Un hombre que sin recato celebraba su cumpleaños entre música de narcocorridos y bebidas de todo tipo y que fue arrestado en el municipio de Atlatlahucan, Morelos,resulto ser Rafael “N”, alias “El Niño de Oro”, señalado como el segundo al mando del Cártel de Sinaloa en el estado de Morelos, bajo el liderazgo de Júpiter Araujo, alias “El Barbas”.
Junto con “El Niño de Oro” cayó su jefe de sicarios y otras cuatro personas, entre ellas la hermana del líder criminal y su pareja, de ciudadanía colombiana.
La fiesta de cumpleaños se llevaba a cabo en uno de los tres inmuebles del municipio de Atlatlahucan que eran propiedad del detenido, los cuales utilizaba como escondite para mantener sus operaciones.
La detención de Rafael “N”, alias El Niño de Oro, en plena celebración de su cumpleaños en Morelos, ejemplifica la contradicción entre el discurso oficial sobre eficacia en seguridad y la realidad de impunidad que transexenalmente han venido percibiendo los ciudadanos.
Desfase entre la ostentación criminal y la acción tardía de autoridades
El operativo ocurrió en un salón de eventos donde el capo festejaba con narcocorridos, bebidas y drogas incautadas(metanfetamina y cocaína). La escena refleja una operatividad criminal sin disimulo: propiedades a su nombre, vehículos blindados y vínculos con funcionarios. Pese a ser un “objetivo prioritario”, su captura en 2025 ocurrió dos años después de una liberación inexplicable en 2023, a pesar de tener órdenes de aprehensión vigentes.
Presunta complicidad institucional
El contexto es clave: semanas antes, Júpiter “El Barbas” —líder de El Niño de Oro— apareció en un video con los alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan (Jesús Corona y Agustín Toledano). Aunque ambos ediles negaron vínculos, el hecho no generó acciones inmediatas contra el cártel. Además, 17 de 36 alcaldes morelenses están bajo investigación federal por nexos criminales, lo que sugiere infiltración en estructuras de poder.
Fallas sistémicas en inteligencia y justicia
Operativos reactivos, no preventivos: La detención se logró tras una denuncia por secuestro, no por inteligencia proactiva.
Estrategias de distracción: Durante el arresto, el cártel saturó el 911 con falsas emergencias para obstaculizar a las autoridades.
Libertad previa pese a pruebas: En 2023, El Niño de Oro ya había sido capturado con evidencias de homicidios y extorsión, pero fue liberado.
Simbolismo de la impunidad
La fiesta cumpleañera —con música explícita y presencia de su hermana y pareja colombiana— actuó como performance de poder. Este desplante contrasta con la lentitud judicial: pese a su historial de homicidios, desapariciones y ataque a la exalcaldesa Alma Delia Reyes, su influencia persistió hasta que la presión mediática por el video de El Barbas obligó a actuar.
Este caso no solo expone la banalización del crimen en espacios públicos, sino también la necesidad de atajar la colusión política que permite estas dinámicas. La ciudadanía, ante estos hechos, cuestiona si las capturas espectaculares son resultado de estrategias reales o meros ajustes de imagen ante el escándalo que apunta a un gobierno gobernado por los narcos,como dice EE.UU (…y lo dice bien).
Le llamaremos don Genaro, para preservar su seguridad. En 2012, a don Genaro Ramírez le compraron su tierra bajo coacción. Fue un día en que se hallaba en su domicilio de La Estanzuela, con su esposa y su hija preadolescente. De pronto llegaron unos hombres y entraron por la fuerza a la casa. Uno de los invasores sujetó a la niña, bajo amenaza de hacerle daño, los otros exigieron la venta de la parcela.
El ejidatario estanzuelino se aproximaba entonces a sus 50 años y quedó paralizado. “Dice don Genaro que los hombres que hablaron con él no iban armados, pero ni falta que hacía, por la manera y el imperio con que le hablaron”, relata uno de los habitantes que, como mucha gente de La Estanzuela, conocen la historia. Otra fuente dice que sí había gente armada, pero afuera, a poca distancia del domicilio.
Don Genaro no tuvo alternativa, vendió la parcela. Pero le dejaron los papeles. Es decir, conservó el certificado parcelario. Lo que querían los compradores era el control material del predio, poco les importaban los documentos de la propiedad, aparentemente.
