Como parte de los perfeccionamientos tecnológicos en la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se conoció el desarrollo de un prototipo de cohete de adiestramiento y su tubo lanzador lanzagranadas de 60 milímetros llamado Quetzalcóatl.
El desarrollo de este prototipo representa un avance significativo en la modernización de capacidades militares. A continuación, se analiza desde múltiples dimensiones:
Innovación tecnológica
El proyecto integra tres pilares clave:
Impresión 3D y diseño modular: Reducción de piezas y optimización estructural, similar a enfoques como el Supersonic Rocket Launcher (SSRL), que utilizó matrices de aluminio y composites para minimizar peso.
Simulador de realidad virtual: Mejoras gráficas y una mira táctica integrada, alineadas con tendencias globales de entrenamiento hiperrealista, aunque sin alcanzar la sofisticación de sistemas como el PULS de Elbit Systems, que incluye software para cohetes guiados de hasta 300 km.
Sistemas de seguridad electrónicos: Múltiples redundancias, comparable a la tecnología Confined Space (CS) del lanzador XM919, que reduce riesgos en entornos cerrados mediante amortiguadores hidráulicos.
Análisis de costeabilidad
Prototipado: La fabricación de 18 unidades iniciales sugiere una fase experimental de bajo costo, contrastando con proyectos como el M270 MLRS, cuyo lanzador cuesta $2.3 millones por unidad.
Producción en serie: Si se escala, podría competir en coste con opciones como el AT4 CS (precio unitario $1,500), aunque su calibre menor (60 mm vs. 84 mm) limitaría su uso.
Mantenimiento: La simplificación de piezas mediante impresión 3D reduciría gastos logísticos, una ventaja observada en el diseño del SpinLaunch, que prioriza componentes reutilizables.
Comparativa con sistemas análogos
Característica
Quetzalcóatl (México)
M270 MLRS (EE.UU.)
RPG-7D (URSS)
Calibre
60 mm
227 mm
40 mm
Alcance
No especificado
92 km (GMLRS)
920 m
Movilidad
Portátil
Vehículo tracked (24.7 ton)
Plegable (diseño aerotransportado)
Costo unitario
En desarrollo
$2.3M (lanzador) + $168k/cohete
$500 (estimado histórico)
Enfoque principal
Entrenamiento
Artillería de precisión
Antitanque/Antiestructura
Aspectos operativos y seguridad
Pruebas de estrés: Las evaluaciones en el Campo Militar No. 37-C incluyeron ajustes en sistemas de percusión, similares a los desafíos técnicos del SSRL, que requirió modificaciones en detonadores eléctricos.
Integración de resorte estabilizador: Solución mecánica comparable a la suspensión del HIMARS autónomo, diseñada para operar en terrenos complejos.
Solenoides magnéticos: Optimización para garantizar ignición confiable, un reto también abordado en el desarrollo del Trident ™ de Arnold Defense.
Perspectivas futuras
El Quetzalcóatl podría evolucionar hacia:
Versiones autónomas: Siguiendo el modelo del HIMARS no tripulado, que combina sensores no emisores con navegación autónoma.
Municiones multifunción: Como el Alternative Warhead del GMLRS, capaz de cambiar modos de detonación (impacto/retardo/aire).
Interoperabilidad: Adaptación a plataformas móviles, estrategia clave en sistemas como el PULS, compatible con vehículos terrestres y aéreos.
En síntesis, este proyecto refleja un equilibrio entre innovación local y lecciones de sistemas globales, aunque su impacto real dependerá de inversiones sostenidas y pruebas operativas rigurosas.
El 23 de enero de 2023, el prestigiado periódico Reforma publico en sus paginas una nota titulada: “Pegan Extorsiones a la Zona Sur de Tamaulipas” y “causalmente” a menos de 4 meses de haber iniciado el gobierno de AMERICO VILLARREAL (…si se le pudiera llamar asi) que ha sido un dechado de permisividad tóxica con el crimen organizado con el que se ha aliado criminal y politicamente en amplias zonas de la geografía donde este gobierna a su gobierno.
Y “Grupo Reforma” no se equivocaba, pues este delito que ya se practicaba antes con “Cabeza de Vaca”, ahora mas que delito es deleite, es un deporte exclusivo del Cartel del Golfo y las autoridades sin distingo a las que les “mata el hambre”,pues todas reciben soborno del expolio indiscriminado a ciudadanos, son una “bola de cobrones que les cobran por todas las actividades productivas, ya sean licitas o ilícitas”.
Pero resulta que mientras “Don Americo” se regodea en la silla del palacio de gobierno y se conforma con que no en esa zona no haya ni balaceras (…muchas), ni muertos,los criminales estan “matando” la actividad económica y muchos negocios de distintos giros,particularmente el de la venta de carne ya estan cerrando y agonizando por su “falta de guevos” ,aunque sobrada complicidad del gobernador.
Los “pagos de cuotas, el derecho de paso y el pago de piso”, ya son palabras muy conocidas entre los habitantes del area conurbada, lo mismo en Tampico donde gobierna Morena y su hermana Monica Villarreal ,quien tambien le hizo “ojitos al CDG y ellos a esta” para que se convirtiera en alcaldesa.
Aunque igual de podridos estan los alcaldes de Ciudad Madero,Altamira,Manuel o Gonzalez,todos gobernados por el mismo cartel y en todos los municipios bajo total inacción de la Guardia Estatal que “nunca arresta a nadie y no es casualidad,es causalidad”.
Omar Karim Mendoza Lara y su red de crimen organizado
Pero en todo este entramado de delincuencia muy organizada, semejante al problema que viven Michoacanos con las cuotas a la producción de limón o aguacate, hay un sujeto fichado por rata en N.L ,que fue detenido en 2015 en N.L cuando transportaba 35 toneladas de carne robada, como cita ELNORTE y que replicamos en la misma fecha.
Es tan grave la problemática, que los comerciantes ya hicieron publica su denuncia, esperando que alguna autoridad se conduela y hagan algo que no sea “hacerse tarugos”.
‘”…Esta persona mejor conocido como Omar Lara y su empresa fachada distribuidora de carnes Lara o carnes supremas Lara a ido desplazando a todos los comerciantes de la zona sur de Tamaulipas, la zona norte de Veracruz y la huasteca potosina que se dedican a la venta de puerco, res y pollo.
Todo esto con ayuda del cartel del golfo del R3 en Tamaulipas y San Luis Potosí y con la ayuda del grupo sombra en la zona norte de Veracruz.
De buenas a primeras el crimen organizado en el mejor de los casos te llaman y te dicen que ya no puedes vender tus productos en la zona porque ahora el los va vender y si tienes la oportunidad de venderlos ahora debes comprárselos a él, haciendo la función de intermediario entre las grandes empresas y los carteles cobrándote la cuota de extorsion para el crimen organizado y cobrándote su respectiva parte como parte de trabajar para ellos, haciendo imposible percibir ganancias o comprar directamente con un distribuidor porque no te permiten comprar o comerciar con nadie más que el.
En el peor de los casos te levantan, te golpean a ti o tus empleados, te amenazan y te cobran un rescate y te quitan la mercancía, obligándote a cerrar o ya no distribuir o trabajar en la zona.
Los cobros por kilogramo van desde los 2-3 pesos hasta los 20 dependiendo el producto que vendas, recaudando grandes sumas de dinero para el crimen organizado y para el. Ya estamos hartos, cansados de sufrir amenazas, pérdidas y sobre todo ver cómo se apoderan de negocios que tantos años nos han costado construir, ver cómo compañeros se endeudan y cierran porque estas personas no tienen consideración alguna…”
Ya no la roba,la pone a cuota
De acuerdo a los denunciantes, el sujeto que empezo robando,ya esta convertido en un delincuente mas poderoso y Karim Mendoza ya no róba la carne,ahora la pone a cuota y monopoliza su venta y distribución de su posición de propietario de la empresa Distribuidora de Carnes Lara, operando como líder de una red de delincuencia organizada que controla el mercado de productos cárnicos y huevo en el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz.
De acuerdo con la informacion, este se presume hombre cercano al lider del Cartel del Golfo identificado como Héctor Crescencio de León Fonseca,alias “R3” ,del que recibe apoyo logístico y operativo.
No se debe de perder de vista, que Breitbart de Texas,en diciembre de 2022,recien desempacado el “malandro” que gobierna Tamaulipas,dio conocer como se beneficiaba este y su hijo de las redes de extorsión.
Áreas de influencia y modus operandi
Zona de operación principal:
Tamaulipas: Tampico, Madero, Altamira.
Veracruz: Naranjos, Ozuluama, Pánuco, El Higo, Tamiahua y Tuxpan.
San Luis Potosí: Parte de la Huasteca.
Métodos de control:
Imposición de precios y condiciones de venta a comerciantes.
