El Inegi es una institución que merece amplio reconocimiento, por
muchas cosas. Su medición de los costos de la inseguridad no es una de ellas.
Dice que la inseguridad cuesta 1.25% del PIB, aproximadamente 237,000 millones
de pesos. El número parece enorme, pero por desgracia es pequeño, comparado con
la realidad.
La
cifra del Inegi es absurda, entre otras cosas porque deja fuera muchos de los
costos. No considera, por ejemplo, los recursos públicos asignados al combate
de la inseguridad.
Éstos son más de 3% del PIB e incluyen los recursos
asignados a diversas dependencias para enfrentar la delincuencia: Secretaría de
Gobernación; PGR; Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina, así
como los subsidios y transferencias a estados y municipios.
El
ejercicio del Inegi distorsiona el valor real de los costos “indirectos”,
relacionados con el cambio de hábitos. Más de 20% de los negocios redujo sus
horarios, de acuerdo con la encuesta del Inegi. Alrededor de 19% canceló planes
de inversión y 9% dejó de hacer negocios con otros establecimientos. Esto
significa pérdidas en productividad, inversión y creación de empleo. Tampoco
pone valor a los costos de atención médica y psicológica, ni define el precio
de los años de vida perdida para el caso de los homicidios. Éstos son 1.3% del
PIB, de acuerdo con un estudio coordinado en el 2014 por María Eugenia Suárez,
del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).
Dos
tercios del PIB están relacionados con el consumo. El cambio de costumbres por
la violencia tiene un impacto significativo en la actividad económica: hay
ciudades donde la gente no sale de noche o pasa más tiempo en casa. Esto golpea
a restaurantes, bares y todos aquellos negocios que no se encuentran en un
perímetro “seguro”. Hay también una “desviación” del consumo. La gente hace un
gasto extraordinario para comprar candados y poner rejas en sus casas. Esa
desviación es también un costo asociado a la inseguridad.
¿Cuánto
vale la reducción del consumo y la inversión? La suma es complicada, porque
estamos hablando de cantidades hipotéticas y de factores psicológicos o
sociológicos imposibles de pesar. ¿Cuánto cuesta el crecimiento del miedo o la
pérdida de confianza? El señor Pérez hubiera invertido 1 millón en ampliar su
tienda; la familia Gutiérrez dejó de gastar 2,000 pesos mensuales en
restaurantes; el dueño de la ferretería El Tornillo canceló una venta de medio
millón porque desconfió del comprador.
Hablando
de desconfianza, las cifras del Inegi no abonan en la construcción de
confianza. El costo de la inseguridad no puede ser 1.25% del PIB, que alega el
organismo encargado de producir las estadísticas oficiales. ¿Cómo puede ser
eso, si el gasto público en el combate es más de dos veces mayor?
El
sector privado ha hecho un llamado a replantear la estrategia nacional de
seguridad. Propone reponer la Secretaría de Seguridad Pública y aprobar las
leyes que hagan posible un mando mixto de la policía.
Los empresarios no mencionaron la urgencia de construir un sistema creíble de contabilidad y estadísticas sobre el costo de la violencia. Esto implica saber más acerca de la productividad de cada peso gastado en el combate y una valoración más precisa del esfuerzo que hacen las empresas y los hogares. Decir que es 1.25% del PIB sirve para minimizar el problema. Es peligroso porque minusvalora el tamaño del esfuerzo por hacer.
Los empresarios no mencionaron la urgencia de construir un sistema creíble de contabilidad y estadísticas sobre el costo de la violencia. Esto implica saber más acerca de la productividad de cada peso gastado en el combate y una valoración más precisa del esfuerzo que hacen las empresas y los hogares. Decir que es 1.25% del PIB sirve para minimizar el problema. Es peligroso porque minusvalora el tamaño del esfuerzo por hacer.
Fuente.-imgonzalez@eleconomista.com.mx