Poco después de consumada la venta, fue construida la barda perimetral y el zaguán con la leyenda: “Izaguirre Ranch”. Fue así como el grupo criminal conocido como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abrió las puertas del infierno en el ejido La Estanzuela de Teuchitlán, Jalisco, el campo de entrenamiento y exterminio donde hay indicios del asesinato de al menos 1,500 personas y rastros de su calcinación.
A partir de su identificación en el Sistema de Información Geoespacial del Catastro Rural, de la verificación de su condición de dominio pleno, de la consulta de fuentes locales y de testimonios ―anónimos desde luego, por razones de seguridad― de un puñado de vecinos de La Estanzuela, EMEEQUIS reconstruye el caprichoso rastro de la propiedad que acabó en manos criminales.
El predio en 2011. Foto: Centro de Investigación Interdisciplinaria (CICA)Entre diciembre de 2014 y abril de 2015, se registra la construcción de las edificaciones. Foto: Centro de Investigación Interdisciplinaria (CICA).
También reseñamos las oscuras circunstancias de la devolución del predio en 2025, su misterioso cambio de régimen de propiedad ejidal a propiedad privada, y su sorpresiva alta en el catastro municipal de Teuchitlán, sin que se cumplieran los trámites, presumiblemente sin la documentación requerida para efectuarlos, y sobre todo, sin claridad sobre quién los emprendió y concretó.
Es el predio donde el intocable grupo delictivo asentó su madriguera de bestialidad que a lo largo de 13 años coexistió con cuatro gobiernos federales ( PAN, PRI, dos de Morena), cuatro gestiones estatales (PAN, PRI, dos de MC), y cinco municipales, (PRD, PAN, Morena, dos de MC), pues las únicas siglas que se impusieron durante ese periodo fueron las del CJNG.
Aunque, por otro lado, la historia del campo de exterminio de Teuchitlán comenzó y terminó, curiosamente, con el mismo alcalde, el experredista y ahora emecista José Ascención Murguía Santiago.
LA PARCELA 446
Al poniente de la Laguna de La Vega, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, se ubican el ejido y la colonia ejidal de La Estanzuela, hogar de unos 2 mil 200 habitantes, según registros del INEGI en 2020.
El poblado se desarrolló alrededor del casco de la Hacienda La Estanzuela, unidad de producción cañera que hasta principios del Siglo XX floreció en más de 7 mil hectáreas de tierras, según la Síntesis Histórica del Municipio de Teuchitlán, de Julio César Antolín Larios, editada por el ayuntamiento (2016).
Con el reparto agrario de posrevolución del siglo XX, nació el Ejido La Estanzuela, en 1931, con una segunda dotación en 1935, según registros agrarios. Se ubica en una escuadra entre la Laguna de la Vega, la carretera Teuchitlán – El Refugio – San Marcos, y el Río Salado que baja desde Tala y desemboca en la laguna.
De acuerdo con datos oficiales, en 1998 la superficie del ejido tenía 1,634 hectáreas todavía, y 200 ejidatarios. Actualmente tiene 168 parcelas. Justo en medio de ese polígono se ubica el predio que corresponde, o correspondía, a la parcela N° 446 de dicho núcleo agrario, donde el grupo criminal conocido bajo las siglas CJNG montó su cubil de barbarie.
CIUDAD DE MÉXICO, 15MARZO2025.- Cientos de familiares de personas desaparecidas, así como población civil se dieron cita en el Zócalo ante la convocatoria de luto nacional por los hechos ocurridos en Teuchitlán. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
No son números sucesivos o secuenciales, sino de designación. A esa zona del ejido se llega únicamente por la colonia ejidal a La Estanzuela, desde la carretera a San Marcos. Traspuesta la población, comienza una brecha que se prolonga casi hasta el río, y que se bifurca en otras terracerías que topan con la laguna. Hay un par de negocios hoteleros al principio y hacia el final de la brecha principal.
Pero para hallar el Rancho Izaguirre basta girar en la primera desviación a la izquierda, que aparece a 700 metros de la salida de la comunidad, la cual se interna al poniente, y lleva directo a las puertas del campo de exterminio, y que ocupa sólo un tercio de la parcela de de don Genaro.
