En Tamaulipas, aun bajo el «gobierno» entrecomillas de Morena y Americo Villarreal ,la extorsión dejó de ser un delito para convertirse en deporte extremo: lo practican los ciudadanos sin casco, sin red y con la cartera abierta; lo cobran los grupos criminales con la puntualidad de Coppel o una financiera, y lo observan las autoridades con la serenidad burocrática de quien contempla una gotera ajena.
El Cártel del Golfo —y, en particular, la facción Escorpiones, que opera en Matamoros y es señalada como encabezada por José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, de filiación morenista-americanista— parece haber encontrado en el cobro de piso una mina más segura que el narcotráfico: menos trasiego, más terror; menos frontera, más caja registradora.
La información que circula sobre operativos federales, aunque escasos y mas de las veces ralos, pues siempre escapa el dueño del circo, coinciden con el creciente hartazgo social que vuelve a poner bajo los reflectores nombres conocidos del universo Escorpión: René Villarreal Garza, alias El Gordo, y Balkys Marlene García, identificada en reportes periodísticos como pareja de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén.
Distintas publicaciones de manera reiterada han vinculado a Villarreal con la estructura de esa facción y a García con presuntas funciones financieras, pero los señalamientos extrañamente no son investigados por autoridades competentes,sustituidos por boletines en medio de silencios oficiales.
«Balkys ‘N’ es señalada en diversos informes como operadora financiera de la célula en Matamoros y pareja sentimental de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén.
En este mismo sentido, su hermana Nelia ‘N’ es mencionada como posible prestanombres del grupo en las zonas de Brownsville y Matamoros.
Tales detalles permiten dimensionar la importancia que los nexos familiares han tenido para el Cártel del Golfo al menos en las últimas dos décadas.»
Pero mientras Matamoros arde en rumores, miedo y cuotas, el incendio de la bodega de PepsiCo no admite el cómodo disfraz del accidente. La Fiscalía de Tamaulipas confirmó que fue provocado: alguien ingresó al sitio y ocasionó el fuego. Sin embargo, el fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco sostiene que, hasta ahora, no existen elementos públicos para ligarlo a extorsión o delincuencia organizada. Es decir: ya se sabe que no fue casualidad, pero todavía se busca el móvil con la parsimonia de quien inspecciona las cenizas esperando que aparezca una explicación políticamente inocua.
La contradicción tiene filo. Si la extorsión es el gran negocio de las células criminales de la frontera —como han documentado investigaciones sobre el Cártel del Golfo y sus cobros a transportistas y comercios—, descartar de entrada esa ruta en un ataque intencional contra una empresa de gran tamaño exige algo más que tranquilidad discursiva: exige una indagatoria transparente, exhaustiva y con resultados verificables.
Porque la ley no deja mucho margen para hacerse el sorprendido. La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión fue publicada el 28 de noviembre de 2025 y establece que este delito, junto con los vinculados, se investiga y persigue de oficio.
En términos simples: el Ministerio Público no necesita esperar a que una víctima aterrada llegue a denunciar para empezar a trabajar; la noticia criminal —testimonios, reportes, patrones, videos, inteligencia y hechos públicos— debe activar la obligación institucional.
Y la omisión no es una travesura administrativa. La propia ley contempla sanciones para personas servidoras públicas con atribuciones de prevención, investigación o procuración de justicia que se abstengan de denunciar los delitos previstos en ella.
Por eso, frente a una economía criminal que cobra por vender, transportar, abrir un negocio o simplemente respirar en la plaza equivocada, la autoridad no puede alegar que no vio nada: cuando el miedo es público, la ignorancia oficial empieza a parecerse demasiado a la coartada.
Tamaulipas no necesita funcionarios que se sienten en mesas de seguridad a discutir los mismos pendientes de siempre, ni fiscales ocupados en administrar versiones. Necesita carpetas de investigación sólidas, protección real para las víctimas —no para los criminales—, inteligencia financiera para desmantelarles el negocio y resultados sin montajes ni maquillajes estadísticos.
