Luis Armando Córdova Díaz, exdiputado y secretario de Alianzas Políticas y Agenda Ciudadana del PRI en Jalisco, fue asesinado la mañana de este martes, dentro de una cafetería Starbucks ubicada en la Plaza Alada, colonia Valle Real, en Zapopan.
El ataque ocurrió cerca de las 07:50 horas, cuando al menos dos o tres hombres armados ingresaron al establecimiento y abrieron fuego de manera directa contra Córdova Díaz, quien se encontraba acompañado de su esposa. Los agresores dispararon entre 15 y 18 veces, principalmente en la zona del cráneo y otras partes del cuerpo, y escaparon a bordo de motocicletas, según reportes preliminares.
El lugar fue rápidamente acordonado por autoridades municipales, estatales y federales, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes. En el sitio se localizaron múltiples casquillos percutidos y la Fiscalía del Estado de Jalisco tomó conocimiento del caso, sin que hasta el momento se haya confirmado el móvil del crimen.
Trayectoria de la víctima
Córdova Díaz tenía 56 años, era abogado y maestro en Derecho. Fue diputado local por el PRI en la LXII Legislatura (2012-2015), diputado federal y regidor en San Pedro Tlaquepaque (2021-2024). Además, había sido candidato a la alcaldía de Tlaquepaque y ocupó cargos relevantes dentro de la estructura estatal del PRI.
Reacciones políticas
El asesinato generó una inmediata condena en el ámbito político. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, exigió justicia y calificó el hecho como un reflejo de la violencia y la impunidad que se vive en México. Laura Haro, presidenta estatal del PRI, lamentó profundamente el homicidio y pidió una investigación pronta y transparente para esclarecer el crimen y castigar a los responsables.
Sergio Chávez, alcalde de Tonalá y excompañero de Córdova Díaz, también expresó su pesar públicamente. Hasta el momento, el gobernador de Jalisco no ha emitido un pronunciamiento sobre el caso.
Fácil matar,facil huir y facil evadir castigo
La facilidad con la que se mata , se huye y no se castiga en México, especialmente en crímenes de alto perfil , encuentra paralelos en varios países del mundo, aunque pocos combinan niveles tan altos de violencia letal y capacidad de fuga de los agresores como ocurre en ciertas regiones latinoamericanas.
Según el Global Peace Index y reportes de organismos internacionales, países como Honduras, El Salvador, Jamaica, Trinidad y Tobago, Sudáfrica, Colombia, Brasil y México figuran entre los más violentos del mundo, con tasas de homicidio que superan ampliamente la media global.
Fuera de América Latina, países como Malí y Myanmar destacan por sus altos niveles de violencia e impunidad, aunque en contextos de conflicto armado o represión política más que de crimen organizado puro.
El asesinato ayer de Mónica Abigail, una niña de 8 años que murió tras recibir un balazo en la cabeza durante un ataque armado a una vivienda en San Nicolás, Nuevo León, no es un hecho aislado ni producto de la “mala suerte”. Es el reflejo de una crisis de violencia que golpea sin tregua a la sociedad mexicana,pero mientras las autoridades y el gobierno lo minimizan, la ciudadanía, por hartazgo o miedo, lo normalizan.
El caso: una víctima inocente en el fuego cruzado
Fecha y lugar: 12 de mayo de 2025, alrededor de las 16:55 horas, calle Coahuila, Colonia Floridos Bosques del Nogalar, San Nicolás.
Víctima: Mónica Abigail, 8 años, murió por un disparo en la cabeza mientras celebraba el Día de las Madres con su familia.
Contexto: El ataque iba dirigido a un hombre apodado “El Pelón”, quien resultó herido; la niña fue alcanzada por una bala perdida mientras comía con su madre.
Evidencia: Se localizaron al menos 11 casquillos de arma corta en la escena.
Cifras que desmienten la “normalidad”
Nuevo León atraviesa uno de sus años más violentos:
En abril de 2025, el estado registró 88 muertes violentas, el mes más sangriento del año y uno de los picos más altos en la historia reciente.
Solo el 29 de abril, Nuevo León encabezó junto a Jalisco el ranking nacional de homicidios diarios, con siete asesinatos en un solo día.
En enero de 2025, hubo 82 muertes violentas en el estado; 81 fueron homicidios dolosos y una feminicidio.
Seis municipios concentran el 61% de las muertes violentas en el estado, entre ellos San Nicolás.
Tendencia nacional:
México cerró 2024 con más de 30,000 asesinatos, consolidándose como el cuarto país con mayor conflicto violento en el mundo.
