“POLO FUE el PRESO # 99757-379 en EE.UU por TRAFICAR METANFETAMINAS pero YA le VA MEJOR,YA es CANDIDATO a JUEZ FEDERAL PROPUESTO por el PODER LEGISLATIVO”…la puerta del poder puede abrirse, incluso, desde el umbral de una celda.”

Leopoldo Javier Chávez Vargas es actualmente candidato a juez federal en Durango y su postulación proviene del Poder Legislativo Federal, en el contexto del nuevo modelo de elección popular de jueces federales impulsado por el Ejecutivo federal. 

Sin embargo, su candidatura ha generado fuerte controversia debido a sus antecedentes penales y cuestionamientos sobre su trayectoria profesional.

En un país donde la justicia se debate entre la transparencia y la sombra, la postulación de un sentenciado por narcotráfico como juez federal revela hasta qué punto la puerta del poder puede abrirse, incluso, desde el umbral de una celda.”

La organizacion “Defensorxs” aseguró que este no es su único antecedente, pues en 2014 también fue detenido en México por manejar en primer grado de ebriedad.

“Ahora, Leopoldo Javier compite para juez federal por el Estado de Durango. Como la mayoría de los candidatos relacionados con el crimen organizado, su candidatura fue aprobada por el Comité del Poder Legislativo”, acusó.

La organización cuestionó que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, asegure que la mayoría de candidatos cuestionados por nexos con la delincuencia provienen del listado del Poder Judicial.

Antecedentes penales en Estados Unidos

• En noviembre de 2015, Chávez Vargas fue detenido por autoridades estadounidenses en el puente internacional Lincoln Juárez, cuando viajaba en un autobús de pasajeros. Rayos X detectaron un bulto dentro de un extintor oculto bajo su asiento; él admitió haber colocado el extintor “sin saber qué contenía” para transportarlo a Dallas, Texas.
• Fue procesado y sentenciado en el distrito sur de Texas por el delito de tráfico de metanfetamina. Pasó más de cinco años en una prisión federal de Estados Unidos, con registro penitenciario número 99757-379 del Buró de Prisiones (BOP), y fue liberado el 7 de junio de 2021.
• Estos hechos han sido confirmados por registros oficiales estadounidenses y difundidos por organizaciones civiles y medios de comunicación, como Pie de Nota y Defensorxs MX.

Otros antecedentes y cuestionamientos

Su cédula profesional de licenciado en derecho (número 14446626) fue expedida apenas en 2024 por el Instituto Bilingüe de Durango, lo que indica que obtuvo su acreditación profesional después de salir de prisión.

Actualmente cursa una maestría en juicios orales y afirma tener un diplomado en juicios de amparo.

Durante entrevistas, Chávez Vargas ha declarado haber trabajado en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y tener más de cinco años de experiencia en instancias judiciales en México y el extranjero. Sin embargo, los requisitos constitucionales para el cargo exigen al menos cinco años de experiencia jurídica posterior a la expedición de la cédula profesional, lo que pone en duda su elegibilidad formal.

Propuestas y campaña

• En su perfil oficial ante el INE, Chávez Vargas sostiene que su visión de la impartición de justicia se basa en la equidad, transparencia y pronta resolución de conflictos.
• Entre sus propuestas están la capacitación en inteligencia artificial para el Poder Judicial, priorizar casos de violencia de género y derechos fundamentales, y fomentar la digitalización de trámites judiciales.
• Fue señalado por presuntos actos anticipados de campaña, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desestimó la denuncia al no considerar que existieran llamados expresos al voto.

Riesgo de inhabilitación

• El INE ha señalado que candidaturas judiciales pueden ser anuladas si se confirma que los aspirantes son prófugos de la justicia, deudores alimentarios, agresores sexuales o tienen antecedentes de violencia familiar. La condena penal de Chávez Vargas por narcotráfico podría ser causal de inhabilitación si se activa el mecanismo de revisión correspondiente, aunque hasta el momento su candidatura sigue activa y asi seguirá,como en Tamaulipas.

Resumen

Leopoldo Javier Chávez Vargas, candidato a juez de Distrito en Durango, fue sentenciado y encarcelado en Estados Unidos por tráfico de metanfetamina, obtuvo su cédula profesional de abogado tras salir de prisión y enfrenta cuestionamientos sobre su experiencia y elegibilidad. A pesar de estos antecedentes, su candidatura permanece activa y él sostiene que busca modernizar y humanizar el sistema judicial.

