El caso de Alexa y Leydi, las dos niñas de 7 y 11 años muertas a balazos el martes en Badiraguato, en la sierra de Sinaloa, parece algo más complejo de los relatos que han aparecido en los medios estos días. Familiares de las menores señalan que no fueron víctimas del fuego cruzado, explicación que aparece en decenas de notas, pero que no figura en ningún comunicado oficial de autoridades locales o federales.
En vez de eso, aseguran, militares dispararon contra ellos, sin darles el alto. Producto de los disparos, las dos niñas murieron, otros dos menores de 12 y 14 años resultaron heridos, igual que el matrimonio que iba en la parte delantera de la camioneta, padre y madre de una de las niñas fallecidas.
“La camioneta de ellos topó con el comando militar y ellos dispararon”, asegura Reynalda Morales, prima del conductor de la camioneta, Saúl Rojas, en entrevista telefónica con EL PAÍS, desde Culiacán. “Dispararon como diez segundos”, añade uno de los dos menores supervivientes, un niño de 12 años, primo de las otras, que está junto a Morales, en el hospital. “Yo iba en la batea de la camioneta. Cuando empezaron los disparos, me tiré al piso y me hice bolita. No sé cuántas veces, pero todos dispararon al mismo tiempo, dispararon muchos a la vez”, añade el menor. El muchacho recibió un disparo en la pierna izquierda. “La tiene totalmente destrozada, toda la carnita arrancada. Van a tener que hacerle injertos”, relata Morales.
Igual que la mujer, un sobrino de Rojas, Víctor Medina, ha publicado un vídeo en su cuenta de Tiktok, en el que da una versión de lo ocurrido, de forma muy parecida a como lo hace Morales. “Mi tío me lo platicó… Aclararles que ellos se toparon con los militares, no les dieron la parada, simplemente les tiraron. Que quede muy claro. Es algo muy delicado, da coraje, impotencia y tristeza”, ha dicho. Su tío, Saúl Rojas, de 45 años, quedó malherido de la nariz y del hombro. Su esposa, Anabel González, de 40, resultó herida en la cadera.
El trágico episodio ocurrió el martes, a eso de las 14.00. Rojas y González agarraron la camioneta para bajar a la cabecera municipal de Badiraguato, a unos 15 minutos de su casa, en la comunidad de La Juanilla. Iban a hacer la compra y a dejar a los dos mayores en la escuela secundaria. “Lo que pasa es que justo a la altura de La Cieneguilla estaba troceada la carretera, por los malhabidos”, explica Morales, en referencia a los criminales que transitan por la zona. Toda esta semana, grupos criminales se han enfrentado a balazos en Badiraguato y los pueblos cercanos de Guamuchil y Mocorito, en el contexto de la guerra entre facciones del Cartel de Sinaloa, situación que persiste desde septiembre.
Cuando vieron que la carretera estaba cortada, “se regresaron de vuelta para irse al rancho. Entonces, por la misma carretera, se encuentran al comando militar. Pero nunca vieron a los malhabidos”, sigue Morales. Los cuatro menores iban en la batea de la camioneta familiar, una GMC Sierra, color negro. Las dos niñas pequeñas iban sentadas sobre una hielera portátil, apoyadas contra el cristal de la cabina. Las balas les dieron de lleno. “Las pequeñas murieron en el acto, a una le dieron en la cabeza y a la otra en el pechito. Los otros dos primitos están heridos, pero estables”, sigue Morales. La niña de 14 años sufrió una pequeña herida en la nalga, por la esquirla de una de las balas disparadas.
Tras los disparos, los militares llegaron corriendo a la camioneta, que apenas distaba 100 metros de ellos, según el relato de la mujer. Los soldados iban a bordo de dos vehículos tipo Humvee. “Y ahí, los militares se brincan a la camioneta, queriéndolos bajar con los rifles todavía de punta. Pero las puertas se bloquearon por los disparos y no podían salir. Ellos quebraron los vidrios con los rifles y los sacaron. Y entonces vieron que era una familia entera. Pero aun así los seguían maltratando. Les pegaban a las puertas y les decían, ‘bájense hijos de su puta madre”, añade.
Acto seguido, los soldados dieron primeros auxilios a la familia. Luego fueron a la zanja que los criminales habían abierto en la carretera y la rellenaron lo suficiente para poder pasar por encima y llegar a la cabecera municipal de Badiraguato, donde hay un hospital, según explica Morales.
En los minutos que pasaron entre el tiroteo y los trabajos en la zanja, llegaron policías ministeriales de la Fiscalía del Estado, según Morales. Los ministeriales habían ido a recoger los cadáveres de tres personas de la comunidad de La Lapara, del otro lado de la carretera principal, muertos en un enfrentamiento registrado el día anterior.