La parcela 446 es un terreno de 3.3 hectáreas, es decir, 33 mil metros cuadrados. El predio está rodeado totalmente de otras parcelas, todas ellas tierras de labor agrícola, principalmente destinadas al cultivo de agave, unas cuantas de ellas con viviendas de distintos tamaños, pero en todo caso, aisladas unas de otras.
No espere el visitante hallar en el Rancho Izaguirre una finca, casa mayor o casco tipo hacienda, caballerizas y establos. Para tomar perspectiva, es preciso aclarar que en esa zona de Jalisco prácticamente toda tierra de cultivo con alguna construcción en ella, es susceptible de llamarse “rancho”, aunque la población de la zona no haga diferencia semántica para aludir a los del primer tipo.
Lo que es propiamente el “Rancho Izaguirre” ocupa una hectárea con 1000 metros, es decir, 11 mil metros cuadrados, totalmente bardeada, con muros de unos tres metros de altura, y conforma el segmento norte de la parcela. Al interior, su construcción principal es un bodegón de amplio cobertizo, pero la mayor parte está a cielo abierto.
Del lado sur del Rancho Izaguirre está la parte media de la parcela, otra porción de tamaño semejante a la primera, pero toda esta bajo una maleza que ha tenido 13 años para hundir sus raíces lo más profundo posible, aunque acaso menos hondo de cuanto pueden haber penetrado los sedimentos de los cuerpos humanos calcinados, del otro lado de la barda.
A pesar de no estar dividida por tapia alguna, esa zona media de maleza está perfectamente delimitada del extremo sur, donde se ubica el único tercio de la parcela que se sigue cultivando, si bien las fuentes no aclararon si este segmento siguió en posesión de don Genaro, o fue arrendada.
Una vez que se conoció la dimensión de los hallazgos de los colectivos de madres buscadoras en el campo de exterminio de Rancho Izaguirre, y ante la ostensible inclinación de autoridades locales y federales por eludir indagatorias mayores en ese lugar, surgieron distintos esfuerzos civiles por esclarecer una de las preguntas más persistentes sobre ese sitio: la fecha en que inició operaciones.
Uno de ellos fue el del Centro de Investigación Interdisciplinaria (CICA), una organización con base en la Ciudad de México que agrupa a especialistas en diversas disciplinas relacionadas con la criminalística, y que desarrolló un estudio cronológico de imágenes satelitales de Rancho Izaguirre.
El estudio de CICA comienza el 30 de abril de 2011, fecha en que consigna que el terreno entonces “se encontraba sin edificación alguna y carecía de delimitación perimetral”. Después, el análisis da un largo salto a 2014, cuando identifica ya la barda perimetral y las edificaciones principales del predio; y sucesivamente, hasta mayo de 2013, cuando encuentra 19 perforaciones.
Lo cierto es que de acuerdo a la información recabada por EMEEQUIS, la barda perimetral se edificó en 2012, tan pronto como don Genaro suscribió contrato, bajo coacción, y cedió los derechos agrarios que estaban en manos de su familia desde los años 30 del siglo XX.
Le fueron arrebatados a través del típico modus operandi de los grupos criminales: plata o plomo.
TEUCHITLÁN, JALISCO, 16MARZO2025.- La Fiscalía del Estado de Jalisco realizó una jornada de trabajo junto con integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco el 13 de marzo de 2025 en el Rancho Izaguirre. FOTO: FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO/CUARTOSCURLOCM
EL DESPOJO
Y es que la delincuencia organizada no sólo extorsiona y asesina a ciudadanos, también les despoja de toda clase de bienes inmuebles: terrenos, casas, edificios.
El despojo es un delito patrimonial del fuero común, cuyo perpetrador usurpa la propiedad de un bien en perjuicio de su legítimo propietario. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de despojo pasó de 21,616 en 2015, a 32,608 en 2021, lo que significó un vertiginoso crecimiento de 50.85%.
De modo que se trataba de una escalofriante expansión geométrica, aunque al parecer, como otras industrias, el despojo experimentó una desaceleración con la pandemia. De cualquier forma, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cerró con 25,618 investigaciones judiciales por despojo, 5,163 más de las 20,455 que acumuló en su primer ejercicio, de modo que tuvieron un crecimiento de 20.15%
Pero, como en otros delitos, se presume que la cifra negra de casos de despojo, es decir, aquellos que no se denuncian, sea mucho mayor que el de los episodios denunciados. Y en ese paquete iba, desde luego, el de don Genaro, que no iba a poner en riesgo a su hija.