Con informacion: ELNORTE/

“ATORENLO USTEDES ?”: MIENTRAS CABEZA de VACA PROTEGIA al PRIMITO en 2020 el MUY PERVERSO le PIDIO al GOBIERNO FEDERAL que lo DETUVIERA”…y asi dejaba de ser “traicion”.

Uno de los líderes señalados por el Departamento del Tesoroestadounidense de encabezar operaciones de narco-huachicol en México fue fichado por el Gobierno tamaulipeco y, en julio de 2020, pidió ayuda al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Federación buscara y capturara al capo.

Se trata de César Morfín Morfín, alias “El Primito”, señalado como líder de la célula del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tamaulipas.

En su edición de este viernes, REFORMA informó que el Departamento de Estado exhibió las operaciones internacionales del CJNG para introducir a Texas narco-huachicol desde México.

En julio de 2020, con un oficio de por medio, el entonces Gobernador tamaulipecoFrancisco Javier Cabeza de Vaca solicitó al Presidente Andrés Manuel López Obrador que interviniera para que la Federación buscara y capturara a capos del crimen organizado.

El Mandatario panista, de hecho, acompañó el oficio con la ficha de Morfín Morfín, sobre quien pesaba una orden de aprehensión girada a las 12:35 horas del 5 de marzo de 2020.

“Desde el inicio de mi administración, asumí que la seguridad de las y los tamaulipecos sería la prioridad fundamental de nuestra acción de Gobierno”, introdujo en el oficio que fue enviado a López Obrador y que fue recibido el 14 de julio de 2020 en la Secretaría de Gobernación, una de cuyas copias posee REFORMA.

“Durante muchos años, las autoridades locales fueron parte del problema. Alcaldes y gobernadores toleraron, protegieron y, en algunos casos, se coludieron con las organizaciones criminales. 

“La complicidad institucional es, sin duda, una de las causas de la violencia que se desató en la entidad, debido a que los delincuentes no sólo se disputaban entre sí las rutas, las plazas, y los negocios, sino que lograron penetrar y capturar las estructuras de Gobierno que debían proteger a los ciudadanos”.

Cabeza de Vaca explicó al Presidente López que la Fiscalía del Estado de Tamaulipas había integrado “distintas carpetas de investigación y obtenido órdenes de aprehensión en contra de los principales líderes de las organizaciones criminales con presencia en el Estado, las cuales se encuentran aún pendientes de cumplimiento”.

El Mandatario estatal señaló, entre otros, a “El Primito”.

“Debo destacar que, en el transcurso de mi administración se han realizado algunas detenciones por parte de la Federación, pero que desafortunadamente terminaron en la liberación de los presuntos delincuentes (y) gracias al apoyo de la Fiscalía del Estado se logró su recaptura y hoy se encuentran enfrentando la justicia”, apuntó.

Cabeza de Vaca resaltó la importancia que había de “fortalecer nuestra colaboración para contener la capacidad de daño de las organizaciones criminales y, en particular, de sus liderazgos”.

“La detención de estos presuntos delincuentes permitirá reducir significativamente la actividad criminal de estas organizaciones y, en particular, la violencia que desatan en nuestras comunidades, así como obtener información relevante sobre el comportamiento criminal que despliegan en el Estado y en el País.

“De conformidad con los principios de concurrencia y colaboración en materia de seguridad pública previstos en el artículo 21, párrafos 9 y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las atribuciones que le confieren a usted los artículos 80, 89 y 90 de la Ley Fundamental, le solicito atentamente gire sus apreciables instrucciones a las dependencias y entidades que correspondan, a efecto de que la Federación concurra el esfuerzo de búsqueda y captura de las personas antes referidas y, por tanto, al cumplimiento de las órdenes de aprehensión judicialmente determinadas”, indicó.

Con informacion: ELNORTE/

SE “FUE IMPUNE con la COLA entre las PATAS”: “COMETER DELITOS y SALIR SONRIENDO del GOBIERNO SI se PUEDE cuando DOS ENTES HUMANISTAS HIPOCRITAS lo GOBIERNAN”…encargada de despacho presidencial no sabe que bien dicho nunca sera mejor que bien hecho.

