Visitanos tambien en:

sábado, 3 de abril de 2021

UNA CLICA de "EL SALVADOR" de la "MARA SALVATRUCHA MS13" se APODERO de un "CORREDOR de COCAINA"...a sangre y fuego.



En la frontera este de El Salvador, una furtiva transferencia de poder podría tener consecuencias de magnitudes sísmicas en el hampa.

Juan Pablo Salamanca acababa de salir de una pelea de gallos en Santa Rosa de Lima, en el este de El Salvador, cuando fue atacado. Había estado en el que tal vez era su lugar favorito en el mundo: en el ruedo, con gallos, amigos, cervezas y bravuconería, rodeado por el caos que tanto le gustaba en un mundo que él pensaba que había domesticado. Allí se apostaba, se bebía y se exhibían fajos de billetes. Cuando salió sonaron los disparos, que dieron inicio a una de las transferencias de poder más importantes que se han dado en el hampa de El Salvador en muchos años.

Salamanca era heredero de Los Perrones, la estructura de narcotráfico que conectó las rutas de contrabando de El Salvador con el Cartel de Sinaloa en México durante la mayor parte de la década de 2000, hasta que la mayoría de sus líderes fueron asesinados y arrestados, o bien huyeron. Su asesinato aquel 26 de julio de 2015, como otros miles en El Salvador a lo largo de los años, quedó sin resolver. “Hombres armados desconocidos abrieron fuego”, se lee en el primer informe policial, utilizando el lenguaje común para este tipo de homicidios, que a menudo terminan vinculados extraoficialmente a disputas entre narcotraficantes.

Pero con el paso del tiempo quedó claro que, al parecer, quienes lo mataron tenían un objetivo relacionado con el narcotráfico: apoderarse de una ruta que va del lado nicaragüense del Golfo de Fonseca hasta las playas y humedales de La Unión, el departamento más oriental de El Salvador. De hecho, el asesino más probable de Salamanca no era un desconocido en absoluto: fue su primo y exsocio Sergio Umaña Salamanca, alias “Pitbul”, quien durante mucho tiempo había amenazado con matarlo.

Pitbul trabajó con Juan Pablo Salamanca y Los Perrones desde mediados de la década de 2000, cuando ambos estaban bajo el mando de Daniel Quezada. Aquella era la época de apogeo de Los Perrones, y Quezada controlaba el tráfico de cocaína en las playas de La Unión, como dice un funcionario de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador establecido en el departamento, quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar sobre el caso.

Pitbul, sin embargo, jugaba en dos bandos. Además de su conexión con Los Perrones, también era miembro de la Mara Salvatrucha 13 (MS13), la famosa pandilla callejera transnacional. Su célula, conocida como Hempstead Locos Salvatruchos (HLS), es una facción emergente de la pandilla en El Salvador, cuya influencia en el tráfico local de drogas creció precisamente a causa del asesinato de Juan Pablo Salamanca.

“Pablo Salamanca, quien tenía conexiones con los carteles, fue asesinado por su primo, Sergio Umaña Salamanca, líder de la HLS, una de las doce células de la MS13 activas en La Unión. [Su] asesinato significó sólo una cosa: que el control sobre el narcotráfico estaba en manos de la HLS”, le dijo a InSight Crime el mismo alto funcionario de la policía de La Unión, a pesar de que nunca se inició una investigación oficial sobre el caso.

Su teoría tenía lógica. En el momento de su asesinato, Salamanca era muy conocido en los pueblos y ciudades de la costa oriental, desde Playas Negras, de donde es su familia, hasta Santa Rosa de Lima, donde fue asesinado. Santa Rosa de Lima, de hecho, era sede de Los Perrones en La Unión y, según el funcionario de la PNC, allí hay actualmente bodegas que son utilizadas por pequeños grupos de narcotraficantes para almacenar cocaína.

Pero la reputación de Salamanca provenía no solo de su participación en el narcotráfico, sino también de la época en que fue propietario de un equipo de fútbol local. En 2013, cuando ya era conocido como restaurantero y empresario, Salamanca compró al Ciclón del Golfo, un equipo de la segunda división de El Salvador. El nuevo jefe tenía problemas con todo mundo. Solía proferir amenazas de muerte en las redes sociales o en programas de radio después de que su equipo perdía un partido, lo que incluía a sus propios jugadores.

Por ejemplo, en una publicación en Facebook tras una derrota en junio de 2013, Salamanca amenazó con abandonar el equipo: “Juan Pablo Salamanca no va más con los Ciclones, no quiero a ningún jugador en mi casa porque lo puedo matar”.

El mensaje estaba acompañado por una foto de Salamanca, con una pistola en la mano.
Juan Pablo Salamanca. Foto tomada de Facebook
De Los Perrones a la MS13

Cuando Juan Pablo Salamanca se vinculó a Los Perrones, acababa de llegar de Estados Unidos, donde estaba implicado en un asesinato. El 27 de abril de 2006, Salamanca, quien entonces tenía 22 años, y otras dos personas, mataron a un pandillero de una facción rival, conocida como los South Side Locos, tras una pelea en un partido de fútbol en Columbia Heights West, según documentos judiciales de un tribunal de apelaciones de Virginia. Salamanca huyó.

Daniel Quezada y Los Perrones lo recibieron bien. Los pandilleros deportados, o los que huían de la justicia en Estados Unidos, habían estado robusteciendo las operaciones de Quezada desde comienzos de la década. De hecho, investigadores de la policía antinarcóticos de El Salvador desplegados en La Unión en 2006 dicen que entre los principales colaboradores de Quezada había otro pandillero que, al igual que Salamanca, había huido de Virginia a causa del asesinato en Columbia Heights West.

En ese momento, Quezada comandaba la mayor parte de las playas de La Unión. Por orden de Quezada, pequeñas lanchas a motor viajaban a través del Golfo de Fonseca, traían cocaína de Nicaragua y descargaban los cargamentos en un hotel que él había construido como fachada para sus negocios de drogas. Para ello, ejercía un considerable control sobre por lo menos tres comisarías de policía en las playas de El Tamarindo, Playas Negras y El Jagüey, según las investigaciones llevadas a cabo entre 2002 y 2006 por la policía salvadoreña y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Quezada les hacía pagos a los agentes de policía en las playas, quienes facilitaban y protegían los cargamentos de cocaína que entraban, así como su posterior transporte a Santa Rosa de Lima. Algunos agentes de la PNC a cargo de las investigaciones también estuvieron vinculados a dichos cargamentos de cocaína o los ayudaron a custodiar, según afirma un agente del Grupo Especial Antinarcóticos (GEAN) que investigó a los grupos de narcotraficantes de La Unión entre 2007 y 2008.

Las conexiones iban más allá de los agentes locales. Tanto directores de la PNC como jefes de la División Antinarcóticos de la Policía (DAN) fueron investigados por sus presuntos vínculos con José Natividad Luna Pereira, alias “Chepe Luna”, otro importante cabecilla de Los Perrones. Y cuando la policía no colaboraba, había consecuencias. En 2008, Los Perrones presuntamente asesinaron a Nahún Ayala, un investigador de la PNC que le seguía el rastro al grupo criminal, y lo enterraron en un cementerio clandestino reservado para las víctimas de Quezada.

El grupo también tenía vínculos con partidos políticos. Hay pruebas de que al menos dos miembros de Los Perrones le entregaron dinero a Herbert Saca, primo y jefe de campaña de Antonio Saca, presidente de El Salvador entre 2004 y 2009 adscrito a la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Herbert Saca ha mantenido un alto perfil en la política de las administraciones posteriores, incluyendo la del actual presidente Nayib Bukele.

Pero a finales de la década de los 2000, Los Perrones sufrieron fuertes reveses. En abril de ese año, la policía de El Salvador detuvo a casi toda la facción de Quezada, incluido este último, así como a Juan Pablo Salamanca y otras 17 personas. Quezada fue condenado más tarde a tres años de prisión. Otros más fueron puestos en libertad por falta de pruebas, entre ellos Juan Pablo Salamanca. Pero el núcleo del cartel ya había sido desmantelado.

Los remanentes de Los Perrones comenzaron a recoger los pedazos. Entre ellos estaban Salamanca, quien reconstruyó el corredor de tráfico que Quezada había dejado. Poco después, Salamanca ya estaba otra vez trasladando cocaína del lado nicaragüense del Golfo de Fonseca a las playas de La Unión. Todavía contaba con en el apoyo de la policía, pero su red logística provenía principalmente de Hempstead Locos Salvatruchos, cuyo líder era su primo, Sergio Umaña, alias Pitbul.

La MS13 nunca ha sido particularmente buena para el tráfico internacional de drogas. Sus rivalidades internas, su inexperiencia, su desidia, su inclinación por la violencia y su alta visibilidad los convirtieron en socios poco fiables para las organizaciones de tráfico de drogas (OTD) más experimentadas. Pero la HLS parecían ser la excepción a la regla. Un expediente del Ministerio Público de Nicaragua indica que, justo antes del asesinato de Salamanca, Pitbul había extendido su operación a cuatro playas del departamento de Chinandega, al otro lado del Golfo de Fonseca, en Nicaragua.

Pitbul era también quien manejaba las interacciones con los intermediarios que por mucho tiempo habían conectado a los narcotraficantes de La Unión con el Cartel de Sinaloa, que en ese momento administraba la mayor parte de la cocaína que pasaba por El Salvador. Después de la muerte de Juan Pablo Salamanca, Pitbul “se convirtió en el líder”, según un documento del Ministerio Público de Nicaragua al que tuvo acceso InSight Crime. Y estaba interesado no solo en traficar drogas, sino además en robarlas.
La red de Pitbul

Las playas de Las Tunas y Playas Negras se encuentran en el punto más oriental del corredor de tráfico de cocaína en la costa de La Unión. El corredor comienza a unos 10 kilómetros al este, en la playa El Tamarindo y el estuario de la península de Punta de Amapala, el principal punto de entrada de las aguas que fluyen hacia el Golfo de Fonseca desde el extremo este de El Salvador.

Esta área ha estado plagada de contrabando durante décadas. Durante la guerra civil, a las fuerzas insurgentes en El Salvador se les enviaban armas de fuego desde Nicaragua por esta ruta. A finales de la década de los noventa y a lo largo de la década de 2000, Los Perrones dominaron las playas. La caída de los líderes del grupo condujo a sucesivas reorganizaciones, junto con infructuosas riñas entre miembros de rangos inferiores. Eso fue así hasta 2015.

Pitbul se instaló en el extremo norte de Chinandega, donde Nicaragua continental se adentra en el Golfo de Fonseca. Con el apoyo de su pandilla salvadoreña en un principio, y más adelante con sus cómplices nicaragüenses, el líder de la HLS comenzó a expandir su operación. En 2016, menos de un año después de la muerte de Salamanca, Pitbul y la HLS habían establecido una relación con José Mario Méndez González, un salvadoreño radicado en Playas Negras, La Unión, según investigaciones de fiscales nicaragüenses a las que InSight Crime tuvo acceso.

Fue Méndez González quien tuvo contactos con “narcotraficantes de Colombia, Panamá y Costa Rica para el envío de drogas de Costa Rica a El Salvador”, según una acusación posterior del Ministerio Público nicaragüense. Un expolicía salvadoreño, que investigó al Cartel de Los Perrones entre 2002 y 2006, dijo a InSight Crime que Méndez González fue uno de los intermediarios que proporcionaron vínculos con el Cartel de Sinaloa a principios de la década de los 2000. Sin embargo, en El Salvador no hay investigaciones en curso sobre las actividades de Méndez González.

La red de Pitbul también estableció infraestructura poco tiempo después. Entre finales de 2016 y principios de 2017, Pitbul y la HLS tuvieron una bodega en Nagarote, León, a medio camino entre las playas del Golfo de Fonseca y Managua, Nicaragua. Allí, según las autoridades nicaragüenses, Pitbul almacenaba el dinero que le enviaban desde El Salvador después de entregar cocaína en ciudades como Santa Rosa de Lima y San Miguel.

Otra propiedad en las afueras de la capital nicaragüense era utilizada como refugio del grupo y como sitio para planear ataques. Al igual que la casa en León, también se utilizaba para almacenar dinero y armas adquiridas en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, o bien contrabandeadas desde El Salvador, según testigos cooperantes en el caso.

El grupo tenía además dos camionetas Toyota y una camioneta Nissan, que eran utilizadas para transportar droga con destino a El Salvador, así como dinero en efectivo que era enviado de vuelta a través del Golfo de Fonseca después de entregar cargamentos de cocaína. Poseían además tres motocicletas que utilizaban para vigilar las rutas terrestres de tráfico de drogas.

En poco menos de dos años, Pitbul y la HLS establecieron una operación de tráfico de drogas similar a la de Los Perrones la década anterior, excepto por un detalle importante: no estaban moviendo grandes cantidades de drogas. Con una audaz operación, Pitbul esperaba cambiar esa situación.
Un robo, un asesinato y un arresto

En la noche del 23 de junio de 2017, Pitbul y varios de sus socios abordaron una embarcación en Mechapa, ciudad costera en el departamento de Chinandega, Nicaragua. Mechapa es usada como plataforma de lanzamiento hacia El Salvador, mediante rutas marítimas en el Golfo de Fonseca. Cuando ya estaban lejos de la costa, Pitbul y su tripulación se dedicaron a observar y esperar.

Según documentos judiciales nicaragüenses, Pitbul sabía que un pequeño barco pesquero, el Joseling I, saldría esa noche de Chinandega, transportando media tonelada de cocaína hacia Guatemala, por las rutas marítimas que bordean la costa de El Salvador. El plan era interceptar al Joseling I, tripulado por miembros de un grupo narcotraficante rival conocido en Chinandega como “La Colonia”, y robar sus drogas.

A la madrugada siguiente, el barco Joseling I y el de Pitbul se cruzaron, según los mismos documentos. Pitbul y su tripulación abrieron fuego. Uno de los miembros de La Colonia que iban en el Joseling I recibió un balazo en el hombro izquierdo. Dado que su camarada se estaba desangrando, los otros dos miembros de la tripulación decidieron regresar a la costa. Pitbul y sus compañeros los persiguieron.

