Durante el sexenio de Felipe Calderón un grupo especial de policías de Baja California tuvo a cargo una campaña secreta: “borrar del mapa” a la organización de los Arellano Félix con el propósito de dejarle al Cártel de Sinaloa las ciudades de Tijuana y Mexicali. Así lo revela un agente de ese grupo especial quien, en entrevista con Proceso, afirma que todo fue dirigido desde la Ciudad de México por Genaro García Luna, entonces secretario federal de Seguridad Pública.
La orden que recibió en 2007 el Grupo Especial de la Policía Ministerial del Gobierno del Estado de Baja California fue rotunda: acabar con el cártel de los hermanos Arellano Félix y proteger a la gente del Cártel de Sinaloa, relata a Proceso el único sobreviviente de esa agrupación policial.
“El licenciado Víctor Felipe de la Garza Herrada, subprocurador Contra la Delincuencia Organizada, nos lo informó y dijo que la orden venía de la Ciudad de México, del más alto mando de la Secretaría de Seguridad Pública” (SSP) del gobierno federal.
“De la Garza Herrada, Lima 1, nos aclaró que él no recibía órdenes del gobernador del estado (el panista) Eugenio Elorduy Walther, sino directamente de la SSP, del secretario Genaro García Luna”, recuerda el exintegrante del grupo de policías bajacalifornianos.
Joven, acercándose a las cuatro décadas de vida, el entrevistado que salió de Baja California y de México para evitar ser eliminado como el resto de sus compañeros de ese Grupo Especial, posteriormente bautizado como Unidad Especializada Contra el Crimen Organizado (UECCO), da cuenta de todo lo que hicieron en Tijuana y Mexicali para “borrar” a los Arellano Félix y dar garantías de operación al Cártel de Sinaloa.
“Fuimos dos generaciones de policías que integramos esos grupos creados por los gobiernos del PAN (Calderón a nivel federal y Elorduy Walther a nivel estatal); nos dieron entrenamiento especial y casi siempre operamos vestidos de civiles”, recuerda.
Para probar la autenticidad de su antigua asignación y de las operaciones que llevó a cabo, el expolicía entrega a Proceso documentos oficiales emitidos por el gobierno de Baja California que lo acreditaban como lo que fue, y certificados de reconocimiento a su trabajo, amén de folios sobre careos, sellados y firmados, llevados a cabo a nivel federal en el Penal de Alta Seguridad del Altiplano en el Estado de México.
Por acuerdo para no revelar su identidad por temor a represalias contra su vida y la de su familia, en los documentos y en la entrevista se testa su nombre.
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