En el último informe de la Auditoría Superior de la Federación se evidencia la deshonestidad en el sector de la obra pública, en donde al menos el 25 por ciento de las construcciones auditadas registraron sobrecostos.
El de Odebrecht y sus posibles sobornos en Pemex podría ser un caso secundario frente a los niveles de corrupción que en el renglón de la obra pública se registran en México, pues se estima que más del 90 por ciento de los trabajos de infraestructura ejecutados en el país operan bajo esquemas de deshonestidad que deben ser investigados.
Según el senador Francisco Búrquez Valenzuela, quien presentó un punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue los posibles actos de corrupción de funcionarios y exfuncionarios de Pemex en ocasión del caso Odebrecht, el 35 por ciento de los contratos de obra pública en el país no pasan una auditoría de transparencia.
La deshonestidad en el sector de la obra pública se evidencia en el último informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en donde al menos el 25 por ciento de las obras auditadas registraron sobrecostos, en tanto que el 44 por ciento de los expedientes mereció observaciones por incumplimiento en los plazos y en avances de las trabajos de infraestructura.
Por esa razón, estima el senador Búrquez, ya debe intervenir directamente el Presidente de la República, a través de la PGR, para poner orden en el país.
A decir del senador integrante, entre otras, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en el renglón de la obra pública se ha permitido que funcionarios y agentes externos, como el crimen organizado, se beneficien con los trabajos de infraestructura.
El sector de la construcción es altamente proclive a la corrupción, reconoce el informe de México Evalúa, elaborado por Mariana Campos, donde se apuntan como una de las principales causas “los elevados montos de los contratos y el alto grado de dificultad técnica que implican los proyectos”, lo que hace “complejo el monitoreo y seguimiento de los mismos, lo cual facilita ocultar o inflar los costos reales de las obras”.
En el informe de la Auditoría Superior de la Federación emitido tras la evaluación al Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, establece que los sobrecostos de las obras superan en promedio el 20 por ciento de los presupuestos iniciales asignados, que en opinión del senador Búrquez es producto de la corrupción.
Se trata, dijo el senador Búrquez, de una deshonestidad que alentada por los propios funcionarios de los tres órganos de gobierno que ha a un gasto descontrolado que se refleja en el incremento de la deuda pública, la que del 2012 a la fecha ha crecido en más de un 70 por ciento.
“Sólo los trabajos de infraestructura realizados con fondos públicos en 3 ó 5 estados del país, y en menos del 10 por ciento de los municipios, se podrían considerar libres de señalamientos de corrupción.
“Se calcula que casi el 35 por ciento de los costos de las obras van a parar a los bolsillos de funcionarios”, que programan obras innecesarias o de baja rentabilidad social, velando sólo por sus intereses económicos, denunció.
Propician falta de caridad
Pero no todo el peso de la corrupción recae en las redes de colusión de los funcionarios públicos encargados de las obras con empresas y a veces con miembros de la delincuencia organizada; México Evalúa también señala la falta de políticas de rendición de cuentas.
“No existe homogeneidad en las obligaciones de transparencia, y más puntualmente es que hay opacidad en las adjudicaciones directas”, refirió la organización civil en cuanto a las obras que se entregan a empresas privadas para su ejecución.
Eso es lo que ha llevado a organizaciones como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) a exigir una legislación que erradique la corrupción existente en el sector, como es la Ley de Contrataciones de Obras Públicas que se encuentra en espera de ser aprobada en el Senado de la República.
La falta de esa ley contribuye a que México sea uno de los países con más percepción de deshonestidad en el mundo.
En el 2014 obtuvo el puesto 103 de 175, en el Índice de Percepción de la Corrupción, muy cerca de Corea del Norte y Somalia, revela el estudio del Centro de análisis de políticas públicas, México Evalúa.
Deshonestidad, industria costosa
Los índices de corrupción en México no sólo se han detectado alarmantes en las esferas de los tres órdenes de gobierno. También en el sector privado este fenómeno va a la alza.
De acuerdo con el “Reporte Global de Fraude y Riesgo” de la consultoría Kroll, en el 2016 las empresas mexicanas mostraron un incremento del 2 por ciento en acciones relacionadas a fraude, soborno y corrupción.
Según dicho informe, en nuestro país el índice de deshonestidad del sector empresarial, incluido el sector de la construcción, ya alcanza el 18 por ciento de las acciones corporativas, que se ubica por encima de la tasa media internacional ubicada en el 15 por ciento de las acciones empresariales.
De acuerdo a las cifras de Kroll, que preside en México Arturo del Castillo, más del 45 por ciento de las empresas que operan en el país se han enfrentado en el último año con agentes gubernamentales y/o privados que les exigen realizar algún tipo de pago a manera de soborno para agilizar trámites.
Ese tipo de actos, atribuidos a empleados, exempleados, y trabajadores ocasionales de las empresas, que mediante sus actos de corrupción llevan a las compañías a la inestabilidad jurídica y económica, le costaron al país solo durante el año pasado más de 350 mil 470 millones de pesos, casi el 10 por ciento del Producto Interno Bruto de México.
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