La violencia afecta cada vez más a población civil, incluyendo niños, mujeres y familias enteras, con desplazamientos forzados y crisis humanitaria en varias regiones.
¿Mala suerte o mal gobierno?
El discurso oficial suele minimizar la gravedad de estos hechos, presentándolos como “daños colaterales” o eventos excepcionales. Sin embargo, los datos muestran una violencia estructural y persistente:
Normalización: La sociedad, expuesta a noticias diarias de asesinatos, aprende a convivir con la barbarie, resignada a la falta de respuestas efectivas.
Minimización oficial: Las autoridades destacan operativos y detenciones, pero los homicidios no disminuyen y la impunidad sigue siendo la norma.
Crisis de seguridad: Los ataques armados en zonas urbanas, la presencia de grupos criminales y la falta de estrategias preventivas reales han convertido a Nuevo León y a México en general en territorios de riesgo cotidiano, incluso en fechas y espacios familiares.
Comparativo: homicidios en Nuevo León y San Nicolás
Periodo
Homicidios en NL
Homicidios en San Nicolás
Contexto nacional
Enero 2025
82
Datos no desglosados
81 dolosos, 1 feminicidio
Abril 2025
88
–
Mes más violento de 2025
29 abril 2025
7 (NL, top nacional)
–
Jalisco y NL, primer lugar
Primer Trimestre 2025
20 asesinatos niños y adolescentes
–
209 homicidios 10 entidades
Conclusión
La muerte de una niña en una balacera no es azar ni simple “mala suerte”: es el resultado de una crisis de violencia que las autoridades no han logrado contener. Mientras el gobierno minimiza, la sociedad normaliza. La barbarie se repite, las cifras crecen y las víctimas se multiplican, muchas veces sin justicia ni reparación
Esteban Alfonseca Salazar, exalcalde de Actopan (2014-2017, PRI), y Edmundo Martínez Pérez, exregidor del mismo municipio, fueron asesinados la noche la noche de ayer lunes en una emboscada mientras circulaban por la carretera Santa Rosa-Actopan, a la altura de la comunidad Plan de Higuera, en el sureste de Veracruz.
Ambos regresaban de un mitin político en apoyo a Eduardo Utrera Carreto, candidato de Morena a la alcaldía de Actopan, realizado en la localidad de Mozomboa.
Contexto político y social
Tanto Alfonseca como Martínez, aunque de origen priista, apoyaban actualmente a Morena y participaron activamente en la campaña de Rocío Nahle a la gubernatura en la elección anterior.
El ataque se produjo en un contexto de creciente violencia política en Veracruz, donde en los días previos también fue asesinada Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec, junto con otras cuatro personas.
Diversos actores políticos, amigos y familiares han expresado públicamente sus condolencias y exigencias de justicia, mientras que autoridades estatales y la Fiscalía mantienen hermetismo sobre los responsables y el móvil del crimen.
Reacciones y repercusiones
El caso ha generado fuerte condena entre políticos locales y nacionales. Héctor Yunes Landa, diputado local priista, denunció la “parálisis absoluta del gobierno” ante la ola de crímenes políticos en la entidad.
El subsecretario de Economía estatal, Eduardo Vega, lamentó la pérdida de Alfonseca, calificándolo como un amigo cercano y compañero de lucha política.
La violencia en el proceso electoral veracruzano de 2025 ha dejado ya varios políticos y candidatos asesinados, principalmente vinculados a Morena, lo que ha encendido las alarmas sobre la seguridad en la región y la integridad del proceso democrático.
Investigación
Hasta el momento, ni el gobierno estatal ni la Fiscalía General del Estado han emitido información oficial detallada sobre el avance de las investigaciones.
La Policía Ministerial y Servicios Periciales realizaron el levantamiento de los cuerpos y mantienen la zona acordonada, mientras continúan las indagatorias.
Conclusión
El doble asesinato de Esteban Alfonseca Salazar y Edmundo Martínez Pérez es uno más en la preocupante cadena de violencia política que marca el actual proceso electoral en Veracruz. La falta de información oficial y la persistencia de estos crímenes subrayan el clima de inseguridad y riesgo que enfrentan actores políticos en la entidad.
Sillas vacías en la mesa del poder: Como en una mesa donde cada vez quedan más sillas vacías, la política veracruzana sigue perdiendo a quienes la ocupaban, dejando espacios que nadie quiere llenar.
Sombreros sin dueño en la plaza pública: Los sombreros que quedan en la plaza, abandonados tras la tempestad, son testigos mudos de una violencia que no respeta ni historia ni lealtades.