Cuando el extorsionador cobra sin riesgo y el ciudadano paga con miedo con una Fiscalía que sólo admite pruebas empaquetadas con moño, entonces el delito no está fuera del Estado: está cómodamente instalado en la omisión y complicidad del gobierno en Tamaulipas.
Y no solo con 1 cartel, Americo esta amarrado con todos, dijo claridosa en audio una ligada al crimen organizado en el centro de la entidad.
En una carretera de Chihuahua alguien mandó a imprimir una valla espectacular con todo y numero de identificador del registro nacional de proveedores, INE-REP-000000669721 ,con la frase «muerte y morena es lo mismo» . Provocador, sí, pero incompleto: el problema no es solo un partido, es una maquinaria de opacidad institucional que lleva casi dos años maquillando cifras mientras el país se sigue llenando de fosas.
Los números que sí importan
De acuerdo con los datos mas recientes de la «Guerra en Numeros» de TREsearch (con corte al 6 de agosto de 2026), el sexenio de Claudia Sheinbaum acumula 44,133 homicidios en 674 días de gobierno, con un promedio de 66 muertes diarias . Haz la cuenta con calculadora, no con changarro de bots: eso significa que en México aparece un cadáver nuevo cada 22 minutos, día y noche, sin descanso, sin domingo.
Puesto en perspectiva sexenal, la comparación es brutal:
La lectura irónica salta sola: si el ritmo diario de Sheinbaum (66) fuera menor al de López Obrador (95) o Peña Nieto (71), el gobierno lo presume como «éxito de la estrategia de seguridad». Pero bajar el promedio de homicidios no es lo mismo que bajar la impunidad, y ahí está el verdadero espectacular que nadie renta.
La estrategia de contar muertos, no de meter presos
El gabinete de seguridad celebró en enero de 2026 una caída del 40% en el promedio diario de homicidios dolosos, de 86.9 a 52.4 víctimas entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025. El discurso oficial se centra obsesivamente en esa curva descendente de cadáveres, no en la curva —estancada en números rojos— de sentencias.
Porque mientras el gobierno presume «menos muertos», casi nadie va a la cárcel por matarlos. Human Rights Watch documentó que entre 2010 y 2022 las fiscalías estatales abrieron unas 300,000 investigaciones por homicidio doloso, y solo en 51,000 casos se identificó a un sospechoso: una tasa de esclarecimiento del 17%. Es decir, nueve de cada diez homicidios en México quedan sin castigo.
Y la tendencia no mejora con el tiempo, empeora: México Evalúa calculó que la impunidad en homicidio doloso pasó de 95.7% en 2022 a 96.86% en 2023, y en su edición más reciente («Hallazgos») reportó que apenas 3 de cada 100 homicidios dolosos se resuelven, con una impunidad nacional del 96.9%. Impunidad Cero, por su parte, calculó una impunidad acumulada de 92.8% entre 2016 y 2021, con solo siete sentencias condenatorias por cada 100 investigaciones abiertas.
Lo que el letrero de Chihuahua no alcanza a decir
Chihuahua, coincidentemente, es de los estados que más pesa en el mapa de la violencia actual: concentra 7.7% de los homicidios nacionales registrados en 2025, solo detrás de Guanajuato. El espectacular pinta paredes políticas, pero la verdadera «espectacular» —la que debería ir en cada carretera del país— es esta: en México se investiga apenas 17 de cada 100 homicidios, se sentencia a 3 y el resto, la inmensa mayoría, se disuelve en el olvido institucional, como cita el diario español,El País.
La ironía final es que la estrategia de seguridad de este sexenio, comandada por Omar Garcia Harfuch,igual que las de sus antecesores, se mide en número de muertos y no en número de responsables tras las rejas. Bajar la métrica del homicidio sin subir la de la justicia no es pacificar el país: es simplemente administrar mejor la matanza.
