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viernes, 25 de abril de 2025

“EVIDENCIA de FRACASO CHORREA SANGRE”:”OTRO PARTE de GUERRA de la MISMA AGUERRIDA GUERRA de SINALOA NO ALCANZA para APLAUDIRLE a HARFUCH NI MILITARES”…pero si para restregarles la derrota con sus mismas cifras.


El balance oficial de la guerra interna entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, aunque limitado y frecuentemente cuestionado por su falta de transparencia, sigue siendo la única base cuantitativa disponible para contrastar la narrativa oficial de éxito en materia de seguridad. 

A continuación, se desglosan y contextualizan las cifras reportadas y se confrontan con la retórica gubernamental y la realidad documentada en los medios y fuentes independientes.


Cifras oficiales reportadas por Noroeste (septiembre 2024 – abril 2025):

  • Personas privadas de la libertad (Levantones): 1,327 (5.8 diarias)
  • 1,169 homicidios dolosos (5.1 diarios)
  • Vehículos robados: 4,438 (19.6 diarios)
  • Personas detenidas: 1,005 (4.4 diarias)
  • Personas abatidas: 77

Estas cifras, aunque reflejan una actividad intensa de las fuerzas de seguridad, deben analizarse en el contexto de la violencia, la fragmentación criminal y el impacto social que ha dejado la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Es decir, deben ponderarse en base a lo que las acciones de autoridad han conseguido en materia de paz y tranquilidad,no en función del tamaño de ninguno de los aprehendidos,las armas o pertrechos decomisados. 


1. Personas privadas de la libertad y detenidas

El reporte de 1,327 personas privadas de la libertad (levantones) y 1,005 detenidos en el periodo analizado por parte de las distintas autoridades,que son muchas ,se traduce en mayor eficiencia del Cartel que todos indica puede desparecer con mayor efectividad en que es detenido alguno de sus miembros.

La mayoría de las detenciones han sido en flagrancia, durante operativos o persecuciones, y no necesariamente de altos mandos criminales,la inmensa mayoría es del sector del “infeliciaje”.

Narrativa oficial:
El gobierno federal y la Sedena han destacado la captura de coordinadores de seguridad, operadores financieros y responsables logísticos clave, subrayando que más de mil arrestos han debilitado tanto a Los Chapitos como a Los Mayos. 

Sin embargo, análisis periodísticos y recuentos independientes muestran que, si bien se han logrado detenciones de alto perfil (como José Ángel Canobbio “El Güerito”, Kevin Alonso Gil Acosta “El 200”, Fernando Pérez Medina “El Piyi”, entre otros, la mayoría de los arrestos corresponden a operadores de menor rango o pistoleros capturados en flagrancia, lo que limita el impacto real sobre la estructura criminal.

Y bajo esta misma condición operativa,sospechosamente son mas “Chapitos que Mayitos que flacos”. 

Contraste:
La narrativa gubernamental magnifica el efecto de los arrestos, pero los datos muestran que sólo una fracción corresponde a líderes o coordinadores relevantes. Por ejemplo, en seis meses de conflicto, apenas 16 objetivos prioritarios entre ambas facciones han sido detenidos, mientras que la cifra total de detenidos incluye a numerosos integrantes de bajo perfil.


2. Vehículos robados

El robo de 4,438 vehículos (19.6 diarios) en el mismo periodo evidencia un grave deterioro en la seguridad pública, especialmente en Culiacan, donde la crisis de violencia ha disparado este delito. La Fiscalía de Sinaloa y reportes periodísticos confirman que, tras el estallido de la guerra interna, el robo de vehículos alcanzó niveles récord, siendo las motocicletas y autos compactos los más afectados.

Narrativa oficial:
No existe una referencia directa en la narrativa de éxito gubernamental a la crisis de robo de vehículos, lo que muestra una desconexión entre el discurso y la realidad cotidiana de la población.

Contraste:
El aumento sostenido del robo de vehículos contradice la imagen de control y “pacificación” que busca proyectar el gobierno. La estadística de casi 20 robos diarios en Sinaloa refleja un entorno de inseguridad que persiste pese a los operativos militares y policiacos.


3. Personas abatidas

El saldo de 77 personas abatidas en enfrentamientos refleja la intensidad y letalidad de los operativos y la resistencia armada de las facciones criminales. Sin embargo, este número debe leerse junto a los más de 1,169 (5.1 diarios) asesinatos registrados en Sinaloa desde el inicio de la guerra interna, según datos oficiales.

