Corrupción entre autoridades policiales y de migración, coludidas con bandas de traficantes de personas, han llevado al fracaso la política migratoria, consideraron exfuncionarios, expertos y activistas, quienes señalaron que el accidente en el que perdieron la vida 55 migrantes en Chiapas refleja una estrategia errónea del gobierno que, primero ofreció puerta abiertas, trabajo y bienestar a los migrantes y después, presionado por Estados Unidos, aplicó una respuesta de contención.
QUE CA$UALIDAD TAN CAU$ALIDAD:
Tonatiuh Guillén López, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM); Conrado Zepeda, director del Servicio Jesuita a Refugiados México; Margarita Núñez, coordinadora de asuntos migratorios en la Universidad Iberoamericana; Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia, y Fernando Santiago Canché, responsable de Asistencia Humanitaria del Albergue La 72, en Tenosique, Tabasco, expusieron que esta política basada en la militarización, además de estar dominada por la corrupción, pone a las víctimas cada vez más en manos de la delincuencia.
Afirmaron que las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador de ofrecer empleo, visas y respeto a derechos humanos se quedaron en el discurso, pues se esfumaron junto con la habilitación de la Guardia Nacional como muro de contención y para retener a los migrantes en las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM).
Resaltaron que decisiones extremas y violatorias de los derechos humanos, como prohibir que los migrantes puedan viajar en autobuses foráneos, ha derivado en el fortalecimiento de las redes de traficantes.
Complicidades
“Se ha hecho prácticamente nada para combatir la red de complicidades y corrupción que por años han estado detrás del tráfico de migrantes por México”, consideró Guillén López.
El académico, que dejó el INM en junio de 2019, aseguró que se sabe del contubernio entre autoridades y bandas de traficantes, pero que no se ha emprendido ninguna política para atender la problemática, que lleva a los polleros a un sometimiento salvaje contra los migrantes.
Señaló que la tragedia del pasado jueves sólo se explica por la corrupción que permite transitar libremente a un vehículo con esas dimensiones.
Advirtió que, si las cosas continúan como hasta ahora, se van a repetir tragedias como la de Chiapas y que habrá un despliegue del crimen organizado cada vez mayor en el negocio del tráfico de migrantes.
Ante este panorama, reiteró que México, Estados Unidos y Centroamérica deben cambiar su política migratoria y de refugio, para que las personas ya no tengan la necesidad del viacrucis al que están sometidas.
Conrado Zepeda, director del Servicio Jesuita a Refugiados México, en Chiapas, refirió que la corrupción predomina en torno a toda una estructura por una política migratoria cada vez más restrictiva hacia los flujos migratorios, que se ven obligados a utilizar cualquier tipo de vehículo para llegar a Estados Unidos.
“Con estas restricciones, polleros y bandas criminales buscan nuevas rutas que quizá son más peligrosas. Este problema es estructural por cómo se administra la política migratoria”.
Sostuvo que la política migratoria “ha fallado durante los últimos gobiernos. Al inicio de este sexenio percibimos intentos por mejorar, pero hoy nos damos cuenta de que arrecian las políticas restrictivas”, añadió.
Margarita Núñez, coordinadora de asuntos migratorios en la Ibero, indicó que ha documentado que el INM es una de las organizaciones más corruptas y que trabajan en coalición con las redes de tráfico de personas. Agregó que el problema tiene varios años, pues en 2014, con el programa Plan Frontera Sur, se enfocaba en prohibir que las personas abordaran los trenes de carga, lo que incrementó el uso de tráileres. “Es un modus operandi de redes de tráfico en este país, son parte de las personas dedicadas al crimen”.
Externó que la respuesta del gobierno, sólo enviar condolencias a las familias de las víctimas y culpar a Estados Unidos de la situación, evade el problema de fondo y no hay un reconocimiento de su responsabilidad.
Ana Lorena Delgadillo manifestó que el punto de quiebre del discurso presidencial de respetar los derechos humanos se da con el acuerdo firmado por el canciller Marcelo Ebrard con el gobierno de Estados Unidos, en junio de 2019, lo que derivó en el endurecimiento de la política migratoria mexicana.
“Desde entonces la migración centroamericana y caribeña empezó a transitar por rutas alternas, más peligrosas, con mayores beneficios al crimen organizado, pero también para funcionarios locales, federales y del INM”, comentó.
Expuso que esta política de militarizar la ruta migratoria, con el uso de la Guardia Nacional, provoca una mayor mortalidad de las personas que buscan cruzar México.
Por su parte, Fernando Santiago Canché manifestó que los migrantes están expuestos a una gran burocracia, pues con el pretexto de la pandemia, miles de centroamericanos y caribeños están siendo obligados a esperar hasta un año para obtener una visa o iniciar un trámite ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
“Los migrantes están desesperados, con muy pocos empleos, sin recursos, sin acceso al tren que en el pasado los llevaba al norte. Con la prohibición de usar transporte público y autobuses, optan por rutas más peligrosas, están a expensas de la delincuencia y de funcionarios corruptos”, puntualizó.
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