LA «LEY GRITA PROCESENLO_S YA»: «INDICIOS son SUFICIENTES para ENCARPETAR a la CHISPA,AMERICO,J.R y el FISCAL GOVEA SI se RESISTE»…asi ocurriría en un gobierno medio decente,bajo un estado de derecho no tan chueco.

En Tamaulipas la justicia no es ciega: solo es tuerta y cobra nómina; ve perfecto cuando el inculpado se llama Juan Pueblo,es hijo de vecina o ciudadano de a pie, pero se tapa el ojo bueno cuando en la carpeta asoma el nombre del ex-militar y lugarteniente del Cartel del Golfo,Mario Guitian Rosas, siglas de partido MORENA, los fajas de billetes de los contratos con el gobierno, los abrazos y la cena con Americo Villarreal.

Pruebas que sobran… si eres del pueblo

Para sentenciar a un ciudadano que roba la comida del mercado y no logra escapar como el resto que levanta, mata y extorsiona, como La Chispa,basta el dicho del policía, la denuncia del comerciante y un MP con flojera.

Ah, pero si el personaje financia partidos, moviliza su estructura electoral ,traga con Don Americo y responde al alias de “La Chispa”, operador de Los Metros del Cártel del Golfo,apapachado por el gobernador y su Secretario y Sub-secretario de Gobierno,Hector Joel Villegas y Tomas Requena, cobijado por contratos públicos, de pronto el Ministerio Público o el Fiscal general (…no importa el nombre) se descubre la fina sutileza del estándar “más allá de toda duda razonable”.

El video de Azteca Noticias y los documentos exhibidos muestran a la familia de Mario Guitián Rosas facturando al gobierno estatal y a la propia FGR servicios de seguridad y otros contratos, justo mientras se le señala por huachicol, secuestros, extorsión y asesinatos.

Cualquier estudiante de primer semestre de derecho sabe que eso, jurídicamente, se llama un cúmulo de datos de prueba que ameritan abrir carpetas, pedir órdenes de aprehensión y cateos; en Tamaulipas se llama “regalo de inteligencia” que nadie quiere desempaquetar.

Artículos que gritan “procésalo ya”

1. Contra el gobernador Américo Villarreal y el senador José Ramón Gómez Leal

• El Código Penal Federal tipifica la delincuencia organizada cuando tres o más personas se organizan para cometer delitos como narcotráfico, secuestro, trata o huachicol, con penas de 20 a 40 años. (arts. 2 y 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, aplicable supletoriamente al CPF).
• Hay indicios de que “La Chispa” es lugarteniente del CDG–Los Metros, operador regional en Reynosa, con funciones de brazo ejecutor, coordinador regional e intermediario logístico, según reportes de inteligencia de EE.UU que lo vinculan directamente a un senador en funciones.
• El encubrimiento por favorecimiento sanciona a quien auxilia al delincuente para eludir la acción de la justicia, o impide que se investigue o se persiga el delito (arts. 400 y 400 Bis CPF, correlativos en los códigos estatales).
• La trama descrita –contratos públicos, protección política, ausencia de investigación pese a denuncias y asesinatos vinculados– encaja en la figura de coautoría por omisión: los servidores obligados a perseguir el delito no es que “no supieran”; es que, sabiendo, decidieron no hacer nada.

En clave jurídica, el abrazo, la cena y los contratos con “La Chispa” son indicios vehementes que, concatenados, generan una presunción razonable de protección institucional a un grupo criminal, suficientes para solicitar imputación por delincuencia organizada, encubrimiento y uso ilícito de atribuciones y facultades.

1. Contra el fiscal general Jesús Eduardo Govea Orozco

• El fiscal tiene el deber jurídico expreso de perseguir los delitos de oficio (arts. 21 Constitucional, 131 y 132 CNPP).
• Cuando, existiendo datos de prueba notorios –informes de inteligencia, contratos públicos, señalamientos de víctimas y víctimas mortales– se niega a judicializar, incurre en ejercicio ilícito del servicio público y abuso de autoridad (arts. 214 a 217 CPF y correlativos en el Código Penal de Tamaulipas).
• Si esa omisión facilita que continúe la organización criminal, se convierte en partícipe por omisión impropia (art. 7 CPF), es decir, coautor: tenía el deber jurídico de evitar el resultado y no lo hizo.

Dicho en cristiano: el fiscal que “se niega a encausarlo penalmente” no es solo negligente; es potencialmente socio jurídico del cartel, al menos a nivel penal, porque su inacción es la condición de posibilidad de que el multihomicida y extorsiónador del CDG siga cobrando rentas y contratos.

Los indicios que bastan… si el imputado no sale en la foto oficial

La propia documentación de inteligencia que circula –evaluación organizacional donde se lee que Mario Guitián Rosas, “La Chispa”, funge como subordinado directo y teniente operativo de un senador, con roles de brazo de ejecución, ejecutor operativo y coordinador regional de actividades ilícitas– sería oro molido probatorio en cualquier carpeta contra un ciudadano de a pie.

Ahí mismo se consigna afiliación al Cártel del Golfo, facción Los Metros, área de operaciones Reynosa, y se deja claro que el senador José Ramón Gómez Leal está bajo investigación federal como “facilitador político y figura de alta autoridad”.

Eso, traducido al lenguaje del CNPP, son datos de prueba de origen oficial que justifican:

• apertura y acumulación de carpetas,
• solicitud de órdenes de aprehensión (art. 141 CNPP),
• medidas de aseguramiento de bienes, cuentas y empresas fachada (arts. 228 y 229 CNPP),
• y suspensión del cargo por vinculación a proceso.

Pero en la justicia a la tamaulipeca, esos mismos indicios que sirven para catear la casa de un mecánico por “sospecha” de robar fierros, no alcanzan –mágicamente– para molestar fieros del CDG ,ni al gobernador, al senador ni al fiscal que ya estuvo 7 meses preso en penal federal, de acuerdo con reportaje acucioso de TELEVISA.

El Estado como coacusado

Cuando el Estado y la federación contratan la familia de un lugarteniente del Cartel del Golfo para “servicios de seguridad privada”, le da contratos vía FGR, tolera que víctimas lo señalen por homicidios y aun así no actúa, deja de ser víctima de infiltración y se convierte en organismo parasitado que trabaja para su parásito.

Cada peso pagado a esas empresas fachada es un posible acto de operaciones con recursos de procedencia ilícita (art. 400 Bis CPF), porque se usa el aparato gubernamental para blanquear dinero del crimen organizado mediante contratos públicos.

Y cada día que Américo Villarreal, José Ramón Gómez Leal y Jesús Eduardo Govea Orozco se mantienen intocados pese a los informes, videos, contratos, muertos y extorsiones , el mensaje jurídico es brutalmente claro: en Tamaulipas el delito no es pactar con el cartel, el delito es atreverse a investigarlos.

Con informacion: REDES/MEDIOS/