El expresidente Felipe Calderón no necesita una aureola para que una denuncia suya merezca examinarse. No fue un dechado de virtudes en el gobierno ni hace falta tramitarle una absolución histórica al amo y señor de las masacres para reconocerle razón en un señalamiento concreto. Confundir la credibilidad del denunciante con la existencia de las pruebas es una coartada demasiado cómoda: permite discutir durante horas quién llamó a la policía mientras nadie revisa la escena del crimen.
Y aquí el expediente no se agota en la declaración del expresidente.
Durante la presentación en Madrid del libro Sebastián Piñera Echenique. En 50 voces globales, Calderón acusó que en México se consumó un “homicidio de la democracia”. Señaló la captura de las instituciones electorales y el sometimiento de la Suprema Corte al poder presidencial. Es su acusación política; corresponde contrastarla, no canonizarla. Pero tampoco desecharla con el recurso perezoso de gritar su apellido como si fuera una prueba de descargo.
Porque antes de ese alegato ya había un peritaje sobre la mesa.
El Informe V-Dem 2026, elaborado en la Universidad de Gotemburgo, clasifica a México como una autocracia electoral desde 2024.
Además, identifica el viraje autocrático posterior a la elección de Andrés Manuel López Obrador y Morena en 2018, y señala que la reforma para elegir al Poder Judicial mediante elecciones generales politizó los tribunales. No es una sentencia penal ni emplea la expresión “homicidio de la democracia”; es un diagnóstico académico que da sustento al fondo de la denuncia.
La diferencia importa: Calderón pone la metáfora; el informe aporta elementos al expediente.
El arma no necesita echar humo
En este tipo de crimen político, el arma no tiene que ser una pistola. Puede adoptar la forma de una reforma, una mayoría legislativa o una transformación institucional que conserve los membretes mientras debilita los controles.
El propio V-Dem 2026 explica que la democracia liberal no consiste únicamente en celebrar elecciones: requiere contrapesos legislativos y judiciales, Estado de derecho y garantías efectivas para las libertades civiles.
Por eso resulta tan pobre la coartada de que “el pueblo votó”. Ganar una elección permite gobernar; no convierte cualquier concentración posterior de poder en una credencial democrática. Las urnas no son una lavadora constitucional donde se mete el abuso y sale legitimidad.

El informe ubica a México entre los diez procesos de autocratización de su categoría con mayor deterioro y registra una caída de 0.207 puntos en su Índice de Democracia Liberal respecto de 2019, el año de referencia del episodio. No describe simplemente una discusión áspera entre adversarios: documenta una regresión institucional.
Ahí está el cuerpo del delito, en sentido político: no en que el gobierno resulte antipático para sus opositores, sino en que disminuyan las barreras que deben impedirle disponer del Estado como propiedad particular.
Tampoco hace falta convertir a Calderón en paladín inmaculado. Sus críticos pueden mantener intacto el juicio sobre su gobierno y, al mismo tiempo, reconocer que esta advertencia tiene respaldo independiente. La congruencia no consiste en negarle siempre la razón al adversario; consiste en no cambiar las reglas de la evidencia según quién declare.
La discusión seria, entonces, no es si Calderón nos cae bien. Es qué hacemos con un diagnóstico que sitúa a México fuera de la categoría democrática y vincula su deterioro con la concentración del poder y la politización de los tribunales.
Podemos interrogar al testigo cuanto haga falta. Lo que no podemos es usar sus antecedentes como bolsa negra para esconder las pruebas.
Con información: ELNORTE/

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