La apertura de un área para presentar denuncias anónimas, el estímulo a reportes de sospecha en tiempo real, así como el uso de testigos protegidos y polígrafos están entre las medidas aprobadas en la Comisión Federal de Electricidad para atacar la corrupción.
En el listado de prioridades se incluye el combate a ilícitos generados entre particulares en perjuicio de la CFE, “lo que incluye a la delincuencia organizada, particularmente vinculada a pérdidas no técnicas” como robo de insumos.
NOTA RELACIONADA:
Crónica tuvo acceso al Plan Anticorrupción presentado por Manuel Bartlett, director general del organismo, y el cual fue respaldado ya por el Consejo de Administración.
Otras disposiciones son el castigo a funcionarios cuyas acciones provoquen pérdidas económicas a la institución, el acceso —vía la Secretaría de la Función Pública— al sistema de evolución patrimonial de servidores públicos en duda y la solicitud de pronta intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.
Además de investigación previa a proveedores y socios, caza de empresas fantasma y creación de una Unidad Especializada en Inteligencia de Mercado para definir licitaciones y contratos.
“Respetamos el marco legal, pero vamos a introducir nuevas reglas que minimicen los riegos, detecten y corrijan con oportunidad los desvíos y eviten la impunidad”, señala el documento, el cual comenzó a ser instrumentado hace unos días, con el envío masivo de oficios a los consejos de administración y directores generales de empresas subsidiarias y filiales, así como a todos los funcionarios inmersos en la cadena de mando, a quienes se designó “responsables directos” de la ejecución del Plan; deberán incluso rendir un informe semestral “sobre la forma en la que le están dando cumplimiento”.
Bartlett expone cuatro factores, los cuales, afirma, propician “uso ineficiente de recursos públicos y proliferación de prácticas corruptas”: la organización fragmentada de la Comisión debido a la división en seis empresas subsidiarias ordenada por la Secretaría de Energía en diciembre de 2015, una permisiva e inadecuada normatividad en materia de adquisiciones de obra, un débil sistema de control e intervención del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana.
“La fuerte presencia del SUTERM no ha sido aprovechada como promotor de mejores prácticas”, se refiere.
De los 91 mil 879 trabajadores en la CFE, 72 mil 414 son sindicalizados, es decir, casi el 80 por ciento. Los 19 mil 464 restantes son de confianza.
Sobre la nueva política de denuncias internas, delinea:
“Se adoptarán medidas que faciliten la presentación de denuncias anónimas relacionadas con prácticas corruptas y la protección de denunciantes”.
Una acción específica es la creación de un departamento dentro de la Auditoría Interna, independiente al área de Quejas de la Unidad de Responsabilidades, donde servidores públicos y proveedores puedan “denunciar actos de corrupción que detecten o en los que hayan sido forzados a involucrarse y que, por temor a perder sus empleos, represalias laborales e incluso a perder la oportunidad de ser contratados” no develaron.
Los delatores también deberán “generar reportes permanentes a la alta dirección de casos en los que se percibe sospecha de una posible comisión de actos irregulares o ilícitos en tiempo real”.
“Se recibirán e investigarán denuncias mediante la figura de testigos o denunciantes protegidos”, pues muchos han cometido actos deshonestos “siguiendo instrucciones y no reciben beneficio alguno, pero son quienes firman y quienes serán perseguidos, dejando en la impunidad a sus superiores”.
A la par se difundirán los casos detectados con la idea de generar una “percepción de riesgo” entre el personal, y se solicitará a la SFP el ingreso para consulta del sistema de evolución patrimonial y declaración de intereses de servidores públicos, en especial “de los cuales se tenga evidencia o duda razonables de su participación en la comisión de irregularidades” y, en su caso, se pedirá la intervención de “la Unidad de Inteligencia Financiera y al SAT para revelar su red de apoyo o prestanombres”.
A servidores públicos en áreas sensibles y expuestos al riesgo se les practicarán “evaluaciones de polígrafo”.
DESPIDOS Y FANTASMAS. Dos de los puntos con mayor énfasis en el Plan son: la sanción a quienes incumplan de manera injustificada los objetivos, metas, planes y programas trazados en las diversas áreas, “porque actualmente se puede incumplir y provocar consecuencias económicas adversas sin que implique despido de los involucrados”.
Y las pesquisas para exhibir empresas fantasma en el padrón de proveedores, una realidad con alta incidencia en los últimos sexenios.
Para evitarla, se instruye a los responsables de las contrataciones, no sólo exigir a las empresas aspirantes a una contratación la constancia de cumplimiento formal de sus obligaciones fiscales, emitida por el SAT, sino verificar su existencia:
“Todos los que soliciten su ingreso al padrón y que participen en procedimientos de contratación, deben firmar que aceptan que la CFE conozca su información fiscal y financiera, y realizar la visita in situ de la misma”.
De forma paralela se planea “una base de comprobantes fiscales digitales que incluya todas las facturas recibidas por la CFE para conocer quiénes son los proveedores y cruzarla con la base de datos de empresas fantasma publicada por el SAT”, y otro registro asociado con el cual “se levante el velo de las sociedades empresariales y se consignen los socios o accionistas de acuerdo a su acta constitutiva y a las modificaciones que se registran en la Secretaría de Economía. Identificar socios permitirá conocer posibles vínculos con personajes políticamente expuestos, que desempeñaron cargos importantes en el Estado o si hay alguna relación laboral, familiar o comercial con cualquier servidores público”.
Quien avale una compra fuera del Programa Anual de Contrataciones “tendrá una nota negativa” en su historial.
El proyecto de Bartlett no es “borrón y cuenta nueva”, pues también apunta hacia el pasado, al menos el inmediato. Ordena ejecutar una auditoría de los comprobantes fiscales digitales de todos los proveedores involucrados en contratos durante el 2018, “para conocer si en el pasado se contrató con empresas fantasma y, en su caso, diseñar una lista propia para eliminarlas del padrón”.
MERCADO Y DELINCUENCIA. El Plan contempla la creación de una Unidad Especializada en Inteligencia de Mercado, independiente de las áreas contratantes, la cual asesorará en la elaboración del programa anual de contrataciones y emitirá opinión en los fallos de procedimientos relevantes o de alto impacto.
En la actualidad esta tarea es asignada al Departamento de Evaluación y Análisis de Costos, “de una manera parcial y rudimentaria. Es necesario personal calificado con perfil prestablecido y exámenes de confianza, por lo que se evaluará a sindicalizados que desarrollan esta función, para determinar su permanencia o implementar un sistema de sustitución gradual”.
El objetivo de la Unidad será “realizar una verdadera actividad de inteligencia y determinar cuáles son las alternativas que ofrece el mercado para atender necesidades específicas, corroborar especificaciones y actualizaciones en productos, así como precios promedio, a fin de establecer el presupuesto que corresponda”.
Otros lineamientos en la estrategia
* Transparentar toda la información generada por CFE, subsidiarias y filiales, pues hoy las áreas se excusan en reservarla por cuestiones de estrategias comerciales.
* Limitar uso de subcontrataciones
* Denegar el registro a proveedores con antecedentes de colusión o prácticas anticompetitivas.
* Los proveedores están obligados a firmar una manifestación, bajo protesta de decir la verdad, de que no tienen conflicto de interés ni parientes por afinidad o consanguinidad en la CFE.Y los servidores públicos, a remitir a la Auditoría Interna Carta de Ausencia de Interés.
* Desarrollar sistemas electrónicos para asegurar la aplicación del Plan, mediante generación de indicadores de medición y mapas de riesgos.
* Revisar a minuciosidad la contratación de Consultorías o Asesorías, y los proyectos de asociaciones público-privadas.
* Ordenar auditorias proactivas en procesos de riesgo.
* Modificar normatividad para que, en todos los casos de causales de excepción a concurso abierto en contrataciones, la autorización sea sometida a un subcomité y al director general.
Fuente.-
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