Después de que los delincuentes tomaron control de su parcela, la familia de don Genaro calló, durante años. “Él se fue apagando”, dicen sus conocidos y conocidas. “Vivió con miedo desde entonces”. Contrajo mal de Parkinson, según creen los vecinos, como resultado de la tensión que le causó el despojo de su terreno, y de saber en manos de quiénes había quedado su terreno.
Desde un principio, don Genaro y su familia supieron la naturaleza de los “compradores”, y aún cuando no podían saber con precisión las actividades a qué destinarían el predio, no era difícil deducirlas.
No obstante, ya cuando había encontrado una especie de sosiego en el silencio, don Genaro se llevó una nueva sorpresa: el ayuntamiento le requirió el pago del predial de la parcela. De modo que la propiedad había pasado al estatus de dominio pleno, es decir, se convirtió en propiedad privada, como lo corroboró este medio informativo, y aún más, alguien lo dio de alta en el catastro del ayuntamiento de Teuchitlán.
Todas los vecinos consultados expresan su desconcierto ante el cambio de régimen de propiedad del predio donde estaba el campo de exterminio. “Eso es un misterio, un verdadero misterio”, dice un agricultor de la zona.
EL MISTERIOSO REGISTRO ANTE SEDATU Y EL AYUNTAMIENTO
A principios de este año, don Genaro Ramírez acudió a la Tesorería Municipal a pagar el impuesto predial de su casa, según testimonios de vecinos y conocidos que interactuaron con él. El antiguo ejidatario se llevó una gran sorpresa cuando el empleado que le entregó su cuenta en la presidencia municipal, agregó un requerimiento para que pagará el impuesto predial de su antigua parcela, ahora convertida en propiedad privada.
Don Genaro se mostró indeciso: “Pues decía que no sabía si pagar o no, porque pensó que pagar podría acarrearle problemas, ya que esa propiedad era la que supuestamente vendió en 2012”. Los testigos no saben si finalmente pagó.
El caso es que, en efecto, constituía un gran misterio el hecho de que el terreno apareciera en el catastro municipal, pues esto implicaba que se había consumado el cambio de régimen de propiedad, y para que eso ocurriera, era preciso, como se mencionó en líneas previas, cumplir con una serie requisitos y trámites para cuya ejecución son indispensables los documentos originales que acrediten los derechos parcelarios.
Para empezar, es necesaria la aprobación de la asamblea ejidal; después hay que presentar la solicitud y documentación ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y ante el Registro Agrario Nacional (RAN).
Para dar entrada al trámite, dichas dependencias piden en documentación original: el certificado de derechos parcelarios si resulta procedente su canje por título de propiedad; si es parcela colectiva, deberá ingresarse el orginal dichos instrumentos de cada un de los titulares; las CURP de cada uno; la constancia de inscripción del acta de asamblea para la autorización del dominio pleno; identificación original vigente de la persona o personas solicitantes.
En caso de que el trámite lo ejecute un tercero, este deberá presentar una carta poder simple, firmada ante dos testigos y acompañando copia de las identificaciones oficiales vigentes de estos.
Para recoger el documento por parte de un tercero, no basta una carta poder simple, sino que deberá ser notariada o, al menos, con ratificación de firmas ante un notario.
Según las estipulaciones del RAN, “el ingreso del trámite será procedente cuando el titular de la parcela autorizado por acuerdo de asamblea para adoptar el dominio pleno, (…), solicita de manera individual se le expida el título de propiedad respectivo”.
Ahí no termina el trámite. Hay que dar de alta después la propiedad ante el ayuntamiento del municipio en que se encuentra la propiedad. Y una vez notificadas, la autoridades municipales deberán acudir al ejido y efectuar un deslinde oficial de la propiedad para hacer efectiva la separación de la propiedad.
El caso es, según los vecinos, nunca hubo asamblea de ejidatarios que autorizase el dominio pleno, don Genaro ha dicho a sus coterráneos que el certificado de derechos parcelarios no fue prestado, entregado ni sustraído del lugar en que lo tenía su hija; y que ni él ni nadie de su familia efectuó trámite alguno relacionado. Tampoco acudieron al ayuntamiento a solicitar el deslinde.