Amenazas y extorsiones para desplazar a competidores legítimos, incluyendo empresas con trayectoria como SuKarne, Bachoco, Pilgrims y negocios familiares.
Conexiones criminales
Cártel del Golfo
Responsable de brindar protección armada y ejecutar amenazas contra empresarios que se niegan a colaborar.
Grupo Sombra:
Facilita la expansión en Veracrez mediante tácticas de intimidación y control territorial.
Caso emblemático: Robo de carne en Ciudad Mante
Detalles del incidente (20 de noviembre de 2024):
Dos tráileres con 17 toneladas cada uno (total: 34 toneladas) fueron robados violentamente en Ciudad Mante, Tamaulipas.
La carga pertenecía a Praderas Huastecas y estaba destinada a Laredo, Texas.
Mendoza Lara admitió haber comprado la mercancía robada en $300,000 pesos para revenderla en Monterrey.
Detenidos vinculados:
Omar Karim Mendoza Lara (comprador de la mercancía ilegal).
Héctor Manuel González Parra, José Narciso Rangel Hernández y Martín Claudio Pérez Hernández (choferes).
Juan Ángel González Elizaldi (dueño de Frozen Depot, negocio usado para almacenar la carne robada).
Complicidad institucional,policias,fiscalias y gobernador
Autoridades municipales y estatales omiten investigar denuncias, a pesar del cierre masivo de negocios y desplazamiento de empresas.
Grandes corporativos continúan suministrando productos a Mendoza Lara, pese a conocer su vínculo con el crimen organizado.
Impacto socioeconómico
Monopolio que encarece productos y elimina la competencia legítima.
Pérdidas millonarias para empresarios locales y desabasto regional.
Llamado a la acción: Se exige la intervención de autoridades federales, del ejercito y la Marina para desmantelar esta red criminal ,asi como auditorías a empresas proveedoras que permitan conocer la trazabilidad de la carne con el registro de los pasos que siguen sus productos desde su origen hasta que llega al consumidor. Esto permitira identificar el origen, los procesos aplicados y la ubicación final del producto para identificar a todos los colaboradores del terrorismo.
Luego de ser denunciado por violencia familiar, un hombre fue detenido por la Policía de Monterrey con más de 1.8 millones de pesos y un arma de fuego, ayer en la Colonia Cumbres Elite.
Presuntamente, el ahora detenido agredió a la mujer frente a sus hijas en su casa y ella solicitó el apoyo de los uniformados, señaló la corporación municipal.
El detenido fue identificado como Héctor Hugo, de 34 años, a quien le decomisaron una pistola calibre .380 abastecida con 6 balas y una mochila en la que llevaba un millón 800 mil pesos en efectivo y 700 dólares, que son unos 14 mil pesos.
De acuerdo con la corporación, la captura se logró a las 2:20 horas en el cruce de las calles Lince y Agapantos, la mencionada colonia.
Los uniformados recibieron el reporte de violencia familiar y al llegar encontraron a la pareja discutiendo en la caseta de acceso.
Al entrevistarse con la afectada, de 28 años, la mujer les relató que su esposo la había agredido frente a sus hijas, supuestamente sin motivo, y por eso salió de su casa para pedir apoyo.
Tras el señalamiento por la agresión, los policías realizaron una revisión al hombre y le hallaron el arma junto con el efectivo, del que no pudo demostrar su procedencia.
El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público para ser investigado.
El universo conspira
La detención de Héctor Hugo en Monterrey, ocurrida el 22 de marzo de 2025, ilustra un caso donde la intervención policial respondió a una denuncia por violencia familiar, pero derivó en el hallazgo de elementos adicionales que ampliaron la gravedad del caso. Según el relato oficial, los hechos se desarrollaron así:
Denuncia y contexto inicial: La Policía de Monterrey recibió un reporte de violencia doméstica alrededor de las 2:20 horas en la Colonia Cumbres Elite. Al llegar, encontraron a Héctor Hugo (34 años) y su pareja (28 años) discutiendo en la caseta de acceso de su residencia. La mujer afirmó que fue agredida físicamente frente a sus hijas.
Hallazgos durante la revisión: Al practicar una revisión de rutina, los oficiales encontraron en su posesión:
Una pistola calibre .380 con 6 balas.
$1,800,000 MXN en efectivo.
$700 USD (aproximadamente $14,000 MXN). Héctor Hugo no pudo acreditar la procedencia lícita del dinero.
Trámites legales: Fue trasladado a las instalaciones policiales y puesto a disposición del Ministerio Público. El caso combina dos líneas de investigación: violencia intrafamiliar (prevista en el Código Penal local) y posible delincuencia organizada por la cantidad de dinero y el arma.
