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lunes, 13 de abril de 2026

LO «ORDENO el CARTEL ?»: «INTERNAUTA BUSCA ser DESBLOQUEADO por ALCALDE de MORENA en MATAMOROS BLOQUEADO por EE.UU a la MITAD del PUENTE INTERNACIONAL»…cuando sirven al crimen, ya no sirven.


Ante la imposibilidad de publicar el documento de Amparo desde sus redes, el reconocido internauta,Carlo Vela,en Matamoros, está usando el amparo federal como un “arma legal” para desnudar que el bloqueo en redes de un alcalde aliado del CDG no es un simple berrinche digital, sino un acto de censura y discriminación desde el poder que encaja en un patrón de encubrimiento criminal descrito ya en investigaciones públicas sobre Alberto «Beto» Granados,quien en 2025 fue interrogado 8 horas y luego deportado SIN VISA por EE.UU,como citó la prensa estatal y nacional.

Qué denuncia el formato de amparo

Del propio texto del escrito se ve que Vela plantea, en clave mínima pero correcta, cinco conceptos de violación: libertad de expresión, acceso a la información, discriminación por opinión, acto de autoridad y principio de máxima publicidad.

Los hechos que narra son claros: el Ayuntamiento usa redes como canal oficial, esas cuentas funcionan como foro público digital, él fue bloqueado tras críticas y ese bloqueo le impide informarse y participar.

Conducta del alcalde en contexto criminal

Alberto Granados es parte de la triada político‑criminal de Américo Villarreal–“Ameriquito”–CDG y existen múltiples indicios de la cercanía con capos, papel atípico como “supervisor” de una medida cautelar a un jefe del CDG, vínculos con operadores detenidos con cocaína, negocios municipales con proveedores ligados a la facción Escorpiones y hasta la retención de casi ocho horas por CBP en Brownsville con cancelación de visas y ninguno se ha convertido en carpeta de investigación ni en Tamaulipas,ni Mexico.

Ese mosaico configura una “causa probable” en clave estadounidense, pero en términos de impunidad mexicana solo es un cúmulo de indicios y datos de prueba públicos que no han sido suficientes para que un MP serio judicialice alguna carpeta por delincuencia organizada, complicidad y posible terrorismo, por que tiene la protección político‑criminal de Morena y el gobernador igual de manchado.

Qué revela el bloqueo desde la lógica criminal

Si el edil usa Facebook y X como órganos oficiales y, al mismo tiempo, silencia a quien documenta nexos CDG‑Alcaldía, el bloqueo deja de ser acto “privado” y se vuelve mecanismo de censura institucional para ocultar una estructura criminal enquistada en el gobierno local.

En términos de modus operandi, encaja: controlar el flujo de información, castigar la crítica y blindar el relato oficial pagado con recursos públicos, mientras se niega cualquier relación con el cartel pese a las evidencias documentadas en expedientes mediáticos y redes.

Alcances reales del amparo que propone Vela

El formato que difunde apunta a un amparo indirecto estándar: identifica autoridad responsable (alcalde), acto reclamado (bloqueo en cuentas oficiales), derechos violados (arts. 1, 6, 7, 8, 14 y 16 constitucionales) y hechos básicos.

Si un juez de distrito concede el amparo, tal cual debe, el efecto jurídico directo es ordenar el desbloqueo y reconocer que el funcionario, actuando como autoridad, no puede excluir a críticos de canales oficiales por su opinión; el alcance indirecto es exhibir judicialmente la censura sistemática de un gobierno señalado por protección al CDG.

Potencial impacto si muchos bloqueados litigan

Si “al menos la mitad” de los bloqueados replicaran el formato y obtuvieran suspensiones y sentencias favorables, el municipio quedaría frente a una lluvia de criterios que:

  • documentan un patrón de censura y discriminación por opinión;
  • acreditan que las cuentas son extensiones oficiales sujetas a principios de máxima publicidad;
  • generan papel judicial que puede integrarse como indicio en futuras investigaciones penales sobre el uso del aparato municipal para proteger a una organización criminal.

En resumen: el amparo de desbloqueo es jurídicamente modesto, pero convertido en campaña colectiva se vuelve un registro judicial masivo de cómo opera la pinza político‑criminal CDG–Granados para controlar la narrativa y blindar su estructura criminal que ya se paga con la desaparición y muerte.

Con informacion: @Carlo Vela/

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