La Fiscalía General de Justicia del Estado de México compró en junio de 2019 un software para realizar labores de inteligencia a una empresa de Ramón Eduardo Pequeño García, un ex alto mando policial que actualmente se encuentra prófugo de la justicia tras ser acusado en Estados Unidos de recibir sobornos del Cartel de Sinaloa, junto a su antiguo jefe Genaro García Luna. El software adquirido permite la localización geográfica y reproducir movimientos mediante animaciones. También ayuda a los agentes a vincular a ciertos “objetivos” con información recabada en redes sociales a través de registros y tráfico de llamadas de telefonía celular.
Pequeño García acaparó durante los tres sexenios anteriores altos cargos en materia de seguridad. Desde su llegada a la Agencia Federal de Investigación (AFI) se convirtió en una de las cartas fuertes de García Luna. Durante el sexenio de Felipe Calderón era el jefe policial encargado de presentar ante las cámaras de los medios de comunicación a los capos detenidos en el marco de la llamada guerra contra el narco. Tras la llegada de Peña Nieto a la presidencia, Pequeño García continuó al frente de la división antidrogas de la Policía Federal y posteriormente pasó a la División de Inteligencia de la misma corporación. El 15 de julio de 2015, tres días después de la fuga de El Chapo Guzmán del penal del Altiplano a través de un túnel, fue cesado de su cargo, ya que era uno de los responsables del monitoreo del penal a través de las cámaras de vigilancia instaladas en interiores y exteriores.
En noviembre de 2016, una vez fuera del servicio público, el exjefe policial constituyó en la Ciudad de México una empresa denominada Jera Sinapsis SA de CV junto a tres socios más. La firma que actualmente continúa en operación ofrece soluciones de alta tecnología a través de productos forenses, de inteligencia, contrainteligencia e investigación. Según la página web la firma se encarga de la comercialización de equipo a los tres niveles de Gobiernos para las áreas de seguridad pública e inteligencia. “Estamos formados por un grupo de profesionistas que llevan una amplia trayectoria, de reconocido prestigio en el sector, y que cuentan con la capacidad para asesorar, desarrollar e implementar soluciones complejas para diversas instituciones públicas”, destacan en su sitio electrónico.
A mediados de 2019 la empresa le vendió a la Fiscalía del Estado de México un software para el procesamiento, clasificación y análisis de información recolectada para realizar labores de inteligencia. El proveedor se encargaría de instalar y configurar un sistema que permitiría la vinculación de objetos e información en redes sociales a través de llamadas de telefonía celular. El software incluía bases de datos de sábanas telefónicas para operaciones de filtrado, análisis, correlación y búsqueda. “A partir de la información contenida en las sábanas telefónicas el módulo interroga a la base de datos abierta de diversas redes sociales para detectar la existencia de perfiles relacionados con los números telefónicos”, se describe. Luego, emulando la operación de un usuario de la red, descarga toda la información disponible en los perfiles detectados, como fotografías, datos de usuarios y amigos. Finalmente realiza el cruce de información con sábanas telefónicas permitiendo identificar a los posibles dueños de los números.
El bien adquirido por adjudicación directa tuvo un costo de 11,6 millones de pesos (unos 607.000 dólares al tipo de cambio de entonces) y el contrato fue firmado en junio de 2019 por Pequeño García, quien figura en el documento como representante y apoderado legal de la empresa. Previo a esa venta, en los portales de compras de gobierno no aparecen otros contratos con esta empresa. Sin embargo, la firma sí aparece inscrita en los padrones de proveedores de los gobiernos de Chihuahua, Baja California, Tabasco, Quintana Roo y Ciudad de México. En esta última entidad compitió en una licitación por un contrato para proveer chalecos antibalas, pero no ganó. A nivel federal también se inscribió en un procedimiento de licitación, donde la Comisión Nacional de Búsqueda requería una empresa que le brindara servicios de maquinaria y drones para los rastreos de desaparecidos que realiza en campo. Sin embargo, la propuesta de Jera Sinapsis fue desechada porque no acreditó haber suministrado servicios similares a los requeridos previamente.
