Porque las sedicentes treguas entre criminales nunca han tenido contemplada una tregua contra ciudadanos, nuevamente una familia fue víctima de un asalto en la Autopista a Reynosa, donde a punta de pistola los despojaron de su camioneta, en General Bravo,convertida en tierra de nadie, cuyo camino conduce al territorio del Cartel del Golfo que gobierna un gobernador “golfo” .
Y es que muy y pese que el “mañoso’ Americo Villarreal y su homologo de N.L sobrino del “June” del Cartel del Golfo se han reunido interestatalmente para jugarle el dedo en la boca entre los dos a los ciudadanos, los plagios y los atracos de automovilistas continúan en las carreteras de Nuevo León que conducen a Reynosa y el CDG,gobernada delictivamente por dos ex-militares, muy pese a la vigilancia que las autoridades estatales afirmaron implementarían con la creación de la División de Caminos de Fuerza Civil.
La vigilancia en algunas vías, como lo es la Autopista, oficialmente le corresponde la vigilancia a la Guardia Nacional, la cual siempre ha sido nula.
En pleno día, una familia vivió momentos de terror al ser encañonados por delincuentes para asaltarlos.
Una fuente policial informó que el atraco fue cometido alrededor de las 16:45 horas de ayer, en la Autopista a Reynosa, adelante de la caseta de cobro de General Bravo.
Mencionó que la familia -el conductor, su esposa, su hija y su nieto- viajaba en una camioneta Volkswagen T-Cross 2020, blanca, con placas de Nuevo León.
A un lado de la Autopista estaba detenido un auto Volkswagen Jetta, del cual bajaron varios hombres con el rostro tapado y les apuntaron con sus armas para que se detuvieran.
Para evitar que les causaran daño, el conductor se detuvo.
Sin dejar de apuntarles los obligaron a bajar de la camioneta, despojándolos también de sus pertenencias.
Los delincuentes subieron a la T-Cross y al Jetta y se dieron a la fuga. La familia pidió auxilio a otros automovilistas que transitaban por ahí, quienes los ayudaron para que reportaran el asalto al 911.
Mientras el gobierno federal se ocupa y nos distrae con su nueva estrategia dedicada mediaticamente a vender capturas para intentar convencer a los EE.UU que si combate al crimen organizado,con un borron y cuenta nueva eludiendo su pasado y presente narco,otrassiete personas fueron asesinadas tras un ataque en un panteón en el Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, la noche de ayer jueves 6 de marzo.
El ataque ocurrió minutos después de las 19:00 horas en el panteón de la comunidad de San José Agua Azul, donde al menos tres personas también resultaron lesionadas, entre ellas un menor de edad, quienes fueron trasladadas a hospitales.
Contexto de la masacre en Apaseo el Grande Los agresores llegaron en dos vehículos, abandonando uno en el lugar y otro en la carretera Panamericana. El hecho ocurrió después de un sepelio, en un municipio que ya registró otra masacre el 30 de noviembre de 2024, con 8 fallecidos en un puesto de dulces típicos.
Guanajuato: epicentro de violencia y cifras de impunidad
1. Crisis de seguridad recurrente
Liderazgo en homicidios: Guanajuato registró 2,199 asesinatos en 2024, el número más alto de México, con un promedio de 8.4 muertes diarias. En enero de 2025, el estado reportó 30 homicidios en solo 5 días
Patrón de masacres:
30/11/2024: Ejecución de 8 personas en “El Trébol” (Apaseo el Grande), incluyendo paramédicos y bomberos.
6/01/2025: Enfrentamiento en Yuriria dejó 8 presuntos criminales muertos tras atacar a una patrulla militar.
Enero 2025: Hallazgo de tres cuerpos colgados en un puente cerca de una planta de Mazda en Salamanca.
En Guanajuato, solo el 1% de los crímenes se resuelven debido a corrupción e infiltración del crimen organizado en instituciones, como cita HRW en su informe.
Riesgo para familias: Activistas y buscadores de desaparecidos enfrentan amenazas y asesinatos. En 2024, Teresa Magueyal(busca a su hijo desde 2020) fue asesinada en Celaya, Guanajuato.
