En México, la desaparición es el paradigma del crimen perfecto”. Así describió el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU la situación que encontró, según se narra en su boletín de prensa, al finalizar su visita de 10 días, en la que visitaron 13 entidades federativas, se entrevistaron con más de 80 autoridades, sostuvieron 33 reuniones con cientos de víctimas, decenas de colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, pero en los que también desaparecieron más de 100 personas, en palabras del propio Comité.
Cabe destacar que su informe final será presentado hacia marzo del año próximo, pero su balance al finalizar la visita ya apunta a las principales preocupaciones con las que llegaron al país y sobre las cuales construirán sus recomendaciones. Estas son: ¿existen patrones generalizados y/o sistemáticos de desaparición en México?, y; ¿son capaces las instituciones de prevenir, juzgar y reparar a las víctimas?
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El Grupo de expertos constató que, a pesar de los esfuerzos realizados hasta la fecha, “se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio del Estado, frente a la cual, tal y como venimos señalando desde el 2015, ‘[imperan] la impunidad y la revictimización’”. No podía ser de otra manera; como señalamos en la entrega pasada, la situación ha crecido en el número de personas desaparecidas, siendo no sólo una herencia del pasado, si no como lo señaló: “lamentamos constatar que aún persiste”.
Lo novedoso, como se esperaba, fue que el Comité pudo recabar información y testimonios que señalan “la existencia de diversos patrones en la comisión de desapariciones forzadas en distintas regiones del país, que operan de manera simultánea y evidencian escenarios de connivencia entre agentes estatales y el crimen organizado. A ello se suman las desapariciones forzadas cometidas directamente por agentes del Estado.” Dicha información apuntaría a la existencia de desapariciones sistemáticas y ya no sólo generalizadas, lo cual develaría un plan deliberado para cometerlas con el apoyo, aquiescencia u omisión del Estado, es decir, crímenes de lesa humanidad.
Ahora bien, ¿es capaz el Estado mexicano de prevenir las desapariciones, juzgar a los responsables y reparar a las víctimas? El Comité señaló que:
“las personas con las que conversamos nos transmitieron la imagen de una sociedad superada por el fenómeno de las desapariciones, la impunidad sistémica y su impotencia frente a la inacción de algunas autoridades…”.
“Frente a esta realidad, no se han atendido las causas profundas de las desapariciones. El enfoque de seguridad que se ha adoptado no solo es insuficiente, sino además inadecuado…” y “(…) los altos índices de violencia de la delincuencia organizada, asistida en muchas ocasiones, de acuerdo con la información proporcionada, por fuerzas de seguridad del Estado.”
“…la impunidad es casi absoluta… (se) trata de una impunidad estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas.”
¿Qué toca hacer? Los expertos señalan que “la lucha en contra de la impunidad es impostergable.” Lo cual “exige una estrategia integral del Estado para abordar sus múltiples causas, entre ellas:
– la ineficacia en la investigación de estos crímenes;
– una comprensión desvirtuada de la autonomía de las Fiscalías, como una suerte de discrecionalidad que les lleva a negar su cooperación en el proceso de búsqueda;
– el traslado de la responsabilidad de investigar y aportar pruebas en las víctimas;
– un sistema procesal penal que aún conserva las inercias del pasado, y;
– una notable falta de confianza de las víctimas a las instituciones “acrecentada por la ínfima cifra de acusaciones formuladas, ordenes de aprehensión ejecutadas y sentencias emitidas en casos de desaparición forzada, y por el efecto alentador que, para los perpetradores, tiene la impunidad.”
El informe preliminar aborda otros temas como la crisis forense, las fosas clandestinas, la falta de coordinación de autoridades para las búsquedas, la falta de atención e involucramiento de las víctimas, su estigmatización, criminalización y discriminación; las personas migrantes retenidas e incomunicadas que están prácticamente desaparecidas, la falta de registros confiables, las amenazas, asesinatos y desaparición de madres buscadoras, etc., lo cual indica una profunda comprensión del fenómeno y de la crisis institucional del país.
La visita del Comité fue una bocanada de aire fresco para las víctimas, pero no estuvo exento de notas grises. Por un lado, no fueron recibidos por el presidente López Obrador, ni siquiera por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ni por el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero. Parece que el tema es de la oficina de Alejandro Encinas y no permea los niveles más altos ni para mencionar la importante visita. Por otro lado, según las declaraciones del Subsecretario de Derechos Humanos en la reunión de cierre del Comité, al parecer seguirán usando el recurso de los macro casos o los casos emblemáticos como Ayotzinapa, en lugar de atender los patrones generalizados y sistemáticos como los ve el Comité.
En suma, los expertos reconocen la inmensidad del reto para el país, pero también para el propio Comité cuando tenga que elaborar sus recomendaciones porque, como señaló, (n)ingún proceso o mecanismo puede tener éxito si no cuenta con voluntad política, participación efectiva de las víctimas, así como con recursos financieros suficientes y personal debidamente capacitado, competente y comprometido para llevar a cabo la búsqueda de las personas desaparecidas y las investigaciones sobre su desaparición”. Dadas las condiciones políticas vistas en México para atender las causas profundas del fenómeno de la desaparición, ¿cuáles serán entonces las recomendaciones más efectivas?, o ¿acaso necesitará activar el mecanismo previsto en el artículo 34 de la Convención, para hacer del conocimiento a la Asamblea General de Naciones Unidas de la situación generalizada y sistemática que vivimos?
Los expertos señalaron en su informe que “no se trata sólo de las víctimas, pues la desaparición forzada es un problema de todos, de la sociedad mexicana en su conjunto y de la humanidad entera.” Es hora de que la comunidad internacional intervenga para restablecer la paz y en eso el Comité puede hacer una diferencia.
fuente.-
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