En medio de los embates contra los cacicazgos sindicales y el robo de combustibles de Pemex, el dirigente del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps por fin obtuvo un amparo contra cualquier intento de las autoridades federales y del fuero común por capturarlo.
Esto ocurrió luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador difundiera que sólo existe una demanda no ratificada contra el dirigente, y de que, el pasado miércoles 6, un grupo de sindicalistas disidentes ampliaran la denuncia penal que interpusieron en 2016 contra ese líder y 11 personas de su círculo por los presuntos delitos de lavado de dinero, fraude, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito.
El líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Antonio Romero Deschamps, su familia y amigos cercanos en el gremio han construido “turbios” negocios y disfrutan de una vida “ostentosa” “a costa de los recursos sindicales”, se afirma en una denuncia penal interpuesta en contra del dirigente el 19 de octubre de 2016 ante la Procuraduría General de la República (PGR), la cual fue ampliada el pasado miércoles 6 de febrero.
Este semanario tuvo acceso a la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000831/2016, abierta en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por los probables delitos de delincuencia organizada; operaciones con recursos de procedencia ilícita; delitos cometidos con dinero de procedencia ilícita (lavado de dinero); fraude; fraude por equiparación; extorsión; defraudación fiscal, y enriquecimiento ilícito.
La denuncia es respaldada por un grupo disidente del STPRM que integran 151 trabajadores de base y el Movimiento Petrolero Activos en Evolución por un México Nuevo, encabezado por Arturo Flores Contreras. La acusación es contra Romero Deschamps y 11 dirigentes seccionales, quienes “presuntamente” se “confabularon” para cometer ilícitos en contra del STPRM.
El documento también revela presuntos vínculos de los señalados con integrantes del cártel de Los Zetas, a quienes, al menos en la Sección 30 del STPRM de Poza Rica, Veracruz, se les otorgó información de los ductos para que ordeñaran combustible.
Las 11 personas acusadas junto con Romero Deschamps de cometer dichos ilícitos son: Moisés Balderas Castillo, Luis Ricardo Aldana Prieto, Ricardo Hernández García, Moisés Marín García, Artemio de Jesús Enríquez, Mario Carlock Villalobos, Andrés de la Rosa Hernández, Andrés de la Rosa Reyes, Ismael Melgarejo Vázquez, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, Esdras Romero Vega y a quienes resulten responsables, por dedicarse a “saquear” el sindicato y “apoderarse” indebidamente del patrimonio de los trabajadores de Pemex.
En el contexto de las acciones contra el robo de combustibles emprendidas por el gobierno federal, el periódico Reforma dio a conocer en su edición del 11 de enero que Romero Deschamps promovió un amparo para suspender cualquier orden de aprehensión en su contra de parte de la autoridad federal. El mismo día, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que su gobierno no ha presentado ninguna denuncia contra el dirigente petrolero. Sin embargo, el día 30 del mismo mes corrigió e informó que la única denuncia por robo de combustible que existe contra Romero Deschamps no está ratificada.
Días después, el 6 de febrero, el grupo disidente presentó nuevas pruebas en contra del líder del STPRM y exigió que se integraran en las carpetas de investigación para que el caso se turne al juez de control competente y se liberen las órdenes de aprehensión que procedan contra todos los involucrados.
Apenas el pasado viernes 8, después de un intento fallido de Romero Deschamps por ampararse contra órdenes federales de aprehensión, el juez Primero de Distrito en Naucalpan, Aurelio Damián Magaña, le concedió la suspensión definitiva contra la orden de captura federal o del fuero común. El juez argumentó que ni el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ni el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya le quisieron informar al líder petrolero si existe orden de captura en su contra.
Desvíos millonarios
La denuncia ante la SEIDO indica que la vida ostentosa que llevan Romero Deschamps, su familia y amigos es del dominio público. Refiere que en 2008 Reforma dio a conocer que el líder posee un departamento de lujo y un yate en Cancún con valor de 3 millones de dólares, además de que usa un reloj de oro de 18 kilates estimado en más de 400 mil dólares.
Asimismo, retoma el escándalo que provocó en mayo de 2012 su hija Paulina Romero Durán al publicar en su cuenta de Facebook fotografías de sus viajes al extranjero en aviones privados y comerciales, o bien en lujosos yates y acompañada de sus mascotas. Un año después se dio a conocer que Romero Deschamps regaló a su hijo José Carlos un Ferrari Enzo de edición limitada, con valor aproximado de 2 millones de dólares. Para obtener uno de esos vehículos el comprador no sólo debe demostrar solvencia económica, sino que por lo menos cuenta con otros dos Ferrari.
