En octubre de 2025 circuló el trascendido: que Americo Villarreal Anaya,aun gobernador de Morena en Tamaulipas, habría buscado convertirse en informante de autoridades estadounidenses para salir del radar, aunque fuera poniendo en la mira a propios y extraños. Ocho meses después, Los Angeles Times y enseguida The New York Times, reportaron —con base en fuentes anónimas conocedoras del caso— que el gobernador de Tamaulipas estaría bajo investigación estadounidense relacionada con contrabando de combustible y que habría ingresado a Estados Unidos mediante un programa de «parole» asociado a la cooperación con autoridades, vulgo informante.
Villarreal Anaya, negó entonces cualquier irregularidad y calificó las versiones de falsas y sin sustento, aunque la información era consistente con lo publicado por otros medios nacionales.
Que dice la nueva del@ción:
«We recognize the value of Valor Tamaulipeco and its commitment to impartiality. Therefore, we would like to inform you that we are aware that, like the governor of Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, the governor of Tamaulipas, Américo Villarreal, has hired a law firm here in the United States to carry out proceedings before federal authorities.
Through this intervention, he is insisting on recovering his visa in exchange for providing more information, including information about people close to him and the organized crime groups with which he has allegedly had dealings involving smuggled hydrocarbons.
The governor is seeking, at all costs, to provide sensitive security-related information so that U.S. authorities will change his current status from that of a person under investigation to that of a close collaborator.
La traducción:
Reconocemos el valor de Valor Tamaulipeco y su compromiso con la imparcialidad. Por ello, queremos informarle que tenemos conocimiento de que, al igual que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, ha contratado a un despacho de abogados aqui en Estados Unidos para realizar gestiones ante autoridades federales.
Con esta intervencion insiste en recuperar su visa a cambio de proporcionar mas información , incluso de personas cercanas a él y el crimen organizado con el que ha tenido tratos en el tema de hidrocarburos de contrabando.
El gobernador busca, a toda costa, entregar información sensible en materia de seguridad para que las autoridades estadounidenses modifiquen su actual estatus de persona investigada a un colaborador cercano.
Aunque contratar un despacho en EE.UU., asi sea con cargo al erario de Tamaulipas, no viola por sí mismo la Ley de Seguridad Nacional en México, reformada por Andrés Manuel López Obrador y publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2020, la situación cambia si se acredita que Américo Villarreal, en su calidad de gobernador, sostiene comunicaciones o entrega información a agentes extranjeros fuera de los cauces legales.
El artículo 70 abre la puerta a responsabilidades administrativas o penales y obliga a reportar esas comunicaciones a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana dentro de los tres días siguientes.
¿Despacho jurídico o ventanilla de cooperación?
No es la primera vez que el gobernador, de moral laxa, recurre a recursos públicos para pagar abogados y despachos; lo mismo hizo en México en 2023.
La ecuación se torna aun mas delicada, cuando el gobernador contrata y utiliza una firma legal en Estados Unidos para negociar con autoridades federales de aquel país, pues detrás del membrete hay una gestión para entregar información, negociar beneficios personales y construir una salida política ante autoridades extranjeras. No estamos ante una simple asesoría jurídica: estamos ante un problema de rendición de cuentas, soberanía y legalidad.
Porque Tamaulipas no puede gobernarse con dos ventanillas: una para los discursos de plaza pública pletóricos de humanismo y transformación y otra, en secreto, para las oficinas federales de Washington. Mucho menos cuando el operador es el jefe del Ejecutivo estatal, depositario de información pública sensible y responsable político de una entidad fronteriza atravesada por el crimen organizado y el contrabando de hidrocarburos del que ha sido sobradamente su aliado.
La pregunta no es si un gobernador tiene derecho a contratar abogados. Lo tiene. La pregunta es otra: ¿ese despacho representa una defensa jurídica transparente o sirve de intermediario para una cooperación personal, clandestina y políticamente utilitaria con autoridades de EE.UU ? Y si hubo intercambio de información, ¿qué se entregó, a quién, en qué calidad y con qué autorización?
