Hace un año, Andrés Manuel López Obrador pronunció su primer discurso como presidente electo. Era la noche del 1 de julio y el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se dio un baño de pueblo en la plaza del Zócalo tras una victoria arrasadora. Frente a miles de personas dio claves de su Gobierno. “Todo lo ahorrado por el combate a la corrupción y por abolir los privilegios se destinará a impulsar el desarrollo del país. No habrá necesidad de aumentar impuestos en términos reales (…) bajará el gasto corriente y aumentará la inversión pública”. En aquellos 15 minutos la palabra austeridad no apareció en ningún momento y, sin embargo, ha sido la principal característica del Ejecutivo de López Obrador.
Prácticamente ninguna de las 30 semanas de la Administración de Morena, que este lunes aprobó la Ley de Austeridad Republicana, han pasado sin una estridente queja por los recortes, que han tocado casi todos los sectores del Gobierno. Burócratas, científicos, académicos, policías y soldados, médicos, jueces, maestros, periodistas y artistas han alzado la voz para explicar cómo los recortes están dañando sus trabajos.
El quinto memorándum de López Obrador, enviado a la Administración pública a inicios de mayo se convirtió en un dolor de cabeza para la burocracia. La orden presidencial obligaba a reducir un 30% en gastos de representación, vuelos y viajes, además de desaparecer, para el 31 de mayo como fecha límite, las direcciones administrativas y despedir a los trabajadores eventuales. Llevar a la práctica el texto fue complicado por su falta de claridad. El propio presidente ha admitido ha habido “falta de criterio” y “sentido común” en la aplicación de la austeridad. En una entrevista con el diario La Jornada, no obstante, López Obrador asegura que “todavía falta más austeridad”, otra “vuelta de tuerca”, que no termina de explicar en qué consistirá. “El recorte se ha hecho con un hacha cuando se tenía que haber hecho con bisturí”, dice Mariana Campos, investigadora del centro de investigación México Evalúa.
El 21 de mayo las señales de alarma se volvieron tangibles. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez, dimitió acusando las draconianas medidas de gasto impuestas por Hacienda. “Eso supuso un punto de inflexión”, explica Khemvirg Puente, coordinador del Centro de Estudios Políticos de la UNAM. “Evidenció cómo los recortes no pueden ser con machete, sino producto de un análisis detallado”, añadió el experto.
El sector salud fue uno de los más dañados. Un directivo del Hospital Infantil, uno de los institutos de alta especialidad que atienden a los mexicanos más pobres, explica que las medidas de austeridad han limitado las manos disponibles. “Tenemos falta de camilleros, de personal de intendencia, de personal de lavandería. Tuvimos que reducir las cirugías a un 50%, pues fueron suspendidos los contratos de 180 trabajadores”, asegura el alto cargo, quien pide mantener el anonimato por razones de seguridad. El núcleo del problema fue la orden presidencial dada a principios de mayo de cancelar los servicios de terceros, conocidos como outsourcing. Dado que el servicio de anestesia, tanto máquinas como operarios, era subrogado esto llevó a parar las operaciones. Las denuncias públicas hicieron que el Gobierno descongelara fondos para volver a operar , pero no fueron repuestos los contratos del personal. “Seguimos prácticamente igual, solo que nos han ordenado que ya no nos quejemos, que no hagamos públicas las carencias del centro”.
Los recortes también han obligado a los médicos a ser más clínicos y depender menos de los exámenes. “Los laboratorios especiales, con pruebas más finas requieren la autorización cada vez de un mayor número de personas, se hace para restringir más estas pruebas”, explica un médico de urgencias del Hospital Infantil. “Esto implica cierto error y más responsabilidad para el personal médico”, agrega el doctor, quien añade que los recortes los han obligado a rechazar el ingreso de algunos menores. “Los niños con un traumatismo, así vinieran de otros Estados, si neurocirugía lo aceptaba, ese niño se recibía. Pero ahora, con los recortes tan grandes en los quirófanos, los cirujanos tienen la orden de que no pueden recibir a estos pacientes ya que no somos un hospital de trauma”, afirma el médico.
Otros centros de salud viven circunstancias similares. Un neurocirujano del Instituto Nacional de Cancerología revela que el Gobierno de Morena cerró el grifo para el Programa de Cáncer Cervicouterino. “Pensaron que no era indispensable, pero este tipo de cáncer es la segunda causa de muerte en el país”. La aplanadora del partido de López Obrador en el Congreso dejó este programa en cero pesos en el portal de la Secretaría de Salud por ser una política de administraciones pasadas. “No hay dinero para un diagnóstico, para el tratamiento, para el seguimiento, no se está dando ni quimioterapia”, asegura. Cancerología tiene menos de 200 trabajadores entre técnicos, camilleros, personal de lavandería y de enfermería.
