Óscar Antonio López Enamorado quería estudiar y en la Honduras de 2009 aquello era un sueño imposible. A los 19, dejó atrás un país sumido en la violencia y un golpe de Estado militar.Consiguió llegar a Estados Unidos. Conoció a unos muchachos que le prometieron trabajo y un buen salario en México. Confió en ellos. Regresó sobre sus pasos y cruzó la frontera hacia el sur. Lo llevaron a un rancho en Jalisco. Y allí, en el poblado de San Sebastián del Oeste, se perdió su rastro hace 15 años.
Su madre, Ana Enamorado, abandonó la vida que hasta entonces había conocido para buscar a su hijo. Cuando pudo pagarse el viaje a Jalisco, en 2013, la mujer acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y pidió ayuda. “Una funcionaria pública de Províctima me dijo: ‘Ahí no puede llegar, es muy peligroso, ni la policía puede entrar’. En el Ministerio Público me dijeron varias veces: ‘Usted no puede ir ahí, nadie puede llegar, en lugar de buscar a uno, vamos a buscar a dos, a su hijo y a usted’”.
No es solo el rancho de Teuchitlán, el último ejemplo, el enésimo, de la inabarcable dimensión de la crisis de desapariciones forzadas que sufre México.
La historia de Óscar, como la de las 125.000 personas que un día no volvieron a casa, es la de muchos Teuchitlanes repartidos por un país que ha incorporado a su vocabulario cotidiano palabras como fosas, crematorios, centros de exterminio, masacres.
Ante el desamparo institucional, el fenómeno encontró desde hace años una respuesta en colectivos de madres buscadoras. María Isabel Cruz (56 años) busca a su hijo Reyes Yosimar García desde enero de 2017. Él era policía en Culiacán y se encontró en medio de una de esas guerras habituales entre facciones del Cartel de Sinaloa. “A raíz del destape de este rancho todo el mundo nos horrorizamos, sin saber que en otras partes de la República estamos igual o peor”.
“Nadie se horrorizó, nadie dijo nada. Tiene que pasar algo extraordinario para que volteemos a ver”
En 2018, su colectivo sacó más de 18.000 fragmentos calcinados de hueso que escondidos en un pozo. “Nadie se horrorizó, nadie dijo nada. Tiene que pasar algo extraordinario para que volteemos a ver”. A ella le preocupa la “campaña de desprestigio” que cree que se esconde tras las palabras de la presidenta, Claudia Sheinbaum, hacia las madres buscadoras. “Nos aterroriza porque la cacería va a empezar. Vivimos más atemorizadas que nunca porque vivimos más perseguidas ¿Qué más tenemos que pasar para que el Gobierno reconozca la magnitud de esta barbarie de lesa humanidad?”.
Así que cuando Teuchitlán detonó el dolor contenido de un país que trata de anestesiarse ante el horror cotidiano, y saltó a los titulares, y a las conferencias de prensa en Palacio Nacional, las madres buscadoras encajaron la noticia como todas las anteriores: con dolor, con costumbre. No es la primera vez, no será la última, es su respuesta más habitual. “Cada día que pasa nos damos cuenta de que todo esto se sigue viviendo, lo que está saliendo es lo que se vivió hace mucho, las familias lo hemos comentado todo este tiempo y no nos creen. De ese lugar [Teuchitlán] ya teníamos información muchos colectivos y no nos dejaban ir”, protesta Virginia Garay (53 años), integrante de un colectivo que busca desaparecidos en Nayarit. Su hijo, Brian Eduardo, salió un día de 2018 a trabajar en su puesto callejero de hamburguesas y no regresó. Ella fue a Teuchitlán hace dos años tras una pista anónima, que alertó: “Todavía hay gente ahí trabajando, no te garantizo que salgas”. Vio camionetas entrando y saliendo. No pudo hacer nada.
De Jalisco a Tamaulipas
Pocos días después del descubrimiento de Teuchitlán, las madres buscadoras de Tamaulipas se toparon con otro lugar con características similares y restos de huesos abrasados. No hizo tanto ruido, no acaparó titulares. Después de Jalisco, Tamaulipas es el segundo Estado del país con más desaparecidos.
Uno de ellos fue Rigoberto Mata, el esposo de Verónica Guadalupe Francisco (30 años), que residía en Monterrey, pero desapareció en Nuevo Laredo. “[Las fiscalías] solo generan una ficha y esa es toda la ayuda. Nosotros como colectivo nos cansamos el año pasado de estar esperando a que Fiscalía trabajara. Empezamos a exigir que al menos nos brindaran seguridad para buscar nosotros. Al menos en Monterrey se ha buscado muchísimo la ayuda por parte del alcalde, nos hemos plantado a fuera del Palacio y no hemos tenido ningún tipo de respuesta. No hay ningún avance de ningún tipo, es desalentador”, dice Francisco.