3. Trasfondo del conflicto
Guerra entre cárteles: La disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) por rutas de transporte hacia EE. UU. es la principal causa de violencia
Respuesta fallida del Estado: A pesar de aprobar el uso de armas de alto calibre para la policía local, la estrategia de “que los criminales se maten entre sí” prevalece entre autoridades.
Conclusión
Guanajuato combina inversión extranjera (plantas automotrices de Toyota y Mazda con una violencia desbordada, donde masacres como la del 6 de marzo son síntoma de una crisis alimentada por impunidad nutrida desde el mismo gobierno, disputas territoriales entre cárteles bajo reiterada colusión institucional. La recurrencia de ataques en Apaseo el Grande refleja la incapacidad estatal para proteger a civiles atrapados en el fuego cruzado,sintoma de un estado fallido y fallando.
Astrid Cruz, de 37 años, y su hijo, de 16, fueron brutalmente asesinados el pasado lunes en un domicilio dentro de un fraccionamiento en Zapopan, Jalisco. El caso ha causado conmoción entre la población, ya que el supuesto agresor y expareja de la víctima, identificado como Eduardo N, utilizó un martillo para terminar con la vida de ambos.
El acusado se encuentra prófugo.
El incidente adquirió mayor relevancia al conocerse que el acusado tenía antecedentes penales. En 2004, Eduardo N admitió haber matado con un martillo a su pareja, Martha Berenice, en Culiacán, Sinaloa. Aunque fue condenado a 24 años de cárcel, solo cumplió 16 y obtuvo su libertad en 2020. Cinco años después, Astrid y su hijo fueron asesinados de la misma forma. La hija menor de la víctima, de 9 años, quien también estaba presente en la casa, está gravemente herida y hospitalizada.
Durante su reclusión, el acusado sostuvo una relación con otra mujer, con quien se casó y tuvo una hija. Tras obtener su libertad, dos años después su esposa murió en circunstancias que no fueron esclarecidas.
“No sabíamos nada, estamos la familia muy sorprendidos. Es el mismo modus operandi, como si fuera una asesino serial. Las tres mujeres de la misma manera atroz y salvaje, con un odio horrible y estamos muy sorprendidos. Nos han propuesto que juntemos los tres casos para unir fuerzas para que así no tengan el pretexto de que se escapó o que lo dejaron salir”, afirmó la hermana de la víctima.
La impunidad es uno de los grandes problemas que carga el país. Un informe publicado por Human Rights Watch señala de que nueve de cada 10 homicidios en la República no son castigados, una cifra que pone evidencia la ineficiencia del sistema de justicia y el calvario que viven millones de familiares de las víctimas de la violencia que corroe a México.
El gobernador de Jalisco,Pablo Lemus, condenó los hechos y aseguró que tienen indicios del rastro de Eduardo N. “Es un delincuente, lo tenemos que capturar. Este multihomicidio es algo verdaderamente indignante y ya estamos muy cerca de dar con él. Los registros nos indican que está fuera de Jalisco y estamos colaborando con otras fiscalías para su localización”, afirmó.
De acuerdo con los detalles proporcionados por la familia y allegados de Astrid, esta se encontraba en proceso de mudanza. Antes del ataque, Astrid recibió una serie de mensajes a su celular, en los que Eduardo N decía que se iba de viaje a Cancún con un amigo y que destruiría el chip con el cual se comunicaba. También recibió un correo en el que le dijo que sabía dónde se iba a mudar.
Según la investigación de la Fiscalía, Eduardo N no solo intentó deshacerse de los cuerpos, sino que también utilizó el celular de ella para responder mensajes y hacer creer que aún estaba con vida. Las amigas de Astrid pudieron percatarse que los mensajes no los escribió la víctima. Esta razón las llevó a ir a su casa y hallaron una escena desoladora: los cuerpos de la madre y de su hijo sin vida, maniatados, y con señales de mucha violencia.
La familia, allegados de Astrid y colectivos feministas de Jalisco han anunciado que, con motivo del día internacional de la mujer —este 8 de marzo—, buscarán visibilizar este crimen y pedir justicia.