Michoacán ya tenía más de 10 mil elementos del llamado Plan Michoacán, pero al parecer la fórmula federal para enfrentar la extorsión, el control criminal y la inseguridad es muy sencilla: cuando algo no funciona, se le agregan otros mil 557 uniformados y se anuncia como si acabaran de descubrir la pólvora.
Ahora mandan 657 elementos de la Guardia Nacional y 900 del Ejército para custodiar huertas, empacadoras y rutas de exportación de aguacate. Porque, claro, después de años de cobro de piso, amenazas y dominio criminal sobre productores y transportistas, lo que faltaba era una nueva fotografía del despliegue militar. No resultados: más botas.
La verdadera alarma no la encendió el sufrimiento cotidiano de los michoacanos ni la asfixia de los productores mexicanos. Se activó cuando Estados Unidos suspendió inspecciones para la exportación. Ahí sí apareció la urgencia institucional: había que blindar el aguacate, proteger la cadena comercial y garantizar que el fruto verde siguiera cruzando la frontera sin sobresaltos. Para el ciudadano común, en cambio, queda el consuelo de saber que vive en un estado “reforzado” por enésima ocasión.
La pregunta es elemental: si con más de 10 mil efectivos no se logró frenar la extorsión ni recuperar el control de rutas y regiones enteras, ¿qué cambiarán exactamente mil 557 más? ¿Habrá una estrategia distinta, inteligencia financiera, detenciones de mandos criminales y desmantelamiento de redes de complicidad? ¿O sólo se trata de aumentar la cifra para que el boletín parezca contundente ?
Porque Michoacán no necesita una calculadora militar para sumar tropas; necesita una política de seguridad que reste impunidad. Mientras el gobierno siga confundiendo despliegue con solución, el crimen seguirá cobrando cuotas y el Estado seguirá cobrando aplausos por mandar refuerzos a una guerra que, con tanto uniforme y tan pocos resultados, parece administrada para no terminar nunca.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó que, a casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el entonces Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, encabezó una operación para ocultar videograbaciones que podían aportar información sobre el paradero de los estudiantes.
La Fiscal General, Ernestina Godoy, informó que, tras un nuevo análisis de la investigación, la dependencia reunió elementos para sostener que el ex Mandatario estatal habría participado en la destrucción y ocultamiento de evidencia relacionada con los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014.
«La Fiscalía cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces Gobernador con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel», dijo en un mensaje subido a sus redes sociales.
Como resultado de esas indagatorias, detalló, un juez libró una orden de aprehensión contra Aguirre por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia, la cual fue cumplimentada este miércoles en el Estado de México.
Godoy sostuvo que las nuevas líneas de investigación permitieron acreditar que el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, fue captado por las cámaras de seguridad 12 y 15 instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala, cuando era detenido por policías municipales y estatales.
Recordó que, en la investigación original, las autoridades afirmaron que esas grabaciones no existían debido a presuntas fallas técnicas del sistema, versión que, dijo, fue desmentida por diligencias posteriores.
La Fiscal explicó que en enero de este año, una persona colaboradora declaró que las videograbaciones sí existían y que fueron sustraídas para entregarlas directamente al entonces Gobernador, además de señalar que había permanecido en silencio por amenazas.
Añadió que un segundo testigo protegido, en mayo pasado, declaró que Aguirre ordenó en una reunión con altos funcionarios de su administración desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
«La investigación permite sostener que, lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal», afirmó.
Godoy aseguró que las familias de los 43 estudiantes han sido informadas de los avances conforme lo permite el debido proceso y que la investigación continuará hasta esclarecer el paradero de los normalistas y fincar responsabilidades a todos los involucrados.
