“HARFUCH se QUEDÓ con las GANAS: OPERATIVO FEDERAL en TAMPICO TERMINA con la LIBERACIÓN de GARGANTÓN DETENIDO”…es la segunda pifia en el sur de Tamaulipas.

Un operativo federal contra el huachicol fiscal en el sur de Tamaulipas ,encabezado por la marina y federales asignados a Omar García Harfuch, terminó convertido en una pifia y una escena de puerta giratoria: Osvel Tudón Rojas, identificado en reportes como presunto operador de pagos y sobornos aduanales para aceitar el contrabando de combustibles, fue detenido el domingo en Ciudad Tampico,Tamauliaps y horas después recuperó la libertad bajo la cobertura de un amparo,una suspensión provisional. La ofensiva, pues, alcanzó al presunto cobrador de la red, pero no logró retenerlo ni una tarde. 

La captura ocurrió alrededor de las 13:00 horas en la avenida de los Leones, cerca del cruce con Rosalío Bustamante, mediante un operativo coordinado con la Fiscalía General de la República, Marina, Defensa y Guardia Nacional.

Según la información disponible, Tudón Rojas sería una pieza relevante en la maquinaria que presuntamente facilitaba el ingreso irregular de combustibles por los puertos de Altamira y Tampico: el hombre de los pagos, de los contactos y de la grasa para que la aduana no rechinara. 

La salida exprés

La defensa de Tudón Rojas exhibió una suspensión provisional concedida por el Juzgado Décimo de Distrito en Tamaulipas desde el 28 de agosto, dentro del amparo indirecto 868/2026. 

El sujeto,acompañado de su esposa y presuntos escoltas que fueron sometidos, se opuso inicialmente al arresto y fue trasladado a instalaciones federales donde obtuvo la libertad cerca de las 18:00 horas del mismo domingo. 

La medida cautelar fue otorgada a cambio de una garantía de 5 mil pesos; la audiencia quedó programada para el 18 de septiembre, a las 09:00 horas, en Tampico. 

Conviene subrayarlo: esa suspensión que deberían de haber conocido antes los federales,no equivale a una absolución ni cancela la investigación. Es una protección judicial provisional frente a una eventual orden de aprehensión, mientras el juzgado revisa el fondo del asunto. 

Pero, políticamente, deja una postal incómoda: las fuerzas federales, siempre apresuradas por verse bien en la foto —aunque sea de espaldas—, montaron el despliegue y, horas después, el presunto operador salió por la puerta.

La oficina y el currículum

El expediente sobre la red ubica a “Osvaldo y/o Osvel Tudón Rojas” en oficinas del tercer piso de Plaza Laguna, frente a la laguna del Carpintero, en Tampico. Ahí, de acuerdo con el testimonio citado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el diario español El País, se habrían realizado entregas de dinero destinadas a funcionarios aduanales. 

«Capitán Sol no es su único alias. A lo largo de la investigación y en las diferentes pruebas documentales se le identifica como NK, MK, KM o Mike, y es señalado como uno de los líderes principales de esta red de corrupción. Como datos biográficos se señala que nació en 1978 en el Estado de Veracruz y que, tras una carrera en la Secretaría de Marina donde ocupó puestos relacionados con la inteligencia y el cuartel general del Alto Mando, se retiró como capitán de corbeta en febrero de 2018.

“Posteriormente, NK se comunicó indicándole que lo contactaría otra persona de confianza, sin citar nombre. Esa persona lo citó en la Plaza Laguna, frente a la Laguna de Carpintero, quien le entregó una bolsa negra de plástico”, se lee sobre Santo en la investigación. En la bolsa encontró 1.750.000 pesos y una lista en la que venían distribuidas las cantidades que se debían repartir entre los trabajadores de la aduana de Tampico, de la que Santo era director. También le advertía que después llegarían más barcos con combustible ilegal. Este delito, conocido como huachicol fiscal, consiste en introducir en México combustible refinado en otro país, que debería pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), oculto bajo el manto de otra mercancía que no tenga ese gravamen»….El Pais/

Osvel Tudón Rojas, fue exadministrador de la Aduana de Sonoyta, Sonora, hasta enero de 2019. En 2024 constituyó Tuac Shipping Agency, una empresa que, según reportes, tenía oficinas precisamente en Plaza Laguna. 

La investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Hidrocarburos sigue la ruta de al menos 31 buques presuntamente vinculados con el ingreso ilegal de combustibles a costas tamaulipecas. 

Los federales de Omar García Harfuch repitieron en esa zona de Tamaulipas su segundo fracaso: en el reciente operativo sólo pudieron detener a un simple cuidador de animales, pero no al sujeto identificado en la trama como “El Checo Fletes”, presunto operador del Cártel del Golfo que tenia su zoológico particular.

Con información: Elefanto Blanco/

LOS “DOS DEBEN IR a PRISIÓN: CABEZA de VACA REVIRA ACUSACIONES en VIDEO y ARREMETE Vs. AMÉRICO”…ya basta de absoluciones en video.

El ex-gobernador panista de Tamaulipas (2016-2022), Francisco Javier García Cabeza de Vaca salió ayer la defensiva en entrevista  «A la 1» con el periodista Salvador García Soto: negó haber amenazado a su exsecretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa, y se presentó como el descubridor de una red mayor de huachicol. El problema es que, mientras intenta mudarse al papel de denunciante impoluto, vuelve a aparecer el mismo apellido que ensucia ambos sexos políticos de Tamaulipas: Carmona.

—Salvador García Soto: Exgobernador, Gloria de Jesús Molina Gamboa, su exsecretaria de Salud, dice que teme por su integridad. En un video advierte que, si algo le ocurre a ella o a su familia, lo responsabiliza directamente a usted.

—Francisco Javier García Cabeza de Vaca: Pero, Salvador, Salvador… ¿de dónde sacas eso? ¿Que yo la amenacé? Al contrario: fue con mis abogados para que la asesoraran, para que no se dejara presionar. O sea, el acusado ahora resulta que daba orientación jurídica de cortesía. Qué detalle.

Mira, cuando te asiste la razón, no hay arma más poderosa que la verdad. Y aquí quieren cambiar la narrativa, pero está todo documentado: quiénes fueron, cómo lo hicieron, cómo empezó, cómo fue escalando.

Primero fueron pipas, luego ferrotanques, después buquetanques; la cosa creció tanto que ya casi faltaba pedir pista de aterrizaje. Hay siete secretarías involucradas, hubo instrucciones de López Obrador, García Rojas ya explicó cómo se financiaron campañas de un sinnúmero de gubernaturas y cómo hasta vehículos blindados les dieron.

Y, a ver, Salvador: ¿dónde está una foto, un video, un papel que me relacione personalmente? No hay. ¿Sabes por qué? Porque no tengo nada que ver. Nada. Ni una llanta de pipa, ni un tornillo de ferrotanque, ni una gota de combustible. Yo, en esta historia, soy prácticamente un espectador con fuero moral.

Ahora resulta que el que descubrió la red de complicidad política más grande en la historia de México soy yo, y quieren embarrarme por la presión sobre una exsecretaria que, según yo, ni siquiera está diciendo que haya hecho algo ilegal. Lo único que pretenden es que diga que tiene algo que ver conmigo y con un señor al que, convenientemente, no conozco.

—Salvador García Soto: Pero ha salido mucha información. Usted lo sabe.

—Cabeza de Vaca: Sí, sí, sí. Ahorita está de moda. En Tamaulipas las acusaciones salen de temporada: unas se niegan, otras se reciclan y otras se usan según quién traiga el micrófono.