Además, no hay testigo alguno entre los titulares de las parcelas colindantes con la número 446, que hayan sido convocados o notificados para el deslinde en cuestión, como exige el protocolo legal; ni existen testigos de que todo ello se haya ejecutado.
En suma, de acuerdo con indagatorias del redactor, sí hay un papel de compraventa en archivos, pero no hay registros de asamblea ejidal para autorizarla, nii solicitud o autorización; tampoco hay notificación alguna del ayuntamiento de Teuchitlán para efectuar y protocolizar deslinde del predio en cuestión.
Por ello el misterio que, por lo demás, parece dejar muchas migas para las autoridades judiciales.
TRECE AÑOS DE TINIEBLAS
Aquel pozo de atrocidades asentado en la antigua parcela de don Genaro duró 13 años, y coexistió con igual número administraciones de los tres niveles, con sus cifras y conteos de delitos y de muertos, con sus operativos policíacos y militares contra el crimen, con sus investigaciones judiciales.
Cuatro a nivel federal: los últimos meses del gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa; completas, de punta a cola, las administraciones del priísta Enrique Peña Nieto y del morenista Andrés Manuel López Obrador; y el primer semestre de la gestión de la también morenista Claudia Sheinbaum Pardo.
Es pertinente recordar que, durante esos 13 años, los titulares de Sedatu fueron, con Enrique Peña Nieto, el hoy morenista Jorge Carlos Ramírez Marín; el hidalguense Jesús Murillo Karam, ahora en prisión; Rosario Robles, excarcelada, que estuvo en prisión por el caso de la Estafa Maestra. Con López Obrador, Román Meyer Falcón, y con Claudia Sheinbaum, Edna Elena Vega.
El RNA fue dirigido, en el sexenio de Felipe Calderón, por Emilio Cedrún Vázquez, de 2010 a 2012; con Peña Nieto, fue dirigido por Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; con López Obrador, el RNA fue dirigido por Plutarco García Jiménez y Luis Cruz Nieva; y con Claudia Sheinbaum repitió en el cargo Cruz Nieva.
A nivel estatal, transcurrieron cuatro administraciones estatales: el último año de ejercicio del panista Emilio González Márquez, las gestiones completas del priísta Aristóteles Sandoval y del emecista Enrique Alfaro; así como los primeros meses del gobierno del también emecista Pablo Lemus.
Cinco a nivel municipal, la primera del alcalde José Ascención Murguía Santiago, llamado “Chón Murguía”, que obtuvo bajo siglas del entonces obradorista PRD (2012-2015); la del panista Armando Andrade Gutiérrez (2015-2018), la del morenista José Alejandro Herrera Soto (2018-2021), la segunda de José Ascención Murguía Santiago (2021-24), por MC; y la tercera de José Ascención Murguía Santiago, también bajo bandera naranja (2024-)
Coincidentemente, el campo de exterminio comenzó y llegó a su fin, y la parcela de Ramírez pasó a propiedad privada, bajo gestiones municipales de Ascención Murguía.
Cabe señalar que se dejaron mensajes en las redes del alcalde emecista para buscar su postura, sin que hasta el momento hubiera respuesta.
Hace un mes le explotó un escándalo a la 4T en las redes sociales tras la publicación de todo un álbum de fotografías de varios abogados junto a la plana mayor de Morena. Todos se deslindaron.
La polémica surgió porque los abogados en cuestión son parte del equipo de la defensa de conocidos capos del narcotráfico, como Ismael “el Mayo Zambada y “el Z-40”, alias de Miguel Ángel Treviño Morales. Este último fue parte del grupo de los 29 criminales extraditados a Estados Unidos durante las negociaciones arancelarias con Trump.
De ambos líderes del narcotráfico (el Mayo y el Z-40), así como de dos líderes de La Unión Tepito, de todos ellos es defensor Juan Pablo Penilla, abogado penalista oriundo de Tamaulipas cuyas fotos se viralizaron inculpando así nomás a los que aceptaron posar a su lado, antes, durante y después de su nombramiento en 2023 como asesor honorífico del gobierno del tamaulipeco Américo Villarreal.
Se supo además que el “Abogado del Mayo” -como fue apodado por el internet- estuvo en el templete de un evento en la Arena Ciudad de México del sindicato de la 4T (la Catem) al que asistió el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en el lejano 2020. Tanto AMLO como Penilla Rodríguez fueron invitados por el mismísimo Pedro Haces, el diputado de Morena que se hizo famoso por su apoyo militante a las corridas de Toros.