Aunque el sistema no puede ser catalogado como un software de intrusión o espionaje, sí hay otros aspectos preocupantes en él, dice Luis Fernando García, director de la R3D en Defensa de los Derechos Digitales. “El análisis de información de fuentes abiertas es un tema que a nosotros nos preocupa porque las autoridades interpretan que como es información públicamente disponible puedan recolectar, almacenar y analizar cualquier información. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, consideramos que cada expediente de una persona, aunque sea de información pública, requiere de una justificación”, señala.
Ante los altos niveles de impunidad y las altas cifras de incidencia delictiva que hay en el país, es difícil saber la utilidad y la eficiencia de estos sistemas, agrega el activista experto en temas de tecnología. En algunos casos han encontrado que no hay una correlación entre esas herramientas y mayor eficiencia en las investigaciones. “Por el contrario: en la inmensa mayoría de las carpetas donde se hace uso de estas herramientas, como el acceso a sábanas telefónicas, no hay una acusación penal, la investigación permanece abierta, indefinida o no llega a ningún lado”, destaca el también abogado.
Pequeño García no era el único que contaba con empresas de servicios de seguridad. Su jefe Genaro García Luna también. Las autoridades mexicanas han relacionado al exsecretario de Seguridad con una compañía denominada Nunvav, que entre 2012 y 2017 habría recibido 402 millones de dólares por trabajos que no se realizaron o se ejecutaron de forma parcial. La mayoría de estos recursos se desembolsaron con cargo a las partidas secretas en materia de seguridad nacional de la Secretaría de Gobernación. Uno de los servicios que se incumplieron en uno de los contratos era el suministro y puesta en marcha de equipo tecnológico en un penal de Guanajuato. En diciembre de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera también reveló que había puesto una denuncia penal en contra del exfuncionario por el presunto desvío de recursos a empresas vinculadas a él, entre ellas Nunvav. Esta firma constituida en Panamá habría triangulado recursos a Israel, Curazao, Letonia, China, Estados Unidos y Barbados.
Luis Cárdenas Palomino, otro de los acusados junto a García Luna y Pequeño García, también contaba con un abanico de empresas fachada. La Unidad de Inteligencia Financiera descubrió una serie de compañías simuladores mediante las cuales el exjefe policial recibía depósitos millonarios. Además, desde 2013 se habría unido a la empresa Adamantium Private Security Services, una filial de Grupo Salinas, especializada en espionaje y seguridad privada, documentó la revista Proceso. Durante el Gobierno de Peña Nieto, esta empresa recibió por lo menos 24 contratos por un monto total de 510,4 millones de pesos para servicios de seguridad en infraestructuras estratégicas del país, según un reportaje del semanario mexicano.
Después de que lo destituyeron de su cargo tras la fuga de El Chapo, Pequeño García no volvió a desempeñar un puesto público. Su nombre acaparó nuevamente los reflectores en julio de 2020 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó de recibir sobornos multimillonarios del Cartel de Sinaloa para permitir que sus miembros operaran con impunidad. En la acusación en un tribunal federal en Nueva York se señala que Pequeño García y Cárdenas Palomino, bajo las órdenes de García Luna, abusaron de sus posiciones públicas al permitir que el Cartel de Sinaloa obtuviera un paso seguro para sus cargamentos de drogas y proporcionaron información sensible sobre las investigaciones del grupo criminal y datos de las organizaciones de la droga rivales. García Luna fue arrestado en diciembre de 2019 y está preso en Estados Unidos en espera de su juicio, mientras que Cárdenas Palomino también fue capturado en julio de este año por agentes de la Fiscalía General de la República y está en una prisión mexicana. El único que continúa prófugo es Pequeño García.
fuente.-Diario Español/Zorayda Gallegos
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