Una vez en la playa, los integrantes de La Colonia abandonaron el Joseling I junto con la droga y se dirigieron a Chinandega en una camioneta que habían escondido cerca. Lograron escapar, pero su compañero murió en el camino, y dejaron su cuerpo en la carretera. Pitbul y su tripulación abordaron el Joseling I y robaron 300 paquetes que contenían 500 kilos de cocaína.

Aquel fue un gran logro, pero lo que no sabía el líder de la HLS era que entre su tripulación de esa mañana había dos policías nicaragüenses encubiertos. La investigación había iniciado en abril de 2017, pocos meses antes de que Pitbul y su tripulación invadieron el Joseling y las autoridades nicaragüenses introdujeron a los infiltrados en la organización de Pitbul.

El asesinato del tripulante del Joseling I aceleró la investigación. Se logró mapear las actividades de narcotráfico y lavado de dinero de la HLS. Estas incluían propiedades en varias playas del norte de Chinandega, zona desde donde los cargamentos de cocaína hacían su último trayecto hacia las costas de La Unión en una flota compuesta por al menos media docena de lanchas a motor. Según descubrieron los investigadores nicaragüenses, el grupo también tenía presencia activa en las playas de Padre Ramos, Potosí, Venecia y Punta Ñata.

Pitbul también había comenzado a lavar sus ganancias comprando tierras en tres departamentos de Nicaragua y en la capital, Managua. Según el relato de uno de los infiltrados, Pitbul había comenzado a administrar la red en la localidad costera de El Jagüey, en La Unión, —la misma localidad donde Los Perrones habían pagado por protección policial—. Los infiltrados también lo vincularon al asesinato de su primo. Específicamente, los fiscales dijeron que él había viajado de El Jagüey a Nicaragua después de “matar a un individuo” en El Salvador. Ese individuo, según la policía nicaragüense, era su antiguo socio, su primo Juan Pablo Salamanca.

La policía de Nicaragua detuvo a Pitbul el 7 de julio de 2017. Horas después de su arresto, las autoridades nicaragüenses allanaron la propiedad en Nagarote y la casa en Managua. En total, encontraron US$328.000 en efectivo. Cuando la policía nicaragüense allanó la casa refugio de Pitbul en la localidad de Nagarote, 50 kilómetros al norte de Managua, hallaron US$176.980 repartidos en doce fajos envueltos con cinta aislante. Los científicos forenses hallaron rastros de cocaína y marihuana en dos paquetes de billetes. Y el 25 de agosto de 2017, fiscales nicaragüenses acusaron a Pitbul y a otras personas de asesinato y delitos relacionados con el narcotráfico.
Escena donde las autoridades nicaragüenses encontraron el cuerpo de Noel Antonio Gaitán Boanez, nicaragüense asesinado por Pitbul y la HLS durante una emboscada en el mar. Foto cortesía de La Prensa de Nicaragua.

El 24 de enero de 2018, en un tribunal de Managua, Pitbul fue declarado culpable de narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y posesión y porte ilegal de armas de fuego. Fue condenado a 50 años de prisión. Pitbul estaba acabado. La HLS, sin embargo, se mantuvieron firmemente arraigados en la zona fronteriza.
¿Es la HLS una organización de tráfico de drogas?

Ha habido otras clicas de la MS13 que han hecho sus pinitos en el negocio internacional de drogas. Moris Alexander Bercián Machón, alias “Barney”, de Normandie Locos Salvatruchos, operó en el oeste de El Salvador, desde donde supuestamente trasladaba cocaína a Guatemala, con destino a Estados Unidos. En 2009, fue arrestado con siete kilos de cocaína. Las autoridades también lo vincularon con otro cargamento de 113 kilogramos, interceptado en 2012. José Misael Cisneros, alias “Medio Millón”, integrante de los Fulton Locos Salvatruchos, era intermediario entre estos y el Cartel de Texis —otra red de transporte que incursionó en el tráfico internacional de drogas y que tuvo vínculos con carteles mexicanos—.

La operación de la HLS en La Unión parece tan seria como la de los Fulton y los Normandie Locos, pero con un alcance internacional aún mayor, sobre todo por su fuerte presencia en la costa de La Unión.

“En general, las pandillas no están involucradas en el narcotráfico, pero en La Unión hay una célula fuertemente involucrada en el narcotráfico. Esto se debe a que la cocaína sigue llegando a las playas de La Unión”, se lee en un reciente informe de inteligencia policial, refiriéndose a la HLS.

Esta célula también se ha extendido por playas y pueblos de la costa sur de La Unión e incluso ha instalado cuarteles móviles en las laderas de los bosques salpicados de manglares. Desde allí, controlan la entrada y salida de lanchas que transportan cocaína.

“Los barcos permanecen en los manglares. Estos son espaciosos y los botes se pueden trasladar muy lejos hasta La Unión”, se lee en el informe. “Hay varias islas y bosques donde pueden ocultarse, y los pandilleros viajan constantemente a Nicaragua”.

Uno de los funcionarios que proporcionó información para el informe se refirió a la HLS y la MS13 en La Unión como estructuras de narcotráfico que utilizan tácticas similares a la insurgencia para evadir a las autoridades. No solo aprovechan la geografía del departamento para permanecer ocultos, sino que además controlan entradas marítimas y playas que les permiten gestionar los cargamentos de cocaína entrantes.

A principios de 2019, por ejemplo, agentes de inteligencia antinarcóticos en La Unión descubrieron que miembros de la MS13 habían asesinado a guardias de seguridad empleados por haciendas de playas de la región, con el objetivo de tomarse estas propiedades y establecer control territorial. Solo en enero de 2019, ocho guardias fueron asesinados en la zona, como dijeron funcionarios policiales a InSight Crime. Y el pueblo de El Tamarindo, con sus amplias playas que se abren al Golfo de Fonseca, y sin presencia policial o militar permanente, se ha convertido en un “bastión de drogas” y extorsión, según el jefe de la policía.

“Están descargando drogas por todo El Tamarindo. Desde allí se dirigen a San Miguel y San Salvador […] a veces a La Tiendona (el principal mercado mayorista de San Salvador)”, afirma el jefe de la policía, quien reconoce que las fuerzas de seguridad son incapaces de vigilar este tramo de costa.

“Somos bastante vulnerables”, dijo.

La huella de la MS13 se ha extendido por todo El Tamarindo, desde sus pueblos interiores hasta las playas turísticas que tienen el mismo nombre de la ciudad, e incluso a otras playas desiertas ubicadas sobre el golfo. La presencia de la pandilla también se extiende hasta una pista de aterrizaje en El Jagüey, un sitio de aterrizaje de vuelos cargados de cocaína que llegan de manera esporádica, según la PNC.

En San Miguel, la ciudad más importante del este de El Salvador, un fiscal que investigaba a Los Perrones le dijo a InSight Crime que la HLS y otras células más pequeñas establecieron otro esquema desde 2017, que implicaba la compra y el alquiler de propiedades y restaurantes de playa. Esto les ha permitido ocultar los ingresos del narcotráfico.

A principios de 2018, en la costa sur de La Unión, la Fiscalía General de El Salvador embargó varios restaurantes de individuos que, según la investigación, trabajaban para la MS13 como fachada. El fiscal de San Miguel dice además que la HLS han comprado al menos dos hoteles pequeños, uno de ellos en la carretera que conecta El Tamarindo con Intipucá, y el otro en una zona montañosa cercana, donde la MS13 también mantiene presencia.