Nombres tachados en la libreta electoral: En la libreta electoral de Veracruz, los nombres se van tachando uno a uno, víctimas de una guerra que no distingue colores ni trayectorias.
Voces que se apagan en el estruendo: Como velas apagadas por un viento implacable, las voces de los líderes locales se extinguen antes de tiempo, dejando solo el eco de lo que fueron.
Sombreros colgados en el perchero del olvido: Cada asesinato cuelga un sombrero más en el perchero del olvido, recordándonos que la violencia no hace distinciones y la memoria es frágil.
La imagen de la caricatura, publicada este dia por EL Norte,de la autoria de Paco Calderon,presenta una escena cargada de simbolismo político y social e incluso de seguridad, bajo el título “Soberanía”. A la izquierda, una mano con el inconfundible atuendo de la bandera estadounidense (barras y estrellas) apunta,por ahora con guante blanco (…no siempre va ser asi) de forma acusatoria e imperativa hacia un podio donde se advierte la figura menudita que representa a Claudia Sheinbaum.
La bandera noruega en la mano derecha,podria simbolizar la presión y vigilancia internacional, particularmente europea, sobre México en temas de corrupción, crimen organizado y gobernanza. Funcionaria como contrapunto a la presión estadounidense y refuerza el mensaje de que la soberanía mexicana está cuestionada no solo por su vecino del norte, sino por la comunidad internacional, que observa con escepticismo el discurso oficial y la realidad interna del país
A la derecha, sobre el podio, el personaje central se refiere a Sheinbaum ,que sostiene dos pequeñas banderas mexicanas en actitud exaltada, mientras detrás de ella aparecen dos figuras caricaturescas: una rata con casco de Pemex (representando a la industria petrolera nacional), y otro personaje, igual con aspecto de rata y vestimenta usada por narcos o criminales que nos remite al omnipotente crimen organizadores gran corruptor. El podio lleva el logo de Pemex, reforzando la alusión a la soberanía energética y todos detrás de la Soberanía de Sheinbaum.
Desmenuzando los elementos
Las manos extranjeras: Representan la presión internacional, principalmente de Estados Unidos, sobre México en temas de soberanía, seguridad y crimen organizado.
El dedo acusador es una referencia clara a la exigencia de acción o sumisión y acusaciones a Mexico, especialmente en el contexto de la lucha contra el narcotráfico.
El podio y las banderas mexicanas: Sheinbaum ondeando las banderas mexicanas simboliza el discurso oficial de defensa de la soberanía nacional, una postura reiterada por el gobierno mexicano ante propuestas de intervención militar estadounidense y otras presiones externas.
Los personajes detrás del podio: La presencia de figuras asociadas a robos en Pemex, el crimen organizado y la corrupción sugiere que el discurso de soberanía es, en parte, una fachada o escudo detrás del cual persisten problemas internos graves: corrupción, captura institucional y crimen organizado. La caricatura denuncia que la defensa de la soberanía muchas veces sirve para encubrir intereses oscuros o incapacidad para resolver problemas estructurales, actuando como una capa que todo tapa.
El contraste entre discurso y realidad: El foco de luz sobre el personaje que agita las banderas mexicanas contrasta con la sombra en la que se ocultan los demás, sugiriendo que el discurso nacionalista busca distraer la atención de la verdadera situación interna.
Contextualización actual
La caricatura se inscribe en el contexto de las crecientes tensiones entre México y Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense. Trump ha insistido en la necesidad de intervenir en México, incluso con acciones militares, bajo el argumento de combatir a los cárteles, a los que su administración ha designado como organizaciones terroristas extranjeras.
La presidenta Claudia Sheinbaum, que aunque si lo ocupa porque esta claro que 4 manos pueden mas que dos,le ha respondido reiterativamente que la soberanía mexicana “no está a negociación”,que no se vende,se respeta y se defiende (…se oye bien bonito) rechazando cualquier intervención extranjera directa (…equivale a que EE.UU vea de primera mano la pudrición humanista y la basura que se esconde bajo el sofá)
Desde la óptica estadounidense, México es visto como un “Estado fallido” donde los cárteles han capturado grandes áreas del territorio y del aparato estatal, lo que para Washington representa una amenaza directa. El gobierno mexicano, por su parte, insiste en que la lucha contra el crimen organizado es una responsabilidad interna y que la cooperación internacional debe darse sin sacrificar la autonomía nacional (…asi enmascaran el caos).