Narrativa oficial:
El gobierno subraya que los enfrentamientos y abatimientos son resultado de acciones contundentes contra el crimen organizado, presentando cada operativo como un golpe a la delincuencia y que lo regresa con otro golpe cada vez mas atrevido, mas desafiante.


4. Impacto real sobre las estructuras criminales

Narrativa victoriosa:
El discurso oficial insiste en que los más de mil arrestos han debilitado a ambas facciones, especialmente a Los Chapitos, y que la captura de operadores clave es parte de los compromisos bilaterales con Estados Unidos para frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas. Se recalca la “cacería sin tregua” y la presión internacional como motores de estos resultados.

Realidad documentada:

  • Las capturas de alto perfil han sido relevantes, pero no han desmantelado la capacidad operativa de las facciones, que mantienen control territorial y redes internacionales de narcotráfico.
  • Tras la extradición de Ismael “El Mayo” Zambada y la entrega de Joaquín Guzmán López, la violencia y la fragmentación interna se han intensificado, afectando la vida cotidiana, la economía local y la seguridad pública
  • El gobierno mexicano no ha logrado capturar a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder principal de Los Chapitos, pese a la presión estadounidense y los operativos recientes

5. Limitaciones y opacidad del balance oficial

El balance oficial, aunque es la única base para contrastar cifras, no refleja la dimensión real del conflicto ni el impacto en la vida social y económica de Sinaloa. La opacidad en la información, la falta de desglose sobre detenidos de alto perfil vs. operadores de bajo nivel, y la ausencia de datos sobre desapariciones y desplazamientos forzados, limitan la utilidad del balance como herramienta de rendición de cuentas.


Conclusión

El balance oficial de detenciones, abatidos y vehículos robados, aunque útil como referencia, no representa la realidad integral del conflicto ni respalda plenamente la narrativa de éxito gubernamental que es contrastada por un 224% del crecimiento en asesinatos. 

Las cifras reflejan una escalada de violencia, una crisis de seguridad pública y una fragmentación criminal que no han sido resueltas por los operativos militares y policiacos. 

La narrativa victoriosa del gobierno, basada en detenciones y golpes selectivos, contrasta con la persistencia de delitos de alto impacto, la continuidad de las redes criminales y el sufrimiento cotidiano de la población sinaloense en medio de una campaña mediática de cientos de miles de detenidos que no corresponden por mucho a la triste realidad de violencia que el gobierno quiere combatir con cifras.

Aunque ya sabemos y sobradamente ,que el crimen organizado es como una infección que no fue tratada adecuadamente desde sus primeras etapas y evoluciono hasta convertirse en una enfermedad sistémica difícil de controlar. 

En términos médicos, esta situación refleja un caso de infección crónica que se agravó por negligencia o tratamiento tardío, lo que permitio que se fortaleciera y se volvio resistente a las intervenciones actuales.

“Lo malo de combatir al mismo enemigo por mucho tiempo es que termina acostumbrándose a las estrategias”…ya es inmunoresistente.

Con informacion: RIO DOCE/ MEDIOS/ REDES

EL “CDV YA lo PERDIO”: “TRIBUNAL le DIO la RAZON a GENERAL de SSP de AMERICO que QUIERE CAMBIARLE ESCOLTAS para VIGILARLO en VEZ de CUIDARLO”…y eso no le gusto,se hampa_ró.


El Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, revocó la sentencia emitida por el Juez Faustino Gutiérrez Pérez y rechazó el amparo solicitado por el ex Gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, quien buscaba mantener la asignación de escoltas de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) para su protección personal.

El 22 de agosto de 2023, Gutiérrez Pérez había concedido el amparo al ex mandatario para asegurar la asignación de 36 policías y cuatro camionetas de la SSPT, con vigencia desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2028.

Cabeza de Vaca había reformado la Constitución de Tamaulipas en septiembre de 2021, así como leyes secundarias, para que los funcionarios de alto nivel relacionados con la seguridad pudieran contar con escoltas incluso después de dejar el cargo.

Con base en esta reforma, el 15 de julio de 2022, siendo aún Gobernador, el Director de Seguridad a Personal e Instalaciones de la SSPT asignó el resguardo con 36 policías y cuatro vehículos hasta seis años después de su mandato.

Sin embargo, el 8 de mayo de 2023, el actual titular de la Dirección de Seguridad de la SSPT modificó este acuerdo, argumentando la necesidad de rotar a los elementos encargados de la seguridad del ex Gobernador para garantizar un servicio imparcial, con personal evaluado mediante exámenes de control de confianza.

Tras la resolución del Juez de Distrito, los Magistrados Carlos Gutiérrez López, Irma Graciela García Salas y Jesús Adrián Perales Hernández, en sesión del 24 de abril, decidieron revocar el amparo y rechazar la petición, al considerar legal el acuerdo modificado en mayo de 2023.

Este fallo corresponde al juicio de amparo 1431/2023, iniciado por García Cabeza de Vaca contra el acuerdo de modificación de la asignación de recursos humanos, materiales y financieros para su protección.

Fuentes dijeron que el acuerdo modificado puede ejecutarse tras la decisión del tribunal colegiado.

Antecedentes normativos

El caso jurídico de Francisco García Cabeza de Vaca sobre su protección con escoltas refleja un conflicto legal y político de largo alcance. A continuación, se contextualiza el proceso:

En septiembre de 2021, durante su mandato como gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca impulsó reformas a la Constitución local y leyes secundarias para garantizar seguridad a funcionarios tras concluir su cargo. 

Estas modificaciones permitieron que él y su familia contaran con 36 policías estatales, cuatro camionetas blindadas y 72 armashasta septiembre de 2028. La justificación fue el “riesgo por combatir al crimen organizado”.

Acciones legales clave

  1. Amparo inicial (agosto 2023):
    El juez federal Faustino Gutiérrez Pérez concedió un amparo al exgobernador, ordenando a la SSPT mantener los recursos asignados. Argumentó que el retiro de escoltas bajo el argumento de “necesidades del servicio” carecía de fundamentación.
  2. Modificación administrativa (mayo 2023):
    La SSPT, bajo nueva dirección, modificó el acuerdo original de julio de 2022. Planteó la rotación de elementos y aplicación de exámenes de control de confianza, alegando imparcialidad en el servicio.
  3. Revocación del amparo (abril 2024):
    El Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito(integrado por Carlos Gutiérrez López, Irma Graciela García Salas y Jesús Adrián Perales Hernández) revocó la sentencia de Gutiérrez Pérez. Consideró válida la modificación de 2023, al interpretar que:
  • La SSPT tiene facultades para reorganizar recursos humanos.
  • El acuerdo impugnado cumplió con el principio de motivación legal.

Aunque es importante puntualizar ,que el conflicto jurídico no implica la pérdida total de escoltas, sino la negativa a su pretensión de mantener sin cambios el personal asignado. Los puntos clave son:

Naturaleza del desacuerdo

  • García Cabeza de Vaca buscaba conservar a los 36 policías específicos designados originalmente en julio de 2022.
  • La SSPT argumentó que la rotación periódica era necesaria para:
  • Evitar vínculos de lealtad personal con el exgobernador.
  • Garantizar que los elementos cumplieran con exámenes de control de confianza vigentes
  • Mantener imparcialidad en el servicio.

Fundamento legal del fallo

El Segundo Tribunal Colegiado determinó que:

  1. La modificación de mayo de 2023 no eliminaba la protección, sino que ajustaba su operación bajo criterios técnicos.
  2. La SSPT tiene facultad para reorganizar recursos humanos “por necesidades del servicio”, siempre que se respete el derecho a seguridad.
  3. El exgobernador no demostró que la rotación afectara su protección, solo su preferencia por agentes específicos.Este es el punto medular del diferendo, pues Cabeza de Vaca busca quien lo cuide,NO quien lo vigile,y solo su gente de confianza se lo garantiza.

Contexto de la resistencia

  • Fuentes legislativas señalaron que Cabeza de Vaca pretendía controlar al personal asignado, evitando supervisiones externas.
  • El costo mensual de su seguridad (5.5 millones de pesos hasta 2023) generó críticas sobre el uso de recursos públicos.

La resolución judicial priorizó intereses institucionales sobre preferencias individuales, manteniendo la protección pero bajo parámetros de transparencia

En los hechos, este conflicto solo es una extension de otro conflicto aun mas grande, producto de la rivalidad del gobernador Americo Villarreal (MORENA),con el ex-gobernador PANISTA y este fue solo otro pretexto legal para incomodarlo, lo mas que han podido hacer en su contra.

