Diez días después de la última llamada telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, el pasado jueves 1 de mayo, en la que la mandataria mexicana reconoció públicamente las presiones de Donald Trump sobre el combate al narcotráfico que calificó de “cosas inaceptables”, este fin de semana el Departamento de Estado estadounidense le canceló la visa a la gobernadora de Baja California, la morenista Marina del Pilar, y a su esposo el empresario Carlos Torres, a quienes se ubica en la llamada “lista negra” de políticos mexicanos que tienen relaciones con los cárteles de la droga mexicanos.
La medida del gobierno de Estados Unidos, inédita en la relación bilateral, ocurre después de esa tensa llamada en la que Trump, de acuerdo con periodistas de The Wall Street Journal, habría presionado a la presidenta de México para que acepte la intervención militar de su país en el combate a los capos mexicanos, clasificados como “terroristas” por su gobierno, y habría exigido otras medidas como la entrega o procesamiento de una larga lista de políticos mexicanos, la mayoría de Morena, a quienes el Departamento de Estado tiene ubicados como “colaboradores o beneficiarios” del dinero de los cárteles de la droga.
La misma presidenta Sheinbaum tuvo que reconocer, tras las filtraciones a la prensa estadounidense, que aquella no fue una llamada del todo “cordial y productiva” como originalmente informó su gobierno y que el tono y las peticiones que le hizo el presidente Trump fueron para ella “inaceptables”. “Él amablemente pregunta en qué le podemos ayudar…ha sugerido cosas que para nosotros no son aceptables…
Él dijo: ‘¿Cómo podemos ayudarles a luchar contra el narcotráfico? Propongo que el Ejército de EU venga a ayudarles’. ¿Y saben qué le dije? No, presidente Trump. El territorio es inviolable. La soberanía es inviolable. La soberanía no se vende. La soberanía se aprecia y se defiende”, dijo el pasado 3 de mayo la mandataria.
Y en medio de esas presiones el anuncio de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quien ayer reconoció en redes sociales que su visa estadounidense le había sido cancelada por el gobierno de ese país, luego de que se la cancelaran primero a su esposo, el polémico empresario y político, Carlos Torres, quien ha sido insistentemente señalado de tener vínculos con organizaciones criminales en Tijuana, represente sin duda una medida que confirma lo que en esta columna hemos escrito e informado desde hace varios meses: que el gobierno de Trump, a través de su poderoso secretario de Estado, Marco Rubio, ha comenzado la “cacería” de políticos mexicanos que, según sus investigaciones, tienen vínculos con el narco.
Porque en la lista que tienen en el Departamento de Estado, donde figuran al menos 44 nombres de prominentes funcionarios y políticos del gobierno de México, hay nombres lo mismo de gobernadores que de alcaldes, diputados, secretarios de Estado o líderes parlamentarios del Congreso mexicano.
Y aunque los señalados en la que mencionan en Estados Unidos como “la lista de Marco” hay políticos de todos los partidos existentes en México, la mayor parte de los mencionados son militantes activos de Morena, el partido de la presidenta Sheinbaum y algunos tienen una relación muy cercana con ella y con el expresidente López Obrador.
La existencia de esa lista se confirmó en la práctica con lo que le ocurrió el pasado jueves 17 de abril al alcalde de Matamoros, Tamaulipas, el también morenista Alberto Granados Favila, quien junto con siete colaboradores suyos fue retenido por más de 14 horas en la garita de entrada a Estados Unidos en Brownsville, para informarle que su visa estadounidense había sido cancelada junto con la de sus acompañantes, y someterlo a un largo interrogatorio en el que fue necesario que el presidente municipal pidiera el apoyo de la Cancillería mexicana para que lo liberaran en la madrugada del viernes santo.
Si a eso se añade lo ocurrido ayer a la gobernadora Marina del Pilar y a su esposo, está más que claro que la citada “Lista de Marco” existe y que el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a aplicar las primeras sanciones a los políticos y funcionarios que en ella aparecen, entre los que figuran los dos políticos de Morena a los que se les ha cancelado ya su visado y se les ha notificado, formalmente, que eso tiene que ver con su vinculación a lo que el gobierno de Estados Unidos considera “organizaciones terroristas extranjeras”, tal y como se lo dijeron los agentes migratorios y del ICE, FBI y CIA, al alcalde de Matamoros, al señalarle que para ellos el ayuntamiento que encabezaba y todos sus integrantes eran parte de una “organización terrorista”.