La Ley de Seguridad Nacional no fue escrita para que los gobernadores jueguen a ser emisarios particulares ante gobiernos extranjeros. Su artículo 70 ordena que los servidores públicos estatales se sujeten a reglas específicas en su relación con agentes extranjeros y reporten a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en un plazo de tres días, cualquier reunión, comunicación o intercambio de información con ellos. La omisión puede generar responsabilidad administrativa o penal.
Desde luego, un correo electrónico basado en un trascendido —incluso de aquellos que poco después suelen confirmarse— no basta para decretar culpabilidad. Pero una negación de boletín tampoco basta para sepultar una duda de interés público.
Los Angeles Times sostuvo que Villarreal había perdido su visa en el marco de una investigación y que viajaba bajo un esquema de Significant Public Benefit paroleque el periodista Claudio Ochoa explica con sobriedad; el mandatario lo negó públicamente. Esa contradicción exige documentos, fechas, respuestas oficiales y una explicación verificable, no propaganda.
Si Américo Villarreal esta negociando con EE.UU,como advierte la infidencia muy probablemente interna,esta buscando protegerse a costa de delatar al resto como lo dimos a conocer en 2025,mucho antes que L.A Times y The NYT.
Y si de trascendido se trata: en enero de 2023 dimos a conocer otro que, años después, se convirtió en escándalo: Américo Villarreal, recién llegado al cargo de gobernador y en medio de acusaciones de ligas con el crimen organizado, incluso en informes del ejercito, había nombrado como uno de sus principales asesores a Juan Pablo Penilla, abogado del capo Miguel Angel Treviño alias El Z-40″ e integrantes de Los Zetas y del Cártel del Noreste. De tal suerte que no se puede minimizar ni soslayar que la agenda de delaciones AVAnza más rápido que la exposición formal del escándalo.
Con información: em@il: Valortamaulipeco@proton.gmail.com/ Medios
Los tres principales indicadores de la violencia en Sinaloa,levanton ,ejecucion y despojo de autos, no describen una pacificación clara; describen una violencia que persiste, cambia de forma y mantiene picos severos. Y aunque la gráficas no pueden atribuir causalidad directa al despliegue militar y policial, tampoco hay evidencia visual de un éxito contundente y sostenido.
Lo que muestran los datos
Muertes violentas: después del salto observado desde septiembre de 2024, los homicidios se mantienen en niveles altos, con meses de entre 121 y 179 casos en 2026 y un antecedente extremo de 241 en junio de 2025. La proyección de agosto de 2026 es de 134, menor que algunos meses previos, pero no representa una reducción estructural ni el retorno a niveles bajos.
Robo de vehículos: el gráfico diario conserva una incidencia constante, con días de picos muy pronunciados —incluido uno de 211 vehículos—.
El promedio móvil al 7 de agosto es de 7.9 robos diarios: casi ocho vehículos despojados cada día. Eso no sugiere control territorial suficiente para proteger la movilidad y el patrimonio de la población.
Privaciones de la libertad: las denuncias siguen elevadas durante 2025 y 2026, mientras las fichas de búsqueda caen de forma considerable. Esa brecha puede indicar subregistro, obstáculos para activar búsquedas, miedo a denunciar o una respuesta institucional insuficiente.
No se puede soslayar que Sinaloa, al igual que Tamaulipas —gobernado por Américo Villarreal y segundo lugar nacional de la barbarie—, es otra entidad donde desaparecer, la mayoría de las veces, equivale a morir.
¿Éxito o fracaso?
La lectura responsable es: no hay evidencia de éxito integral. Puede haber éxitos intermitentes pero no contención puntual —una baja relativa en ciertos meses que no se sostiene de manera sólida, prolongada y verificable como reducción de la violencia.