Con informacion: ELNORTE/ MEDIOS/ REDES

“SOBRINO de EX-GOBERNADOR”: “CRIMINALES le DESCARGARON las MATRACAS al COMANDANTE COTA y GRABARON EJECUCION desde DRON MIENTRAS OTRA CAMARA GRABABA el ATAQUE en TIERRA”…cuando la ley y el crimen se miran de frente, la justicia queda en la mira.


Ulises Omar Cota Montaño, comandante de la Agencia Estatal de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur y sobrino del exgobernador Leonel Cota Montaño, fue asesinado la tarde del martes 22 de abril de 2025 en La Paz, Baja California Sur.

Detalles del asesinato

  • El ataque ocurrió en la colonia Camino Real, mientras Cota Montaño se encontraba fuera de servicio y circulaba en una camioneta tipo pick up.
  • Sujetos armados lo interceptaron y le dispararon en múltiples ocasiones; murió en el lugar antes de que llegaran los servicios de emergencia.
  • La Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó el homicidio y abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso.
  • El gobernador Víctor Castro Cosío y el exgobernador Leonel Cota Montaño condenaron el hecho y exigieron justicia.

Contexto y posibles móviles

  • Las autoridades estatales atribuyen el crimen a una posible “venganza” y amenazas cumplidas del crimen organizado, en el contexto de una recomposición de grupos delictivos en la entidad.
  • Se reporta que la corporación había recibido amenazas previas, y que la violencia reciente incluye ataques a otros mandos de seguridad y la aparición de narcomantas.
  • Cota Montaño tenía más de 15 años de trayectoria en seguridad pública y participó en investigaciones de alto impacto contra el crimen organizado.

¿Existe un video grabado por dron?

En redes sociales circuló un video del asesinato, cuya autoría no ha sido confirmada oficialmente. Se especula que fue grabado por un dron, posiblemente utilizado por los agresores para documentar el ataque.

En otro ángulo de la ejecucion,aun mas cercano, grabado por cámaras de vigilancia particulares, se advierte lo cruento del ataque.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han publicado detalles oficiales sobre su autenticidad. La información sobre el uso de un dron proviene de reportes en redes sociales y no de fuentes institucionales.

Reacciones y seguimiento

El caso ha generado gran preocupación en la sociedad sudcaliforniana y entre las autoridades, quienes han prometido redoblar esfuerzos para esclarecer el crimen y evitar la impunidad.

El asesinato de Cota Montaño se suma a otros hechos violentos recientes en el estado, reflejando un repunte de la violencia ligada a la delincuencia organizada.

Con informacion: SEMANARIO ZETA TIJUANA/

¿ADENTRO estaba MAS SEGURO ? “CUMPLIO CONDENA pero al SALIR de PRISION FUE CONDENADO a MUERTE y un VERDUGO le APLICO la PENA”…a tan solo unos metros del penal y “chorrocientos” mil del estado de derecho.


José Gilberto Suárez Acosta, de 28 años, fue asesinado ayer a balazos minutos después de salir del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde había estado preso desde julio de 2021 por portación ilegal de arma de fuego. 

Esta enésimo hecho de violencia que ni siquiera abultara las cifras de muertos del segundo piso del gobierno,pues las maquila y oculta, enlaza la violencia y la justicia, subrayando la distancia abismal entre la ley escrita y la realidad en las calles, dentro o fuera de los carteles y ni los templos se salvan.

El ataque ocurrió justo frente al penal, en la Avenida Barranco Azul, cuando se acercó a un vehículo y fue interceptado por al menos dos personas armadas que le dispararon en repetidas ocasiones.

¿Era el penal un lugar más seguro para él?

El asesinato de Suárez Acosta nos plantea la pregunta de si, paradójicamente, estaba más seguro dentro del penal que afuera. 

Violencia dentro del Cereso 3

  • El Cereso 3 tiene un historial de violencia extrema, incluyendo motines, masacres y fugas masivas. Por ejemplo, en enero de 2023, una masacre durante un motín dejó 17 personas muertas, entre reclusos y custodios, además de múltiples lesionados.
  • En 2024 se reportaron al menos dos eventos violentos dentro del penal: un asesinato a golpes y una riña con siete lesionados, uno de gravedad. También se hallaron armas de fuego y objetos prohibidos dentro del penal.
  • El penal sufre de déficit de custodios (40% menos de lo recomendado), sobrepoblación y presencia de al menos siete grupos delictivos rivales, lo que mantiene un ambiente de constante peligro para los internos.
  • El control de pandillas y cárteles dentro del penal es un factor de riesgo constante para los reclusos, especialmente para aquellos vinculados a ciertos grupos o con cuentas pendientes.