La salida tardía e impune de Francisco Garduño del Instituto Nacional de Migración (INM), dos años después del incendio que mató a 40 migrantes en Ciudad Juárez, es percibida por víctimas, organizaciones de derechos humanos y analistas como un mensaje contundente de impunidad institucional en México que apunta a la protección de un ex-presidente y una presidenta.

Un análisis sobre el caso Garduño y la impunidad en el INM nos deja ver como en México, la impunidad no sólo absuelve, también sonríe al salir por la puerta grande.Porque cuando la justicia es selectiva y la memoria institucional se diluye, las víctimas quedan doblemente atrapadas: primero por el fuego y luego por el olvido.”

“El caso Garduño demuestra que, en el laberinto burocrático mexicano, la responsabilidad suele perderse antes de encontrar la salida.”

Mientras la impunidad siga siendo la norma, la tragedia de Ciudad Juárez no será un episodio aislado, sino un síntoma persistente de un sistema que protege a los poderosos y olvida a los vulnerables.”.Así, entre puertas cerradas y disculpas ausentes, la justicia para los migrantes sigue esperando del otro lado del incendio.”

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El caso Garduńo puede ser diseccionado con elementos clave.

1. Tragedia y omisiones graves

• El 27 de marzo de 2023, 67 migrantes fueron encerrados en una estación migratoria federal durante un incendio; 40 murieron y 27 resultaron gravemente heridos. Funcionarios del INM y guardias privados abandonaron el edificio, dejando a los migrantes atrapados, según testimonios y videos.
• La única “falta” de las víctimas era su condición migratoria, lo que agrava la percepción de abandono y desprotección estatal[1].

2. Investigación deficiente y acusación menor

• Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció un patrón de irresponsabilidad y omisiones en el INM bajo la gestión de Garduño, sólo se le imputó el delito de “ejercicio ilícito de la función pública”, considerado menor y más cercano a una falta administrativa que a un crimen grave.
• La investigación fue calificada como “fast track”, superficial y hecha “a modo”, sin profundizar en la posible responsabilidad de Garduño por acción u omisión en los homicidios y lesiones.
• Otros funcionarios y guardias enfrentan cargos más graves, pero Garduño recibió un trato diferenciado desde el inicio.

3. Beneficios procesales y falta de justicia

• Garduño logró que un juez suspendiera provisionalmente su proceso penal, un beneficio reservado para delitos menores. Las condiciones impuestas (reparación y disculpa pública) no han sido cumplidas personalmente por él.
• La reparación fue cubierta por el gobierno federal, no por Garduño, y la disculpa pública sigue pendiente, pese a la exigencia de las familias de que se realice en el lugar de la tragedia y con su presencia garantizada.
• Durante el proceso, Garduño siguió usando recursos públicos para su defensa y viajes, mantuvo su sueldo y su influencia sobre la institución, lo que permitió posibles interferencias en la investigación.

4. Ausencia de responsabilidad política y ética

• Garduño nunca ofreció una disculpa pública a las familias de las víctimas ni asumió responsabilidad política o ética por la tragedia.
• En su despedida, se limitó a agradecer y presumir logros institucionales, omitiendo cualquier referencia al incendio y sus consecuencias.
• El gobierno federal, tanto en la administración de López Obrador como en la de Sheinbaum, lo mantuvo en el cargo hasta el final, pese a la presión social y de organizaciones civiles.

5. Militarización y continuidad de políticas de control

• Bajo Garduño, el INM pasó de una lógica de gestión migratoria a una de seguridad nacional, con una fuerte militarización y endurecimiento del control migratorio, lo que contribuyó a las condiciones de riesgo para los migrantes.
• Su perfil, proveniente del sistema penitenciario, marcó la continuidad de prácticas de control y no de protección de derechos humanos.

6. Percepción social y mensaje de impunidad

• Organizaciones de derechos humanos y representantes de las víctimas coinciden en que la salida de Garduño es “tardía” y refuerza la impunidad, pues se va “sonriendo”, sin castigo ni verdad para las familias.
• El caso ilustra cómo una investigación deficiente, una acusación menor y la falta de consecuencias reales para altos funcionarios perpetúan la desconfianza en la justicia y en la rendición de cuentas en México.