«ESTRELLA de ORO 1531: el AUTOBUS que el ESTADO quiso «DESAPARECER»....Publicado/31/Octubre/2015
El 26 de septiembre de 2014, a las 20:35, Bernardo Flores, titular de la Cartera de Lucha de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, recibió una llamada de auxilio. Diez de los normalistas que habían tomado un camión en el entronque de Huitzuco fueron secuestrados dentro de la terminal de Iguala.
El Estrella de Oro 1568 en el que habían salido Bernardo y entre 40 y 50 estudiantes partió de los alrededores de la caseta de Iguala donde se hallaban boteando para ir a liberar a sus compañeros. El Estrella de Oro 1531, el segundo de los autobuses que salieron de Ayotzinapa transportando a otros 40 a 50 normalistas en el crucero de Huitzuco, hizo lo mismo.
Contrario a la tesis de la telenovela oficial La noche de Iguala y a la versión impuesta por la PGR como “verdad histórica”, el objetivo de los casi 100 normalistas jamás fue entrar a Iguala. De hecho, lo evitaron a toda costa y consensuaron no hacerlo desde un día antes, durante una reunión de bases en el auditorio de la normal. Sólo la emergencia de la detención de sus 10 compañeros por un chofer que le echó llave al autobús que los transportaba, los obligó a correr el enorme riesgo de adentrarse a aquel narcomunicipio.
Minutos después de las 21:00, los estudiantes se cubrieron las cabezas con sus camisetas y bajaron a toda prisa en los andenes de la terminal. Liberaron a los 10 estudiantes detenidos por el chofer y decidieron que, ya que estaban en el nido de las líneas de autobuses, no se irían con las manos vacías. Como ya se sabe, requerían tomar al menos 25 autobuses para transportar a los representantes de la FECSM hasta la marcha del 2 de octubre en la capital del país.
Fue así que los casi 100 muchachos se repartieron a toda prisa por los andenes de la terminal. Fueron tres los nuevos autobuses que tomaron temporalmente los normalistas. Dos de la línea Costa Line, con números económicos 2510 y 2012. Y, entre las prisas y el caos, 14 muchachos se apropiaron de un último Estrella Roja adicional, con número 3278, ya enfilado hacia la salida y con el motor en marcha.
Ese Estrella Roja 3278 fue el único de los cinco autobuses que tomó la salida correcta, la del arco sur por la calle de Altamirano, con la intención de alcanzar la carretera a Chilpancingo. Y los muchachos pudieron abordarlo sin contratiempos. La versión de la PGR —conocida ahora como la “mentira histórica”— y la de algunos periodistas de medios orgánicos —que incluso se atrevieron a publicar libros al respecto— borraron sospechosamente a este quinto autobús Estrella Roja del mapa. ¿Por qué? Temerían quizá que fuera hallado el eslabón perdido que conecta al cártel de los Guerreros Unidos con el operativo letal montado por el Estado mexicano para impedir que esa noche los normalistas salieran de Iguala.
No obstante, hace meses que muchos de los que escribimos al respecto desde Ayotzinapa, entre ellos periodistas serios e independientes como John Gibler, ya hablábamos de este quinto camión.
A diferencia de los otros cuatro conductores que, o bien no conocían la ciudad o simplemente se negaban a transportar a los normalistas, el comportamiento del operador de la unidad Estrella Roja para llevar la unidad a Ayotzinapa fue inmejorable, según me narraron varios de los 14 estudiantes que lo abordaron. El chofer sólo pidió una cosa a cambio: que le dieran cinco minutos para que su esposa le llevara unos documentos antes de dejar Iguala. Los normalistas aceptaron con mucha desconfianza. La manera tan extraña en que el operador se comunicó por celular los hizo recelar y al fin lo obligaron a que reanudara la marcha.