Riesgo al salir del penal

  • La ejecución de Suárez Acosta fue claramente premeditada y ocurrió en un espacio público, pero justo afuera del penal, lo que sugiere que sus agresores sabían exactamente cuándo y por dónde saldría.
  • No se reportó que Suárez Acosta tuviera custodia especial al salir, a pesar de que su liberación había sido notificada desde el 12 de abril y solo se concretó el 24, lo que podría indicar que existían riesgos conocidos para su integridad.
  • El modus operandi del ataque (espera, saludo de un conocido, intervención de sicarios) apunta a un ajuste de cuentas o venganza relacionada con su historial delictivo o posibles vínculos con grupos criminales.
  • La zona de Ciudad Juárez donde se ubica el penal es una de las más violentas del país, con altos índices de homicidios y ejecuciones ligadas al crimen organizado.

Comparación de riesgos: adentro vs. afuera

AspectoDentro del Cereso 3Afuera (recién liberado)
ViolenciaAlta: motines, asesinatos, control de cártelesAlta: ejecuciones inmediatas, crimen organizado
Protección institucionalLimitada, déficit de custodios, corrupción reportadaNula o mínima, sin custodia al salir
Riesgo específicoDepende de vínculos internos y rivalidadesElevado si existen cuentas pendientes o amenazas
Posibilidad de ataqueAlta, pero con ciertas restricciones físicasMáxima, especialmente en el momento de la salida

El caso de José Gilberto Suárez Acosta evidencia que, bajo ciertas circunstancias, un exinterno puede enfrentar un riesgo igual o incluso mayor al salir del penal que dentro de él. Aunque la vida en el Cereso 3 está marcada por violencia estructural, motines y asesinatos, la inmediatez y precisión con la que fue ejecutado al salir indica que sus enemigos preferían esperar el momento de su liberación para actuar con mayor facilidad y menor riesgo de intervención de custodios o autoridades.

Por tanto, al preguntarnos ” si adentro estaba más seguro?” tiene una respuesta relativa: dentro del penal, Suárez Acosta enfrentaba riesgos constantes, pero su salida lo puso en una situación de máxima vulnerabilidad, sin protección institucional y con sus agresores esperando el momento exacto para matarlo. Esta dinámica es común en contextos donde el crimen organizado tiene presencia tanto dentro como fuera de los penales, y donde la liberación de un interno puede ser vista como una oportunidad para saldar cuentas pendientes.

En resumen, ni adentro ni afuera es seguro,y no solo para reos excarcelados, para todas las personas con o sin antecedentes o vínculos criminales,si consideramos los contextos de alta violencia como Ciudad Juárez y todo Mexico.

Con informacion: ELNORTE/

EL “WANGIRI y OTRA VEZ los GUANGOS”: “QUE NO NOS SORPRENDAN dice la FUERZA CIVIL por EXTORSIONES TELEFONICAS con PREFIJO +44″…la prevención pasa la duda y la desconfianza inteligente


De manera sorpresiva, cientos de ciudadanos en Nuevo León sin aparente relación con el Reino Unido, han recibido llamadas de un número telefónico con el prefijo +44 que corresponde a ese País,exhibiendo que en tiempos donde la tecnología acerca distancias, también facilita nuevas formas de engaño; la mejor defensa sigue siendo la información y la prudencia ante lo desconocido.

Al contestar, los usuarios se encuentran con una grabación que les ofrece unasupuesta oferta de trabajo, pero para conocer más detalles deben enviar un mensaje por Whatsapp a ese mismo número.

La Unidad de Policía Cibernética de Fuerza Civil alertó que podría tratarse de un método de extorsión llamado “Wangiri” o “One Ring Scam”, en el que después de uno o dos timbres, los delincuentes cuelgan para que el usuario no alcance a contestar.

“Son llamadas perdidas desde números internacionales con el fin de que se regrese la llamada y generar cargos elevados de telefonía”, indicó la policía en una ficha.

La hipótesis de la autoridad

La hipótesis de la Unidad de Policía Cibernética de Fuerza Civil —que las llamadas desde el prefijo +44 (Reino Unido) corresponden a la estafa conocida como “Wangiri” o “One Ring Scam”, cuyo fin es inducir a las víctimas a devolver la llamada y así generar cargos elevados de telefonía— está plenamente respaldada por la evidencia internacional y nacional.

