El crimen organizado y en
particular el narcotráfico, su expresión más violenta, serán decisivos en las
elecciones del 1 de julio próximo.
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Así ha sido siempre. El dinero de la mafia circula en todas las
campañas políticas, no existen controles por parte de los partidos y ni el INE,
en este caso, tiene facultades para auscultar los recursos que manejan los
partidos políticos y sus respectivos candidatos.
Desde tiempos lejanos, el narcotráfico ha decidido, como gran
elector, quienes serían los gobernadores en estados como Tamaulipas, Veracruz,
Michoacán, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, por citar solo algunos de los
territorios donde los partidos y el narcotráfico han sellado alianzas
inseparables.
En Tamaulipas, por ejemplo, fueron entronizados en el poder, con
la venia del narco, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. El primero fue
financiado con dinero del cártel del Golfo; el segundo, con recursos de Los
Zetas. Y a cambio entregaron el control territorial del estado, libre para el
tráfico de drogas; también entregaron las prisiones. Fue en el gobierno de
Hernández que Los Zetas manejaron todos los penales y ese control se extendió,
tiempo después, a una veintena de entidades.
En Veracruz la historia no ha sido diferente. Muchos candidatos a presidentes
municipales son miembros de Los Zetas y los actuales candidatos a gobernadores
no lo ignoran. Pactan con ellos aunque sepan que son narcos. Es el caso también
de Morelos, donde medio estado es gobernado por alcaldes narcos y Graco Ramírez
–quien se asume impoluto aunque sea un vil corrupto –lo sabe y de sobra. El
gobierna con el narco enquistado en el poder.
Nadie debe dudar de que el crimen organizado será el gran
elector. Incluso desde el proceso electoral del 2012 este tema era un
escándalo, sobre todo porque era un secreto a voces que el narcotráfico ha
pagado las campañas de muchos candidatos, incluidos los abanderados a la
presidencia de la República.
El doctor Edgardo Buscaglia, por ejemplo, uno de los expertos
internacionales en la materia, dijo en 2012 que el 55% de las campañas en
México estaban infiltradas por el narcotráfico. Y en la actualidad ese
porcentaje subió y puede rayar en el 80%.
Lo dijo con estas palabras:
“La delincuencia organizada es una amenaza al sistema democrático
y en la medida en que las bandas criminales imponen y capitalizan a candidatos,
el problema de la espiral de violencia no termina”.
Y dijo más:
“Ante la situación de crisis política y de gobernabilidad que
enfrenta México se debe actuar en cuatro ejes centrales: promover un modelo de
prevención social del delito integral y adecuado; que la sociedad civil juegue
un papel más serio y las leyes se generen por consenso y de acuerdo al
beneficio social, no al interés político particular.
“Otro cara de la moneda de la delincuencia, que ha sometido a
México en crisis de inseguridad humana, es el poderío de los cárteles de la
droga legales, las empresas e instancias públicas y privadas que también
generan beneficios a los líderes de la delincuencia y ante los que la voluntad
ciudadana cede”.
Pero en México el narcotráfico es una de las actividades que se
ha introducido en la vida política y en los partidos. En Guerrero, por ejemplo,
familias completas cuyos miembros ya fueron alcaldes o regidores y que
pertenecen a algún partido, son criminales: o son miembros del cártel de
Sinaloa o bien de Los Rojos o Guerreros Unidos, las organizaciones que operan
dentro y fuera de esa entidad.
Ellos imponen su ley –la del gatillo –y a sangre y fuego imponen
a sus candidatos, ganan elecciones porque disponen de todo el dinero de la
mafia para ello.
Ninguna autoridad hace nada para frenar este problema que devora
al país, pues no les conviene desmantelar el andamiaje que han construido en
décadas y que les permite mantenerse en el poder.
Bien lo afirma Edgardo Buscaglia: en México no existe la
democracia ni se está construyendo, como se afirma. En México lo que existe es
una mafiocracia, un Estado mafioso que sirve a los intereses de la llamada
mafia del poder y a los grandes empresarios, otra ala del crimen organizado
legal.
El poder criminal está tan presente en la vida pública que el
obispo de la Diócesis de Chilpancingo, Guerrero, Salvador Rangel, está
dialogando con el crimen organizado para que ceda la violencia y para que no
maten a los candidatos a puestos de elección popular.
Por ahora, el gobierno federal no ha dado a conocer ningún plan
de acción para frenar la oleada de violencia y evitar que el 1 de julio se
incendie el país. Lo que ordenaron fueron varios operativos –eso y nada es lo
mismo –para contener la inseguridad en al menos veinte estados del país.
Pero como siempre ocurre, el gobierno deja hacer al crimen
organizado su voluntad y nadie se apresta a amarrarles las manos a los mafiosos
que, sin duda, influirán casi de manera decisiva en la elección presidencial
del 1 de julio próximo.
La que viene será, sin duda, la gran narcoelección.
(Imagen/Twitter)
Autor.-Ricardo Ravelo/
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