Los propios senadores que discutirán la ley orgánica de la Guardia Nacional admiten que está plagada de ambigüedades, por lo que se aprestan a hacerle “cambios sustanciales”. Algunos de los legisladores consultados por Proceso sostienen que “se está premiando a las viejas élites militares y navales”; otros expresan su temor de que el nuevo organismo termine siendo un cuerpo militarizado dotado de “excesivas facultades”…
En las carreteras federales y en los aeropuertos, en las aduanas, zonas fronterizas, estaciones migratorias, parques nacionales, penales, en el espacio aéreo, en los medios de transporte de las vías generales de comunicación… en cualquier lugar estará la Guardia Nacional, según el borrador de la ley reglamentaria en la materia que el gobierno federal envió al Senado.
La Guardia Nacional podrá vigilar la red pública de internet, así como solicitar, previa autorización de un juez, datos sobre equipos de comunicación móvil en tiempo real, recabar información en lugares públicos, investigar delitos bajo la conducción del Ministerio Público, realizar operaciones encubiertas y participar en detenciones, advierte el documento.
“En lugar de decir Policía Federal (PF) dice Guardia Nacional. Son las funciones que tenía la Policía Federal. Es el mismo capítulo pero con elementos del Ejército y la Marina”, dice a Proceso Miguel Ángel Mancera, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado.
El jueves 11 el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño; el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, entregaron a la Cámara de Senadores las iniciativas de ley para la operación del nuevo cuerpo armado: La Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Ley Nacional del Registro de Detenciones y la Ley General del Sistema de Seguridad Pública.
La Ley de la Guardia Nacional, reglamentaria del artículo 21 de la reforma constitucional, señala que aquella será una institución policial de mando civil con autonomía técnica, operativa y de mando, adscrita al ramo de la SSPC. “Pertenecerá a la Administración Pública Federal como órgano administrativo desconcentrado”, dice la propuesta.
La iniciativa de la Ley Orgánica de la Guardia Nacional indica que el comandante de la corporación tiene que ser ciudadano mexicano, aunque no especifica si debe ser un civil. También deja abierta la posibilidad de que los mandos territoriales y estatales sean militares.
“Ninguno tiene como obligatoriedad tener el carácter de civil; pueden ser mandos militares. La iniciativa no marca que los integrantes de la guardia sean mandos civiles”, sostiene la senadora Claudia Anaya, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La diputada Livia Unzueta, asesora en seguridad del grupo parlamentario del PRD en San Lázaro, considera que, a pesar de apropiarse de la organización de la PF, la Guardia Nacional terminará siendo un cuerpo militarizado.
ADN castrense
De acuerdo con la propuesta, los militares integrantes de la Guardia Nacional conservarán la disciplina, identidad y espíritu de cuerpo de la Fuerza Armada a la que pertenecen, así como el grado, carrera y prestaciones de seguridad social; pero, sobre todo, seguirán sujetos a la normativa castrense.
La iniciativa de ley da “excesivas facultades” de investigación a la Guardia Nacional, pues propone que pueda solicitar “intervenciones preventivas de comunicaciones” en 26 delitos, incluso con un procedimiento distinto al establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y en la Ley de Delincuencia Organizada.
Los delitos van desde actuaciones en relación con la delincuencia organizada hasta insubordinación, desobediencia, abuso en el mando y abandono del servicio. Pese a ser una ley administrativa, con ella se busca establecer nuevos tipos penales, asegura Unzueta.
“En sus funciones de investigación y combate a los delitos, la Guardia Nacional actuará bajo el mando y conducción del Ministerio Público”, dice la iniciativa.
No obstante, “los militares no están entrenados para la investigación de los delitos; están entrenados para la defensa del territorio, para sometimiento del enemigo. No puedo entender cómo personas que tienen formación militar pueden ser auxiliares en la investigación del delito”, dice a Proceso Tania Reneaum Panszi, directora en México de Amnistía Internacional.
Para aprobar la Ley General de la Guardia Nacional y las otras tres leyes reglamentarias se requiere de la mayoría simple, con la que ya cuenta Morena en el Senado, pero el jueves 11, en una reunión con el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, y con los coordinadores de los grupos parlamentarios, los representantes del gobierno federal acordaron instalar una comisión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para redactar juntos las cuatro leyes para que sean aprobadas por consenso.
Dentro de esa comisión que redactará las propuestas de ley se encuentran Miguel Ángel Mancera y Claudia Anaya, quienes aseguran que las iniciativas tendrán modificaciones sustanciales. Para empezar, dicen, buscarán que se coloque la palabra “civil” en todos los mandos de la Guardia Nacional.
“Tiene que quedar en concordancia con la reforma constitucional de la guardia”, comenta Mancera.
La reforma constitucional para crear el nuevo cuerpo como institución de carácter civil fue aprobada por el Senado, la Cámara de Diputados y los 32 congresos locales, y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de marzo.
Comandante sin ley
La iniciativa llegó al Senado horas después de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, presentó en Palacio Nacional al general de brigada Diplomado de Estado Mayor (DEM) Luis Rodríguez Bucio, quien se encuentra en proceso de retiro y estará al frente de la nueva corporación.