Sin embargo, el caso reportado en Nuevo León presenta una variante relevante: al contestar la llamada, los usuarios reciben una grabación que les ofrece una supuesta oferta de trabajo y les pide continuar el contacto por WhatsApp. 

Esto indica que, además del fraude clásico de devolución de llamada, los delincuentes están combinando técnicas de ingeniería social para obtener información personal o inducir a las víctimas a interactuar en plataformas de mensajería, donde pueden desplegar otros tipos de fraude, como robo de datos, extorsión o phishing.

¿Cómo funciona la estafa Wangiri?

1. Llamada breve y corte intencional:
El estafador realiza una llamada internacional (en este caso, con prefijo +44) que suena solo uno o dos timbres y cuelga antes de que la víctima conteste. El objetivo es generar curiosidad o preocupación en la persona que recibe la llamada, motivándola a devolverla.

2. Devolución de llamada:
Cuando la víctima devuelve la llamada, se conecta a un número internacional de tarificación especial o premium. Esto genera cargos elevados por minuto, que pueden ir desde varios pesos hasta decenas de dólares, dependiendo del país y el tipo de número.

3. Ganancia para los delincuentes:
El beneficio económico para los estafadores proviene de las comisiones que reciben por cada llamada devuelta y por el tiempo que logran mantener a la víctima en la línea. Cuanto más tiempo dure la llamada, mayor será el cargo y, por ende, la ganancia para los delincuentes.

4. Variantes y evolución:
En algunos casos, al contestar la llamada o al devolverla, la víctima escucha una grabación que la invita a comunicarse por WhatsApp o a realizar alguna acción adicional (por ejemplo, enviar datos personales o bancarios, o seguir instrucciones para recibir una supuesta oferta de trabajo o premio). Esto amplía el alcance del fraude, permitiendo a los delincuentes obtener información sensible o inducir transferencias de dinero bajo engaño.

Beneficio para los delincuentes

  • Ingreso económico directo:
    Por cada llamada devuelta a números de tarificación especial, los delincuentes reciben una parte de los cargos generados, que pueden ser muy elevados incluso por unos segundos de conexión.
  • Obtención de datos personales:
    Cuando la estafa evoluciona a una interacción por WhatsApp u otra plataforma, los delincuentes pueden obtener información sensible (nombre, dirección, datos bancarios, etc.) para cometer fraudes adicionales, suplantación de identidad o extorsión.
  • Activación de servicios no deseados:
    En algunos casos, la devolución de la llamada o la interacción por mensajería puede activar suscripciones o servicios premium no solicitados, generando más cargos para la víctima y más ingresos para los estafadores.

Conclusión: confrontación y matices

La hipótesis de la autoridad es válida y está bien fundamentada: el fraude Wangiri busca que la víctima devuelva la llamada para generar cargos elevados, de los cuales los delincuentes obtienen un beneficio económico directo. Sin embargo, la variante detectada en Nuevo León —donde se induce a continuar la interacción por WhatsApp— muestra una evolución del esquema clásico, combinando el fraude de tarificación con técnicas de ingeniería social para ampliar el daño potencial: robo de datos, extorsión y fraudes adicionales.

Recomendación:
No devolver llamadas de números internacionales desconocidos, especialmente con prefijos como +44, y no interactuar por WhatsApp ni proporcionar información personal ante ofertas sospechosas. Si ya se devolvió la llamada, revisar el estado de cuenta telefónica y reportar cualquier cargo no reconocido a la compañía y a la policía cibernética.

Con informacion: ELNORTE/ MEDIOS/ REDES

"4 HORAS BAJO FUEGO": LA 'VERSION de HARFUCH y el GOBIERNO EXCUSANDOSE FUE por CULPA de NARCO NADA MENCHO que se les ESCAPÓ"...se acabaron los arrestos en menos de 6 meses y sin disparar 1 solo tiro ?


El primer coche agarró llamas a eso de las dos de la tarde del miércoles. Era el camión de una empresa de paquetería. “Al principio dijeron que había sido una falla del circuito eléctrico, pero luego fue evidente que estábamos en un proceso de narcobloqueo por los otros vehículos”, narra el consejero del Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán. Como protocolo —porque, en los últimos años, los días en que los carteles toman las calles, incendian carros y asedian pueblos enteros para mandar un mensaje al Estado se han vuelto tan habituales que hubo que desarrollar un protocolo al respecto— no da su nombre.