Bajo un lastimoso añadido: una estrategia que despliega mas de 14 mil militares sin contar las policias, debería reflejarse en tres resultados simultáneos: menos homicidios, menos despojos de vehículos y menos desapariciones o privaciones de libertad. Aquí, en cambio, los indicadores muestran violencia letal todavía alta, robo vehicular cotidiano y una separación preocupante entre denuncias y mecanismos de búsqueda.
Graficos vs costo beneficio de la estrategia:
Las gráficas contradicen el discurso triunfalista. En Sinaloa no vemos una reducción sostenida de la violencia: vemos homicidios que permanecen en niveles altos, robos de vehículos que continúan todos los días y privaciones de la libertad que no encuentran una respuesta transparente y medible.
El despliegue militar y policial puede llenar carreteras con retenes, colonias con patrullajes y conferencias de prensa, pero no basta con presencia.
Si la gente sigue muriendo, siendo levantada y despojada de su vehículo, la estrategia no puede venderse como éxito. A lo mucho, ha contenido parcialmente una crisis que sigue viva; en lo esencial, ha fracasado en devolver seguridad cotidiana y control efectivo del territorio.
Otra vez el mismo libreto en Tamaulipas: aparece un predio sospechoso, varios autotanques presuntamente ligados al trafico de huachicol principal quehacer del gobernador de Tamaulipas, un convoy de autoridades para la foto… y ni una sola persona detenida. Porque, al parecer, los tanques se llenaron, se movieron y llegaron solos; una proeza logística digna de estudio.
El operativo se realizó ayer viernes sobre la carretera Victoria-Matamoros, a la altura del kilómetro 12, cerca del ejido Los Olivos, muy cerca de donde cambio código postal el sobrino del Gobernador que cobra las cuotas del trafico de huachicol fiscal, en Ciudad Victoria.
Ahí llegaron Marina, Ejército, Seguridad Pública, FGR y Guardia Estatal para asegurar un inmueble y varios autotanques que, según fuentes consultadas, podrían estar relacionados con una red dedicada al almacenamiento y traslado ilegal de hidrocarburos.
Eso sí: hasta ahora no hay información oficial sobre cuántas unidades fueron aseguradas, cuántos litros de combustible localizaron ni, por supuesto, quién estaba a cargo del negocio seguramente también invisible, como el de Reynosa a escasos 1.5 km de Cuartel de la Guardia Nacional.
El hermetismo institucional vuelve a funcionar con precisión militar: sabemos que hubo operativo, que cerraron parcialmente la carretera, que hubo peritos, evidencias y resguardo… pero de responsables, nada.
El predio quedó bajo vigilancia mientras los agentes federales levantaban registros y documentaban los hallazgos. La investigación, dicen, forma parte de una indagatoria más amplia sobre el huachicol en la zona centro de Tamaulipas. Traducido al español cotidiano: hay indicios de una estructura organizada, pero por ahora la información se guarda bajo llave, quizá en uno de esos mismos autotanques.
Ahora tocará a la autoridad ministerial determinar qué combustible era, de dónde salió y quién debía responder por él. Aunque, viendo cómo van las cosas, tal vez primero tengan que investigar cómo desaparecen los dueños de un negocio que requiere predios, autotanques, rutas, operadores y una logística que difícilmente cabe en el bolsillo de una sola persona.
“En el huachicol tamaulipeco y su trasiego en el pais, los operativos aseguran huachirefinerias,autotanques, cierran carreteras y levantan evidencias; lo único que nunca logran detener es la costumbre de que los responsables no aparezcan.”
Aplauso de pie para los valerosos consejeros del Instituto Nacional Electoral que impidieron que se llame al actual régimen narcogobierno y a Morena narcopartido; la Patria tendrá que reconocerles siempre su valor, congruencia e independencia.
El INE impidió que se siguiera esparciendo por el país y el mundo la falaz versión de que en este país los cárteles del narcotráfico quitan y ponen gobernantes y que sostienen con ellos pactos inconfesables.
