La Fiscalía General de la República (FGR) descubrió que, mientras la PGR tuvo bajo su resguardo cuatro pistolas aseguradas a Enrique Plancarte Solís, “El Kike Plancarte”, extinto líder de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, los diamantes incrustados en las armas fueron sustituidos por circonias.
Las gemas tenían un costo de 617 mil 96 pesos y fueron reemplazadas meticulosamente por piedras sintéticas que valían 19 mil 488 pesos, de acuerdo con una investigación de la Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR.
La Fiscalía, sin embargo, tardó cinco años en darse cuenta del pillaje, porque fue hasta que relevaron de la investigación a Octavio Santiago Rosales Constantino, fiscal de la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, cuando tuvo los primeros indicios.
Aseguramiento
El 27 de octubre de 2012, elementos del 51 Batallón de Infantería del Ejército aseguraron el Rancho Los Caballos, en la localidad de Los Cuiniques, Municipio de Apatzingán, Michoacán, después de un enfrentamiento con sicarios en el que no se reportaron víctimas ni detenidos.
En su interior, encontraron un lanzacohetes RPG, 19 fusiles y 14 pistolas de distintas marcas y calibres, 17 aditamentos para lanzagranadas, 22 mil 408 cartuchos, 247 cargadores para armas largas, 3 para Barret y 79 para pistola, además de 5 espadas, 6 relojes de alta gama, 13 kilos mariguana, 600 gramos de cristal y 80 gramos de cocaína.
El operativo tenía como objetivo a Enrique Plancarte Solís, “El Kike Plancarte”, un traficante michoacano nacido el 14 de septiembre de 1970 en Nueva Italia.
En aquel momento, Plancarte era uno de los principales líderes de los Caballeros Templarios, sólo por debajo de Nazario Moreno González, “El Chayo”, y Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.
“El Chayo” fue liquidado por militares en una operación llevada a cabo en Tumbiscatío, Michoacán, el 3 de marzo de 2014.
Su muerte significaría el inicio de la cuenta regresiva para “El Kike”, quien fue abatido 28 días después por la Marina en el Municipio de Colón, Querétaro.
Diamantes
Las armas y objetos asegurados en el rancho Los Caballos en un principio fueron puestos a disposición de la Delegación de la PGR en Michoacán, pero en octubre de 2012 la entonces SEIDO atrajo el caso, ya que los hechos estaban relacionados con una averiguación previa que ya traía contra “El Kike Plancarte”.
Entre las armas aseguradas había cuatro pistolas Colt calibre 38 Súper que destacaban entre todas las demás.
El peritaje con el que fueron entregadas precisa que una de ellas, con matricula ELCN3766, tiene en alto relieve la leyenda “La Familia” en el carro corredor derecho, y sus cachas en metal plateado cuentan con una figura de un pez con 244 diamantes y 355 diamantes negros, valuados en 198 mil 664.20 pesos.
Una segunda arma presenta en las cachas la leyenda “KIKI” y cada una de ellas cuenta con 74 diamantes negros, además de otros 347 diamantes negros y 252 blancos de forma redonda, valuados en 215 mil 831 pesos.
Otra, con matrícula ELR195, tiene cachas metálicas color dorado con la figura en alto relieve de un mapamundi y 142 diamantes traslúcidos blancos, 386 negros, 2 azules y 2 cafés, con un valor de 201 mil 825 pesos.
Finalmente, está una Colt Goverment, matricula FR256G2E, que en el carro corredor tiene grabada la leyenda “El Oficial” y en sus cachas metálicas, doradas y plateadas, presenta la figura de una pirámide, valuadas en 775 pesos.
Las cuatro eran, por mucho, las más valiosas del aseguramiento.
Sólo sus incrustaciones valían el 33 por ciento del millón 869 mil 132 pesos en que fueron valuadas todas las armas incautadas en el Rancho Los Caballos, según el dictamen suscrito el 27 de noviembre de 2012 por la perito Martha Teresa Rojo Barreto.
El 11 de enero de 2013, el fiscal Rosales Constantino, responsable de la investigación en la entonces SEIDO, acordó por escrito retirar las piedras preciosas, cachas y tornillos de oro a las cuatro pistolas, y remitir sólo las armas al almacén de la Primera Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En un oficio con esa fecha, el funcionario justificó la extracción de los diamantes “toda vez que por sus características eran susceptibles de ser administradas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)”, organismo antecesor del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).
Descubren pillaje
Nada volvió a saberse de las gemas hasta el 21 de abril de 2017, cuando Rosales fue relevado del caso por la fiscal Ana Elisa Escobar Ramos.
Según la Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR, Rosales entregó a Escobar la averiguación previa y las armas, pero sin las cachas ni los diamantes. En el acta de entrega-recepción tampoco informó del lugar donde se encontraban.