“Las pandillas están lavando mucho dinero en La Unión. Hay muchas propiedades, establecimientos y tierras”, dijo el funcionario de inteligencia durante una entrevista en la capital del departamento de La Unión.

Pero desde la época de Pitbul, la principal fortaleza de la operación de la HLS ha sido su acceso a las lanchas, que a menudo arrebatan a pescadores y navegantes comerciales amenazándolos con armas. Según las autoridades nicaragüenses, Pitbul también les dejó una flota de barcos. A finales de 2019, muchos de estos barcos seguían moviendo cocaína por la costa de La Unión, según el informe de inteligencia policial. En otras palabras, la HLS tienen todas las características de una organización internacional de tráfico de drogas.

Fuente.-


EL PAN NACIONAL y su "IGNORANCIA" COMPRARON con DINERO de CONTRIBUYENTES 400 "TARJETAS SANITIZANTES a PRECIO SATANIZANTE"...una vulgar estafa a los maestros de la estafa.


El Partido Acción Nacional malgastó dinero de los contribuyentes y, pese a las críticas al gobierno federal por el manejo de la pandemia, cayó en un fraude de “productos milagro” contra la Covid-19.

Documentos en poder de EMEEQUIS dan cuenta que el 4 de diciembre pasado, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN decidió gastar 313 mil pesos de sus prerrogativas –que provienen del erario público– para comprar 400 tarjetas sanitizantes de dióxido de cloro, según el contrato interno con folio TN/ JA/ 20/319.

Para aquella fecha, en plena segunda ola de pandemia, ya existía suficiente información oficial acerca de dichas tarjetas, que alertaba que son una estafa y un peligro para la salud pública por la falsa sensación de protección que dan al usuario.

Los fabricantes de estas tarjetas aseguran que basta con colgarlas alrededor del cuello para que liberen una concentración de dióxido de cloro en el aire que, supuestamente, crea una barrera invisible por todo el cuerpo alrededor del portador y que no puede atravesar el coronavirus.

Pero la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre muchos otros organismos, han dicho que su protección es falsa y que no hay evidencia que se sostenga con estudios científicos de que se trata de un cuidado efectivo.

Científicos de todo el mundo han asegurado que se trata de un producto fraudulento y que no tiene validez en las medidas sanitarias contra el nuevo coronavirus, además de que incluso personas ya vacunadas podrían recaer siguiendo su método.

Eso no impidió que, pese a las evidencias científicas, Acción Nacional decidiera comprar –con cargo al presupuesto público– dichas tarjetas a una empresa llamada “Torres AGM Analistas de Mercados Globales”, cuyo giro comercial no corresponde a la venta de productos médicos o sanitarios.     


TARJETAS CON PASADO ILÍCITO

De acuerdo con fuentes cercanas a militantes de Acción Nacional, las tarjetas fueron compradas para los altos funcionarios del partido, y funcionarios públicos, pese a que se sabía que no daban una real protección durante la pandemia.

“Estas tarjetas sólo se les dieron a los líderes del PAN, la gente que más estaba dentro del partido en las campañas. Compraron pocas porque para ellos la protección de la gente es una cuestión de élite”, aseguró uno de los funcionarios consultados.

Uno de esos líderes del PAN que se mostraron en público con la tarjeta fraudulenta alrededor del cuello fue Marko Cortés, presidente nacional de Acción Nacional, quien fue uno de los beneficiarios de ese producto milagro.

En distintas fotografías se le puede apreciar saliendo de vehículos con las tarjetas alrededor del cuello que no representan protección alguna. Y enseguida saludar a personas que no usan correctamente el cubrebocas, lo cual genera peligro entre sus seguidores. 

“Se trata de una estafa y me cuesta trabajo creer que hayan caído un engaño tan burdo, especialmente en la segunda ola de la pandemia, cuando millones sabían lo que sí y lo que no funciona para la protección de las personas”, asegura Hugo Fernández, médico internista del hospital privado ABC.

De acuerdo con una alerta enviada a principios de año por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), muchas de estas tarjetas podrían haber llegado al país de manera ilícita y desde la frontera sur, sin obtener los controles mínimos de seguridad del país.

El gabinete de seguridad del gobierno federal presume que la materia prima para hacer funcionar a estos productos “milagro” que supuestamente detectan Covid-19 llegan desde  China, en la misma ruta que desde Asia llega desde mercancía apócrifa hasta productos que vulneran la seguridad nacional. 


Carátula y firmas del contrato. 

HASTA PRESIDENTES HAN SIDO ESTAFADOS

Las tarjetas que supuestamente emiten dióxido de cloro no sólo emiten una falsa sensación de protección, sino que contravienen los esfuerzos nacionales por frenar la pandemia en el país, aseguran los expertos. 

No sólo pretenden darle al usuario la seguridad de una protección incompleta, sino que ponen en riesgo a la gente más vulnerable, de acuerdo con los análisis que ha hecho el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Muchos de los usuarios, al creerse falsamente protegidos, dejan de utilizar mecanismos que realmente cuidan a las personas, como cubrebocas, sana distancia y lavado frecuente de manos, lo que pone en riesgo a las comunidades.

En Estados Unidos, por ejemplo, al inicio de la pandemia era común que las tarjetas de dióxido de cloro se vendieran en grandes cadenas de supermercados, pero después de las alertas de las autoridades sanitarias estos productos dejaron de venderse. 

Sin embargo, aún es posible encontrarlos en portales de Internet y en estafas en redes sociales, donde se ofertan como productos “que las farmacéuticas no quieren vender porque su verdadero negocio son las vacunas”.

Incluso, en algunos sitios web dedicados a la compra y venta de artículos entre usuarios se promocionan peligrosamente como alternativas a la vacuna contra la Covid para personas que no desean la inyección por temor a reacciones adversas. 


Marko Cortés con la tarjeta sanitizante. Foto: Fernando Carranza / Cuartoscuro.com.

“El dióxido de cloro es un gas de color amarillo o amarillo-rojizo utilizado como blanqueador en la fabricación de papel y en el proceso de tratamiento de agua. Al entrar en contacto con el agua reacciona para formar iones clorito. 

“Ambas sustancias químicas son altamente reactivas y al ser ingeridas pueden provocar irritación de la boca, el esófago y el estómago, se pueden presentar náuseas, vómito y diarrea, además de trastornos cardiovasculares y renales”, difundió la Cofepris en un comunicado fechado el 23 de julio de 2020.

Pese a las alertas, las tarjetas sanitizantes de dióxido de cloro han sido un éxito entre la élite política internacional: desde la expresidenta boliviana Jeanine Áñez y el presidente de Sudán Salva Kiir hasta las huestes del mandatario brasileño Jair Bolsonaro, varios han elegido colgarse estos productos milagro para sentirse protegidos contra el coronavirus.

Ahora, a esa lista de defraudados se suma el Partido Acción Nacional y su contrato de 400 tarjetas sanitizantes. 

