El asesinato de Salvador Llamas en el Sonora Grill de Guadalajara representa, al menos, el tercer caso de alto perfil que se ubica en la intersección de la violencia política, el crimen organizado y el partido en el poder.
Llamas fue designado consejero nacional de Morena el 23 de agosto de 2022, en una elección prácticamente unánime, un fenómeno extraño ya que se trató de un personaje que no es de Jalisco y que, hasta el 2018, militaba en el Partido Verde de Zacatecas. John Ackerman, militante fundador del partido sugirió que el proceso estuvo arreglado y que Llamas es referido como “un narco de Vallarta”.
Oficialmente, Salvador Llamas era el jefe de gabinete del presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Michel, y anteriormente había ocupado una posición como el encargado de agua y drenaje de la ciudad. Sin embargo, extraoficialmente, Llamas fue el operador político que cabildeó el ascenso financiero de Michel y que, recientemente, era mencionado como un aspirante serio a la candidatura de Morena a la gubernatura de Jalisco. Quienes lo conocían, lo relacionan como un político cercano al dinero.
La fiscalía estatal concluyó que el asesinato de Llamas se trató de un ataque directo, orquestado y planeado con antelación por el crimen organizado. Habrían participado hasta diez personas en la ejecución. Salvador Llamas estuvo sentado en la mesa con sus agresores. La reunión, que terminó en un enfrentamiento armado con tres muertos, cuatro heridos y 84 casquillos percutidos, había sido pactada.
De acuerdo a la Fiscalía de Jalisco, permanecen dos grandes interrogantes respecto al asesinato: ¿Qué pasó con la mochila que llevaba Salvador Llamas? ¿Y por qué un funcionario municipal tenía a su disposición una flotilla de vehículos blindados y un escuadrón de escoltas que incluía a elementos de la policía municipal de Puerto Vallarta?
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el asesinato de Salvador Llamas como “un ajusticiamiento”. El periodista Héctor de Mauleón refirió que los escoltas de Llamas declararon que el funcionario había sido amenazado por un líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en Puerto Vallarta, Francisco Javier Gudiño Haro, alias “La Gallina”.
Se trata de un elemento identificado por la DEA como parte de la célula que ordenó el asesinato del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y el atentado contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma. Este grupo criminal es comandado por Gonzalo Mendoza, “El Sapo”, y su lugarteniente, Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”, un sicario colombiano. Reportes de inteligencia señalan a esta facción del CJNG como una entidad posicionada para asumir el liderazgo del cártel después de la muerte o el retiro de su fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene un largo historial de presión y complicidad con las autoridades del estado. Particularmente, Puerto Vallarta representa un bastión de la organización y de la célula de “El Sapo”, “La Firma” y “La Gallina”.
Un documento del Centro Nacional de Inteligencia que fue obtenido del hackeo a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional revela que miembros del cártel han tenido reuniones y acercamientos con funcionarios del gobierno de Jalisco y elementos del aparato de seguridad en el estado.
El reporte del CNI indica que Arnoldo Gómez Núñez, alias “El Máximo”, lugarteniente del CJNG en Guadalajara, y César Briseño Aguirre, operador financiero de la organización, sostuvieron tres reuniones con Juan Pablo Hernández González, ex director operativo de la Comisaría de Seguridad de Zapopan, entre diciembre de 2018 y enero de 2019.
Era un periodo de reconfiguración de acuerdos y lealtades: el gobernador por Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, acababa de asumir el poder. De acuerdo a la información del CNI, César Briseño Aguirre ofreció cinco millones de pesos al operador de Alfaro y ex secretario particular, Hugo León Vázquez, así como acercamientos y ofertas de sobornos al general Daniel Velasco, el secretario de seguridad estatal que renunció a finales de 2019.
El asesinato de Salvador Llamas no es ajeno a este contexto de criminalidad. Su muerte se suma a la de Sergio Carmona, el principal financiador de campañas electorales de Morena, en Tamaulipas, que operó una trama de desvío de recursos públicos y de tráfico ilegal de hidrocarburos, de acuerdo a reportes de inteligencia de México y Estados Unidos. Carmona fue asesinado en San Pedro Garza García, Nuevo León en noviembre de 2021.
El caso de Salvador Llamas también sucede a la desaparición de Gerardo Vázquez Barrera, quien fue señalado en un presunto cable de la Embajada de Estados Unidos en México como un operador financiero del Cártel del Noreste que trianguló dinero a la precampaña de Morena a la gubernatura del Estado de México, a través de una supuesta cuenta del hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, en las Islas Vírgenes Británicas.
A la fecha, ninguna agencia del gobierno de Estados Unidos ha desmentido formalmente el documento. Vázquez Barrera fue visto por última vez en marzo de este año, después de una comida con el senador morenista de Zacatecas, José Narro, y el propio Américo Villarreal. Después del encuentro, también desaparecieron dos elementos de la Marina que fueron comisionados por la alcaldesa de Acapulco como escoltas de Narro.
las casualidades terminan en causalidades:
La muerte de Salvador Llamas ha despertado nuevos cuestionamientos a una trama de dinero y potenciales vínculos con actividades ilegales que apenas comienza a entenderse. Su muerte ha desatado preocupación en el entorno de Ricardo Mejía Berdeja, el subsecretario de seguridad a nivel federal que aspira a ser el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila. Llamas promovió activamente el proyecto de Mejía Berdeja en Jalisco. Como lo ha documentado Héctor de Mauleón, estos personajes se conocen al menos desde 2013, cuando ambos militaban en Movimiento Ciudadano. Un tweet de Mejía Berdeja de ese año y otro tweet de Salvador Llamas de agosto de 2022 dan fe de su cercana relación.
¿Cuáles son las implicaciones de esta relación para quien es, de facto, el funcionario encargado del aparato de seguridad civil en México? Casualmente, Ricardo Mejía también tiene nexos tangentes con los otros casos que se encuentran en la intersección de Morena con el financiamiento negro.
El aspirante de Morena a la gubernatura de Coahuila ha contactado para su campaña a Ricardo Peralta Saucedo, el ex administrador general de Aduanas que designó a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, como el encargado de la aduana de Reynosa y que, además, operó el proyecto de Américo Villarreal a la gubernatura de Tamaulipas.
Ricardo Mejía y Ricardo Peralta comparten otro común denominador: uno construyó su carrera política en Guerrero y otro nació en ese estado. Es la misma entidad en la que operaba Gerardo Vázquez Barrera, el presunto financiero del Cártel del Noreste, una organización que, en palabras del gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, “busca calentar la plaza” a meses de la elección.
La historia de Salvador Llamas es una muestra más de que, en México, la política y el crimen organizado se mezclan una y otra vez.
fuente.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: