Un mes del operativo Golpe de Timón y 25 días del primer informe de Diego Sinhue Rodríguez, en Guanajuato no hay resultados de dos objetivos prioritarios: la captura de José Antonio Yépez El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, ni la de Hugo Estefanía Monroy, exalcalde perredista de Cortázar, ligado a ese grupo criminal.
En el recuento que presentó Sinhue el 7 de marzo destacó que 2 mil 250 delincuentes habían sido detenidos y 144 bandas desarticuladas; no obstante, admitió que fueron logros de la pasada administración.
En lo que va de su gestión, las fuerzas federales y estatales han capturado a ocho miembros del Cártel de Santa Rosa, de los cuales, dos de los principales operadores quedaron en libertad.
Además, en este periodo, en Salamanca fueron ejecutadas 15 personas en un centro nocturno y en Salvatierra asesinaron a cuatro funcionarios municipales. De ambas indagatorias no hay avances.
Desde finales de febrero, la Marina, Ejército y Policía Federal reforzaron las labores de patrullaje, operativos y cateos para frenar el robo de combustible en Guanajuato; una de las tres entidades con más pérdidas a causa del huachicol.
De los nueve estados donde hubo cambio de gobierno el año pasado, Guanajuato destaca por ser el más violento, con un repunte de 98 por ciento en el índice de homicidios, de septiembre de 2018 a febrero de 2019, con respecto al mismo periodo de 2017 a 2018.
En ese contexto, el 12 de marzo se exhibió una grabación en la que el exedil explica a Noel Lara El Puma (operador del Cártel de Santa Rosa y sobrino del alcalde de Villagrán) cómo hacer negocios ilícitos con recursos públicos.
Cuatro días después, la Fiscalía General del estado inició una carpeta de investigación, considerando que primero se evaluó si la llamada podía ser elemento para que fuera sujeto a una diligencia.
Desde entonces se desconoce el paradero del perredista; en el partido refieren que no saben nada de él, como tampoco las autoridades ministeriales.
El pasado viernes 29 de marzo, el PRD determinó suspender los derechos políticos de Estefanía como miembro de la dirigencia estatal.
Como lo dio a conocer La Razón, también ha sido investigado por su gestión en el periodo 2015 a 2018, por contratación de aviadores, por venta de vehículos oficiales a precio de remate y por favorecer a familiares.
Además, se le acusa por dejar una deuda de 20 millones en el ayuntamiento por contratos irregulares y por sobornar con 20 mil pesos a una regidora, a cambio de que avalara el permiso para una gasolinera cerca de una escuela.
Estefanía tiene pendientes auditorías a obras y se le vincula en la probable responsabilidad del homicidio de quien fuera su director de Desarrollo Social.
Por ninguno de estos hechos el gobierno estatal ha reportado avances.
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