La palabra “desaparecido” apenas había salido de la boca de Sheinbaum desde que empezó su sexenio, el pasado octubre. Desde que Teuchitlán estalló en el imaginario colectivo, ha anunciado varias reformas legales para unificar las bases de datos sobre desaparecidos. “Las autoridades buscan la manera de detenernos, y cuando algún colectivo logra entrar y destapar todo, esto es lo que ocurre. Demuestra por qué las familias no creemos en las autoridades, porque seguimos dudando y sospechando de ellas”, critica Garay.
“[Las fiscalías] solo generan una ficha y esa es toda la ayuda (…) No hay ningún avance de ningún tipo, es desalentador”
Sheinbaum defendió que la atención mediática al rancho, que las madres buscadores y los expertos forenses denominan “centro de exterminio”, es una maniobra política para manchar la figura de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. “Este Gobierno, igual que todos, trata de decir que estamos en contra de ellos o que estamos tratando de echarle tierra. La finalidad es hacernos pasar por mentirosas. Es una forma de justificarse que el trabajo nunca se ha hecho”, sentencia Garay. Tuvieron que ser los buscadores, de hecho, los que dieran el grito de alarma en Teuchitlán: la Fiscalía de Jalisco llegó al rancho en septiembre de 2024 y, durante seis meses, no hizo nada para investigar los miles de pruebas desperdigadas por el predio: restos de huesos, zapatillas, ropa, mochilas, juguetes, agujeros en la tierra con indicios de haber funcionado como crematorios. La Fiscalía General de la República (FGR) se ha visto obligada a asumir el caso.
El miedo ha aumentado en estos días a raíz de un video difundido presuntamente por el Cartel Jalisco, en el que aseguran que Teuchitlán no era un centro de exterminio y apuntan contra las madres buscadoras y la prensa. Los expertos debaten sobre su autenticidad. Para Virginia Garay, son “las autoridades haciéndose pasar por ellos para hacernos sentir como mentirosas”. Amenaza real o no, todas las buscadoras coinciden en que la presión del crimen es un riesgo constante, más aún si, como pasa habitualmente, tienen que salir al campo sin seguridad ni apoyo de las autoridades. Por su cuenta, con su dinero.
Cenizas sin identificar
Luis Enrique Chágala, hermano de María Antonio Chágala, desapareció en junio de 2021 también en Nuevo Laredo, aunque la familia es de Veracruz. Desde entonces, la nada: no se ha entrevistado a los testigos, ni a los dueños de la empresa de seguridad privada en la que trabajaba cuando desapareció. A ella le gustaría ir a Jalisco, buscar si entre la ropa abandonada hay alguna evidencia de Luis, pero no puede pagar el viaje. Tuvo que dejar su empleo en una tienda de ropa para perseguir el rastro de su hermano, un trabajo de tiempo completo.
Las buscadoras cuentan que, cuando no están rastreando sobre terreno, pasan los días analizando internet, cada vez que aparecen restos humanos a lo largo del país, intentando encontrar alguna pista que los acerque a sus seres queridos. “El Gobierno no nos ayuda. Que la presidenta sea solidaria con los familiares de desaparecidos porque no se imagina el dolor que pasa uno, pensar todos los días dónde estarán. Lo tenemos que hacer solos y arriesga uno su vida. No solo es parte de mi dolor, sino de mucha gente. Se tiene que hacer justicia aquí en México”.
Ana Enamorado, referente internacional de la búsqueda de desaparecidos, una mujer que ha hecho de la protesta su hábitat y no ha dejado México desde que llegó a buscar a Óscar en 2013, se encerró a llorar cuando Teuchitlán reventó. “Yo salgo a las calles a actuar, pero ese día sí fue de llanto todo el tiempo y fue horrible”. El colectivo que creó, la Red Regional de Familias de Migrantes, fue uno de los organizadores de la vigilia del pasado sábado en el Zócalo de Ciudad de México, que se replicó en Guadalajara, Oaxaca, Ciudad Juárez… Cientos de zapatos desparejados en el centro de las plazas como los encontrados en el rancho, una nueva forma de simbolizar la ausencia en el elocuente vocabulario de la desaparición forzada en México.
—Yo lo he dicho claramente: hay colusión de los grupos criminales con las autoridades, y Jalisco es un ejemplo muy claro. Es tan evidente que es cómplice. No es la primera vez, no es el primer caso.
Enamorado pensó, como todos los días, en su hijo. En aquellas cenizas sin identificar que le entregaron las autoridades jaliscienses —como a tantas otras madres—, esperando que se conformara con ellas. “Me costó siete años comprobar que no eran de Óscar”.
Fuente.-ALEJANDRO SANTOS CID/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS
