LOS “DOS MERECEN REPROCHE”: “DIPUTADA MORENA HIPERINFLA PECADO VERBAL de MUÑOZ CANO y lo PROSTITUYE como JUGADA LEGAL POLITIQUERA”…encaja mejor en la definición de una falta o expresión sexista reprobable pero no necesariamente típica del delito electoral.

El caso que involucra la denuncia por violencia política de género contra Manuel Muñoz Cano, dirigente estatal del Partido Verde, muestra una notable tensión entre la defensa legítima de los derechos de las mujeres y el frecuente uso de figuras jurídicas por actores políticos femeninos del gobierno ligados a Morena, en ocasiones con fines más politizados que justicieros.

Contexto y hechos clave

• La diputada morenista Katalyna Méndez denunció ante el Instituto Electoral de Tamaulipas a Muñoz Cano, después de que este se refiriera a ella en medios como “la niña que está en el Congreso”.
• La legisladora manifestó que ese tipo de expresiones constituyen “micro violencia” y “micro machismo” con intención de demeritar la capacidad y legitimidad de las mujeres en la vida pública.
• Méndez subrayó que si hubiese sido un hombre, el comentario sexista no se habría producido y remarcó su deber de visibilizar tales conductas.

¿Cumple la tipicidad del delito?

La “violencia política de género”, conforme a la Ley General en Materia de Delitos Electorales de México y normas asociadas, implica acciones u omisiones que causen daño o sufrimiento político a una mujer, y que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos o electorales en razón de género. Esto incluye conductas que descalifican o infravaloran a una mujer por su género en el ámbito público.

Sin embargo:

• El comentario de Muñoz Cano, aunque insensible y reflejo de un rezago sociocultural (“la niña que está en el Congreso”), difícilmente por sí sólo anularía derechos, impediría el ejercicio de cargos, o constituiría una represalia o intimidación en término estricto de la ley penal, sino que encaja mejor en la definición de una falta o expresión sexista reprobable pero no necesariamente típica del delito electoral.
• Prueba de ello es que la afectación concreta (impedir su cargo o actividad política) no se materializa, la diputada sigue ejerciendo plenamente su mandato y sus derechos.

Argumentos a favor y en contra

A favor de la denuncia:

• La promoción de ambientes libres de expresiones sexistas en la vida pública es fundamental para erradicar formas sutiles de discriminación.
• El uso del lenguaje importa en política; palabras que cosifican o infantilizan a mujeres en posiciones de poder perpetúan estructuras machistas normalizadas.

En contra de la tipicidad penal o electoral:

• No toda expresión desafortunada o “desliz” verbal constituye per se violencia política de género punible; la hiperinflación del concepto puede vaciar de efectividad y respeto la protección original que busca garantizar la ley.
• Judicializar casos de expresiones aisladas, sin agresión material ni afectación real al ejercicio del cargo, desvirtúa la figura y la convierte en ariete político o estrategia revanchista, en lugar de un recurso de protección real para las víctimas.

Crítica y actitud recurrente

No es nuevo que figuras gubernamentales femeninas utilicen la ley de violencia política de género como ofensiva contra rivales o para ganar reflectores, muchas veces minimizando la grave realidad de miles de mujeres sí afectadas en su integridad, participación y derechos por razones de género. 

Lo irreverente, y a veces rayando en lo burdo, es la politización y abuso reiterado del mecanismo, con denuncias no siempre sustentadas legalmente, privilegiando la espectacularización sobre la justicia efectiva.

Irreverencia y defensa del marco legal

La violencia de género debe combatirse,debe denunciarse y erradicarse con todo el peso de la ley, pero no hay mayor daño a esa lucha —ni acto más misógino encubierto— que diluir el concepto y prostituir la figura legal para jugadas politiqueras. 

Señalar con irreverencia cómo algunas políticas públicas y muchas feministas de oficina militan más en el show que en la causa es un deber de cualquier periodista serio: los derechos se defienden, no se negocian en la pasarela mediática.

En suma, el comentario amerita reproche social y exhorto a la formación de nuevos patrones culturales, pero no todo pecado verbal es delito. Inflar denuncias infundadas le hace un flaco favor a las víctimas reales e infla a las oportunistas que, cada vez más, usan el feminismo como escudo y espada para acomodarse en el poder.

Con informacion: Milenio/