La denuncia señala que el chofer del líder petrolero, al que únicamente se refiere como Arturo, fue captado cuando apostaba 30 mil pesos en carreras de caballos, tanto en el Hipódromo de Las Américas como en establecimientos similares de Estados Unidos. Lo describen sacando fajos de billetes de 500 y mil pesos para jugar en competencias simultáneas.
En el expediente, los denunciantes sostienen que parte de las cuotas sindicales y demás prerrogativas que ingresan al STPRM a través de contratos es desviada a las cuentas personales del líder petrolero, familiares y amigos. Además, los acusan de vender bienes muebles e inmuebles que pertenecen a los trabajadores, todo ello de manera “ilícita” y sin acordarlo con los sindicalistas como es debido.
Además, afirma: “Existe constancia de que del año 2000 a 2012, el Sindicato Petrolero a cargo de Romero Deschamps recibió del gobierno federal y de Pemex más de 2 mil millones de pesos. Incluso, en el 2000, motu proprio desvió 500 millones de pesos para la campaña del PRI, a la candidatura presidencial de (Francisco) Labastida Ochoa, caso conocido como Pemexgate. Romero Deschamps reconoció que fue un préstamo del sindicato al partido”.
El expediente transcribe prácticamente un texto publicado por este semanario el 19 de enero de 2002 (Sur Proceso número 50), donde se informa que Romero Deschamps, coludido con quien fuera secretario de la Sección 42 del sindicato, Moisés Marín García, vendió terrenos adquiridos con las cuotas de los empleados sindicales por casi 10 millones de pesos, además de inmuebles hipotecados, uno de ellos en Bancomer.
La denuncia indica que algunas de esas propiedades fueron vendidas a familiares de los líderes del STPRM. Por ejemplo, según la escritura 427 inscrita con el número 16908, foja 63764, inscripción sexta del tomo 72-M del libro Primero del Registro Público de la Propiedad, el 13 de noviembre de 1993 Marín García vendió a la sociedad mercantil Grupo Lazzer de Ciudad del Carmen, SA de CV, en 33 mil 750 pesos cada uno, los predios 202-A, 202-B y 202-C, ubicados en la Calle 57 o avenida Eugenio Echeverría Castellot de esa ciudad.
Llama la atención que los integrantes de Grupo Lazzer son Ignacio Alfonso Olea Pérez e Ignacio Tamer Rodríguez, padre y primo hermano, respectivamente, del secretario del Interior de la Sección 42, Salvador Olea Blancas, además de Abelardo Rodríguez Balleza, cuñado de la esposa de Moisés Marín.
En 1989, antes de que Romero Deschamps asumiera el liderazgo del STPRM, la Sección 42 contaba con más de 30 propiedades en varios estados, producto de las cuotas de los trabajadores. Actualmente, dice el grupo disidente en su denuncia, “nos quedan 10, hipotecadas en su mayoría”.
Inmuebles en Estados Unidos
El expediente refiere que Moisés Gerardo Balderas Castillo, quien hasta 2009 fue secretario general de la Sección 36 en Reynosa, Tamaulipas, adquirió una vivienda en esa ciudad, y de acuerdo con la oficina de Registro y Tasa de Inmuebles del Condado de Hidalgo, Texas, posee allí cuatro residencias que adquirió entre 2005 y 2007, durante su gestión sindical.
El 17 de octubre de 2005 Balderas le compró a la empresa Villas Puesta Del Sol, en el número 800 de la calle Sunset en McAllen, Texas, el departamento 665792, valuado en 204 mil 742 dólares y por el cual paga impuestos por 5 mil 35 dólares anuales. El segundo departamento lo adquirió el 30 de septiembre de 2006; el tercero el 18 de agosto del mismo año, y el cuarto el 24 de julio de 2007. Por las cuatro propiedades pagó un total de 833 mil 289 dólares.
Al dirigente de la Sección 48, Ricardo Hernández García, se le atribuye la propiedad de más de 20 inmuebles en Tabasco y en el extranjero, entre ellos dos que están a su nombre, con valor de 7.5 millones de pesos.
Hernández García está casado con Heidi Kakbnab Azuara Cruz, propietaria de una residencia en el número 7203 de Pine Grove Dr., Houston, Texas, valuada en más de 1 millón de dólares. Al líder se le ha señalado de apoderarse de más de 2 mil 500 millones de pesos derivados de contratos otorgados durante su gestión en el sindicato y del cobro de rentas de autobuses, microbuses, camiones y camionetas, más las cuotas sindicales, que alcanzan unos 30 millones de pesos al año.