México cerró 2024 con 26.715 personas asesinadas, según cifras preliminares de las fiscalías estatales que se muestran en el Informe de Seguridad del Gobierno. Las cifras de violencia generalizada en el país también afectan al incremento de la violencia contra las mujeres. 733 fueron víctimas de feminicidio entre enero y noviembre, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunque las organizaciones encargadas de estudiar este fenómeno, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, consideran que existe un amplio subregistro de casos y que las cifras podrían ser el doble. En los últimos cuatro años 15.158 mujeres fueron asesinadas de manera violenta en México.
Frente al Congreso y frente a los generales del Pentágono, el presidente Donald Trump confirmó que su gobierno emprenderá una guerra sin cuartel contra los cárteles. El inquilino de la Casa Blanca le ha hecho saber al mundo que las organizaciones transnacionales del narcotráfico representan la principal amenaza de seguridad nacional para los Estados Unidos de América. Por encima de Rusia, del Estado Islámico y de la Guardia Revolucionaria de Irán, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación son objetivos prioritarios del aparto de seguridad e inteligencia norteamericano.
“El territorio adyacente a nuestra frontera sur está hoy dominado completamente por los cárteles criminales que asesinan, violan, masacran y ejercen control total, tienen control total de toda la nación. Representan una amenaza grave a nuestra seguridad nacional”.
Lo que es más grave: Trump acusa que existe una “alianza intolerable” entre el Estado mexicano y los cárteles.
Si México no se ha dado cuenta que Washington está preparando la posibilidad de una intervención militar en territorio nacional, es porque no está prestando atención. En términos políticos, legales y mediáticos, la administración de Donald Trump está pavimentando el terreno para que Fuerzas Armadas norteamericanas puedan realizar operaciones especiales o ataques dirigidos contra objetivos criminales en México. Las señales están a la vista.
PRIMERA SEÑAL: La declaración del Estado de la Unión
“Los cárteles están en guerra con Estados Unidos y es momento de que Estados Unidos declare la guerra a los cárteles. Y así lo haremos”.
Donald Trump utilizó su primer gran discurso presidencial en la sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes para advertir lo que sus asesores de seguridad nacional han planteado públicamente, al menos desde el 2022, en el ‘think tank’ conservador Center for Renewing America: es necesario aprobar una legislación formal de declaración de guerra contra los cárteles.
En enero de 2023, los congresistas republicanos Dan Crenshaw y Mike Waltz introdujeron la iniciativa de “Autorización de Uso de Fuerza Militar”. La propuesta pretende dotar al presidente de nuevas facultades y recursos de inteligencia, ciberseguridad y espionaje para irrumpir las operaciones de los cárteles.
“Debemos de empezar a tratar a estas organizaciones criminales como ISIS”, declaró Crenshaw. Para Waltz, quien hoy es el director del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, la iniciativa se justifica por la sofisticación financiera y militar del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación: “Es tiempo de pasar a la ofensiva. Estas organizaciones paramilitares transnacionales son responsables de asesinar a un número sin precedentes de norteamericanos. Estados Unidos tuvo éxito en la década de los noventas en asistir en el desmantelamiento de los cárteles colombianos y deber hacer lo mismo ahora”.
El primer paso fue la designación que hizo el Departamento de Estado de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. El siguiente paso será la aprobación de la iniciativa de Waltz y Crenshaw.
SEGUNDA SEÑAL: La amenaza del Pentágono
El 31 de enero, el secretario de la Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, sostuvo una conferencia con el general secretario de la Defensa Nacional y el almirante secretario de la Marina Armada de México. De acuerdo a una fuente citada por The Wall Street Journal, Hegseth amenazó a México con tomar “acciones unilaterales” contra los cárteles si México no atacaba de manera frontal el tráfico de fentanilo y si no se atendían las preocupaciones de Washington sobre la colusión de oficiales del gobierno con el crimen organizado.
Fue un ultimátum a puerta cerrada, el antecedente de la decisión histórica del gabinete de seguridad mexicano de entregar a Estados Unidos a 29 líderes de los cárteles para ser procesados en cortes norteamericanas, entre ellos a Rafael Caro Quintero, el eterno némesis criminal de la DEA.
A partir de ese momento, el gobierno de Claudia Sheinbaum tomó medidas drásticas para alinear su política de seguridad con los intereses de la Casa Blanca: México desplegó nueve mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera; accedió a que drones de reconocimiento de la CIA sobrevolaran cielo mexicano; emprendió un operativo de captura contra el Estado Mayor de Iván Archivaldo Guzmán y desmanteló cientos de laboratorios de drogas sintéticas, principalmente en Sinaloa.