Fuente.-@oscarbalmen/


 

LOS "ENTRETELONES del SECUESTRO de una AMERICANA" en MEXICO y el "REVENTON" a NARCOGUARIDAS SINALOENSES...autoridades de la mano,son mejores que separadas.



En las últimas dos semanas, autoridades de México y Estados Unidos han informado a cuentagotas de los resultados de un operativo antidrogas conjunto, que empezó centrado en el tráfico de opiáceos y acabó en la liberación de una persona estadounidense, retenida desde hacía un año en Sinaloa. 

Según las autoridades de EE UU, presuntos criminales mexicanos secuestraron a esta persona en enero de 2020. En un comunicado divulgado este martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos expresó su “alivio” por la liberación del rehén y destacó que los agentes sacaron de las calles heroína y fentanilo por valor de más de un millón de dólares.

Ni las autoridades mexicanas ni las del país vecino han informado de la temporalidad de la operación. En un comunicado liberado el 7 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) había informado de que agentes de la institución rescataron a la persona secuestrada en una casa en Culiacán. El día de la liberación, los agentes catearon tres casas en la capital sinaloense. En una detuvieron a “Óscar G.”, quien supuestamente vigilaba al rehén, del que no se han dado más detalles. En otra aprehendieron a “Luis C.” con un arma de fuego. En la tercera arrestaron a “Ericka Q.”. A la mujer le encontraron además un cuarto de kilo de heroína.

En su comunicado, la FGR apenas añadió que un juez había mandado a prisión a los tres en tanto inicia el proceso contra ellos. No se supo del caso durante semanas, hasta que ayer, el Departamento de Justicia de EE UU reveló la identidad de uno de ellos, Luis C., a quien señalan como cabecilla de la red criminal. El hombre es en realidad Luis Castro Valenzuela, vinculado al cartel de Sinaloa. Las autoridades de Estados Unidos le acusan de haber organizado el secuestro y de haber establecido una red de tráfico de heroína y fentanilo entre Sinaloa, Delaware y Pensilvania.

En el escrito de acusación, la fiscalía de EE UU acusa a Castro Valenzuela de “conspirar para distribuir sustancias controladas” en el país de 2017 a 2020. Las sustancias en cuestión son fentanilo y heroína. Los investigadores vinculan al mexicano con Jamar Jackson, alias Jay, presunto cabecilla de la red en Estados Unidos. Los fiscales señalan que Castro Valenzuela habría organizado el secuestro y habría obligado a Jackson a vender sus drogas para pagar el rescate. A día de hoy se desconocen las circunstancias del secuestro, si fue en México o Estados Unidos, o si trasladaron al rehén de un país a otro.

En el comunicado del Departamento de Justicia, el fiscal del distrito de Delaware, David C. Weiss, destacó la “colaboración entre funcionarios locales, estatales, federales estadounidenses y mexicanos sin precedentes”. Weiss añadió que casos así demuestran “lo que se puede lograr cuando diversas agencias trabajan desinteresadamente hacia un solo objetivo”. El fiscal expresó además su “profundo agradecimiento a los fiscales, agentes del orden y personal militar mexicanos por su crucial asistencia”.

Sin que suponga una normalización en la relación que mantienen las agencias de seguridad de ambos países, el operativo y las palabras de Weiss parecen templar los ánimos después del affaire Cienfuegos. A finales del año pasado, la justicia de EE UU detuvo al general Salvador Cienfuegos en Los Ángeles por narcotráfico. La fiscalía acusaba al general, secretario de la Defensa durante el Gobierno de Enrique peña Nieto (2012-2018), de colaborar con una red criminal con presencia en el pacífico mexicano.

En una ofensiva diplomática sin precedentes, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador exigió a EE UU conocer las pruebas contra el general y su traslado a México para que fuera investigado en su país. El Gobierno de Donald Trump accedió, sacó al general de prisión y lo mandó a México. Semanas después, la FGR informó de que después de estudiar las pruebas, el caso no se sostenía. La evidencia enviada a México consistía en cientos de mensajes supuestamente intercambiados entre Cienfuegos y la red criminal. Y otros tantos mensajes de los presuntos criminales hablando del general.

Aunque hubo críticas en todos los sentidos -contra la FGR, contra el esfuerzo diplomático del Gobierno, contra el poder creciente de los militares en México- todas palidecieron frente a la andanada de buena parte de la opinión pública contra los estándares probatorios de las autoridades estadounidenses. López Obrador criticó duramente a la justicia del país vecino y anunció que revisarían la presencia de agentes extranjeros en el país.

Meses después de aquello, con otro presidente en la Casa Blanca y unas relaciones bilaterales todavía por configurar, el caso Valenzuela parece indicar que las agencias de seguridad de ambos países siguen colaborando. Al menos por inercia.

Fuente.-Diario Español/Pablo Ferri/

EL CENTRO NACIONAL de INTELIGENCIA "EX-CISEN" PRESUME la COMPRA de 300 TERMINALES SATELITALES para RASTREO y GEOLOCALIZACION...todo es dinero donde todo es violencia.


El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) adquirió tecnología satelital para recolectar información desde el Mexsat y lograr una operación de manera “ubicua, oportuna y segura”, incluso para transmitir video en alta definición en movimiento y contar con capacidad para montar oficinas móviles en casos de emergencia o desastres naturales.

EN 2015 YA LLEVABAN 2 MIL MILLONES TIRADOS A LA BASURA

Mexsat provee comunicaciones a las instancias de Seguridad Nacional y el CNI adquirió este año 300 terminales y estaciones remotas para operar, a fin de que les den mayor potencia con equipos de siguiente generación en el rastreo de activos y geolocalización.

Según la justificación del pago en el proyecto de inversión registrado en Cartera ante Hacienda y que recibió este año un presupuesto de 145 millones 628 mil 82 pesos, “las redes satelitales constituyen un elemento de vital importancia dentro de las comunicaciones”, pues garantizan cobertura y movilidad a lo largo del territorio nacional y mar patrimonial, comunicación en caso de desastres, acceso en lugares donde no llegan las señales de teléfonos celulares y alta disponibilidad del enlace de comunicación.

Así, agrega el CNI, se evita el arrendamiento de terminales satelitales que implica que personas ajenas a la institución operen y tengan acceso a la infraestructura del CNI o bien tener que revelar especificaciones técnicas de la generación de inteligencia, “lo que brindaría a grupos contrarios a la Seguridad Nacional la posibilidad de anticipar, neutralizar o contrarrestar las acciones concretas” desarrolladas por áreas sustantivas de la institución.

Desde noviembre de 2009 el Congreso aprobó la utilización de Mexsat exclusivamente para las áreas de Seguridad Nacional, conformado por dos satélites y orientado a la generación de inteligencia estratégica, por eso este año el CNI adquirió sus propios accesos satelitales.

De acuerdo con la justificación del proyecto, que está reservado por tratarse de un asunto de seguridad nacional y que tiene testados los aspectos sustantivos, al existir prueba de daño por su difusión, la red satelital resulta de gran confiabilidad al pertenecer al gobierno federal sin requerir la contratación de servicios de satélites extranjeros que comprometan la confidencialidad y disponibilidad de la información.

El programa de inversión al cual se le asignó el presupuesto para este año busca adquirir el equipo satelital para garantizar la cobertura de comunicaciones “para la oportuna entrega de información de inteligencia para la toma de decisiones, que permitan garantizar la gobernabilidad y seguridad nacional”.