Como su prestanombres se identifica a David Pérez Bautista, quien era su chofer, pasó a ser empleado de Pemex y actualmente es uno de los principales contratistas de la empresa y promotor
inmobiliario.
En Oaxaca –siempre de acuerdo con la citada carpeta de investigación– Artemio de Jesús Enríquez, secretario de la Sección 38, “dilapida, vende y se apropia de los bienes muebles, inmuebles y el dinero que pertenece a los agremiados. Se ha llegado al extremo de que no hay dotaciones de ropa y calzado. Incluso hay casos en que los trabajadores se cooperan para arreglar vehículos de Pemex para poder realizar su trabajo, así como reparar y comprar radios de comunicación.
“Los trabajadores de esta sección hemos pedido que se investigue al sobrino del exlíder sindical Mario Carlock Villalobos, de nombre Álvaro, quien es contador y maneja como suya la caja de ahorro.”
En el expediente se consignan, de igual forma, las siguientes denuncias en contra de Carlock Villalobos: AP/PGR/OAX/SC/01 28/2016, por fraude equiparado: A.P.PGR/SC/OAX/11/046/2013, por enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y lavado de dinero, y 168/SC/2013, por fraude y abuso de confianza.
Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, dirigente de la Sección 30 con sede en Poza Rica, Veracruz, ha sido señalado de apoderarse de 130 millones de pesos de la caja de ahorro de los trabajadores jubilados y en activo del STPRM, así como de ordenar que a los 15 mil empleados de planta, transitorios y jubilados se les retuvieran entre mil y mil 500 pesos para aportarlos a las campañas municipales del PRI.
Quiroz Cruz “también –afirman los disidentes– ordenó el descuento por trabajador de 100 a 300 pesos, según el nivel de percepción, con el pretexto de que se trataba de una cooperación para pagar ‘protección’ de los líderes sindicales al crimen organizado”.
Otro grave cargo contra ese dirigente es que tiene nexos con Los Zetas, a varios de los cuales les “abrió ficha de trabajadores como empleados de la paraestatal y transfiriéndoles datos técnicos sobre el manejo, operación y cuidado de los ductos de la región para su ordeña, así como estableciendo fuertes vínculos y lazos con líderes de Los Zetas, como compadrazgos”.
Quiroz Cruz fue alcalde de Poza Rica del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017 y en la denuncia se le señala como quien “mandó a trabajadores de Pemex a construir un domo de usos múltiples, un campo de futbol, una cancha de futbol rápido y un zoológico en las inmediaciones de una propiedad de un líder zeta. También señala que ha colocado en puestos a miembros de este grupo delictivo para que sigan teniendo el control del ayuntamiento, como lo hicieron con el exalcalde Alfredo González Andrade.
“Cabe señalar que Luis Bernardo Martínez, El Güicho, quien es el segundo en el poder en la Sección 30, tiene nexos con líderes de Los Zetas. Ellos –Cruz Quiroz y El Güicho– han logrado meter a casi todos los familiares de este grupo delincuencial a las compañías petroleras”, sostiene el documento.
Entre otros actos de “corrupción”, se le achaca a Quiroz Cruz la adjudicación de dos licitaciones para adquirir dos propiedades que no incluyó entre los bienes de los trabajadores, según consta en un registro de la Subdirección Corporativa de Administración Patrimonial de Pemex fechado de junio de 2005 a mayo de 2006.
En este documento consta una declaración en el sentido de que Quiroz Cruz posee una flotilla de camionetas que renta a la compañía KAY, que trabaja para Pemex a cambio de una renta mensual de 40 mil pesos por vehículo.
La denuncia penal contra Romero Deschamps, su familia y su grupo cercano en Pemex se interpuso el 19 de octubre de 2016 a nombre de 151 empleados. Uno de los firmantes declaró que, debido a su “lucha democrática”, el 22 de septiembre de 2016 Romero Deschamps y José del Pilar Córdova Hernández “pagaron” para levantar a su hijo “y privarlo de la libertad”. Hasta el 22 de marzo de 2017, cuando rindió su testimonio, el joven seguía desaparecido.
En otra declaración los denunciantes responsabilizaron a Quiroz Cruz de lo que le suceda al denunciante o a su familia, ya que presuntamente el líder de la Sección 30 del STPRM tiene nexos con el crimen organizado, específicamente con el llamado Z-35.
A todos los mencionados líderes de estas secciones del STPRM se les relaciona con el dirigente nacional, Carlos Romero Deschamps, a quien en su momento los empleados le informaron de cada uno de los presuntos delitos denunciados.
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