Análisis de fondo:
Violencia familiar como detonante: El incidente refleja un patrón donde las agresiones domésticas suelen ser la punta del iceberg de actividades ilícitas más complejas. En México, el 38.4% de los adolescentes aún normaliza el castigo físico como método correctivo, lo que evidencia un contexto social que facilita la impunidad en estos casos.
Circunstancialidad vs. eficacia institucional: Aunque la detención se logró por la denuncia de la víctima, el hallazgo del dinero y el arma plantea preguntas sobre la capacidad de las autoridades para detectar redes criminales sin depender de factores fortuitos.
En resumen, este caso mezcla fallas sistémicas que se origina por la detección reactiva de delitos que si bien es cierto se deriva en éxitos operativos, presume la actividad criminal del sujeto, impune hasta el acto fortuito.
La presencia de recursos ilícitos sugiere que Héctor Hugo podría estar vinculado a actividades mayores, lo que exigirá una investigación profunda para desarticular posibles redes criminales bajo un ecosistéma de colusión que podria impedirlo.
Mataron a Angie Pérez, que tenía 29 años y un hijo de cuatro. A Rubén Antonio Ramos, que con 24 años ha dejado a su madre desconsolada. A Guillermo Cortés, que su familia interpuso la denuncia por desaparición y cuando las autoridades la difundieron ya estaba muerto. A Rolando Evaristo y Uriel Calva, a quienes despiden decenas de amigos. A Lesly Noya, de 21 años, Huesitos para su hermana, deportista y sonriente. Al matrimonio de Yamilet López y Raúl Emmanuel González, de 28 años. A Jacqueline Meza, incluso después de que su madre alertara de que había sido secuestrada.
Mataron a nueve jóvenes, se los llevaron de la costa de Oaxaca y los tiraron a 400 kilómetros. Los mataron a todos y las autoridades, que no lloran sus cuerpos, imparten justicia bajo el eslogan de un “ajuste de cuentas”.
En México, los homicidios son la primera causa de muerte para los jóvenes. Más que los infartos y el cáncer. Solo en los primeros seis meses de 2024, más de 10.000 mexicanos entre 15 y 44 años fueron asesinados. Sobre la tragedia planea una sombra antigua: en algo andaban, algo harían. El país se ha acostumbrado a enterrar a sus muertos bajo la sospecha. Así pasó hace un par de semanas en Apizaco y sus alrededores, en el centro de Tlaxcala, de donde era el grupo asesinado. Las familias los despedían cuando ya por todas partes corría una etiqueta, una sentencia para cerrar el caso: “Eran ladrones”.
En esa misma línea se mueve la Fiscalía de Oaxaca. Tres semanas después de la masacre de los jóvenes, el fiscal estatal Bernardo Rodríguez ha hecho este miércoles su radiografía del caso: los jóvenes fueron traídos por un hotelero de la zona para robar. Lo hicieron a mitad de febrero y a final del mes ya estaban desaparecidos. Los encontraron ejecutados el 2 de marzo en un coche en el límite con Puebla. Hubo una superviviente. Hay un detenido (de iniciales L.E.V.S., que también contaba con ficha de búsqueda por desaparición) que viajaba con los jóvenes y es quien les ha revelado el modus operandi del grupo. “Venían de Tlaxcala a cometer algunos de estos actos: robo a cajeros, robo a centros comerciales, robo a cuentahabientes… No todos, pero sí una parte importante de ellos. Había otros que venían acompañándolos, pensamos más bien en un viaje turístico”, reconoce el fiscal. ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Importa?
El funcionario ha hablado siete minutos del caso —que está siendo investigado como homicidio y desaparición forzada— y ha dedicado solo unos segundos a desarrollar la “principal línea de investigación”: “Ajuste de cuentas entre grupos criminales, el grupo que venía de Tlaxcala y la situación también de la parte de la costa”. El reino del narcotráfico de la costa oaxaqueña y su líder, Saúl Bogar Soto, alias El Bogar, identificado como el principal generador de violencia en el Estado —según documentos a los que ha tenido acceso este periódico—, reducidos a “la situación de la costa”. Tejido al destino a los jóvenes, el hotelero José Alfredo Lavariega, alias El Jocha, también asesinado, y una policía municipal cuestionada por sus desmanes desde hace años. EL PAÍS reconstruye el caso que ha destapado la otra cara del paraíso.