Fuentes de la cúpula de Morena pidieron el anonimato para confiar la siguiente información. Penilla Rodríguez estaría considerando entregarse ante el Gobierno de Estados Unidos para colaborar en sus investigaciones contra los cárteles de la droga en un apartado sustancial para la agenda de seguridad y terrorismo: los narco políticos. Su despedida hace unos días en el Club Campestre de Tampico encendió todas las alarmas en el ecosistema moreno-tamaulipeco.
A principios de marzo, Donald Trump reconoció en entrevista para la revista The Spectator que “recomendará” a la actual fiscal general norteamericana, Pam Bondi, que sean procesados “políticos corruptos” en México que “se beneficiaron” del ingreso de fentanilo a EU. Esa sería la oportunidad de oro de Penilla.
Dentro de Morena, grupos cercanos al obradorismo de Américo Villarreal así como al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata, ven con reservas la aparición de las fotografías con el abogado cuya familia se dedica al vidrioso negocio de las aduanas en Tamaulipas y Veracruz.
Penilla cuenta, a su vez, con un ingreso a prisión por clonación de tarjetas, donde obtuvo contactos con personajes peligrosos del crimen organizado. Al salir de la cárcel por medio de una fianza, mantuvo esos contactos y comenzó a trabajar para ellos. Durante los últimos años se lo mencionó como el vínculo entre el lado del crimen con el lado de la política.
En el Club Campestre de Tampico aún recuerdan las fiestas de Penilla en las que presumía sus hazañas. Hace apenas dos semanas se despidió allí mismo de sus amigos más cercanos, donde reclamó a varias de las figuras de ese estado, muchos de ellos vecinos en el residencial de playa Vela Mar.
La información ,no solo la que cita La Política Onlines sobre los vínculos entre Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado de narcotraficantes como Ismael “El Mayo” Zambada, y miembros del partido Morena ha generado una intensa polémica política. Estos son los puntos clave:
Relación de Penilla con Morena y cargos públicos
El 10 de enero de 2023, Penilla fue nombrado asesor del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal (Morena), según un documento oficia con la firma del sinverguenza que finge de gobernador.
Fotografías lo muestran en eventos con figuras como Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y legisladores morenistas, incluyendo a Pedro Haces y Ricardo Monreal.
Recibió un reconocimiento del Senado en 2023 por su “labor en derechos humanos”, promovido por legisladores de Morena.
Defensa de narcotraficantes y declaraciones polémicas
Penilla y su socio Sergio Ramírez admitieron en 2022 que defienden al crimen organizado, aunque aclararon que no representan a secuestradores o extorsionadores.
Ambos abogados han representado a líderes de cárteles como Los Zetas, el Cártel del Golfo y La Unión Tepito.
Acusaciones cruzadas entre partidos
El PAN denunció que Penilla apoyó la campaña de Sheinbaum y colaboró con gobiernos morenistas. Morena respondió señalando que una exdiputada panista, Teresa Castell, promovió un reconocimiento a Penilla en el pasado.
La periodista Anabel Hernández vinculó a Morena con un supuesto pacto narco-electoral en Sinaloa (2021), donde el Cártel de Sinaloa habría apoyado candidatos oficialistas.
Contexto internacional reciente
En febrero de 2025, México entregó 29 líderes criminales a EE.UU., incluidos Rafael Caro Quintero y miembros de Los Zetas.
“El Mayo” Zambada, defendido por Penilla, solicitó su repatriación desde EE.UU., amenazando con un “colapso” en las relaciones bilaterales si no se atendía su caso.
Implicaciones políticas
El gobierno de Sheinbaum enfrenta presiones de Trump para combatir cárteles, mientras busca evitar señalamientos de colusión.
La designación de Penilla como asesor en Tamaulipas y su cercanía con Morena han terminado por nutrir las evidencias de la infiltración del narcotráfico en la política que el abogado conoce a la perfección, de tal suerte que el solo podria acabar con todos y salir casi ileso en EE.UU.
Las evidencias sugieren una red a niveles de delincuencia politica y criminalmente organizada ,donde el secretario particular del gobernador,Norberto Barron,al igual que el abogado Penilla,son piezas que Washington necesita para desmantelar toda la organizacion criminal llamada MORENA.
