Los fracasos en materia de seguridad y justicia han desplomado la credibilidad de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el presidente mantiene casi intacto el “equipo” encargado de ambas áreas, cuyos integrantes están enredados en un ambiente de discordias, confrontaciones, desconfianza e injerencias.
- Es el caso de la PGR, la Sedena, la Secretaría de Gobernación y hasta la propia Presidencia de la República… Todo un caos.
La discordia ha sido el signo del equipo de seguridad y justicia. Salvo el recambio que hizo en la CNS, el presidente Enrique Peña Nieto está decidido a mantenerlo intacto a pesar de que las confrontaciones y la desconfianza entre sus integrantes han puesto en entredicho a su gobierno.
Desde la frustración del proyecto presidencial de crear una Gendarmería Nacional hasta las respuestas a las violaciones a los derechos humanos que han marcado el sexenio, pasando por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, el conflicto ha sido permanente entre las instancias encargadas de la seguridad y la procuración de justicia.
En el centro de la división está la Secretaría de Gobernación (Segob), a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, quien lo mismo ha tenido desavenencias con la milicia –en particular con el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, por el caso Ayotzinapa– que con altos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).
Las pugnas alcanzan a la propia Presidencia de la República. El titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, Humberto Castillejos Cervantes, ha entrado en conflicto con la titular de la PGR, Arely Gómez, quien se queja de una injerencia del funcionario aprovechando no sólo su cercanía con Peña Nieto, sino las relaciones que tejió en la PGR como asesor en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
La disputa más reciente al interior del equipo presidencial de seguridad y justicia es en torno a la matanza de los 42 presuntos delincuentes en el rancho El Sol, a manos de la Policía Federal (PF), ocurrida el 22 de mayo pasado y conocida como la masacre de Tanhuato, aunque el predio se encuentra en el municipio de Ecuandureo, Michoacán.
Contrario a la versión oficial de que se trató de un enfrentamiento con un grupo del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), filtraciones gubernamentales a la prensa aseguran que fue una ejecución extrajudicial en aparente venganza por el ataque de esa organización a una fuerza combinada del Ejército y la PF en Jalisco que dejó 15 muertos.
“Es fuego amigo”, dice a Proceso un integrante del gabinete de seguridad. “Con la filtración le pegan al secretario Osorio Chong y al comisionado general de la PF, Enrique Galindo Ceballos. Pero lo peor es el daño que le están haciendo directamente al presidente en un tema que es vital para su gestión”, agrega.
La ofensiva contra la Segob y la Policía Federal se produce justo en momentos en que ambas, al igual que la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), el Cisen y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social –los que también dependen de Gobernación–, son seriamente cuestionados por la fuga del Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, el 11 de julio pasado.
Con las funciones de seguridad reabsorbidas, tras la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública a propuesta de Peña Nieto, la Segob es la protagonista de los desencuentros, internos y externos. En lo interno, la PF está marcada por las disensiones debido al afán del secretario Osorio Chong de tener el control directo de la corporación, la cual conserva mandos que trabajaron para Genaro García Luna cuando fungió como secretario de Seguridad Pública.
El más importante de ellos hasta el pasado jueves 27 era Monte Alejandro Rubido García, quien ostentaba la titularidad de la CNS. Su permanencia en el puesto era cuestionada desde la fuga de El Chapo, el 11 de julio, pues bajo su mando estaban los penales federales, incluida la videovigilancia.
Rubido apenas duró un año y cinco meses en el cargo, donde había relevado a Manuel Mondragón y Kalb. Ahora, como tercer hombre de Peña Nieto en la CNS, de la que también depende la Policía Federal, se encuentra el extitular de la Coordinación Nacional Antisecuestro, Renato Sales Heredia.
La primera gran discrepancia en el gabinete de seguridad ocurrió desde el inicio de la administración de Peña Nieto, cuando se trató de echar a andar la propuesta de la campaña presidencial de crear una Gendarmería Nacional para que formalmente los militares dejaran de combatir a la delincuencia organizada en la calle y regresaran a sus cuarteles.
En la iniciativa, el componente castrense era clave. Pero Osorio Chong no pudo entenderse con los secretarios de la Sedena, el general de división Salvador Cienfuegos, y de Marina-Armada de México, el almirante Vidal Francisco Soberón.