“Aquí no se permite la robadera”
“¿Huatulco? Huatulco es un lugar muy seguro, señorita. Eso sí, aquí no se permite la robadera. ¿Ya se enteró de lo que hicieron con los que vinieron de fuera a robar acá, verdad?”. El viejito al sol relata detalles que le transmiten otros que vigilan mientras venden souvenirs y flotadores, que vieron a los hombres armados entrando a los locales de la playa principal de la ciudad a levantar a los jóvenes.
La bahía de Santa Cruz está partida por un largo muelle en el que amarran la veintena de cruceros que llegan cada año. El agua está clara y tranquila. Aquí decenas de turistas ven correr las horas con los pies en la arena. La mayoría son canadienses y estadounidenses, porque este pueblo costero, de 40.000 habitantes y 158 hoteles, tiene vuelos directos con Toronto y Vancouver. El dinero llega en moneda extranjera y llega mucho: más de 10.000 millones de pesos el año pasado, según la Secretaría de Turismo de Oaxaca. Entre chapoteos y ofertas de tours, no hay nada que recuerde a los muchachos asesinados, aunque algunos fueron secuestrados justo aquí.
El rastro de los jóvenes se apaga el 28 de febrero. Lesly Noya cambió esa mañana, temprano, su foto de perfil. También Rolando Evaristo compartió antes de las 9 de la mañana sus últimos memes, que se han llenado ahora de mensajes de despedida. Ese día la policía de Huatulco se llevó a Angie Pérez y Brenda Mariel Salas cuando salían de su alojamiento, el Hospedaje Jocha, según compartió el esposo de la primera, Juan Daniel Palma Chamorro. En la noche se llevaron mientras estaba en un restaurante en la playa a Jacqueline Meza, alertó su madre. Uno tras otro, los jóvenes pudieron ser secuestrados en una ciudad plagada de cámaras, donde tiene sede la Secretaría de la Marina (Semar), con su 18 Zona Naval, y la Secretaría de la Defensa (Sedena), con el 98 Batallón de Infantería. “Es un mensaje claro de quien de verdad manda aquí”, apunta un periodista de Oaxaca, que prefiere no dar su nombre por seguridad.
El testimonio de la superviviente —de quien no se sabe nada, solo que sigue viva— es el dedo que apunta a la corporación municipal. Pero no solo. En los últimos dos años, los agentes de Huatulco habían patrullado junto con la Marina y también el mando principal de la dependencia era de la Semar. En diciembre de 2024, en una carta dirigida al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, algunos agentes pedían ayuda. “Estamos intranquilos porque nos van a quitar a los marinos”, comenzaba el escrito, “los policías malos están contentos de que se va la Marina, gritan a los cuatro vientos que ahora sí nos cargó la… Es un grito de desesperado de ayuda, autoridades, no nos lo quiten”. Con la entrada del presidente municipal Julio Cárdenas en enero de este año, se acabó el convenio con la Marina y la policía municipal volvió a patrullar sola. Solo pasaron dos meses hasta que fueron señalados por llevarse a Angie y a Brenda.
La acusación ha llevado a la Fiscalía de Oaxaca a desplegar la semana pasada, junto a la Secretaría de Seguridad estatal y el Ejército, un largo operativo para catear las armas y permisos de los agentes municipales (también para desmantelar 40 cámaras que operaban en la ciudad para los criminales). El fiscal ha explicado que buscan comprobar si alguna de las armas fue disparada y si esos cartuchos coinciden con las heridas de muerte que tenían los jóvenes: “Estamos en un proceso de saber”. El operativo recordó a septiembre de 2013, cuando las fuerzas federales tuvieron que entrar en Huatulco para detener al alcalde, al director de la policía municipal, al subdirector de la corporación y otros siete funcionarios por estar detrás de una serie de homicidios de jóvenes.
“Huatulco ya tiene quien lo cuide”
El despligue de las camionetas de seguridad no ha sido bien recibido entre todos los vecinos del municipio. “Uno vive al día, esperando la temporada vacacional y asustan a la gente con tanto operativo, nosotros ya tenemos quien cuide a Huatulco y no es de ahorita sino de años”, se lee en una publicación viral de una vecina, que reconoce que los últimos turistas preguntan más por la seguridad que por el clima a causa de las “noticias amarillistas”. El mensaje sigue: “A diferencia de otros destinos, aquí no pagamos piso, aquí no tenemos secuestros, robos, violencia, levantones, tráfico de órganos (…) porque lo cuida un personaje de respeto que nos demuestra que no estamos solos, aquí nadie necesita del Gobierno solo necesitamos al patrón que siempre nos ha cuidado y nunca ha dejado solo a su pueblo”.