Pero que no se le olvide a nadie: las investigaciones de inteligencia las inició mi gobierno. No fue Hacienda, no fue el SAT —aunque el exgobernador dijo “SAC”—, no fue la Guardia Nacional ni las agencias de Estados Unidos. Fuimos nosotros. Y desde hace más de cinco años las agencias estadounidenses tienen toda esa información. Esto no es nuevo.

Hay un expediente en Estados Unidos, sí. Pero, insisto, yo no tengo nada que ver. Lo que pasa es que ahora quieren que el denunciante también sea el responsable del incendio. Y eso, Salvador, es una narrativa muy cómoda para quienes sí estaban metidos hasta el tanque.

—Salvador García Soto: Pero usted reconoce que durante su gobierno se otorgaron los dos contratos mencionados.

—Cabeza de Vaca: A ver, una cosa son los contratos y otra que quieran fabricar una novela donde yo sea el protagonista. Porque en Tamaulipas, ya se sabe: cuando aparece dinero público, huachicol y campañas políticas, siempre hay quien quiere encontrar culpables… menos cuando el dinero toca a los suyos.

El dato que Cabeza omite

Simulador como el mejor,en la entrevista Cabeza de Vaca intenta desplazar el reflector hacia el huachicol fiscal, las supuestas instrucciones federales y una red de financiamiento político ligada a Morena. Pero la acusación de Gloria Molina en video no es menor: la exsecretaria de Salud sostiene que recibió instrucciones para adjudicar contratos a empresas vinculadas con Sergio Carmona Angulo, conocido como “el Rey del Huachicol”. 

De acuerdo con la publicación citada, las compañías PERMART y JOSER habrían recibido beneficios por alrededor de 344 millones de pesos durante 2017 y 2018, en el gobierno panista de Cabeza de Vaca,tal y como lo hizo Hector Joel Villegas,alias El Calabazo,hoy Secretario General del Gobierno de Americo Villarreal,quien confeso en otro video ser amigo de Sergio Carmona cuando ya era un declarado traficante de huachicol indagado incluso por militaresque poco o nada hicieron.

El Carmona, denominador común

La ironía tamaulipeca es que Cabeza de Vaca quiere convertir a Sergio Carmona en evidencia exclusiva contra su adversario, Américo Villarreal Anaya, pero Carmona es precisamente el hilo que conecta los dos lados de la disputa.

Personaje	Vínculo señalado	El punto incómodo
Francisco García Cabeza de Vaca	Su exsecretaria Gloria Molina lo señala por instrucciones para da contratos a empresas de los hermanos Carmona durante su administración.	No basta con decir “yo investigué”: la pregunta es quién autorizó, facilitó o toleró las contrataciones
Américo Villarreal Anaya	Reconcoe la amistad con Carmona cuando el ejercito lo reconocía como traficante de huachicol.Operador politico y financiador de la campaña morenista en Tamaulipas.	El gobernador tampoco puede lavarse las manos sólo acusando al cabecismo e incluso estuvo a punto de ser el cobrador como admite en video.
Sergio Carmona	Empresario asesinado en noviembre de 2021, identificado en redes de contrabando de combustibles, contratos y financiamiento político.	Su nombre persiste como puente entre dinero público, negocios privados y campañas de colores distintos.

Cabeza de Vaca pide que lo juzguen por “pruebas”,no por relatos, pero es lo que mas abunda y no solo en su caso,también el dedo apunta hacia Palacio Nacional y hacia Américo Villarreal.

Porque en esta trama, el dinero de los contratos y el dinero del huachicol parecen hablar el mismo idioma: el de Sergio Carmona. Y si Carmona es el denominador común entre el exgobernador panista y el gobernador morenista, la discusión no debería ser cuál de los dos tiene la narrativa más ruidosa, sino quién abre los expedientes, exhibe los contratos, sigue la ruta financiera y permite que las responsabilidades lleguen hasta donde topen.

En otras palabras: menos entrevistas a modo de absolución y más papeles. Menos “yo no conozco a ese señor” y más explicación sobre por qué su nombre y el de Americo Villarreal siguen apareciendo cada vez que se destapa la coladera tamaulipeca.