“Es una salida tardía, que manda un mensaje de impunidad porque le permitió al comisionado Garduño seguir haciendo uso de los recursos públicos para viajar a las firmas semanales que tenía que hacer en el centro de justicia de Chihuahua… sale demasiado tarde cuando ya pudo hacer y deshacer. Y al mismo tiempo sale y sigue sin haber justicia ni verdad para las familias”….ELPAIS

Conclusión

La gestión y salida de Francisco Garduño del INM, tras la muerte de 40 migrantes, se ha convertido en un símbolo de impunidad: la ausencia de castigo real, la falta de responsabilidad política y ética, y la continuidad de privilegios para altos funcionarios, incluso frente a tragedias de derechos humanos, refuerzan la percepción de que en México la justicia no alcanza a quienes ostentan el poder.

Con informacion: Beatriz Guillen/Diario Español/ELPAIS/

“QUE TOCA HOY ?…es CUESTION de SUERTE”: “ESTUDIANTES NARRAN el MIEDO y la FRUSTRACION de VIVIR en una CIUDAD CAPTURADA por el CARTEL de SINALOA”…bajo un gobierno que hace lo que puede en vez de lo que debe.

No es sencillo ser un estudiante en una ciudad donde la vida parece haberse sumergido en un constante ciclo de temor y violencia. Las escuelas, antes llenas de risas, gritos y movimiento, ahora están marcadas por la soledad y el silencio. Ya no hay estudiantes en las aulas universitarias, ya no hay camiones repletos de jóvenes con sus mochilas, pero sobre todo, ya no hay esa tranquilidad de salir a las calles, no desde que el pasado 9 de septiembre estalló una “guerra” entre grupos criminales que mantiene a la ciudad dentro de ese ciclo que parece nunca acabar.

Esta colección de relatos recoge las experiencias de jóvenes estudiantes que tuvieron la necesidad de compartir sus frustraciones, temores e inquietudes sobre una realidad que atenta contra sus derechos a la educación, salud y seguridad, una realidad que los ha confinado en sus casas a recibir clases virtuales como en la pandemia del COVID-19, pero que a diferencia de ese entonces no hay medidas para protegerse.

Los textos tienen puntos en común: el miedo, la crítica a las autoridades por minimizar la situación y la sensación de aislamiento al estar confinados teniendo clases virtuales sin poder interactuar de forma presencial con sus compañeros, amigos y maestros.

Por ejemplo, en su relato, una autora anónima expresó la angustia que siente al ver cómo la violencia ha pausado su vida y destacó el impacto psicológico y emocional que le genera estar en medio de una “guerra que no es propia”.

“He de confesar la impotencia que siento sobre todo cuando veo a personas de otros estados de México haciendo su vida normal, pero para nosotros la normalidad es un concepto que nos es cada vez más lejano”, extracto del relato titulado Sentir que tu vida se puso en pausa por una guerra que no es propia.

En otro relato, un joven mencionó la importancia de no perder la crítica social ante las acciones y declaraciones de un gobierno que ha minimizado la situación de inseguridad en un país lleno de estudiantes con miedo.

Éstas narraciones también cuentan con algunas experiencias personales de los jóvenes sobre cómo ha sido su vida ante la violencia que oprime a Culiacán desde el pasado 9 de septiembre, pues en uno de los relatos, un joven compartió una situación de terror que vivió al escuchar disparos cerca de la casa de su hermana.

“Incluso el refugio ya no me otorga sosiego. El 21 de septiembre a las 3 p.m., estando en Tierra Blanca en casa de mi hermana, los disparos comenzaron a sonar a solo una calle de distancia. Balazos, luego ráfagas incesantes de metralleta. El terror me hizo tirarme al suelo, temiendo que las balas pudieran atravesar las paredes. No puedo imaginar el pánico de aquellos que estaban expuestos a la intemperie”, extracto del relato titulado Incluso el refugio ya no me otorga sosiego.

Estudiantes narran sus experiencias ante la violencia en Culiacán.

Este proyecto que Revista ESPEJO acompaña participó en mentoría la Profesora Itzel Miranda, quien guió a estudiantes junto con el equipo editorial de este medio para poder recoger sus sensaciones y reflexiones desde su óptica respecto lo que sucede en la capital de Sinaloa.