El periodista José Reveles ha escrito sobre cómo la agencia antidrogas de Estados Unidos —Drug Enforcement Administration, DEA por sus siglas en inglés— llevaba un año espiando a la conexión del cártel de los Guerreros Unidos en la ciudad de Chicago y sus almacenes en suburbios como Batavia y Aurora. Afirma que es de lo más usual el transporte de goma de opio o dinero en autobuses de línea comercial por medio de clavos (“compartimientos secretos fabricados exprofeso, que, en la mayoría de las ocasiones, logran cruzar retenes, aduanas y todo tipo de controles electrónicos, rayos láser, arcos detectores, binomios caninos, […] cargas ocultas en el aire acondicionado, adosadas a la caja de velocidades, aparejadas al depósito de combustible, bajo el camastro en que suelen descansar los choferes detrás del asiento del conductor, o simplemente en maletas dentro del compartimiento del equipaje”).
El método de trasiego para Guerreros Unidos ha sido tan próspero que han fundado ya sus dos propias líneas de ómnibus. Pero lo más revelador del texto de Reveles es el código que descifró la agencia estadunidense y mediante el cual se suelen comunicar los miembros del cártel con los operadores. Tía, por ejemplo, se usa para referirse al autobús. Los paquetes de droga son llamados niños. Los compartimentos ocultos o clavos son llamados carteras. Y, para el dinero que viaja en los autobuses, documentos.
Durante las muchas entrevistas que realicé para mi libro Ayotzinapa, el rostro de los desaparecidos a lo largo de este año con varios de los 14 normalistas que viajaban en el Estrella Roja, había una constante. Todos ellos, sin falta, hacían referencia a esos cinco minutos en que el conductor del Estrella Roja se detuvo a realizar la inusual llamada telefónica. Todos ellos remarcaban la extrañeza de su lenguaje: un monólogo donde palabras como esposa y documentos se repetían con mucha insistencia.
Inexplicablemente, ese autobús Estrella Roja fue el único que sobrevivió intacto al operativo coordinado por el Estado mexicano y el crimen organizado la noche de Iguala del 26 de septiembre de 2014. Los 14 muchachos que viajaban en él resultaron ilesos en ese operativo sanguinario montado por los distintos niveles de policía y el Ejército mexicano para impedir que los normalistas salieran de la ciudad a bordo de esos cinco autobuses.
Al llegar a las inmediaciones del puente elevado frente al Palacio de Justicia, el chofer del Estrella Roja se apeó, dialogó algo con los policías federales que les habían cerrado el paso. Los normalistas intentaron hacerse pasar por pasajeros comunes y corrientes, pero cuando descendieron al arcén fueron encañonados. Sin embargo, tuvieron el tiempo justo para huir y ocultarse en una colonia cercana, donde permanecieron un buen rato antes de animarse a volver. Una distracción de sus captores que no tuvieron, en definitiva, los que levantaron a los 43 estudiantes hasta hoy desaparecidos.
La versión en el expediente publicado por la PGR afirma, falsamente, que ese autobús Estrella Roja fue destruido por los normalistas poco después de salir de la terminal de Iguala: “Logrando sacar 3 camiones de la empresa 2 Costa Line dos con placas 854HS1 y 227HY9 y el tercer camión el cual fue destrozado y dejado a las afueras de la Central Camionera”.
Tal como lo asienta el informe del GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “la invisibilización de este autobús tuvo serias consecuencias para la investigación ya que no se indagó la posible presencia de Policía Federal en la escena del crimen del Palacio de Justicia. El hecho de que el autobús no apareciera registrado en la investigación y se hubiera narrado sobre el mismo un suceso que no ocurrió (que fue destruido a la salida de la estación) es en sí mismo un elemento de sospecha. ¿Por qué se omitió? ¿Por qué no se procesó, por qué no se tomaron evidencias? ¿Por qué no se identificó hasta que el GIEI señaló su existencia?”.
Y más aún. En julio de este año, el GIEI realizó una inspección ocultar del supuesto autobús Estrella Roja. Los expertos de la CIDH hallaron serias diferencias entre el autobús almacenado como evidencia y el que originalmente había trasportado a los normalistas la noche del 26 de septiembre. Había sido cambiado por otro.