Lectura crítica
El mensaje es claro: la soberanía, en el discurso oficial, se convierte en un escudo retórico que, en la práctica, convive con la captura del Estado por intereses criminales y la presión internacional. El cartón invita a cuestionar la autenticidad del nacionalismo gubernamental cuando la realidad interna desmiente la narrativa de control y autonomía.
Conclusión
La caricatura sintetiza, con mordacidad, la paradoja mexicana: un país que proclama su soberanía ante el mundo mientras enfrenta, puertas adentro, la corrosión institucional y la amenaza del crimen organizado. El dedo acusador extranjero y la retórica nacionalista se encuentran en un juego de simulaciones, donde la soberanía se defiende más en el discurso que en los hechos.
La diputada federal del PRI por Nuevo León, Ana González, fue víctima de un asalto la tarde de ayer lunes 12 de mayo, mientras se encontraba en una plaza comercial ubicada en la colonia Residencial La Florida, al sur de Monterrey, cerca de la Avenida Garza Sada.
En el momento del asalto, la legisladora estaba acompañada por dos personas: un familiar y un integrante de su equipo de trabajo.
Detalles del asalto
Tres hombres, dos adultos y un joven, todos portando cubrebocas y presuntamente armados, interceptaron a la diputada y sus acompañantes en el estacionamiento de la plaza comercial.
Los asaltantes los amenazaron y les exigieron entregar sus pertenencias personales antes de retirarse del lugar.
Ana González confirmó que fue despojada únicamente de objetos de uso personal y que nadie resultó herido durante el incidente.
Tras el asalto, la diputada y su equipo se desplazaron rápidamente fuera de la zona y solicitaron auxilio. La policía de Monterrey acudió al lugar y tomó la declaración de los afectados.
Acciones posteriores
La diputada presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado y expresó confianza en que las autoridades darán seguimiento al caso para evitar que los responsables continúen delinquiendo.
González agradeció la pronta respuesta de la policía y pidió que se refuercen las medidas de seguridad para la ciudadanía en general.
Reacciones y contexto
El caso ha generado preocupación entre la clase política local, pues ocurre en un contexto de creciente inseguridad en Nuevo León, donde en semanas recientes se han registrado otros hechos violentos contra figuras públicas.
Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de los responsables ni se han dado a conocer detalles adicionales sobre el avance de la investigación.
Percepción de inseguridad en México
En el primer trimestre de 2025, el 61.9% de los mexicanos mayores de 18 años consideró insegura su ciudad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).
El 49.6% de la población reportó haber atestiguado robos o asaltos cerca de su vivienda, lo que coloca a este delito entre los más frecuentes, solo por debajo del consumo de alcohol en vía pública (58%).
Los espacios donde la gente se siente más insegura son los cajeros automáticos (69.1%), el transporte público (62.8%), las carreteras (56.1%) y los bancos (53.2%).
Según el Semáforo Delictivo de Nuevo León, en marzo de 2025 se registraron los siguientes delitos de robo.
Robo a vehículo: 127 casos
Robo a casa habitación: 92 casos
Robo a negocio: 88 casos
Casos destacados y modus operandi
Los robos en Nuevo León incluyen desde asaltos a tiendas de conveniencia, robo de vehículos y autopartes, hasta despojo de grandes sumas de dinero a personas saliendo de bancos.
En eventos masivos, como el festival Pa’l Norte 2025, se reportaron 19 denuncias por robo de carteras y bolsas, y 17 por robo de celulares, en solo tres días.
Resumen
La numeralia evidencia que el robo sigue siendo uno de los delitos más temidos y frecuentes en México y Nuevo León. La percepción de inseguridad se mantiene alta, con casi 6 de cada 10 mexicanos sintiéndose inseguros y casi la mitad reportando robos o asaltos en su entorno inmediato. Las cifras oficiales muestran que, aunque hay esfuerzos por contener la incidencia, los robos a casa, negocio y vehículos siguen siendo parte del “terror cotidiano” que padecen los ciudadanos.
En lugar de morir tras quedar en un fuego cruzado, primero version dolosa del gobierno, las autoridades ahora indagan al ejercito como responsable del asesinato cruel y a mansalva de las niñas Leidy y Alexa, de 7 y 11 años, virtualmente ejecutadas en un ataque directo por parte de militares a una familia en Badiraguato, Sinaloa, el pasado 6 de mayo.
En la entidad, donde se ha desatado una cruenta guerra al interior del Cártel de Sinaloa, el Gobernador morenista Rubén Rocha Moya admitió ayer que las muertes de las menores no fue por fuego cruzado entre sicarios y militares, pero no dijo más (…ellos tampoco dicen mas de el).