Sin embargo, para el equipo de Donald Trump, esto no fue suficiente. En dos ocasiones distintas, el jefe del Pentágono le dijo a Fox News que la posibilidad de realizar incursiones de fuerzas especiales o ataques dirigidos en México sigue siendo una opción sobre la mesa del presidente.
TERCERA SEÑAL: La reforma silenciosa del Departamento de Defensa
El 28 de febrero, la prensa estadounidense reportó que el presidente Donald Trump tomó la decisión ejecutiva de reducir las restricciones que tienen los comandantes militares para autorizar ataques aéreos dirigidos e incursiones de operaciones especiales fuera de campos de batalla convencionales.
La orden de la Casa Blanca amplía, en gran medida, el rango de objetivos de este tipo de decisiones militares. CBS News calificó este cambio como un “silencioso, pero sísmico recalibramiento para desmantelar los controles de la era Biden y regresar a una política de contra terrorismo mucho más agresiva”.
Donald Trump pretende que el Departamento de Defensa tenga mucho mayor discrecionalidad para atacar a organizaciones terroristas y que no tenga que depender de la intervención directa del presidente para autorizar bombardeos. Bajo el esquema de la adminsitración Biden, este tipo de decisiones estaban sujetas a una revisión multinivel del Estado Mayor, de la Casa Blanca, de la CIA y de abogados militares sobre el riesgo de víctimas civiles y la legalidad de la designación de los objetivos terroristas. Muchas de esas restricciones han desaparecido.
De manera paralela, el presidente Trump removió a los tres abogados militares de más alto rango en el Pentágono. Se trata de tres funcionarios sin afiliación política que tienen la autoridad legal independiente de señalar a cualquier comandante militar o miembro del aparato de seguridad que una orden del presidente de Estados Unidos es inconstitucional, no debe seguirse y no debe ser obedecida. Frank Kendall, secretario de la Fuerza Aérea en el gobierno de Joe Biden, explica que esto significa que el presidente Donald Trump podrá emprender una guerra sin contrapesos ni parámetros legales dentro del Departamento de Defensa.
Para México, esto podría significar una guerra sin reglas.
CUARTA SEÑAL: Los aranceles por “seguridad nacional”
“Las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas, los líderes globales en el trasiego de fentanilo, operan con impunidad debido a una alianza intolerable con el gobierno de México”, se lee en el comunicado publicado por el presidente Donald Trump para justificar la imposición de aranceles contra México y Canadá. “Esta alianza con el gobierno mexicano pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos, por lo que debemos erradicar la influencia de estos peligrosos cárteles”, continúa el documento.
Esta es la tesis bajo la cual la Casa Blanca ha invocado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia para imponer tarifas unilateralmente, sin la intervención del Congreso. La Constitución de Estados Unidos establece que la política comercial es una prerrogativa del Poder Legislativo. La crisis de salud pública por las sobredosis de fentanilo permiten al equipo de Trump actuar sin la injerencia del Senado.
El contexto legal explica, parcialmente, por qué Trump insiste en que “el gobierno de México aporta paraísos de protección para que los cárteles fabriquen y transporten peligrosos narcóticos que, colectivamente, derivan en las muertes por sobredosis de cientos de miles de víctimas americanas”.
Los argumentos que hoy esgrime la Casa Blanca podrían ser replicados para justificar la aprobación de una intervención militar en México sin autorización del Congreso.
“Los cárteles de la droga mexicanos son conocidos por su extrema brutalidad, corrupción y control de regiones enteras de México”, sostiene la Casa Blanca. “La violencia de los cárteles, incluido el uso de drones artillados y minas terrestres, se está acercando a la frontera”.
Las señales están a la vista. Por si las dudas, por si es necesario, Washington está pavimentando el terreno de la intervención militar en México.
La informacion en redes es puntual y da cuenta del AVAnce dañino del “crimen organizado autorizado en Tamaulipas”, que somete a la población al pago de piso o el cobro de cuotas en la region ribereña ,donde tampoco parece haber nadie trabajando para combatirla porque andan ocupados esculcando vehículos rumbo a los EE.UU.