Más o menos hacia la misma hora, a las 14.52, el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo de Culiacán, el C-4, recibió un reporte de un “enfrentamiento armado entre policías y civiles”, en la “carretera de Badiraguato a Parral, a la altura de La Cieneguilla”. Por mensajes de chat, empezaron a circular ambas situaciones, la del enfrentamiento y la de la familia atacada, ocurridas supuestamente en lugares cercanos. En algún momento de la tarde del martes, ambos eventos se fundieron en uno solo, hasta alcanzar a medios de todo el país. En las versiones publicadas estos días, los militares aparecen disparando en apoyo de la policía ministerial de Sinaloa, atacada supuestamente por criminales. Incluso, en algunas notas, se habla de militares heridos.
En todos estos días, ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ni la Fiscalía de Sinaloa, ni la Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo el caso, ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, vocera del gabinete de seguridad, han dado información de manera oficial de este asunto.
Preguntada al respecto, la dirección de comunicación social de la FGR ha señalado a este diario que “no tenemos datos porque es una investigación en curso”. Este diario se ha puesto en contacto con el general Carlos Javier Pérez Vara, vocero de la Sedena, vía mensaje de texto, para preguntarle por el asunto. Pérez Vara ha señalado que la dependencia emitió un comunicado al respecto, pero tal comunicado no aparece ni en su web, ni en sus redes sociales. El jefe militar tampoco lo ha reenviado a este diario.
Una historia repetida
Reynalda Morales se erige estos días en la representante de la familia ante la burocracia gubernamental. No por nada: es la segunda vez que vive una historia parecida. Hace 17 años, militares mataron a su esposo en un extraño episodio, también en Badiraguato, en un poblado algo más aislado, en la sindicatura de Santiago de los Caballeros. En aquel ataque, los soldados mataron al esposo de Morales, Zenon Alberto Medina, y a cinco personas más, tres amigos de Medina, que iban con él en su camioneta, y dos soldados, heridos de muerte por las balas de sus propios compañeros, víctimas de un error fatal.
Ocurrió el 26 de marzo de 2008. Según detalló posteriormente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a partir del relato de dos supervivientes, amigos de las víctimas, los civiles iban de camino a una fiesta de 15 años, a eso de las 21.00. Los soldados, alertados por el vehículo en que se movían, una hummer, dispararon. Eran los primeros meses del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), que, poco antes, había declarado la guerra al narcotráfico con operativos militares por todo el país. Sucesos como este se sucedieron durante su mandato y los años siguientes, caso por ejemplo del asesinato de dos estudiantes en el Tec de Monterrey, a manos de militares, en 2010, o la ejecución de al menos ocho civiles en Tlatlaya, en el Estado de México, en 2014, ya con Enrique Peña Nieto en la presidencia.
Desde el punto de vista criminal, Sinaloa y los estados aledaños sufrían además los primeros coletazos de una de las primeras batallas internas del Cartel del Pacífico. La detención de Alfredo Beltrán Leyva en enero de ese año enfrentó a su familia con la de Joaquín El Chapo Guzmán y sus secuaces, una de las patas más importantes de la organización. La guerra duró años y muchos ahora en Sinaloa la recuerdan como antecedente evidente de la batalla presente, que enfrenta a los hijos del Chapo con los secuaces de su viejo socio, Ismael El Mayo Zambada.
Iniciada a mediados de septiembre, tras la controvertida detención de Zambada en Estados Unidos, la nueva batalla, que había tenido lugar principalmente en Culiacán y sus sindicaturas de la parte sur, se ha trasladado a municipios del norte del Estado, con enfrentamientos en Guamuchil, Angostura, Mocorito y Badiraguato. En ese contexto ocurrió la muerte a balazos de las niñas Alexa y Leydi, que el gobernador, Rubén Rocha, de Morena, lamentó el miércoles, en una comparecencia ante los medios de comunicación, en la que tampoco informó de los detalles de lo ocurrido.
Respecto al caso de su esposo, Reynalda Morales guarda un recuerdo amargo. No fue solo su muerte, sino la intentona castrense de hacer pasar lo ocurrido como el resultado de un enfrentamiento entre militares y civiles. “Ellos –los militares– luego dijeron que habían escuchado una detonación de la camioneta de mi esposo”, explica Morales, “pero ellos no traían armas ni nada”, añade. El caso llegó incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que medió para que el Estado mexicano pidiera perdón a la mujer y a las familias de las víctimas, evento que apenas ocurrió el mes pasado. “Pero fue el subsecretario de Gobernación quien pidió perdón. La Sedena nunca quiso”, dice Morales.
La mujer zanja: “Siento que volvemos a vivir lo mismo, la misma masacre, con la misma sintonía. Vuelven a decir lo mismo, que fue un enfrentamiento, el fuego cruzado, tratan de dar versiones que no son. Yo pedí medidas de no repetición en su día. O sea, pedíamos que no se repitan estas cosa y estamos viviendo lo mismo. Que no enloden a la gente que son víctimas. Todos cometemos errores, pero hay que decir la verdad, porque tarde o temprano, la verdad sale a la luz. No se puede mantener una mentira toda la vida”.
Con informacion: PABLO FERRI/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/