Ante la ausencia de los objetos preciados, se pidieron informes a la bóveda de la SEIDO y el 25 de enero de 2019 la encargada respondió que no había registro alguno de ingreso o egreso de las cachas y los diamantes.
Se giró entonces una solicitud similar al SAE, ya que el fiscal Rosales había dicho que ese podía ser su destino, pero el 26 de febrero del mismo año Erika Martínez Ramírez, Administradora Jurídica y de Recepción Metropolitana del organismo, respondió que tampoco estaban bajo su resguardo.
El 13 de febrero, días antes de la respuesta del SAE, la fiscal Escobar le giró un oficio a Rosales para que le entregara los objetos. El funcionario tardó 24 horas en ponerlos a disposición.
Desconfiada, lo primero que hizo Escobar fue enviar los objetos a los Servicios Periciales de la FGR y les pidió realizar una confronta con el dictamen de valuación de 2012.
Fue el 16 de octubre de 2019 cuando el análisis forense reveló que los diamantes habían sido sustituidos por circonias.
Por este caso, Octavio Santiago Rosales Constantino, agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la FEMDO, está hoy en la antesala de un juicio por el delito de modificar indicios relacionados con un hecho delictivo.
La FGR pidió imponerle una condena de 10 años de prisión a su fiscal Octavio Santiago Rosales Constantino, por presuntamente haber sustituido con circonias los diamantes incrustados en 4 pistolas de Enrique Plancarte Solís “El Kike Plancarte”, quien fuera líder de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.
Sergio Navarro Márquez, de la Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR, presentó su escrito de acusación contra el funcionario para que sea sentenciado por un delito contra la administración de la justicia que consiste en modificar indicios relacionados con un hecho delictivo.
Además de la pena de prisión, en su escrito la Fiscalía pidió a la juez sentenciarlo al pago de una multa de 163 mil 756 pesos, destituirlo del cargo e inhabilitarlo por 20 años para desempeñar cualquier cargo público federal.
“Se solicita que al acusado se le amoneste sobre las consecuencias individuales y sociales del delito cometido: asimismo, se le conmine para que se abstenga de cometer un nuevo delito, previniéndolo de las consecuencias jurídicas que tendría su conducta delictuosa”, dice la acusación presentada.
Tras la presentación de este escrito, se llevó a cabo la audiencia intermedia en la que fiscales federales presentaron la acusación de manera oral y en junio del año pasado la juez Alejandra Domínguez Santos acordó la apertura del juicio.
No obstante, hasta ahora no se ha programado una fecha para iniciar el juicio, debido a que está vigente una suspensión de amparo que lo impide.
Algunos casos en los que han “desaparecido” joyas, diamantes, dinero y objetos de valor de las bóvedas de los organismos antidrogas de la PGR:
2000
En la primera semana de febrero de 2000 se extravió un portafolio con 12 lotes de relojes y cadenas de oro, así como dinero en efectivo, en la bóveda de la entonces Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS). El portafolio había sido asegurado a un hijo de Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, capo del Cártel de Sinaloa, en una residencia de Cuernavaca.
En 2004, la PGR solicitó la aprehensión de Roberto Sánchez Verti, ex director general de la Agencia del Ministerio Público de la FEADS, y Luis Ricardo Acuña Reyes, por ejercicio indebido del servicio público y usurpación de funciones, pero en principio fueron negadas las capturas.
2006
Entre el 14 y 16 de diciembre de 2006, el Ejército y la PGR llevaron a cabo cateos en dos inmuebles de la Colonia Campestre Los Pinos, en Zapopan, Jalisco, que concluyeron con la captura de Jesús Raúl Beltrán Uriarte, compadre de Joaquín “El Chapo” Guzmán y operador financiero de Ignacio “Nacho” Coronel. En uno de los inmuebles se aseguraron 1 millón 986 mil 350 pesos y 1 millón 869 mil 309 dólares.
La dependencia después detectó que faltaban 52 mil dólares y por este hecho, en 2009, consignó penalmente a Gandhi Quintero Pimentel, ex agente ministerial de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la entonces SIEDO, quien fue sentenciado a 3 años de prisión y a una multa de 2 mil 740 pesos por el delito de ejercicio indebido del servicio público, aunque no fue encarcelado.
2017
En 2017 desapareció de la bóveda de la SEIDO un lote de diamantes y piedras preciosas con valor de 53 millones de pesos, que había sido asegurado tres años antes en la Riviera Maya al presunto contrabandista turco Apel Çelik.
Debido a que desacataron una orden judicial para verificar los documentos de la propiedad de los diamantes, la Suprema Cortedestituyó y consignó penalmente a Celia Almaguer Hernández, encargada de la Unidad Especializada de Análisis Financiero, y su subordinado Víctor Manuel Munguía Baltazar, agente del Ministerio Público Federal.
Con informacion: ELNORTE/