Y tan relajados andan los criminales bajo el gobierno de Morena y Americo Villareral, que los recien designados terroristas “andan chinga y jode o cobre y cobre”, pero lo mismo les da cobrar por las actividades ilicitas,como tambien las licitas, como cita @FuriaNegra77.
“…En la ribereña varios negocios están cerrando por el incremento de cuotas a la cerveza, tabaco y whisky. Antes solo cobraban cuotas a los que no tenían el permiso de alcohol, ahora a todos parejo. Filtran foto de uno de los que son enviados de #Reynosa del depósito “El Yogui”.
Pero la autoridad que los combate con topones y de vez en cuando, parecen ignorar que despues del trafico de drogas o el de ilegales,la extorsion es su actividad mas rentable,porque resulta que la autoridad tambien se renta,se alquila con estos.
Las extorsiones y cobro de “piso” por parte del crimen organizado, especialmente en municipios fronterizos como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, afecta desde pequeños comercios hasta grandes empresas, con la evidente complicidad y pasividad de las instituciones civiles y militares, todos se hacen tarugos.
Expansión del cobro de piso
Diversificación criminal: El Cártel del Golfo y células como Los Metros y Los Escorpiones han expandido sus exacciones a negocios legales, incluyendo tiendas de abarrotes, vulcanizadoras, restaurantes y empresas formales. Ahora exigen cuotas incluso a negocios con permisos para vender alcohol, como cervecerías y establecimientos de tabaco.
Pero el mismo expolio lo han extendido al comercio de huevo,la carne y cualesquier otro producto que imponen a comerciantes y que les permita imponer una cuota mientras la autoridad recibe la suya.
Control territorial: En Matamoros los grupos criminales imponen “impuestos” por el uso de puentes internacionales, aduanas,tortillerias,chatarerras y hasta por circular en ciertas vialidades. Los transportistas y agentes aduanales son extorsionados regularmente.
Caso emblemático: La cadena Oxxo (de FEMSA) puso en jaque al desgobierno con el cierre de 191 tiendas en Nuevo Laredo, tras secuestros de empleados y exigencias para usar espacios para espiar a autoridades.
Este caso evidenció cómo los cárteles ven a las empresas legales como fuentes de información y financiamiento.
Colusión y debilidad institucional
Corrupción policial: Más de 2,800 agentes de la Guardia Estatal están bajo investigación por extorsión, abuso de autoridad y violencia contra civiles y estan en el cuadro del deshonor nacionales el top cinco de las policias mas abusivas del pais.
Solo en 2024, se abrieron 297 expedientes por estos delitos, cita HoyTamaulipas y los casos van en aumento como publica ElMañana de Reynosa.
Falta de denuncias: Según la Coparmex, 96% de las extorsiones no se reportan debido a la desconfianza en las autoridades.
Quienes denuncian rara vez ven resultados: el 85% de los casos archivados no avanzan y si denuncias te matan y si no te matan,las carpetas se van al archivo muerto.
Respuesta limitada: Aunque se han creado mesas de coordinación “cínicas e hipócritas” para investigar denuncias (como las extorsiones a ferreteros en Matamoros), las acciones son meramente reactivas y mediáticas y no logran desarticular redes criminales,porque el gobierno es parte de esa red, son socios de Americo Villarreal Anaya y el que chivátea se muere.
Impacto económico y social
Cierre de negocios: Decenas de pequeños comercios han cerrado ante las exigencias de pago, que pueden llegar al 30% de sus ganancias. Quienes se resisten enfrentan amenazas, incendios o ataques directos.
Inflación criminal: Los cárteles no solo cobran por “protección” de ellos mismos, también fijan precios de productos como combustibles o materiales de construcción, distorsionando mercados locales.
Implicaciones geopolíticas
La estrategia de “mano dura” binacional (con operativos como el espejo México-EU) ha reducido el tráfico de migrantes, pero disparó la competencia criminal por controlar otras rentas, como las extorsiones.
En resumen, la extorsión en Tamaulipas opera como un sistema paralelo de poder que también cobra impuestos y el crimen organizado actúa con impunidad porque las instituciones estan debilitadas por la corrupción del gobernador ‘pa’ bajo y mientras no se ataquen esas redes, este “impuesto del miedo” seguirá creciendo.