Documentos de la Sedena, aireados por la filtración del grupo de hackers Guacamaya, señalan sin ambigüedades al Bogar como la cabeza que controla la costa de Oaxaca, desde Huatulco hasta los límites de Guerrero. Coincide con los mismos papeles con los que trabajan en el Gobierno estatal, que identifican las alianzas del Bogar con otros grupos locales “para expandir su zona de presencia y no generar alguna disputa”. Los documentos apuntan a este hombre, de poco más de 40 años, como el responsable del trasiego de drogas y migrantes, de extorsiones y homicidios: “Se tiene conocimiento que tiene presencia en toda la línea costera del Estado”.
La carretera 200 atraviesa Oaxaca y une Chiapas y Guerrero. Es la vía de entrada a todos los pueblitos a los que azota el Pacífico. Es un corredor de distribución perfectamente engrasado: aquí aterrizan las avionetas y llegan las lanchas con los cargamentos de cocaína. La droga, en una ruta controlada y llena de aliados, se dirige hacia el norte para seguir su reparto por todo el país, una operación presuntamente a cargo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “Para no perjudicar al narcomenudeo, no suele haber muchos eventos violentos”, señala un periodista de la región. “Es una zona de tolerancia: no se denuncia la venta de droga y a cambio ellos se encargan de cuidar el rancho”, añade un hotelero. “Nadie quiere saber nada de lo que ha pasado con los muchachos, todo el mundo mira para otro lado, para que no se acabe la fiesta”, incide un pescador.
Las reglas están claras, se repiten igual de punta a punta, de Huatulco a Puerto Escondido: aquí no se vende fentanilo ni cristal, no se cobra piso, y sobre todo, no se roba. El castigo es el cuerpo. La antropóloga Rossana Reguillo define estos códigos como “una paralegalidad, un segundo Estado”: “Es un orden paralelo, de jueces, de señores soberanos sobre un territorio, que tienen el derecho de decir qué se permite, qué delitos se pueden cometer y cuáles no, y aquel que entra en su territorio tiene que cumplirlos”, explica a EL PAÍS. “Para los chavos descifrar los territorios se ha convertido en un tema de vida o muerte, se enfrentan a la lógica de que lo que está permitido en una determinada zona, en otra es motivo de levantamiento y ajusticiamiento”.
La desaparición del grupo de Tlaxcala quedó opacada por el hallazgo del rancho de exterminio de Teuchitlán, que el CJNG utilizaba como centro de reclutamiento y entrenamiento forzado para muchos jóvenes desaparecidos de Jalisco, Nayarit o Guanajuato. “Estas masacres y ejecuciones demuestran que están usando los cuerpos juveniles como aceite, como gasolina para mantener funcionando sus negocios”, apunta Reguillo, “y sobre todo reflejan la pérdida de la capacidad del Estado: estamos frente a un Estado que ha ido cediendo su soberanía en aras de los grupos criminales”.
Luego de que presuntamente asesinara a dos hombres en una carpintería y a uno más al robarle una camioneta con la que buscaba escapar pero estrelló, un hombre hirió de bala a una oficial de tránsito, huyó corriendo y fue baleado por oficiales en calles del Centro de la Ciudad.
Aunque en un principio la Policía de Monterrey informó que el sospechoso fue abatido, más tarde aclararon que llegó con vida al hospital donde es atendido.
El hecho inició cuando la autoridad recibió reportes de detonaciones en la calle Tlaxcala, en la Colonia Independencia, donde se confirmaron dos personas asesinadas.
Luego se reportó a otra persona también sin vida al ser ejecutada para quitarle su camioneta en la misma calle.
Desde allí el hombre habría lesionado a balazos a una oficial de Tránsito de Monterrey que abanderaba la zona donde se llevaba a cabo una carrera.
Al tratar de escapar, metros adelante estrelló el vehículo contra una pared, cuando ya era seguido por varias patrullas.
Se dijo que desde ese punto el sospechoso habría corrido rumbo al Centro de Monterrey, donde los oficiales le dieron alcance en la calle Hidalgo y su cruce con Garibaldi.
Mientras corría, el hombre disparó a los uniformados, quienes repelieron la agresión y terminaron por herirlo de gravedad.
El presunto delincuente, de entre 30 a 35 años y quien vestía pantalón y camiseta negra, fue trasladado grave al hospital.