Con información: @Salvador Garcia Soto/

“PURO CASTIGO CANCELADO: 7 ABATIDOS que TRAÍAN la MUERTE PEGADA en la NUCA en N.L. y NO CUENTAN en la CIFRA de MUERTOS de HARFUCH”… Igualita a la guerra del otro “García”: son M.P., juez y verdugos.

Un parte oficial de Fuerza Civil de Nuevo León reporta siete “abatidos” y dos detenidos tras un enfrentamiento en General Treviño, con participación del Ejército. El caso vuelve a exhibir cómo estas muertes son excluidas de la cifra oficial de homicidios, lo que produce una imagen incompleta —y potencialmente propagandística— de la violencia real.

La maniobra estadística

El gobernador Samuel García ha sostenido que las personas abatidas por corporaciones de seguridad no se cuentan como homicidios dolosos porque, según esa explicación, no son muertes cometidas “con dolo”. Ese criterio explica la clasificación penal que pretende usar el estado, pero no vuelve inexistentes las muertes ni elimina su relevancia para medir violencia letal como tradicionalmente se ha hecho.

La formulación correcta sería: no necesariamente cuentan como homicidios dolosos en la estadística oficial, pero sí cuentan como muertes violentas, como uso letal de la fuerza estatal y como personas fallecidas y deben incorporarse a la cifra nacional que presume una baja bajo estos criterios maquillados.

El contraste que documentan medios

Hay evidencia periodística de que la exclusión no es un detalle aislado, sino una práctica con efecto directo sobre la narrativa de reducción.

• En abril de 2026, tres enfrentamientos en General Terán y Parás dejaron 15 personas fallecidas por arma de fuego. El reporte señala expresamente que esas muertes no se contabilizaron como homicidios por haber ocurrido en enfrentamientos con Fuerza Civil; el mismo recuento ubicó al menos 21 abatidosdurante ese mes. 
• En julio de 2026, el gobierno estatal reportó 26 homicidios dolosos; sin embargo, una nota basada en información de El Norte indicó que las cifras excluían 96 muertes violentas adicionales, entre ellas personas presuntamente abatidas. Además, señaló que ni el gobierno ni la Fiscalía tenían un registro oficial de “neutralizados”, aunque reconocían que no aparecían en sus informes de incidencia. 
• El patrón se aprecia también en partes previos: en marzo de 2025, Fuerza Civil reportó ocho presuntos delincuentes abatidos en Montemorelos, sin agentes lesionados ni detenidos confirmados. En agosto de 2025, la corporación informó de 12 civiles abatidosen Doctor Coss, también sin policías heridos, conforme a su propia versión de que repelieron una agresión. 

Eso obliga a distinguir dos afirmaciones que no son equivalentes:

1. “Bajaron los homicidios dolosos registrados.”
2. “Bajó la violencia letal o bajaron las muertes violentas.”

La primera podría ser estadísticamente cierta bajo la clasificación oficial. La segunda no puede sostenerse sin sumar —o, cuando menos, exhibir por separado— los fallecidos en enfrentamientos y operativos.

Qué falta para que no sea maquillaje

Si el gobierno quiere atribuirse una reducción de violencia sin manipular el marco de lectura, debería publicar mensualmente una serie desagregada, verificable y acumulable con:

• Total de personas fallecidas en hechos violentos.
• Homicidios dolosos registrados por Fiscalía.
• Muertes causadas por Fuerza Civil, Ejército, Guardia Nacional y policías municipales.
• Lugar, fecha, corporación participante y número de agentes lesionados o muertos.
• Número de víctimas identificadas y entregadas a familiares.
• Carpetas de investigación abiertas por cada muerte.
• Dictámenes periciales, armas aseguradas, pruebas balísticas y estatus de la indagatoria.
• Determinación posterior: legítima defensa, uso legal de fuerza, homicidio, ejecución extrajudicial u otra clasificación.