“No fue que haya sido derivado de un fuego cruzado, y finalmente estuvieron en el lugar equivocado. Tendrá (la FGR) que averiguar muy bien las circunstancias”.
La declaración se da después de que familiares de las víctimas señalaron que, en realidad, el 6 de mayo los militares dispararon a quemarropa en contra de la camioneta en el que iban las niñas, junto a su hermano y sus padres, quienes resultaron heridos.
“Para esto no hay palabras, estamos devastados. Se repite la historia y eso no se vale, venimos con eso a exigirle al Gobernador que ponga manos a la obra, porque fueron militares, las niñas eran civiles que venían a la escuela nada más”, dijo Leticia, tía de las niñas.
Omisiones graves de la Policía de Investigación en el caso Badiraguato
La actuación de la Policía de Investigación en Sinaloa tras el ataque en el que murieron Leidy y Alexa, presuntamente a manos del Ejército, estuvo marcada por graves omisiones que abultan la impunidad militar y transgreden la ley.
¿Qué debió haber hecho la Policía de Investigación?
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y los protocolos de investigación vigentes, la policía tiene obligaciones claras y específicas ante hechos de esta naturaleza, especialmente cuando involucran a fuerzas armadas y posibles violaciones graves a derechos humanos:
Aseguramiento de armas y bienes: La policía debió, bajo el mando del Ministerio Público, asegurar todas las armas de los soldados involucrados en el incidente, así como cualquier otro bien relacionado con la investigación del delito, para preservar la cadena de custodia y evitar la alteración de pruebas.
Preservación del lugar de los hechos: Era indispensable preservar la escena, garantizar la integridad de los indicios y evitar cualquier contaminación. Esto incluye impedir que los involucrados (en este caso, militares) manipulen la escena antes de la llegada de peritos y del Ministerio Público.
Recolección y resguardo de objetos: Todos los objetos relacionados con la investigación, incluidas las armas de los soldados y los vehículos involucrados, debieron ser recolectados y resguardados conforme a los protocolos legales.
Inspección y actos de investigación: La policía tenía la obligación de practicar inspecciones exhaustivas y reportar sus resultados al Ministerio Público, solicitando autorización judicial cuando fuera necesario.
Atención a víctimas y testigos: Debieron prestar protección, auxilio inmediato y garantizar atención médica y psicológica a las víctimas y sobrevivientes, además de informarles sobre sus derechos y el avance de la investigación.
Colaboración interinstitucional: Según el Protocolo de Investigación, la policía debe colaborar activamente con otras instituciones, pero siempre bajo el principio de primacía civil en la investigación de delitos cometidos por militares contra civiles.
Fundamento legal de estas obligaciones
El artículo 132 del CNPP establece con claridad las obligaciones de la policía en la investigación de delitos:
“El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución… V. Actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los delitos; VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios…”CNPP.
El Protocolo de Investigación nacional refuerza que todas las acciones deben cumplir con la Constitución, tratados internacionales y la legislación aplicable, y que la policía debe garantizar la integridad de los indicios, recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación, y preservar la escena del crimen.
Consecuencias de no cumplir
La omisión de estos protocolos -en particular, el no aseguramiento de las armas de los soldados y la falta de preservación de la escena- favorece la impunidad militar y viola el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia. Además, contraviene la reforma al Código de Justicia Militar y los criterios de la Suprema Corte, que establecen que los delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por militares contra civiles deben ser investigados por autoridades civiles, no militares.
Como ha señalado la ONU-DH, “una vez inhibido el fuero de guerra para conocer de delitos cometidos por personal militar en contra de civiles, ha llegado la hora de que las autoridades civiles pongan fin a la impunidad que ha protegido y auspiciado estas conductas”.
Impunidad y transgresión de la ley
Al no cumplir con estos protocolos, la Policía de Investigación no sólo incumplió sus obligaciones legales, sino que contribuyó a la perpetuación de la impunidad militar, permitiendo que los responsables potenciales -en este caso, elementos del Ejército- no sean investigados con rigor ni sancionados conforme a derecho.
Este patrón ha sido ampliamente documentado y criticado por organismos nacionales e internacionales, que insisten en la urgencia de fortalecer la jurisdicción civil en estos casos.
En resumen: La Policía de Investigación debió asegurar las armas de los soldados, preservar la escena, recolectar y resguardar todos los indicios, y actuar bajo el mando del Ministerio Público, conforme al artículo 132 del CNPP y los protocolos nacionales. Su omisión abulta la impunidad militar y transgrede la ley, en detrimento de los derechos de las víctimas y de la sociedad.