Las fuentes estadounidenses que han revelado información sobre esa lista, mencionan varios nombres que aparecerían entre los 44 políticos y funcionarios mexicanos que hasta la última vez que nos informaron estaban enlistados. Una buena parte de ellos están vinculados al tema del “huachicol fiscal” y el contrabando de gasolinas estadounidenses en México y se les relaciona con financiamientos o apoyos del empresario asesinado Sergio Carmona Angulo, identificado en expedientes estadounidenses como financiador de campañas políticas de Morena con dinero proveniente del huachicol y el narcotráfico.
Los nombres de gobernadores mexicanos como la de Baja California, Marina del Pilar; de Sonora, Alfonso Durazo; de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; de Campeche, Layda Sansores; de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; de Nayarit, Miguel Ángel Navarro; de Tamaulipas, Américo Villarreal; de Nuevo León, Samuel García, aparecerían en dicha lista del Departamento de Estado, junto con exgobernadores como Enrique Alfaro, de Jalisco.
También, según las fuentes del país vecino, figura en la lista el secretario de Educación del gobierno federal, Mario Delgado; la Directora de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Clara Luz Flores, y su esposo, el priista de Nuevo León, Abel Guerra; los líderes de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Avila, y en el Senado de la República, Adán Augusto López, además de al menos cuatro generales y militares de alto rango del Ejército mexicano que estuvieron en labores de inteligencia y seguridad en el gobierno.
Otro de los nombres que, aseguran las fuentes, más llaman la atención en esa lista del gobierno estadounidense es el del exdirector de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, actualmente en el retiro, y a quien se sigue vinculando al caso Camarena.
También hay alcaldes enlistados por el Departamento de Estado de Washington entre los que figuran varios de municipios de Tamaulipas, como el ya mencionado Alberto Granados, de Matamoros; de Río Bravo, Miguel Angel Alvárez; de Ciudad Victoria, Eduardo Gatas; de Ciudad Madero, Erasmo González; de Altamira, Armando Martínez; el alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar; el de San Luis Río Colorado, Sonora, César Iván Sandoval; así como el secretario de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas.
Hoy, tras la inédita cancelación de visa a una gobernadora y a un alcalde del partido mayoritario en México, no hay duda de que la “Lista de Marco” existe y que las autoridades de los Estados Unidos han comenzado a aplicarla. La única duda es si esa lista está entre las presiones y las “cosas inaceptables” que el presidente Trump le ha pedido con insistencia a la presidenta Sheinbaum y si ésta se ha negado a colaborar ante los vinculos políticos, afectivos y de trabajo que mantiene con una buena parte de los políticos y políticas que aparecen en ese listado, algunos de los cuales la doctora ha defendido de manera pública y vehemente.
¿Será que además de la negativa contundente a la entrada del Ejército estadounidense a combatir a los narcos en el territorio mexicano la presidenta también se ha negado a colaborar con la entrega de los políticos de su partido que están en la mira del gobierno de Estados Unidos?
NOTAS INDISCRETAS… Detrás de las investigaciones contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y de su esposo Carlos Torres, que llevaron a la cancelación de su visa, nos dicen que aparece el nombre del exfiscal General del estado, Guillermo Ruiz Hernández, quien fue amenazado y obligado a renunciar en diciembre de 2021, por la mandataria morenista.
El exfiscal habría dado información relevante al Departamento de Estado sobre las actividades de Carlos Torres y habría entregado pruebas de sus presuntos vínculos con el crimen organizado. A sus denuncias se sumó también el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien también, en su calidad de ciudadano estadounidense, ha colaborado y entregado información sobre los vínculos delincuenciales que llegan hasta la gobernadora Marina del Pilar, los cuales ha denunciado en repetidas ocasiones desde la tribuna del Senado, en donde ha acusado a su compañera de partido de encabezar un “cártel del narcotráfico” en el estado fronterizo con Estados Unidos. “Lo que pasó en Baja California tenía que haber sido un arreglo previo de los cárteles, y en particular del Cártel Jalisco Nueva Generación, en el que le hizo un reclamo a la gobernadora (Marina del Pilar) en una manta inmensa, con señalamientos particulares de su nombre y apellido, donde le dice que violó el acuerdo. Eso nunca pasó en mi gobierno”, dijo el también senador de Morena Jaime Bonilla. Por algo dicen que nunca debes menospreciar a tus enemigos, por mucho poder que tengas…
Con informacion: ELUNIVERSAL+/
