El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados pidió a las instituciones de seguridad nacional y seguridad pública aplicar los protocolos para búsqueda de los elementos de la Defensa Nacional, Marina o Seguridad Pública cuando éstos desaparezcan en funciones.
Actualmente si desaparecen se les considera desertores, se les criminaliza indebidamente y se les fincan responsabilidades penales, dejando desprotegidas a sus familias, pero sin investigación de por medio que acredite el abandono de sus cargos.
Por eso el PRD exhortó a las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a aplicar los protocolos e investigar estos casos antes de catalogarlos como deserciones, a fin de brindar apoyo a familias de las víctimas y garantizar el cumplimiento de sus prestaciones.
Los legisladores lamentaron que a pesar de la crisis de desapariciones que se vive en México, las instituciones de seguridad no tengan reportes claros y concisos para saber cuántos de sus efectivos se encuentran en esta lamentable situación.
“La gravedad de este problema ha sido ignorada por los más altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal dado que, desde el 2015, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Secretaría de Marina ni la Policía Federal cuentan con el registro de estas desapariciones, condenando a sus integrantes a la mayor inopia por la indiferencia gubernamental”.
En comunicado los legisladores del PRD recordaron que de acuerdo con denuncias públicas la categoría de baja por desaparición comenzó a incluirse en los registros militares apenas en 2010, año en que se contaron 8 casos.
En 2011 se documentaron 22; en 2012, 15; en 2013, 67, y en 2014 hasta 130. A partir del 2015 tuvo lugar una caída atípica de los números sobre el tema, que no ocurrió de forma gradual. De los 130 casos de 2014, la Sedena pasó a cero en 2015, misma cifra reportada en 2016, 2017 y 2018.
Sin embargo esta cifra no son definitivas si se considera que el Ejército Mexicano respondió en una nueva solicitud de información que en 2016 desaparecieron dos elementos en Jalisco y Tamaulipas, y tres más en 2017, dos de ellos en Puebla y uno en Veracruz.
Por eso el PRD respaldó la recomendación que en su momento hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que a estos elementos se les brinden las condiciones indispensables para el desarrollo de las labores y de ser el caso se realicen las investigaciones correspondientes para determinar si se cometió algún delito en su contra y se eviten procedimientos administrativos que puedan re victimizarlos.
Esto da cuenta de que deben respetarse a cabalidad los derechos humanos y laborales de quienes, día con día, ofrendan la vida para garantizar la de los demás, como lo son los elementos de esas instituciones.
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