Son más de diez relatos de estudiantes que narran sus reflexiones, opiniones y emociones ante esta “guerra” a la que no fueron invitados, pero que terminó envolviéndolos y obligándolos a resguardarse.

Con informacion: ALEXANDRA FIGUEROA/REVISTA ESPEJO/

“REVISIONES AGRESIVAS y ARCAICAS”: “GUARDIAS NACIONALES ARBITRARIOS LASTIMAN DERECHOS de FORMA CHUECA a GENTE DERECHA de REYNOSA”…sus ex-compañeros jefes de plaza,no pasan por ahi.

Elementos de la Guardia Nacional han endurecido al limite de las leyes y la normatividad, las medidas de inspección en el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, además de revisar los vehículos que cruzan hacia Estados Unidos, ahora registran las placas de los automóviles y solicitan los nombres de los ocupantes.

Varios usuarios de este cruce fronterizo manifestaron su inconformidad por lo que consideran prácticas intimidatorias, al cuestionar a los elementos sobre estas acciones, fueron respondidos de manera grosera y tajante.

“Son órdenes de arriba. Si quiere quejarse, acuda con el supervisor”, relataron.

“Esto me da miedo, ahora saben qué carro manejo. Es terrible, pero les valió”, expresó una usuaria afectada, quien pidió permanecer en el anonimato por seguridad.

Los usuarios fundadamente, temen que se haga mal uso de la información tanto de su nombre como del vehículo que conducen y piden a las autoridades federales que se omita esta parte en las revisiones cuando cruzan a Estados Unidos.

Estas acciones forman parte del Operativo Frontera que muy pocos resultados ha dado, pues han sido frecuentes los decomisos del lado estadounidense que dejan ver que sus revisiones o estan agujeradas o estan comprometidas,es decir “comprados y metidos”,pero aun, sus ex-compañeros de armas, ahora jefes de plaza en Reynosa,no pasan por ahi.

Violación al principio de legalidad y seguridad jurídica

Las revisiones vehiculares implementadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en el Puente Internacional Reynosa-Hidalgoplantean graves cuestionamientos legales en el marco de un Estado democrático de derecho. A continuación, se detallan algunas normas y principios vulnerados:

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• Artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública debe ejercerse con respeto a los derechos humanos y e inicialmente radicaba en autoridades civiles que truculentamente evadió el ejercito al crear en 2019 una Guardia Nacional Civil que ya termino en los cuarteles y ya termino de campeona de abusos y torturas.
• Ley de la Guardia Nacional (Art. 4 y 42): Exige que las actuaciones se basen en inteligencia policial, no en operativos masivos sin criterios específicos. Las revisiones indiscriminadas violan este precepto al carecer de fundamento en datos concretos.

Las acciones arbitrarias que también han sido documentadas por El Mañana de Reynosa ,han sido materia de debate e inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

“En particular, la fracciones XVIII (que permite a los elementos de la Guardia Nacional requerir a autoridades y solicitar a las personas físicas o morales informes o documentos para fines de investigación) y XXIX (que permite obtener, analizar y procesar información y realizar acciones necesarias para la prevención de delitos de manera directa o mediante mecanismos de coordinación) del artículo 9° dejan al completo arbitrio de dicha autoridad la posibilidad derealizar diversos actos de molestia. Aunque se establece que los documentos requeridos serán para fines de investigación, debe tomarse en consideración que en la misma Ley se hace referencia a “investigaciones para la prevención de los delitos”, lo cual genera incertidumbre, ya que no se tiene la certeza sobre si dichas pesquisas se realizan para prevenir delitos, o bien,dentro de una investigación criminal bajo el mando del Ministerio Público….”

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2. Afectación al libre tránsito y derechos civiles

Artículo 11 constitucional garantiza el derecho a la libre circulación. Las filas de hasta 4 o mas horas y la falta de coordinación en los retenes “arcaicos y sin tecnología” , representan una restricción desproporcionada, sin justificación técnica ni aviso previo.

Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 22): Prohíbe las limitaciones al tránsito que no sean necesarias en una sociedad democrática. Las revisiones extendidas a usuarios del carril Sentri(que pagan por un servicio exprés) configuran un trato discriminatorio.