De esta manera, pretende atenderse la problemática de “la insuficiente capacidad de tecnologías de información y comunicaciones en las instituciones de seguridad” y permitirá abatir la obsolescencia en la infraestructura tecnológica.

En las consideraciones generales de la ficha técnica presentada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la cual depende el CNI, “con la realización del presente programa se logrará que el usuario final cuente con las herramientas de comunicación para la ejecución de sus funciones asignadas en campo, ello bajo un esquema que proteja la información institucional y con ello cumplir con el ciclo de inteligencia, a fin de estar en condiciones para generar más y mejor inteligencia estratégica para la oportuna toma de decisiones del CNI”.

Explica que la red satelital del CNI cuenta con características muy particulares, necesarias para su operación en el envío y recepción de información, y que requiere que tanto la operación, como la administración de dicha red esté a cargo de su personal. 

Fuente.-(imagen/web)


"ASI les PAGAN ?: EL EJERCITO NIEGA "RECONOCIMIENTO a 15 de TROPA y 6 MANDOS que se DISTINGUIERON en OPERACIONES CONTRA el CRIMEN"...dicen,que no reúnen requisitos.



Son 15 de tropa; soldados de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que destacaron por su desempeño en operaciones contra el narcotráfico en el último año junto con sus compañeros y superiores inmediatos –cuatro Cabos, un Sargento y un Subteniente–.

Los 21 de la lista supieron que por su trabajo o bien por el hecho de haber estado en el lugar y el momento oportunos, serían considerados por el mando de su unidad, el 40 Batallón de Infantería, para recibir una condecoración, una mención honorífica o una distinción por desempeño.

La lista con sus nombres fue solicitada y recabada por el mando del 40 Batallón de Infantería con sede en el Campo Militar Número 12-A, “Damián Carmona, en San Luis Potosí.

Todo marchaba bien, como siempre ha ocurrido en estos casos, esperando la respuesta del mando de la 12 Zona Militar, el general Guzmar Ángel González Castillo, para que se procediera administrativamente al papeleo para proponer a los 21 del 40 batallón como elementos a condecorar, pero…

El 22 de marzo de manera sorpresiva el mando de la zona le informó al Coronel Rolando Solano Rivera, Comandante del 40 Batallón de Infantería, que los 21 elementos considerados para recibir condecoraciones, y con ello un aumento en sus haberes y prestaciones, no eran candidatos, porque se había detectado que no reunían los requisitos para la condecoración Distinción de Desempeño.

El desconcierto y la molestia de los militares se hicieron evidentes de inmediato, ya que esta unidad ha participado en numerosos aseguramientos de droga y sustancias y no solo eso; han estado bajo el asedio del Cártel del Golfo y del Cártel Alemán, organizaciones golpeadas por los aseguramientos del 40 Batallón de Infantería que hasta 2019 encabezaba el Coronel Francisco Aldaba Macías, asignado a esa unidad en 2016.

En su lugar fue enviado el Coronel Rolando Solano Rivera, sobre quien los cárteles de la región han incrementado la presión, llegando a amenazas en narcomantas y en videos, esto en respuesta a los aseguramientos de todo tipo de drogas.

En noviembre de 2020, una de esos videos fue difundido en redes sociales, advirtiéndole al coronel que dejara de enviar civiles a ubicar las casas de seguridad de los cárteles.

“Y tú, coronel Rolando Solano Rivera, del 40 Batallón de Infantería, si sigues mandando gente de inteligencia a la región Altiplano, te vamos a desaparecer a todos los elementos que estás mandando de civiles que a ubicar nuestras casas de seguridad, ya los tenemos bien ubicados a los pendejos”, señalaba el video.

El 40 Batallón de Infantería aseguró en diciembre de 2019 94 kilos de mariguana; en enero de 2020 fueron 81 kilos de la misma droga. En 2015 la misma unidad había asegurado 3 toneladas y media de mariguana, 50 mil cartuchos útiles y un arsenal de 19 armas largas, 43 armas cortas.

En enero de este año, un convoy de militares del 40 Batallón de Infantería fue atacado por sicarios en Zacatecas cuando patrullaban cerca de la comunidad de Chupaderos. En el enfrentamiento murieron cinco agresores y un soldado fue herido.

Fuente.-Jorge A. Medellin/


"CIENTOS de BIDONES de 1,000 LITROS": FEDERALES DESMANTELAN "CENTRO HUACHICOLERO" de NIVEL INDUSTRIAL en EDOMEX...lo hacian,porque podían.



Las fuerzas federales han desmantelado un enorme centro de robo de combustible en Ecatepec (Estado de México) que ocupa miles de metros cuadrados dentro de la misma ciudad, una de las más populosas del país. 

Cientos de bidones de 1.000 litros cada uno se apilaban en dos predios junto a la maquinaria de perforación de ductos, mangueras y tomas clandestinas. Era una verdadera empresa de huachicoleo, como se denomina a esta actividad delictiva, que operaba “en dimensiones industriales”, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Las autoridades suponen que llevaban años con este negocio, lo que habla de la impunidad en la que se mueven estos delincuentes. La ofensiva del Gobierno contra esta práctica ha permitido reducir en estos años de mandato el robo de combustible en un 95%.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) fue quien dio la voz de alarma el pasado lunes, cuando descubrió niveles de “alta explosividad” que afectaban a la infraestructura hidráulica, tras una fuga en las captaciones del Túnel Emisor Oriente entre Tuxpan y Azcapotzalco. Los niveles no suponen un riesgo para la población, según la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, que reportó tres llamadas de emergencia de ciudadanos recibidas tras un fuerte olor a gasolina. Durante un tiempo quedó suspendido el riego, que ya se ha reanudado para 16.000 hectáreas de cultivo en el Estado de Hidalgo. En el dispositivo de control y desmantelamiento de la planta ilegal han trabajado la Conagua, Pemex, las secretarias de Seguridad, Defensa y Marina, Protección Pública y fuerzas estatales y municipales.

El robo de hidrocarburos ha disminuido en México de 4.600 barriles diarios de promedio a 3.000 lo que ha evitado pérdidas de 137.000 millones de pesos desde diciembre de 2018, ha indicado el Gobierno. Esta actividad está muy ligada a los carteles, algunos de los cuales han levantado su emporio gracias al robo de combustible, como el caso del de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, cuyo líder, José Antonio Yepes, el Marro, fue detenido a primeros de agosto del año pasado. Pero la práctica ilícita se extiende por amplias zonas del país. Los delincuentes pinchan los ductos y chupan el hidrocarburo, que luego venden a otros precios a las gasolineras, una actividad que ha sido perseguida por Hacienda, estrangulando por la vía fiscal este negocio clandestino. En esta ocasión también se ha abierto una investigación judicial, pero aún no hay detenidos, a pesar de que la actividad llevaba años y se desarrollaba en medio de uno de los barrios de la ciudad. Las autoridades han pedido la colaboración de la ciudadanía para seguir desactivando negocios como este.

