Debido a los miles de casos de personas desaparecidas en México, el pasado 2 de abril el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó invocar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Es la primera vez que se activa este artículo, por lo que especialistas consultados por EL UNIVERSAL señalan que sus implicaciones son inciertas. No obstante, hay algunos escenarios posibles, que pueden ir desde asesoramiento internacional y financiamiento para ayudar a México a atender las desapariciones hasta una comisión de investigación de la ONU en el país.
En entrevista con este diario, Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, explica que el proceso para activar el artículo 34 de la Convención consiste en que la petición se traslade al Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, quien sería el encargado de llevar el tema a la agenda de la próxima Asamblea de las Naciones Unidas.
Paulina Palencia, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), puntualiza que el hecho de que el tema haya sido catalogado como urgente por el CED tiene la finalidad de que en el orden de la Asamblea General se aprueben medidas de apoyo para México.
Traducido al castellano llano
México está a punto de presentarse en el teatro de las Naciones con la misma torpeza con la que un pirómano ofrece disculpas a los bomberos. El expediente de las desapariciones forzadas —ese archivo negro de la República que parece redactado por Kafka con tortura y burocracia— amenaza con cruzar una línea que ningún gobierno mexicano había querido franquear: la que convierte una “crisis de derechos humanos” en un asunto de jurisdicción planetaria
Porque si el caso llega a la Asamblea General, no se tratará ya de un informe incómodo, sino de la consagración diplomática del fracaso institucional.
La discusión no girará en torno a los eufemismos (“personas no localizadas”, “ausencias voluntarias”) sino al lenguaje duro del Derecho Internacional de los Crímenes de Estado: desaparición forzada como práctica sistemática, responsabilidad directa del aparato gubernamental, y potencial encuadre en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas —esa a la que México se adhirió, como quien firma una hipoteca que jamás piensa pagar.
En ese foro, los números no son estadísticas, sino pruebas. Cada acta de búsqueda omitida, cada fiscalía que archiva, cada registro manipulado podría leerse como un elemento de imputación colectiva. Y lo más incómodo: habrá estados que, con cínico altruismo, pidan investigaciones independientes justo cuando México se empeña en expulsar a sus propios expertos del GIEI.
El costo político de ese banquete diplomático será alto: la narrativa de “transformación humanista” quedará en manos de delegados que recitan resoluciones como epitafios. La Asamblea General no sanciona, pero sentencia moralmente; y cuando lo hace, deja marcas indelebles. A fin de cuentas, ningún país puede pretender pertenecer al concierto de las naciones mientras mantiene un cementerio sin nombre por debajo de su democracia.
En Nueva York, el espectáculo estará servido: el Estado mexicano argumentando “soberanía” ante un auditorio que, en el fondo, solo escucha “impunidad”.
Con información: ELUNIVERSAL/
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