Pese a que, la legislación nacional protege a las mujeres que fueron víctimas de una agresión sexual para gozar de atención especializada que les permita interrumpir el embarazo, tan sólo seis entidades emitieron las autorizaciones correspondientes; por lo que, el restante de la 32 procuradurías estatales han negado el derecho a las mujeres; al respecto.
La historia de Gloria, una adolescente de 16 años, quien quedó embarazada después de ser agredida sexualmente el pasado 13 de enero, y aunque presentó la denuncia ante el Ministerio Público de Pachuca, Hidalgo, y solicitó el acceso legal a la interrupción del embarazo, en tres ocasiones, se lo negaron; en contraparte, las entidades que si cumplieron con la normatividad son de Baja California, Chihuahua, DF, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí, según la investigación de las organizaciones.
En ese sentido, el informe que presenta el Grupo de Información de Reproducción Asistida (GIRE) junto con la Red de Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida, titulado Niñas y mujeres sin justicia, aborda los siguientes temas en sus capítulos: anticoncepción, aborto, violencia obstétrica, muerte materna, reproducción asistida y vida laboral y reproductiva.
Al respecto, el analista JoséWoldenberg destaca los apartados del informe GIRE y RADAR que involucran las decisiones personales y las políticas públicas que impactan en forma directa la calidad de vida de las mujeres. “Las mujeres deben tener el derecho a decidir qué hacer y qué no con su sexualidad. Las diferentes técnicas anticonceptivas han logrado, para bien, escindir el ejercicio de la sexualidad y el placer de la reproducción. Son un avance que ofrece la posibilidad de modelar y modular la maternidad. Por ello, deben estar al alcance de todas. Y sin embargo, eso no sucede. Cierto, según las cifras aportadas, las adolescentes cada vez más conocen de su existencia, pero su accesibilidad -por estados- resulta muy desigual y el número de embarazos adolescentes sigue siendo alto. Por ello, ponerlos al alcance de todas sigue siendo una reivindicación con sentido.”; además el informe, denuncia “la <anticoncepción forzada>, la presión que en algunas instituciones de salud se hace sobre las mujeres para, por ejemplo, colocarles un dispositivo intrauterino. En este terreno, podríamos decir, el quid es información, educación, accesibilidad y decisión de la mujer.”, considero Woldenberg.
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