Ese día también nombró a los integrantes de la Coordinación Operativa Institucional (COI): Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez, general de brigada DEM, quien será el representante de la Secretaría de la Defensa Nacional; Gabriel García Chávez, contralmirante de infantería de Marina DEM retirado, por parte de la Secretaría de Marina, y Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, comisaria general, quien representará a la PF.
“Esas designaciones debieron ser con una ley, con una norma”, señala en entrevista Emilio Álvarez Icaza, senador independiente.
Esos mandos “no pueden operar; no tienen legalidad para operar”, considera la senadora priista.
La iniciativa establece que la Coordinación Operativa Institucional será un órgano intermedio entre la Comandancia General de la Guardia Nacional y el titular de la SSPC.
La ley también alberga contradicciones. De acuerdo con el artículo 14, la Guardia Nacional estará bajo el mando del titular de la SSPC, pero el artículo 17 señala que la conducción operativa la tendrá el comandante, por lo que los senadores adelantan que habrá modificaciones.
“El jefe supremo es el presidente de la República, pero en el mando superior de la Guardia Nacional no puede haber ninguna duda de que es el secretario. Eso va a ser una parte del debate”, observa Mancera.
La propuesta de ley dice que los mandos territoriales, estatales y de unidades serán designados por el titular de la SSPC a propuesta del comandante, quien también tendrá a su cargo el nombramiento de los mandos de unidades.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo privilegia las antigüedades militares, pues establece que para ser comandante debe tenerse por lo menos 50 años de edad, mientras que los mandos territoriales y los estatales deberán tener por lo menos 34 y 30 años de antigüedad, respectivamente.
“Se está premiando a las viejas élites militares y navales”, comenta Livia Unzueta.
Dos modelos
Según la propuesta, después de la entrada en vigor de la ley, las divisiones de fuerzas federales y de gendarmería de la policía tendrán que ser transferidas en un máximo de 30 días a la Guardia Nacional, y en un máximo de 18 meses las demás divisiones y unidades administrativas. Eso implicará, en los hechos, la desaparición de la PF.
“La Guardia Nacional se va a componer por miembros militares y civiles; esa es una preocupación porque son dos naturalezas epistemológicas distintas en la formación”, opina Reneaum Panszi.
La PF fue creada en el gobierno de Ernesto Zedillo, reforzada por el gobierno de Felipe Calderón y será absorbida por los mandos militares en el actual gobierno.
El artículo 96 de la propuesta de Ley de la Guardia Nacional contempla que las entidades federativas y los municipios aporten “proporcionalmente, con cargo a sus presupuestos, los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para sufragar parcialmente los costos de operación” de la nueva institución policiaca.
“Que los gobernadores le pongan atención a esto porque cuando ellos soliciten la Guardia Nacional, les va a costar”, dice el líder del PRD en el Senado.
La iniciativa no establece montos. Éstos se calcularán en los “convenios de colaboración”, según estipulan los artículos 95 y 97
“¿Cómo voy a cobrarle al estado por mandarle una fuerza pública?”, cuestiona Claudia Anaya, en referencia a que la Guardia Nacional ya dispone de su propio presupuesto.
Al mismo tiempo, los estados y municipios que reciban la ayuda de la guardia tendrán que destinar recursos a sus propias policías, así como invertir en infraestructura y equipamiento.
“Va a ser bastante complicado que tengan los recursos para mantener e incrementar el nivel de inversión en sus instituciones de seguridad pública y además pagarle a la Guardia Nacional”, explica la investigadora Lilian Chapa Koloffon, analista de políticas de seguridad e investigadora de World Justice Project.
Uso de la fuerza
La iniciativa de Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza era una demanda de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, y fue un requisito para aprobar en el Senado la reforma constitucional de la Guardia Nacional.
Según esta propuesta, el bloqueo de avenidas no ameritará “en ningún caso el uso de la fuerza letal” y las manifestaciones civiles que se tornen violentas deberán “enfrentarse mediante medios no letales”.
Sin embargo, la ley sólo habla de “instituciones de Seguridad Pública” y dejó al Ejército fuera, pese a que en la reforma constitucional de la guardia se incluyó un artículo transitorio para que las Fuerzas Armadas realicen durante cinco años tareas de seguridad pública en tanto queda establecido el nuevo aparato de seguridad.
“La ley del uso de la fuerza dice que es para las instituciones de seguridad pública. La reforma constitucional respecto a la Guardia Nacional faculta a las Fuerzas Armadas a ayudar en tareas de seguridad pública; entonces aquí también tenemos que meter a las Fuerzas Armadas”, puntualiza la priista Claudia Anaya.
El grupo de trabajo para “rasurar” las iniciativas que envió el gobierno federal acordó trabajar durante la semana de Pascua. Morena anunció que buscará su aprobación en el actual periodo ordinario de sesiones, que concluye el 30 de abril.
Sin embargo, podrían discutirse en un periodo extraordinario a finales de mayo, pues el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, está empeñado en alcanzar consenso para que sean aprobadas por mayoría calificada, a pesar de que no la necesitan.
Con información de: Jorge Carrasco/
***Informacion contenida # 2215/Revista Proceso,ya en circulación
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