Juan Martínez, investigador del Instituto Nacional de Ecología, ubicado en Xalapa (Veracruz), es uno de los encargados de la supervivencia del lobo mexicano, una especie que hasta hace poco estaba al borde de la extinción. “¡Nosotros lo criamos en Durango (a 1.100 kilómetros de distancia)! Les tienes que dar alimentación, veterinarios. Si aplicamos a rajatabla el asunto del outsourcing no podríamos contratar estos servicios. Los recortes podrían afectar el número de viajes y en el peor de los casos no podríamos alimentarlos”.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el órgano rector de la ciencia en el país, vio reducirse su presupuesto para 2019 de 27.000 millones de pesos (1.400 millones de dólares) a 24.000 (1.253 millones). Esto ha encendido las alertas en los 26 institutos adscritos al Consejo, como el reputado Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), que recibió 8% menos de recursos para operar. “Se cancelaron estímulos, bonos, extras de sueldo. El CIDE compensaba a sus investigadores los salarios bajos con primas por clase e investigaciones”, asegura Lorena Ruano, investigadora del Centro.
La política de austeridad de López Obrador profundiza un lustro de contracción en la inversión a la ciencia. Fabián Rosales, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), calcula que los políticos han quitado el 30% de recursos a los centros públicos de investigación. Los recortes actuales amenazan al 10% de la plantilla del Instituto, entre 60 y 80 personas, que están contratadas como trabajadores eventuales. “Nos preocupa el funcionamiento del observatorio de Cananea (Sonora). Para ir tenemos que viajar de Puebla a Ciudad de México y de allí a Hermosillo (Sonora). No tenemos claro si vamos a tener estos recursos o si vamos a tener que cerrar parcial o totalmente”, dice Rosales.
Nadie ha podido explicar de momento las consecuencias de una política tan contractiva en el gasto. No existen datos detallados de cuántos despidos pueden vincularse a las medidas de austeridad impuestas por López Obrador. “No habíamos visto que ocurriera algo así antes. Lo normal es que se gaste por encima de lo presupuestado, pero el dinero no está fluyendo, está congelado. El Gobierno no ha gastado lo que tenía que gastar”, explica Carlos Brown, analista del presupuesto de Fundar, una asociación civil especializada en políticas públicas y rendición de cuentas. “Lo más preocupante es que no tenemos evaluación de los impactos”, añade Brown.
Este ahorro también tiene derivas preocupantes en medioambiente, partida que recibió un hachazo del 32% en el proyecto de presupuesto de este año. De acuerdo con Fundar, tres cuartas partes de estos recortes corresponden a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la entidad encargada de concesionar permisos y supervisar la calidad del suministro. La plantilla perdió un centenar de empleados en enero, en su mayoría personal de confianza. Elena Burns, académica de la UNAM experta en agua, cree que los despidos han afectado a las áreas de planeación y de gestión de crisis. “La reorganización está facilitando la entrega masiva de concesiones sin que haya planes”, sostiene la experta.
Un laboratorio de Conagua al norte de México ha perdido a tres de sus cinco científicos encargados de vigilar la calidad del agua en una zona con altos índices de arsénico. Con 26 años de experiencia y rango de subdirector, un ingeniero químico recién despedido dice que entre sus responsabilidades estaba el coordinar los análisis del agua de ríos con descargas industriales y agrícolas. También supervisaba la toma de muestras de 900 pozos rurales. El objetivo era examinar 1.600 muestras dos veces al año. Ahora quedan solo dos empleados. “No van a poder hacerse cargo del trabajo”, opina el ingeniero. “Los dos despedidos recogían el 80% de las muestras. Los que quedan no saben dónde están los pozos”.
El discurso del fin de los privilegios ha sido uno de los argumentos centrales utilizados por el Gobierno de Morena. Como la ciencia, la cultura también ha sido dañada por la falta de tacto en el reparto presupuestario. La gestión del imponente sistema de becas para creadores, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), se ha colocado en el epicentro del malestar en el sector. En junio, la senadora de Morena Jesusa Rodríguez dijo que el sistema de becas “debería desaparecer”, levantando una nueva polvareda entre la comunidad artística. “Sería un error lamentable que creo que no se va a dar. Pesar en el FONCA como un privilegio burgués es un error, porque es un ejemplo mundial de potenciar la creación sin dirigismo y en libertad”, apunta Luis de Tavira, dramaturgo y director durante más de una década de la Compañía Nacional de Teatro.
La rebaja de 1.000 millones de pesos (50 millones de dólares), un 7,6% con respecto al año anterior, fue rápidamente justificada por la secretaria Alejandra Frausto, aduciendo que las partidas destinadas estrictamente a la Secretaría de Cultura no solo no disminuyen sino que aumentaban (un 1,9% en términos reales). Los funcionarios de la Cultura argumentan que los apoyos no se han tocado, sino que los recortes han afectado otras áreas. El lunes pasado, durante la entrega de los Premios Ariel, los galardones del cine mexicano, la encargada del Instituto Mexicano de Cinematografía reconoció que operan con algo más de la mitad de trabajadores. Pasaron de ser 120 empleados en el Gobierno pasado a 67 hoy. Los apoyos a los cineastas no han sido tocados, se defienden. Pero los cineastas, creen que pueden ser los próximos en pasar por la guillotina. Ese es el temor de todo empleado de la Administración de López Obrador.
Fuente.-Diario Español/
Elaborado con información de Elena Reina, Pablo Ferri, David Marcial Pérez, Jon Martín Cullell y Luis Pablo Beauregard.
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