¿Qué lodazal de corrupción se esconde detrás del intento de desaparición de ese quinto autobús en la narrativa y en la práctica, así como en la insistencia de periodistas fieles al régimen por borrar su existencia en sus reportajes, libros y películas?
Cada vez parece haber menos dudas de que en el caso Ayotzinapa el culpable fue el Estado.
Las notas periodísticas difundidas esta semana sobre Puente Grande ofrecen una imagen que permite formular una pregunta que rebasa los muros de cualquier cárcel: ¿qué sucede cuando el Estado conserva formalmente un territorio, pero las reglas cotidianas son impuestas por alguien más?
En Puente Grande existe una pequeña república clandestina, con autoridades, mercados, privilegios y castigos propios. El Estado ha construido muros y conservado las llaves, pero en su interior el poder real se ejerce desde otro sitio.
Lo llamamos autogobierno, aunque la palabra resulta demasiado benévola. Evoca comunidades que se organizan libremente cuando en el ámbito penitenciario suele describir la sustitución de la autoridad por grupos que imponen sus decisiones mediante el dinero, la fuerza o el miedo. No es gobierno de uno mismo, sino gobierno del más fuerte.
Hobbes imaginó al Estado como un gran Leviatán creado para impedir que la vida quedara sometida a la violencia de todos contra todos. La prisión es una de sus expresiones más intensas: en pocos espacios se concentra tanto poder público sobre las personas. Por eso, perder el control dentro de una cárcel no sería una falla administrativa menor. Si el Leviatán no puede gobernar detrás de sus propios muros, algo más profundo está fallando.
La Constitución dispone que el sistema penitenciario debe organizarse con base en el respeto a los derechos humanos y orientarse hacia la reinserción social mediante el trabajo, la educación, la salud y el deporte. Nada de eso puede conseguirse cuando la vida cotidiana depende de reglas clandestinas. Una prisión sometida a poderes informales no reinserta: reproduce las mismas desigualdades y violencias que el Estado debería contener.
Aquí aparece una falsa disyuntiva. Para algunas personas, hablar de derechos humanos en las cárceles significa ser indulgente con quienes cometieron delitos; para otras, recuperar el control estatal conduce necesariamente a la represión. Ambas ideas confunden autoridad con violencia. Los derechos humanos no debilitan al Estado: permiten distinguir su fuerza legítima de la simple imposición del más poderoso.
La cárcel muestra con particular crudeza una verdad que fuera de ella suele pasar inadvertida: cuando la autoridad se retira, el espacio no permanece vacío. Surgen reglas alternativas, intermediarios, cuotas y formas privadas de protección. El Estado puede seguir presente en los edificios, los uniformes y los documentos, pero ausente de la experiencia diaria de las personas.
Por eso Puente Grande puede leerse como una miniatura del país. No porque todo México sea una prisión ni porque en todas partes mande la delincuencia, sino porque en muchos lugares conviven dos órdenes: el de las leyes escritas y el de las reglas que realmente permiten abrir un negocio, transitar por una carretera, acceder a un servicio o vivir sin ser molestado. La distancia entre ambos revela la dimensión auténtica de nuestra debilidad institucional.
Recuperar la autoridad no significa solamente desplegar más fuerza o destituir a directivos. Supone conseguir que las reglas vuelvan a ser creíbles y que ninguna persona tenga que negociar privadamente aquello que la ley debería garantizarle. La autoridad más sólida no es la que irrumpe con mayor estruendo, sino aquella cuya presencia vuelve innecesario el dominio de otros.
Una república se reconoce porque dentro de su territorio rigen leyes comunes y nadie puede imponer tributos o castigos por su cuenta. Los reportes sobre Puente Grande inquietan porque invierten esta idea: muestran la posibilidad de que el Estado conserve los muros, los sellos y los discursos, pero pierda aquello que verdaderamente lo convierte en Estado: la capacidad de hacer que la ley sea la misma para todos.