Decenas de efectivos militares, patrullas de la Guardia Nacional y drones han constituido el operativo que ha ofrecido protección en las tareas de búsqueda y reparación de la fuga así como colaboración para el control y tránsito en la zona. “Continuamos en ese lugar, proporcionando seguridad a los trabajos que sigue realizando Pemex y acordonando el área para que no se exponga a la población y que no ingresen a la zona de riesgo”, ha dicho el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

El huachicoleo en México ha originado en ocasiones tragedias de dimensiones considerables al estallar en fuego algunos de los ductos pinchados para la extracción hasta donde se acercaba la población para llevarse el combustible en cubetas. En enero de 2019, una explosión en una toma clandestina en el Estado de Hidalgo acabó con la vida de 85 personas y dejó decenas de heridos. El presidente del Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, prometió entonces duplicar los esfuerzos para combatir esa práctica. “Vamos a erradicar esto, que no solo daña materialmente, sino que pone en peligro las vidas humanas”, ha dicho el mandatario.

La secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, considera que el mercado negro del combustible disminuirá aún más con el desmantelamiento de estas instalaciones ilegales, aunque por el momento no ha habido detenciones ni se ha relacionado la actividad con nombres concretos del crimen organizado. Se está a la espera de más órdenes judiciales para proseguir la investigación.

Fuente.-

"CAMION CAYO al BARRANCO": MUEREN 2 MILITARES y 25 MAS RESULTAN HERIDOS en ACCIDENTE en la CARRETERA PUEBLA-ORIZABA...regresaban de Tabasco.


El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, lamentó este viernes el fallecimiento de dos elementos del Ejército mexicano en un accidente que sufrió el vehículo en el que se trasladaban sobre la carretera Puebla-Orizaba, en el que resultaron heridos 25 elementos más.


Sandoval González señaló que los militares regresaban de realizar actividades derivadas de la aplicación del plan DNIII-E en el estado de Tabasco.

"Mis más sinceras condolencias, pronta recuperación y paz a sus familias", señaló el general en un mensaje en una red social.

Los elementos fallecidos eran un sargento oficinista y un cabo de artillería, que pertenecieron a la Jefatura de Intendencia de la IX Región Militar y al 4/o Regimiento de Artillería. 


Fuente.-


"ESTAFA a DOMICILIO": LA CFE "EMPRESA de CLA$E MUNDIAL" le COBRO a JAVIER 30 MIL PESOS por "NO CORTARLE la LUZ por ADEUDO de 250 MIL"....y como el miles.


En medio de la pandemia por Covid-19, a Javier Martínez (*) lo sorprendió en su domicilio personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con una amenaza: le cortarían la luz si no pagaba un adeudo de miles de pesos, consecuencia de un medidor en mal estado.

El hostigamiento y la amenaza del corte del suministro se hizo frecuente en enero de este año, así que acudió a las oficinas de Avenida Marina Nacional, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en búsqueda de información. Ahí le notificaron, por primera vez, que aquel medidor en mal estado había calculado mal la energía durante seis años en el domicilio que habita. 

Javier supo entonces que el inmueble que renta desde 2019 tenía un adeudo de casi 250 mil pesos. “Ese adeudo se convirtió en el inicio de la pesadilla”, cuenta Javier en entrevista telefónica. 

Entre negociaciones con personal de la dependencia, un hombre joven, vestido con chaleco y casco de la CFE, con credencial de la Comisión y que viajaba a bordo de un vehículo oficial de la dependencia, acudió a su domicilio y lo estafó.

Con 30 mil pesos pagados en efectivo al presunto trabajador –que se identificó por medio de un gafete oficial como el negociador Ismael Benítez–, Javier obtuvo un documento, aparentemente oficial,con un nuevo número de servicio y que indicaba que la facturación se había ajustado y la deuda se había saldado.

Pero era mentira. Aquel documento que contenía los datos personales de Javier y un nuevo número de registro, era falso: el reajuste por consumo de electricidad seguía vigente y, en suma, el habitante de la colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, había perdido miles de pesos.

Esta es la historia de una estafa que se fragua dentro de las oficinas de la CFE de Manuel Bartlett, en el que personal de la dependencia gubernamental utiliza la información privada que llega de los usuarios para tenderles una trampa y obtener recursos de forma ilícita. 

AJUSTES EN EL CONSUMO: CAMPO DE OPORTUNIDAD

Años antes de que Javier y su familia llegaran a la casa de la colonia Anzures, el propietario del inmueble preparó una instalación en la fachada del domicilio en espera de un medidor nuevo, porque personal de la Comisión ya había determinado que presentaba fallas. Sin embargo, el cambio nunca se realizó. 

Los actuales inquilinos llegaron en 2019 y nadie les reportó ningún problema hasta finales de ese año, cuando un verificador de la dependencia les indicó que levantaría un reporte por los daños del medidor para que les cambiaran el aparato y se determinara si había algún adeudo por el mal cálculo. No obstante, nada de esto ocurrió. 

Para enero de 2021, personal del área de distribución acudió al domicilio constantemente para informarles que realizarían el corte, pese a que el medidor no había sido cambiado, ni se les había notificado por escrito el cálculo por la medición errónea de consumo. 

Javier, padre de un bebé de un año y yerno de una adulta mayor que requiere electricidad sí o sí para conectar el aparato que le suministra oxígeno por problemas pulmonares, intentó en diversas ocasiones explicar al personal de distribución que no tenía conocimiento de ningún adeudo, así que para evitar el corte acudió a la oficina de Marina Nacional, donde fue atendido por los servidores públicos Daniel Adolfo García Benitez y Francisco Javier Padrón Guerrero. 

“Entregamos documentos personales, dos escritos explicándoles nuestra situación familiar y la necesidad del suministro de energía eléctrica, además de nuestro contrato de arrendamiento en donde se define que ingresamos en 2019. Nos sellaron de recibido y esos documentos se quedaron en un área restringida al personal”, explica Javier. 

En una de las tres visitas que hicieron a las oficinas de la CFE les entregaron una carta fechada el 2 de febrero de 2021, en la que se les indicaba que el ajuste que el organismo había calculado para el domicilio era de 244 mil 079 pesos, mismo que debía ser cubierto en los próximos tres días. 

“¿De dónde saca una persona común 250 mil pesos?”, cuestiona Javier, quien preocupado por la salud de su suegra acudió ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con la esperanza de que le apoyaran a detener lo que él considera una injusticia.

 En la CFE calcularon su adeudo en casi 250 mil pesos. 

DESDE PROFECO SE DIO EL PITAZO

En el edificio gris de la colonia Doctores, Javier fue interceptado por Arturo Juárez Álvarez, funcionario de la CFE que atiende una mesa de conciliación del organismo en Profeco con la finalidad de evitar que los usuarios que acuden por cobros excesivos o ajustes a su consumo de energía eléctrica interpongan una queja y lograr la conciliación. 

Arturo escucha el caso y les propone entregar una propuesta vía mail en la que se les haría una reducción del monto original con la intención de que puedan cubrir parte del adeudo, al tiempo, hace una llamada telefónica en la que indica que Javier ya está siendo atendido en la Profeco. 

