La Constitución mexicana establece que las tareas de seguridad pública no son solo de la Federación, también de los gobiernos estatales y los municipios, y están obligados a coordinarse para reducir la violencia y brindar protección a su ciudadanía.
Hace unos días el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles se volvió viral por esperar afuera del Palacio Nacional con una carpeta en la mano. Quería informarle al presidente sobre el impacto del crimen organizado en las elecciones de su entidad.
Esta imagen es una pincelada de un problema profundo en el país, la falta de coordinación y corresponsabilidad histórica entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para garantizar la seguridad de la ciudadanía, de acuerdo con el abogado constitucionalista Luis Enrique Pereda.
Para el experto, primero hay que saber que vivimos en una República federal, es decir que las entidades federativas no son parte de México, sino que deciden juntas conformar a México, gracias a un acuerdo entre todas –llamado pacto federal.
Es por esto que los gobiernos estatales no pueden culpar a la Federación o esperar a que resuelva la violencia que se vive en sus territorios. Los estados mantienen su soberanía y también tienen obligaciones, como garantizar la seguridad de su ciudadanía.
El papel de los gobiernos estatales y un país violento
“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios”, dice el Artículo 21 de la Constitución.
Y añade que los fines de esta función “son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social”.
Ahora bien, en la fracción XXIII del Artículo 73, dice que el Congreso de la Unión debe establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios.
Para Luis Enrique Pereda, esto deja muy claro que los gobiernos estatales tienen exactamente la misma responsabilidad que la Federación sobre la violencia que se vive en sus territorios, sin embargo el problema es que no existe un sistema que coordine los esfuerzos.
“Es algo injusto decir que los gobiernos estatales se lavan las manos. El problema es más profundo”, dijo el experto, y agregó que es un asunto de varias décadas porque, como tantos otros problemas del país, tiene su origen en la hegemonía priista del siglo pasado.
Antes del año 2000, no se hablaba de un pacto federal ni de coordinación, “las tareas de seguridad pública estaban aparentemente orquestadas desde el mando central de la presidencia de la República”, pero en realidad se trataba de “voltear a otro lado”.
Cuando termina la hegemonía priista en el año 2000 y llega al poder el PAN, “se rompió esta componenda bien orquestada, igualmente corrupta, igualmente nociva. Se soltaron los hilos y la plaga de cucarachas que solo iba de la cocina al baño los lunes, miércoles y viernes, se multiplicó”.
La coordinación imposible
Así las cosas, después del año 2000 el crimen organizado se adueñó de ciertas rutas de drogas, mercancía, armas y personas, bajo la protección de autoridades federales involucradas en migración, aduanas y defensa nacional.
“Sucedió una de dos cosas: o la Federación dejó solos a los estados en esta tarea o las autoridades estatales no permitieron que la Federación se metiera”, dijo el experto.
Por un lado, hay gobiernos rebasados porque durante décadas hubo autoridades federales que hicieron tratos con el crimen organizado y se hicieron de la vista gorda.
Y por otro lado, cuando en el año 2000 se rompió la hegemonía de la figura presidencial, “cada gobernadora o gobernador se convirtió automáticamente en un pequeño señor feudal y algunos empezaron a hacer sus propias negociaciones con el crimen organizado”.
En esta falta de coordinación, donde cada instancia jaló hacia sus propios intereses, los grupos criminales se adueñaron de varios territorios. Lo cual se agravó por la falta de controles ciudadanos, de fiscalización, transparencia, rendición de cuentas y contrapesos políticos.
“La Federación no acudió en su momento a su corresponsabilidad de auxiliar a las entidades federativas. No como un patrón o un jefe, pero sí como un corresponsable, un socio que tenía obligaciones y no las cumplió”, dijo Pereda.
¿Y si le decimos adiós al federalismo?
Si una República federal exige forzosamente coordinación entre diferentes instancias y todas podrían tener sus propios intereses, ¿no sería mejor que las tareas de seguridad fueran centralizadas y que solo sean responsabilidad del gobierno nacional?
De acuerdo con Pereda, esto sería un error. Primero que nada porque que nuestro sistema sea federal tiene una razón de ser, así es nuestra realidad, diversa y plural, y tenemos que aprender a lidiar con cargas y responsabilidades compartidas.
Además, si actualmente ya es un problema que la Federación utilice el apoyo de la Guardia Nacional, la Marina y al Ejército “como moneda de cambio”, según Pereda, con un gobierno centralista sería incluso peor.
“¿Qué tanto te vas a alinear tu gobernador conmigo presidente? Entonces, la seguridad pública, que es un derecho de los ciudadanos, termina siendo una moneda de cambio entre gobiernos”, dijo el experto.
Por último, nadie puede garantizar que un gobierno central no se pudra de corrupción y se haga acuerdos con el crimen organizado, y sería peor, ahí sí no habría escapatoria, entre otras cosas porque no se podrían cambiar las cosas eligiendo otro gobierno estatal.
“Si el ámbito de ese supuesto gobierno central se infesta de corrupción y crimen organizado, perderíamos la posibilidad de tener otro control político para detener sus acuerdos. Es como resolver una plaga de cucarachas con una plaga de ratas”, concluyó Pereda.
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