En Washington ya no se hacen los sorprendidos: ahora hasta lo ponen por escrito. Senadores republicanos y demócratas —sí, ese raro momento de consenso bipartidista— acaban de presentar una iniciativa que, sin decirlo de frente, desmonta uno de los mitos más útiles de la guerra contra el narco: que los cárteles viven exclusivamente de la droga.
Resulta que no. Que también —y cada vez más— viven del petróleo.
La propuesta, encabezada por el texano John Cornyn y la demócrata Jacky Rosen, busca obligar al Pentágono a entregarle al Capitolio un reporte detallado sobre el robo y contrabando de hidrocarburos mexicanos. Traducido: Washington quiere cifras, rutas, nombres y recomendaciones sobre el negocio del huachicol, ese que durante años fue tratado como delito menor mientras financiaba estructuras criminales de escala industrial .
Un delito que por supuesto ha incluido en la trama delictiva a gobernadores de Morena como Americo Villarreal y ex-gobernadores como Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca (PAN) en la trama, todos en alianza con Carteles.
Cornyn lo dice sin rodeos, aunque con el tono diplomático de quien apenas está “descubriendo” algo evidente: los cárteles ya no sólo trafican drogas, ahora perfeccionan métodos para robar combustible, moverlo en el mercado negro y convertirlo en caja chica para todo lo demás —desde narcotráfico hasta trata de personas.
Pero el dato clave no está en la denuncia, sino en la admisión implícita: el huachicol no es un ingreso marginal, es una columna financiera.
Rosen lo remata aún más claro: el robo de combustible es ya “la fuente de ingresos no relacionados con el narcotráfico más importante” para los cárteles. Es decir, lo que durante años se vendió como organizaciones “narco” en realidad opera como conglomerados criminales diversificados, donde la droga es sólo una línea de negocio.
Y aquí es donde la narrativa empieza a desmoronarse.
Porque si el músculo económico viene del robo de hidrocarburos —un delito que requiere infraestructura, complicidad institucional, control territorial y redes logísticas complejas— entonces el problema deja de ser exclusivamente de “narcotráfico” y se acerca peligrosamente a algo más estructural: captura de sectores energéticos, corrupción sistémica y economías criminales insertadas en mercados formales.
La iniciativa, bautizada con el rimbombante nombre de “Ley para Detener el Fomento a la Violencia de los Cárteles”, ordena al Pentágono no sólo diagnosticar el fenómeno, sino proponer cómo combatirlo, compartir inteligencia y fortalecer capacidades. Es decir, meter a Defensa en un negocio que huele más a petróleo que a cocaína.
Y por si quedaban dudas de que esto ya cruzó la frontera, los senadores mencionan directamente esquemas de contrabando transnacional, incluyendo redes vinculadas al CJNG que ya fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro en 2025. El mensaje es claro: el huachicol ya no es un problema local ni folclórico; es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos.
Lo interesante no es la iniciativa en sí —que todavía tiene que sobrevivir al viacrucis legislativo—, sino lo que revela: en el Capitolio ya entendieron que los llamados “narcos” hace tiempo dejaron de ser sólo narcos.
Son operadores de mercados ilegales diversificados, donde el petróleo robado vale tanto o más que la droga.
Y mientras en México se sigue repitiendo el guion de siempre, en Washington ya están ajustando el diagnóstico.
Con informacion: ELNORTE/
