En los últimos nueve años, desde diciembre de 2006, cuando el gobierno mexicano desplegó por primera vez a las Fuerzas Armadas federales para luchar contra el crimen organizado, hasta diciembre de 2015 han sido asesinadas más de 150 mil personas en todo el país y ha sido desaparecida de manera forzosa una cantidad incuantificable de personas, señala el informe Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México, que elaboraron la Open Society Justice Initiative y cinco organizaciones mexicanas de derechos humanos independientes.
El documento, en el cual participaron la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, señala que en México la tortura es una práctica generalizada en la policía, las Fuerzas Armadas y los fiscales para obtener confesiones y testimonios que se siguen tomando como evidencia.
El incremento en el número de asesinatos y desapariciones forzadas se debió a la violencia del crimen organizado y a la estrategia de seguridad del Estado, que recurría excesivamente al uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza.
“El gobierno federal de México se ha propuesto una meta legítima: someter al crimen organizado. Sin embargo, lo ha hecho mediante una política que implicó el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, y el uso de una abrumadora fuerza extrajudicial contra la población civil supuestamente asociada con los cárteles delictivos, sin una regulación adecuada del uso de la fuerza y prácticamente sin ningún tipo de determinación de responsabilidades por los abusos resultantes”.
El documento reporta avances en cuanto a reformas institucionales importantes como la transformación que se dará en 2018 de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Fiscalía General de la República (FGR), la cual será liderada por un fiscal general que ocupará su posición durante nueve años y cuyo nombramiento y destitución serán potestad no solo del presidente, sino también del Senado.
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