Con esa promesa, Javier regresa a casa y casi de inmediato llega un hombre que se identifica como el asistente de Daniel García –el servidor público al que lo refirieron en Marina Nacional–, se llama Ismael Benítez y está vestido con chaleco y casco de CFE. Ismael le muestra un folder que contiene su contrato de arrendamiento, las cartas explicando su situación particular y, en general, todos los documentos que entregó en la oficina de la Comisión y le dice que lo enviaron a conciliar su caso.

“Estaba plenamente identificado como trabajador de CFE y nos dijo que se había acordado un pago de 30 mil pesos para cancelar el cobro de ajuste y otorgarnos un nuevo contrato a mi nombre. Confiamos porque pensamos que venía por nuestra visita a Profeco”, cuenta.  

La familia aceptó la propuesta e Ismael dijo que volvería cuatro días después a realizar el cobro y a entregar el documento oficial donde se muestra la orden de cancelación y el nuevo número de contrato.

 

 El contrato falso por medio del cual estafaron a Javier. Foto: Especial.

Ismael vuelve, vestido con chaleco y casco, con su credencial del organismo y manejando un vehículo oficial. Toma los 30 mil pesos acordados y le entrega un documento enmarcado en el centro de Distribución Valle de México Zona Polanco, que contiene un nuevo número de contrato, datos personales de Javier y la leyenda: “se regulariza servicio con la instalación de equipo de medición, ajuste a la facturación improcedente y dictaminado por departamento jurídico de CFE Suministro Básico. Se realiza cambio de nombre a solicitud de usuario y queda dado de alta en sistema, se genera nuevo número de servicio”.

El presunto funcionario le indica que en tres días podrá revisar su contrato en línea y que para entonces todos los cambios se verán reflejados. Pero nada. “Fue una estafa con ayuda del mismo personal de CFE”, lamenta Javier.

En Profeco, Arturo Juárez rechaza la conexión y envía una propuesta de conciliación tras su visita. “Nos enteramos que no somos los únicos, que hay otros dos casos en la misma zona de ajustes por más de 200 mil pesos que también fueron estafados de la misma forma”, argumenta Javier.

Pese a haber desembolsado recursos ante una persona que mostró los documentos que la familia entregó en la oficina de Marina Nacional, el adeudo de Javier sigue intacto y el riesgo de corte vigente. “Siempre estuvimos en disposición de pagar lo justo, confiamos en las credenciales que se nos mostraron y en la información privada nuestra que traían consigo, pero las cosas siguen igual”.

CFE SE COMPROMETE A INVESTIGAR EL CASO

El ingeniero Jorge Segura, suministrador de Servicios Básicos en la División Comercial Valle de México Centro, dice que no ha registrado de manera directa casos similares de extorsión, pero que investigarán a los funcionarios señalados por el denunciante, tanto de forma administrativa como acudiendo a las autoridades de justicia, por abuso de confianza y falsificación de documentos oficiales. 

Explica que los ajustes se han llevado a cabo los últimos años para subsanar las pérdidas millonarias que la CFE ha detectado por fallas en los medidores y por usos de instrumentos para evadir el pago completo, como los “diablitos”.

“Estamos en la posibilidad de compartir responsabilidad, autorizar un convenio de partes y establecer periodos para cubrir el adeudo. Las pérdidas por este problema son grandísimas”, detalla. 

Tan sólo en el área del Valle México Centro de la que él está a cargo –uno de los 16 centros de distribución de energía eléctrica del país– se calcula que en un año móvil hay pérdidas aproximadamente de 2 mil 676 millones de pesos, el 80% a causa del uso indebido de energía eléctrica por medio de elementos como los “diablitos”.

Sin embargo, detalla, esto no debe dar pie al abuso de autoridad y a la extorsión, por ello, recalca que ningún servidor público puede solicitar pagos fuera de las oficinas de atención al cliente, pues están obligados a otorgar un recibo que acredite la entrega de recursos por medio de un convenio que establezca los derechos y obligaciones de las partes. 

“No se debe dar dinero a personal de CFE en campo ni en un centro de atención si no hay un comprobante de pago oficial de por medio y una orden de regularización”, recalca.

Sobre el documento que Javier y su familia recibieron, mismo que cotejado en el sistema es inexistente, señala que el departamento de asuntos jurídicos hará una investigación para dar con el responsable de la falsificación y elevar el caso a una denuncia penal.

Mientras tanto, Javier está a la espera de que la CFE se haga cargo de la estafa que su personal cometió y que de la deuda de casi 250 mil pesos por un medidor descompuesto se establezca lo que a él, el inquilino que llegó apenas en 2019, realmente le corresponde.  

*El nombre de Javier fue cambiado a su solicitud por considerar que los funcionarios que tienen sus datos personales podrían poner en riesgo su seguridad. 

Fuente.-@AleCrail/


"ANDABA en ESPAÑA": SE "ROBO FONDOS" DESTINADOS a la RECONSTRUCCION TRAS TERREMOTO de 2017 en la CDMX y lo ATORAN en AEROPUERTO de MADRID...se llevo dos millones de dólares..



El máximo responsable del Gobierno de la Ciudad de México en la comisión encargada para la reconstrucción de la ciudad tras el terremoto de 2017 ha sido detenido el jueves en España. 

Edgar Tungüí está acusado de un desfalco al erario público de más de 40 millones de pesos (casi dos millones de dólares) destinados a los programas de mejora de las casas dañadas por el sismo, que solo en la capital dejó más de un centenar de edificios demolidos y miles de viviendas afectadas.

La Fiscalía estatal llevaba desde 2019 tras la pista de Tungüí sobre el que pesaban tres órdenes de aprehensión por delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades durante su desempeño como servidor público. El exfuncionario, detenido en el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez de Madrid, Barajas, será extraditado a México en los próximos días.

Tungüí, ingeniero de formación y con más de una década de carrera dentro de la administración pública, fue ascendiendo desde su cargo como director de Construcción de Obras de Infraestructura Vial durante el mandato de Marcelo Ebrard –actual secretario de Exteriores– al frente del Gobierno capitalino. Ya con Miguel Angel Mancera como alcalde pasó a encabezar la secretaría de Obras (Sobse). Hasta que, tras el sismo de septiembre de 2017, fue nombrado comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México.

Exfuncionarios de Mancera, en la mira de la Justicia

Tungüí engorda la lista de altos funcionarios de la administración de Miguel Ángel Mancera que están en el punto de mira de la Fiscalía estatal. De hecho, el exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, permanece en busca y captura desde 2019 bajo la acusación también de malversación de fondos destinados a la reconstrucción del sismo.

El año pasado, la Fiscalía detuvo a Enrique Takahashi Villanueva, exdirector de licitaciones de obras públicas de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), relacionado también con la celebración de contratos fantasma en inmuebles afectados por el terremoto. Un año antes, el coordinador nacional de la organización civil Nosotrxs, Mauricio Merino, renunció a su cargo dentro de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación tras ser denunciado por el uso discrecional del dinero destinado para las obras de reconstrucción.

Otros seis exfuncionarios de la secretaría de Finanzas está detrás de las rejas acusados de corrupción y malversación de recursos públicos. Y puede que no sean los únicos. “Hay una investigación de la Contraloría General con ahora la Fiscalía General, hay las investigaciones que se están haciendo y distintas órdenes de aprehensión”, explicó el año pasado la actual jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum.

fuente.-David Marcial Perez/Diario Español/