De acuerdo con testimonios de involucrados en las negociaciones recabados por Proceso (1970), ambos se resistieron a que los soldados y marinos que se incorporaran a la Gendarmería Nacional quedaran bajo el mando de civiles.
El Ejército y la Marina se hicieron a un lado del proyecto, simularon participar en la capacitación y volvieron a lo que han estado haciendo desde finales del sexenio de Vicente Fox, y de manera intensiva en el de Felipe Calderón: combatir directamente a la delincuencia organizada.
El secretario de Gobernación, apoyado en Rubido García, tuvo que improvisar. En lugar de un nuevo cuerpo nacional de seguridad, fue agrandada la Policía Federal y se creó la División de Gendarmería de la corporación.
Choque Cienfuegos-Chong
Los desencuentros de Segob con la milicia continúan. El más significativo ocurrió a principios de año, cuando Osorio Chong anunció que el gobierno permitiría la entrada de civiles a las instalaciones del 27 Batallón Militar, en Iguala, Guerrero, tal y como lo exigían los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos en esa ciudad hace 11 meses.
“Desde diciembre está abierta la posibilidad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de visitar exclusivamente el cuartel militar de Iguala”, declaró el secretario de Gobernación el 15 de enero, dos días después de que padres de los normalistas desaparecidos intentaron entrar por la fuerza al cuartel militar para buscar a sus familiares.
La declaración de Osorio molestó en extremo al secretario de la Defensa. En su oficina, en la Ciudad de México, reunido con mandos de la Sedena, fue enfático: “No, no van a entrar. De mí depende y de nadie más”, expresó golpeando su escritorio con el puño, según la descripción que hicieron al reportero allegados al Alto Mando del Ejército.
La negativa del general rebasó al secretario de Gobernación, quien terminó por aceptar que ni siquiera ingrese a esas instalaciones el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que a invitación del propio gobierno de Peña Nieto investiga la desaparición de los normalistas.
El pasado 17 de agosto, el grupo internacional, a través del chileno Francisco Cox, anunció que en definitiva no entrevistarán a los elementos del 27 Batallón de Infantería que salieron a las calles de Iguala a interrogar a normalistas luego de que sus compañeros fueron detenidos y desaparecidos.
La negativa de los expertos se debió a que el gobierno mexicano pretendía que la entrevista a los militares se hiciera a través de un cuestionario. “No vamos a entregarles el cuestionario, no tendremos control de cómo ni qué responden”, dijo Cox en rechazo a la posición oficial, derivada del hecho de que el general Cienfuegos doblegó al titular de la Segob.
Osorio Chong tiene abiertos frentes en la propia Secretaría de Gobernación, a causa de proponerse el control total del aparato de seguridad, tanto en su operación como en las labores de inteligencia.
Primero puso a un incondicional en el Cisen, sin importar su falta de credenciales para hacerse cargo del aparato de inteligencia civil del Estado mexicano. Eugenio Ímaz Gispert es una hechura de dos exgobernadores de Hidalgo: el propio Osorio Chong y Jesús Murillo Karam, primer titular de la PGR de Peña Nieto y hasta el jueves pasado secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Coordinador de asesores, contralor y secretario de Planeación y Desarrollo del gobierno de Osorio en Hidalgo, Ímaz tuvo durante su primer año de gestión en el Cisen, entre febrero de 2013 y mayo de 2014, a Frida Martínez Zamora, clave en el control de Osorio. Graduada y posgraduada en derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Martínez Zamora se ha convertido en un factor real de poder en la toma de decisiones económicas en materia de seguridad.
De asesora jurídica en el propio gobierno del estado, Martínez Zamora pasó a la Oficialía Mayor del gobierno de Osorio al frente del área de Recursos Materiales y Adquisiciones. Luego se hizo cargo de Administración y Finanzas del Cisen. Ahora controla los recursos de la Policía Federal. Lo que haga o deje de hacer la corporación depende de lo que ella autorice.
Con la categoría de secretaria general de la PF, ocupa el puesto de oficial mayor. Todo pasa por ella: la administración de los bienes materiales, las licitaciones, adjudicaciones, contrataciones de bienes y servicios, el control de las finanzas y el de los recursos humanos. Lo que quiera hacer el comisionado general de la corporación, Enrique Galindo, tiene que ser autorizado por la mujer que Osorio impuso en la Policía Federal.
