La nueva señal del colapso institucional ya no viene de México sino de Washington. Resulta que ahora hasta las autoridades de Estados Unidos —sí, las del T-MEC— tuvieron que reconocer lo que aquí todos fingen no ver: el narcotráfico se volvió sindicato, mediador laboral y brazo de recursos humanos.
El caso es de antología: la Minera Camino Rojo, propiedad de la canadiense Orla Mining, operando en Mazapil, Zacatecas, decidió resolver sus conflictos sindicales a la vieja usanza del norte del estado —a punta de fusil y con amenazas de muerte—. Según el panel binacional del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, la empresa contrató a un “conocido narcotraficante” (así, sin eufemismos) para “convencer” a los trabajadores de afiliarse al sindicato correcto, es decir, el de la casa.
El expediente —publicado el 26 de marzo por la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR)— documenta lo que el gobierno mexicano ni siquiera quiere murmurar: el crimen organizado fue parte operativa del manejo laboralde una empresa extranjera, con el beneplácito de parte de sus empleados. La palabra clave aquí es anuencia, ese tecnicismo elegante que en lenguaje llano significa “sabían perfectamente y no hicieron nada”.
Mientras tanto, ni la Secretaría del Trabajo ni el gobierno de Zacatecas han dado una explicación creíble. A nadie parece sorprender que las minas del país —las mismas que extraen riqueza en silencio— estén bajo control de mineras canadienses y “gestores de personal” con antecedentes delictivos. Ya no se trata de la colusión entre empresas y sindicatos charros, sino de una alianza tripartita entre corporaciones, gobierno y cárteles, todo legitimado por el T-MEC.
Paradójico: Estados Unidos detecta el “narcofactor” en las relaciones laborales mexicanas antes que el propio Estado mexicano, que todavía jura que los criminales solo trafican drogas, no votos sindicales.
Con informacion: ELNORTE/
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