Sin eso, “abatidos” funciona como una zona de opacidad: los cuerpos aparecen en comunicados operativos, pero desaparecen de la gráfica política de homicidios.

El truco es político: transforman una exclusión de clasificación penal en una narrativa de reducción general de la violencia, mintiendo como lo hacen en Sinaloa y todo el pais.

Con información: LA JORNADA/ REPORTE INDIGO/ VANGUARDIA/

DE “BLANCO y MOCHILA NEGRA”: ASÍ BUSCAN al ASESINO de ESTUDIANTE ESPAÑOLA que NO SOBREVIVIÓ al ESTUDIAR en MÉXICO»… la cuarta estudiante asesinada en Morelos.

La Fiscalía de Morelos anda tras la pista del hombre que habría asesinado a Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que estaba de intercambio académico en la UAEM y fue atacada con arma blanca en Cuautla.

La misma Fiscalía difundió imágenes : vestido de blanco, mochila negra y todavía en libertad, como si el Estado estuviera jugando a “encuéntralo tú mismo”.

La ficha de búsqueda describe a un sujeto vestido de blanco y con mochila negra. Es decir, la gran estrategia institucional consiste ahora en pedirle a la ciudadanía que reconozca, entre miles de personas, al sospechoso que logró escapar después de atacar a una joven que buscó refugio en la Casa de la Cultura.

Claudia había acudido a un encuentro sobre plantas medicinales. Al salir, según las primeras versiones, fue interceptada durante un presunto asalto. Corrió para ponerse a salvo, entró al recinto cultural, pero el agresor la siguió y la apuñaló. Ni siquiera un espacio destinado a la cultura sirvió de refugio frente a la violencia que ya se pasea sin pedir permiso por Cuautla.

La Fiscalía abrió la investigación bajo protocolo de feminicidio, mientras revisa cámaras y recaba testimonios para identificar al responsable. Hasta ahora no hay detenidos, tampoco certeza oficial sobre el móvil, aunque la hipótesis del robo sigue sobre la mesa.

El asesinato de Claudia no ocurrió en el vacío: es la cuarta estudiante asesinada en Morelos en apenas siete meses. Pero, como suele ocurrir cuando la violencia se vuelve estadística, la indignación llega después, las condolencias se publican rápido y la justicia, si aparece, se toma su tiempo.

La contradicción, sin maquillaje

Mientras el Gobierno mide el flujo de violencia, no necesariamente la eficacia judicial caso por caso. Puede bajar el promedio diario de homicidios y, al mismo tiempo, seguir sin saber —o sin transparentar— cuántos responsables de esos asesinatos fueron identificados, detenidos, vinculados a proceso y sentenciados.

El balance de la estrategia de Omar García Harfuch presume que el promedio diario de homicidios dolosos cayó de 86.9 en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto de 2026: una reducción de 53%. Pero el dato acumulado no desaparece por decreto ni por gráfica: TResearch contabiliza 45 mil 641 asesinatos durante el periodo referido, una montaña de cadaveres que crece cada 22 minutos.

Bajaron los homicidios, pero la cuenta sigue incompleta: TResearch registra 45 mil 641 asesinatos mientras la estrategia de Omar García Harfuch exhibe la caída porcentual y una montaña de detenciones, pero no dice cuántos homicidas están realmente detenidos, procesados o sentenciados. Porque contar cadáveres es una estadística; contar responsables tras las rejas sería justicia.

Dicho de otro modo: una detención no equivale automáticamente a un homicida preso, y mucho menos a un homicidio esclarecido. La pregunta relevante no es sólo cuántos arrestos se anuncian, sino cuántas carpetas de homicidio logran identificar al agresor, judicializarlo y obtener una sentencia. EL diario español ,El PAÍS ha señalado justamente esa opacidad: se desconoce el destino de la mayoría de las decenas de miles de detenidos reportados por el Gobierno federal.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/