Osorio también redujo el margen del comisionado Galindo en alianza con Monte Alejandro Rubido, quien mantuvo en la corporación a sus viejos aliados desde el Cisen y, sobre todo, al equipo de García Luna. El caso más significativo fue el del comisario Ramón Pequeño García.
A pesar de su responsabilidad en la segunda fuga del Chapo Guzmán, por estar a cargo de la videovigilancia del jefe del cártel de Sinaloa, Pequeño García fue removido de la División de Inteligencia, pero no separado de la corporación, a la que llegó de la mano de García Luna (Proceso 2020).
En su lugar, ingresó otro hombre de Osorio, Damián Canales, secretario de Seguridad Pública del primero en Hidalgo. Con un reducido margen de acción, el comisionado general de la PF ahora sólo está en espera de que una vez consignados los funcionarios menores por la fuga de Guzmán, Ramón Pequeño se haga cargo de la Policía Cibernética. Al menos esa era la intención hasta la salida de Rubido.
Los contrapesos en la PGR
Más grave aún es el caso de la PGR, no sólo por las confrontaciones que allí se libran, sino porque las diferencias llegan a la Presidencia de la República. La titular de la PGR, Arely Gómez, hermana del vicepresidente de Noticias de Televisa, Leopoldo Gómez, no acaba de tomar el control de la Procuraduría General de la República.
Aunque aspira a convertirse en la Fiscal General de la República (FGR), cargo que, por ley, su titular deberá ocupar durante nueve años, la llamada “abogada de la nación” se mueve con desconfianza entre quienes toman las decisiones en la PGR.
Su primer contrapeso es el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, el hombre de confianza de Peña Nieto para las indagatorias de la procuración de justicia en el Edomex.
El distanciamiento de Arely Gómez respecto a la Presidencia de la República apunta directamente al consejero jurídico del Ejecutivo federal, Humberto Castillejos Cervantes, a quien atribuye el nombramiento de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez como titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
La ascendencia de Castillejos en la PGR se atribuye a que el titular de la SEIDO trabajó con él en la misma Procuraduría General de la República durante los gobiernos del PAN. Castillejos fue asesor del general en retiro Rafael Macedo de la Concha entre 2001 y 2005. Luego, entre 2006 y 2008, se desempeñó como coordinador de asesores del primer procurador del sexenio de Calderón, Eduardo Medina Mora, ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Mientras Castillejos era el coordinador de asesores del procurador, Muñoz se desempeñaba como subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales, cargo que dejó para irse a trabajar con el mismo puesto en Edomex y luego como procurador general a Aguascalientes.
Para contrarrestar esa influencia y supervisar a Muñoz, Arely Gómez atrajo a su oficina al extitular de la SIEDO (hoy SEIDO) Noé Ramírez Mandujano, quien fue procesado en 2008 por el entonces procurador Medina Mora en la llamada “Operación Limpieza”. Junto con los demás acusados por el ahora ministro de proteger en la PGR a la delincuencia organizada, Ramírez Mandujano consiguió la absolución de la justicia federal.
En la actualidad, Ramírez Mandujano asesora a Arely Gómez. La procuradora nombró director general a quien fuera su asesor jurídico en el Senado, Christian Noé Ramírez Gutiérrez, hijo de Ramírez Mandujano.
Ella resiente otra injerencia, pero ésta desde la Segob. El subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, José Alberto Rodríguez Calderón, fungió como procurador general de Justicia de Hidalgo en el gobierno de Osorio Chong, y antes de llegar a la PGR fue diputado federal del PRI por el mismo estado. Rodríguez Calderón sustituyó a Mariana Benítez, quien actualmente es diputada federal del PRI.
En “su equipo” tiene como subprocurador de Control Regional, Procedimiento Penal y Amparo a Gilberto Higuera Bernal, quien fue colaborador de Murillo Karam en la Subsecretaría de Gobernación, encargada de seguridad en el gobierno de Ernesto Zedillo. Higuera Bernal también fungió como procurador de Sinaloa y como subprocurador de Macedo de la Concha en el gobierno de Vicente Fox.
Entre las pocas áreas de procuración de justicia bajo su control está la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, donde designó en mayo pasado a Eber Omar Betanzos Torres, con quien coincidió en la década pasada en la oficina del entonces presidente de la SCJN, Mariano Azuela Güitrón.
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