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3. Militarización de funciones civiles

• Doctrina de la Corte Interamericana (Caso Radilla): La Suprema Corte de México determinó en 2025 que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares deben juzgarse en tribunales civiles, no bajo fuero militar, esto alienta las conductas abusivas, pues la participación del Ejército en tareas de seguridad pública persiste, incumpliendo estándares internacionales.
• Recomendaciones de la CIDH: En 2022, el organismo alertó sobre los riesgos de someter a la Guardia Nacional al control operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), lo que debilita la rendición de cuentas civil y respuestas tarugas como: “si quiere quejarse,digaselo al supervisor”.

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4. Omisión de protocolos de transparencia

• Ley General de Transparencia (Art. 6): Exige informar a la ciudadanía sobre operativos que afecten sus derechos. Los usuarios denuncian que las revisiones se implementaron sin aviso previo, violando este principio.
• Principio de proporcionalidad: Las medidas de seguridad deben equilibrar eficacia y respeto a derechos fundamentales. La falta de tecnología para agilizar los filtros (ej. scanners vehiculares) evidencia una ejecución negligente.

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5. Riesgos a grupos vulnerables

Artículo 4 constitucional obliga al Estado a proteger el interés superior de la niñez. Estudiantes que cruzan solos a escuelas en Texas enfrentan peligros ante la obligación de caminar debido a los retrasos, exponiéndolos a situaciones de riesgo.

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Conclusión

Estas prácticas no solo contradicen el marco jurídico nacional e internacional, sino que reflejan un patrón de militarización de la seguridad pública y desatención a estándares democráticos. Urge reorientar la estrategia hacia modelos basados en inteligencia, transparencia y respeto irrestricto a los derechos humanos.

Con informacion: HoyTamaulipas/ ElMañana de Reynosa/

LA “RAPIÑA FUE BAJO el AGUA”: “ACCIDENTE en TABASCO EXHIBIO CONTRASTES del PUEBLO AYUDANDO y el PUEBLO ROBANDO con TALENTO ACUATICO”…unos tendieron la mano y otros la soga.

Un accidente que se registró durante la madrugada de hoy en la Carretera Cárdenas-Villahermosa, a la altura de la Ranchería Cucuyulapa, cuando la unidad se salió del camino en un puente y cayó al Río Samaria,degenero en saqueo por parte de pobladores que bucearon para robar la mercancía que transportaba un camión donde murió sus chofer.

El accidente ilustra un agudo contraste humano: mientras algunos arriesgaron su vida para salvar al copiloto y brindar apoyo inmediato, otros se sumergieron en el río para saquear la mercancía del camión accidentado, incluso a costa de su propia seguridad y tras la pérdida de una vida humana.

En la misma tragedia, unos dieron la mano y otros tendieron la soga: la solidaridad y la rapiña, dos rostros de una misma comunidad pensando diferente:

• “Mientras unos luchaban por salvar vidas, otros sólo pensaban en llenar costales: el accidente reveló la distancia entre la ayuda y el egoísmo.”
• “El río arrastró un camión, pero la corriente humana mostró sus dos cauces: la ayuda desinteresada y la rapiña oportunista.”

Aunque esta conducta no es nueva,sintetiza el contraste entre la solidaridad y el oportunismo que emergen en situaciones de desastre, fenómeno ampliamente documentado en estudios sobre saqueos tras catástrofes, donde la conducta colectiva puede dividirse entre quienes ayudan y quienes aprovechan la crisis para beneficio propio.

Pese al riesgo e incluso la perdida de una vida humana los pobladores se sumergieron dentro de la caja del tráiler para sustraer los productos, entre ellos botellas de catsup, que posteriormente colocaban en costales que ataron a una soga desde el puente.

También hicieron uso de lanchas para transportar lo saqueado, como se pudo observar en imágenes difundidas en redes sociales.

La víctima se trató del chofer del camión, quien murió ahogado, mientras que el copiloto logró ser rescatado con ayuda de habitantes de la zona, quienes fueron reconocidos por Protección Civil.

“Su apoyo inmediato fue clave para atender esta emergencia”, señaló la dependencia, en contraste con la rapiña.

Con informacion: ELNORTE/