La información comenzó a correr boca a boca, celular a celular, vecino a vecino. “El desmantelamiento del Estado de derecho ha provocado que las personas busquen mecanismos preventivos de seguridad, los grupos de Whatsapp son uno de los más eficaces”. Fue en Apatzingán, pero no solo. El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quiso demostrar su fuerza con fuego e incendió las autopistas de una treintena de municipios en tres Estados. La peor parte se la llevaron las carreteras de 26 pueblos de Michoacán, pero la violencia del Mencho se propagó a dos localidades de Guanajuato y otra de Jalisco.

Por WhatsApp llegaban notas de voz como esta, con esas letras grises en la parte superior que avisan cuando un mensaje ha sido reenviado muchas veces: “Sale, compañeros, compañeros, todos los que vayan a salir a carretera ahorita, están quemando carros. Quiroga, Zacapu, Apatzingán, Uruapan, Tlazazalca, 10 municipios están quemando carros eh. Carros, camiones, autobuses, todo, todo. No hay autoridad”. O bien: “Dense la vuelta, están agarrándose a balazos, enfrentamiento entre sicarios, la Guardia Nacional, la Sedena”. También: “Están incendiando los camiones”. Y: “Date la vuelta papá, hay una balacera”.

El vecino de Apatzingán, el que no quiere dar su nombre, bajó a la verdulería poco antes de que cayera la noche. “El propietario me decía que el que le surtía limón venía aculadísimo porque pensaba que le iban a quitar la camioneta”. Las calles se habían vaciado, la gente se resguardó en casa. “Se ha vivido en varias ocasiones y normalmente es miedo, es replegarse, guardarse, no salir, no transitar, tener mucha precaución, no hablar del tema. El pueblo se vuelve silencioso de un momento a otro. Ayer no nos acercábamos, no tenemos la capacidad ni la voluntad de ser mártires”.

Era un terror viejo y conocido, pero la costumbre no lo diluye. “Fue una reminiscencia de tiempos que pensamos que se habían relativamente superado. Hay un retroceso en términos de las condiciones de seguridad que habíamos tratado de ir construyendo durante los últimos años como sociedad. Jamás habíamos visto unos bloqueos con esta escala”. En paralelo a los videos de tráileres ardiendo, las fotografías de carreteras colapsadas y los audios de alerta, otra información comenzaba a circular. Entre personal de seguridad, de las distintas fiscalías, entre reporteros y analistas, se especulaba: qué había llevado a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG, a ordenar semejante ataque.

La versión oficial

Esa mañana hubo un operativo militar que incluyó un helicóptero artillado abriendo fuego contra “algunos grupos pertrechados en los cerros”, sostiene el consejero del Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán. Se decía que la Marina había incursionado en Ocotlán, en el Jalisco fronterizo con Michoacán, para detener a un capo de alto rango. Se decía, incluso, que lo habían capturado, y que el Mencho desató todo su fuego para que lo liberaran.

Lo hablaban reporteros locales, lo comentaban también off the record, como hechos consumados, agentes gubernamentales. Se escuchaba más de una comparación con el Culiacanazo, aquel jueves que el Cartel de Sinaloa incendió Culiacán para que Andrés Manuel López Obrador liberara a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo —y, la primera de las dos veces, lo consiguió.

Así se lo dijeron también a EL PAÍS fuentes con conocimiento de la operación. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán fue escueta, pero, en esa línea, habló de “bloqueos carreteros ocasionados por grupos delincuenciales en respuesta a las labores en materia seguridad”. El Gabinete de Seguridad publicó su informe diario con “acciones relevantes” del día. Había información de decomisos y arrestos en una decena de Estados de la República. De los narcobloqueos en Michoacán, Jalisco y Guanajuato, ni una palabra.

Alfredo Ramírez Bedolla, Pablo Lemus y Libia Dennise, gobernadores de Michoacán, Jalisco y Guanajuato, respectivamente, mantenían silencio, como lo mantuvieron hasta el jueves la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y su zar de seguridad, Omar García Harfuch. Y, en la mañana, la versión oficial difundida por ambos: “Los ataques son resultado de los conflictos entre dos grupos delictivos que disputan los territorios”.

