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Una práctica tan lamentable como común en las instituciones de procuración de justicia en México es la criminalización de las víctimas.
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Ejemplos sobran en procuradurías federales o locales. Ya sea sugiriendo que con los 43 normalistas de Ayotzinapa viajaban “infiltrados” de un cártel para justificar su desaparición y brutal asesinato, que la joven menor de edad conocía a sus violadores y aceptó “seguir la fiesta con ellos”, o que una modelo colombiana y sus amigos consumían drogas, les gustaba “la fiesta” o frecuentaban a maleantes, o deslizando que la corresponsal de una revista “invitó” a su casa a los agresores que la asesinaron. En todos los casos subyace siempre carga de moralidad y una evasión de la responsabilidad de las autoridades de hacer justicia, sin importar qué hizo o dejó de hacer la víctima, que en ningún caso puede ser culpada del crimen en su contra.
Esa práctica es común en Veracruz y acaba de repetirse en el caso de los dos sacerdotes secuestrados y asesinados en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, en Poza Rica. Ayer, sin concluir aún las investigaciones, el fiscal del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, salió a los medios no a dar mayor información de los criminales, sino para “revelar” —siempre con intención moralina— que los dos párrocos, Alejo Nabor Jiménez y José Alfredo Suárez de la Cruz, de 40 y 50 años de edad, “habían convivido e ingerido licor durante varias horas con sus victimarios en las oficinas de la parroquia”.
A partir de eso, el fiscal negó que el doble crimen, en que los cuerpos aparecieron asesinados con varios impactos de bala, maniatados y abandonados en un paraje de la carretera, tenga que ver con “delincuencia organizada y —como quien induce una conclusión— afirmó que se trató “de una reunión que se descompuso y se salió de control”.
Lo mismo que hace ahora Luis Ángel Bravo, criminalizando a los dos sacerdotes, lo hizo con la joven Daphne, violada por cuatro jóvenes, cuando desde la Fiscalía se alentó la versión de que la menor de edad conocía a sus violadores y aceptó ir con ellos. Y lo mismo hicieron otros fiscales en Veracruz en el gobierno de Javier Duarte que, en casos como el de la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, asesinada en su casa en abril de 2012, en un caso en el que también en su momento criminalizaron a la periodista —como lo han hecho con muchos otros informadores de los 19 asesinados en la entidad en este sexenio— al decir que “ella invitó a su casa a su victimario”.
Es el cinismo, la desvergüenza y la corrupción que priva en Veracruz desde el gobierno del estado, aplicado también a la procuración de justicia.
Fuente.-Salvador Garcia Soto/Columnista
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