La Fiscalía Anticorrupción del estado recurre a esta figura que se utiliza en el ámbito federal en casos relacionados con la delincuencia organizada, para que los implicados en actos de corrupción en la administración del exgobernador Rodrigo Medina se atrevan a declarar y así atenuar una posible sanción.
La Fiscalía Anticorrupción estatal abrió la puerta a la figura del testigo protegido para que faciliten información contra el exgobernador Rodrigo Medina por el desvió de 3 mil 600 millones de pesos.
Todos los involucrados como exfuncionarios, empresarios y prestanombres, quienes hubieran estado implicados en un acto de corrupción en la administración pasada, podrían participar para atenuar una posible sanción.
Aldo Fasci Zuazua, quien ahora está como asesor jurídico del Gobierno del Estado, reveló que dentro de las denuncias derivadas de la “Operación Tornado”, los involucrados tienen la posibilidad de participar.
“Yo doy información y entonces él no es testigo, es alguien que está diciendo: ‘sí, soy culpable pero te voy a ayudar’.
“Desde luego que hay acciones que se pueden seguir, penales incluso. En el caso de todo mundo conoce como prestanombres por supuesto que se puede (procesar). Todos los prestanombres tienen responsabilidad”, detalló el asesor.
El principio de oportunidad es una figura jurídica dentro del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que puede utilizar un imputado en acciones menores para revelar otras de mayor relevancia.
Fasci Zuazua, invitó a todos los implicados a que participen con su declaración.
“Para que nos den información de asuntos más importantes, como lo que eran los testigos protegidos antes”, mencionó.
En el caso de quienes hayan tenido una participación menor, pero importante, y que actualmente ostenten un cargo público, todavía pueden colaborar con el Ministerio Público.
El asesor jurídico prometió que para hoy martes solicitarían al juez de control, Pedro Cisneros Santillán, para que éste pudiera citar al exgobernador Rodrigo Medina sobre el desvío de 3 mil 600 millones de pesos.
Hasta anoche no se había informado sobre esta petición.
En cuanto la investigación, Fasci Zuazua consideró que es normal estar checando los bienes de los involucrados, motivo por el cual se aterrizó embargar las propiedades.
“Tuvimos que movernos, por eso se realizó porque había donaciones, pero dentro de la investigación es normal estas acciones”, dijo el asesor.
Aunque la figura del testigo protegido se utiliza en el ámbito federal en un caso relacionado con la delincuencia organizada, pero la Fiscalía Anticorrupción lo estarían aplicando de manera estatal.
Iría Medina a juzgado hasta finales de este mes
Aldo Fasci Zuazua, asesor jurídico del Gobierno del Estado, dijo que posiblemente el exgobernador Rodrigo Medina podría acudir en la audiencia hasta finales de este mes.
Cabe recordar que el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio señala que tendría que presentarse de manera física en el juzgado el presunto culpable, acompañado de su defensa.
El asesor dijo que son al menos 30 implicados que tendrán que rendir declaraciones ante un juez por la investigación que lleva el Estado por el mal manejo de recursos en la pasada administración.
Así como la compra de terrenos para la armadora coreana Kia Motors México por medio del Sistema Caminos, y no por Obras Públicas estatal.
En caso de que ningún implicado acuda a la cita con el juez, podrían quedar arrestados.
Ni prisa ni persecución
El gobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón aseguró ayer que no se está persiguiendo a nadie en particular en la “Operación Tornado”.
“Yo no persigo políticamente a nadie, no hay elecciones aquí, no estamos viendo este proceso como un tema político, es un tema de administración de recursos, los recursos públicos son sujetos a investigarse por cualquier circunstancia.
Él (Medina) tiene derecho a la defensa, quienes se sientan agraviados tienen el derecho de la ley”, afirmó el mandatario.
Dijo respetar las opiniones vertidas por el exgobernante priista, pero tendría que responder a la sociedad de Nuevo León por el desvío de 3 mil 600 millones de pesos.
El mandatario agregó que no existe prisa para sancionar a quienes están siendo investigados por realizar un daño patrimonio a Nuevo León.
“Hay acciones que se tienen que dar porque las anomalías son muchas y diversas y en todas ellas estamos trabajando, pero tenemos también que visualizar que la carga que se tiene de la investigación va cumpliéndose.
“Y así estaremos presentándolas ante los jueces correspondientes para que sean ellos quienes hagan todo el proceso. Nosotros vamos a presentar carpetas y documentación que creemos y estamos seguros tienen que ver con ilícitos desde el punto de vista administrativo, penal y hasta resarcitorios”, especificó.
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