Hubo cuatro horas de bloqueos en 30 municipios de tres Estados diferentes. Dos policías murieron en los enfrentamientos contra los sicarios. Decenas de vehículos ardieron como barricadas improvisadas en carreteras federales. Un par de tiendas fueron también incendiadas en Apatzingán. Ninguna persona fue oficialmente detenida a pesar de la envergadura de la agresión. Seis sicarios fallecieron. Y la versión oficial de Harfuch y Sheinbaum hablaba, como tantas otras veces antes, de criminales peleando la plaza.

Los vecinos de los municipios afectados la recibieron con escepticismo, como poco. “Era frecuente que estos narcobloqueos ocurrieran sobre todo para generar presión a la autoridad siempre que era apresado algún miembro del crimen organizado, pasó con El Chango Méndez [de La Familia Michoacana] y con otros capos de otra época”, recuerda el consejero del Observatorio de Apatzingán. E incluso si creyera la versión oficial: “Es preocupante que ya reconozcan que el territorio está siendo disputado entre grupos criminales de forma crónica sin que el Estado ponga un alto”.

David Saucedo, analista experto en seguridad, concuerda: “La versión de Omar García Harfuch es inverosímil. No me hace sentido. Dos grupos rivales nunca se atacan con narcobloqueos, suelen utilizarlos para presionar a las autoridades si detienen a sus miembros, como en el Culiacanazo”. En 2022, el Ejército trató de capturar a Ricardo Ruiz, El Doble R, mano derecha del Mencho, y Gerardo González, El Apá. Los militares fracasaron y en respuesta el CJNG desató un caos muy similar al de esta semana. “No parece un conflicto entre grupos, apunta a un operativo fallido para capturar a alguien. Y solo un líder de zona generaría narcobloqueos simultáneos en tres Estados. Me hace sentido que sea El Doble R, porque es jefe en esas zonas”, considera Saucedo.

Para las 18.00, lo peor ya había pasado. Los incendios fueron sofocándose, el tráfico volvió a circular en las carreteras. “Las autoridades locales presumen la liberación de las vías como un éxito, pero es una derrota, no detuvieron a nadie”, abunda Saucedo. El cartel tiró del repertorio del “narcoterrorismo”, apunta, con la complicidad de los Gobiernos locales. No es posible de otra manera, defiende el analista, que un grupo criminal pueda mantener tantas horas de terror en tantos lugares a la vez sin sufrir ni un solo arresto. Dice Saucedo que el modus operandi habitual en estos casos es que los capos avisen a la policía con el mensaje en clave: “Vamos a tener fiesta”. Los agentes se repliegan, los sicarios campan a sus anchas.

“Feudalismo criminal”

El terror está en el futuro próximo. “Habrá actos de represalia contra el Gobierno federal”, cree Saucedo. La incertidumbre es saber cómo responderá el CJNG, que se revuelve desde hace semanas contra la renovada ofensiva que el Gobierno federal ha desplegado en su contra. “No quisiéramos un estallido como los que se han vivido otras épocas. Ya vivimos procesos de autodefensas aquí que no lograron su objetivo. Definitivamente, sí hay un malestar social que no se está procurando, que se agrava, además, porque todas las declaraciones de las autoridades son insatisfactorias. La gente percibe humillante que se diga que las cosas están bien cuando es evidente que no es así”, dice el consejero del Observatorio de Apatzingán.

Ya no son solo los bloqueos del miércoles: “Minas antipersona en zonas rurales, drones con cargas explosivas, la llamada gobernanza criminal, que llamamos más bien feudalismo criminal, gobernanza le queda muy grande. Es apropiación de las vidas y las propiedades por parte de los señores de la guerra que imponen su orden”, sentencia. “No creo que haya falta de capacidad del Estado, lo que no hay es interés”.

Mientras tanto, las consecuencias ya han generado “recesión económica”, dice el vecino de Apatzingán: negocios cerrados, agricultores que no pueden acudir a sus campos, huelgas de los trabajadores del limón y el aguacate. También otros estallidos de violencia, que aprovechan el caos de los bloqueos como camuflaje: “Ayer hubo un asesinato de una persona laborando en un taller, sicarios llegaron a quemarropa a asesinarle. No creemos que esté directamente relacionado [con los narcobloqueos], pero cuando ocurren estos eventos se facilita la comisión de otros crímenes porque está completamente revuelto el río”.

Remata Saucedo: “No es un conflicto entre narcos. Para mí es una excusa, intentaron capturar a un narco, se los escapó y la reacción dejó pánico en tres Estados. Quedaron con las manos vacías y en vergüenza”.

Fuente.-Alejandro Santos/Diario Español/ELPAIS/