Existen versiones poco creíbles, pero la de un narcogobierno y un narcopartido es, simplemente, demencial, inconcebible, irreal.
Como dijera una clásica “pruebas, pruebas”. Pero por más que la derecha mexicana y estadounidense busquen esas evidencias, jamás las podrán encontrar, pues estamos frente a una inverosímil acusación, ante una campaña de desprestigio en contra de un gobierno de izquierda moderna y humanista, como lo es el de la Cuarta Transformación.
El hecho de que un gobernador, como Rubén Rocha, hoy con licencia, esté acusado por el gobierno de Estados Unidos de haber llegado al poder con el apoyo del narcotráfico y de sostener una relación con el cártel de Sinaloa, no es como para decir que hay un narcogobierno y que al buen Rocha Moya lo postuló un narcopartido.
El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, y el exvicefiscal general de la Fiscalía General del Estado (FGE), Dámaso Castro. Fotos: Facebook y Archivo / EL UNIVERSAL
Tampoco se puede hablar de narcogobierno solo por el hecho de que un senador de la República, Enrique Inzunza, esté señalado de nexos con el crimen organizado. Un narcolegislador no convierte a un país en una narcocracia.
No porque un alcalde de Morena, como Diego Rivera, quien gobernaba el municipio de Tequila, Jalisco, fuera el jefe de la extorsión en esa localidad y que sostuviera vínculos con el crimen organizado, se puede hablar de narcomunicipios controlados por cárteles.
Y si el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, resultó ser, al mismo tiempo, jefe del grupo criminal “La Barredora”, dedicado al tráfico de drogas y al robo y comercio de combustibles, es decir, al huachicoleo, con la complacencia de su jefe, el entonces gobernador y hoy senador por Morena Adán Augusto López, no quiere decir que Tabasco sea un narcogobierno.
Luego de revelarse el caso de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López, es señalado de dirigir dicho grupo criminal. El Abuelo o El Comandante H fue detenido en Paraguay en septiembre y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano.
Tampoco es correcto hablar de un narcogobierno, solo por el hecho de que hoy en día los cárteles han montado sus propias refinerías, perdón, son centros ilícitos de procesamiento de combustibles, capaces de producir hidrocarburos a partir del petróleo crudo robado a Pemex. Estas minirefinerías, o como el gobierno las llama, “centros de procesamiento ilícito de combustibles”, son solo un negocio más del crimen organizado, pero eso no quiere decir que solo porque hayan sido instalados y produjeran millones de litros de hidrocarburos sin ser detectadas, signifique que un narcogobierno haya permitido la operación de estas instalaciones.
Si altos mandos de la Marina y funcionaros de la Agencia Nacional de Aduanas hicieron acuerdos con empresas formalmente constituidas y grupos del crimen organizado para crear un negocio ilegal de robo y contrabando de combustibles, que generó un daño al país, según datos oficiales, por 600 mil millones de pesos, no quiere decir que el crimen se haya logrado enquistar en las instituciones, y menos, que se pueda hablar de un narcogobierno.
Gobernadores, alcaldes, legisladores, marinos, soldados, guardias nacionales, elementos de aduanas, jueces, empresarios, todos en la nómina de los cárteles no permite sostener que estemos frente a un narcogobierno. Frente a lo que sí estamos es a una campaña de la ultraderecha que magnifica pequeños hechos aislados de corrupción y de colaboración con el crimen organizado para presentarlo como un fenómeno que amenaza la democracia y pregonar que el crimen organizado gobierna el país.
Si no se tratara de un complot de la ultraderecha contra la Cuarta Trasformación, sería un asunto de risa. Narcogobierno ja, ja, ja.
ME CANSO GANSO. – En otros tiempos, José López Portillo dijo: No pago para que me peguen. Hoy todo ha cambiado, la trasformación ha llegado al país y ahora la política de comunicación es “pago para que no me peguen”. Eso, y no vaciladas, es la Cuarta Transformación.
