; la amenaza, claramente, no.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/PABLO FERRI

EL “TREN FALLA”, OTRA VEZ: ARMATOSTE MILITARIZADO CARÍSIMO que DESCARRILA las FINANZAS VOLVIÓ a DESCARRILAR en las VÍAS, en CAMPECHE… opera conectado al respirador artificial del presupuesto público.


El Tren Maya volvió a tropezar —literalmente— apenas 50 metros después de salir de la estación San Francisco de Campeche rumbo a Mérida. Esta vez no hubo lesionados entre los 123 pasajeros, pero el problema ya no puede maquillarse como “incidente aislado”: es otro capítulo de una obra que se vendió como emblema de desarrollo y hoy combina fallas de vía, costos disparados y una operación conectada al respirador artificial del presupuesto público.

Tren Maya: el elefante blanco que se sale de las vías y de las cuentas públicas

El Tren Maya volvió a hacer honor a su expediente y regalarnos otra postal de la misma escena incómoda del proyecto ferroviario más caro, opaco y subsidiado del sexenio anterior.

El tren salió, falló y se detuvo. Los pasajeros permanecieron a bordo mientras recibían agua y alimentos; media hora después fueron bajados y trasladados por tierra a la estación Edzná, donde tuvieron que abordar otra unidad para continuar el viaje. Es decir: el tren que prometía conectar al sureste terminó necesitando carretera para rescatar su propio itinerario.

La empresa informó que una “comisión especializada” investiga las causas. La fórmula ya es conocida: ocurre el percance, se anuncia una investigación, se insiste en que no hubo heridos y se asegura que el resto del servicio funciona “con normalidad”. Pero una normalidad ferroviaria en la que los trenes se descarrilan, chocan o presentan fallas recurrentes empieza a parecer más propaganda que reporte operativo.

El récord de percances

Con este nuevo incidente, el Tren Maya acumula al menos tres percances de vía con trenes de pasajeros, además de un descarrilamiento de carga que dejó un trabajador lesionado.

FechaLugarQué ocurrióConsecuencias conocidas
25 de marzo de 2024Tixkokob, YucatánUn vagón se salió de las vías durante un cambio de vía en el tramo Mérida–Campeche. La explicación oficial apuntó a una falla en un componente del sistema de cambio de vía.Sin lesionados; se suspendió temporalmente la circulación. 
30 de enero de 2025Limones, Quintana RooUn vagón de carga descarriló y volcó en inmediaciones de la estación Limones.Al menos un trabajador lesionado y daños a infraestructura ferroviaria. 
19 de agosto de 2025Izamal, YucatánUn vagón tuvo un “percance de vía” al ingresar a la estación; reportes recogieron que impactó contra otra unidad estacionada.Sin pasajeros lesionados; usuarios fueron trasladados a sus destinos. 
Lunes, CampecheEstación San Francisco de CampechePercance en la parte trasera del convoy, a unos 50 metros de iniciar el viaje hacia Mérida.Sin lesionados entre 123 pasajeros; traslado terrestre a Edzná para continuar el recorrido.

La estadística no es un detalle menor. En un sistema ferroviario que presume seguridad, modernidad y conectividad regional, los descarrilamientos y percances de vía ya dejaron de ser anécdotas: son una señal de alerta sobre la infraestructura, los protocolos de mantenimiento, la supervisión y la prisa política con la que se inauguraron tramos antes de que el proyecto terminara de demostrar solidez operativa.

De promesa a sobrecosto

El problema no sólo circula sobre los rieles: también corre por las cuentas públicas. El presupuesto original del Tren Maya se calculó en alrededor de 197 mil millones de pesos, pero estimaciones citadas por México Evalúa sitúan el costo final en aproximadamente 544 mil millones de pesos. Es un aumento de 347 mil millones, equivalente a un sobrecosto de cerca de 176%. buzos.com

Dicho sin eufemismos: por cada peso que se dijo que costaría inicialmente, el proyecto terminó reclamando casi tres.

Y aun con esa inversión monumental, la operación no se sostiene con pasajeros, boletos ni carga. En 2025, el Tren Maya reportó ingresos propios por 541.8 millones de pesos, frente a gastos de funcionamiento superiores a 4 mil 221 millones. El déficit operativo fue de alrededor de 3 mil 649 millones de pesos, sin contar los recursos públicos que se le transfirieron para mantenerlo a flote. 

Durante el segundo trimestre de 2026, la fotografía tampoco mejoró:

  • Ingresos por servicios: 117 millones de pesos.
  • Costos de operación: 985 millones de pesos.
  • Pérdida operativa trimestral: 867 millones de pesos.
  • Transferencias presupuestarias recibidas en ese periodo: 417 millones de pesos.

Eso significa que, en ese trimestre, el Tren Maya gastó aproximadamente 8.42 pesos por cada peso que ingresó por sus propios servicios. No es autosuficiencia, ni siquiera cercanía a ella: es una operación sostenida por subsidios, transferencias y fondos públicos.

El tren también descarrila finanzas

El gobierno puede presentar el proyecto como una inversión estratégica, turística o de integración regional. Pero esa defensa no elimina las preguntas centrales: ¿cuánto tiempo más deberá subsidiarse?, ¿con qué indicadores verificables se medirá su viabilidad?, ¿cuánto cuesta cada pasajero transportado y cada falla corregida?, ¿por qué una obra de más de medio billón de pesos sigue exhibiendo fallas de vía y pérdidas operativas tan abultadas?

En los primeros nueve meses de 2025, los ingresos propios apenas cubrieron 12.6% de los gastos de funcionamiento. El resto dependió de apoyos públicos y recursos del Fideicomiso Artículo 18-A: 3 mil 345 millones de pesos en conjunto, frente a 387 millones de pesos de ingresos propios reportados para ese periodo. 

El Tren Maya no sólo se descarrila en los rieles. También descarrila las finanzas públicas: absorbe recursos multimillonarios, opera con números rojos y acumula fallas mientras el contribuyente paga el boleto más caro de todos, aunque nunca se suba al convoy.

Con información: ELNORTE/ ELUNIVERSAL/ SERENDIPIA/IMPARCIAL