El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana envió desde el sábado a Nuevo León un comisionado especial que tendrá capacidad de investigación y despliegue operativo para encabezar y coordinar el combate al crimen en la entidad.
Se trata de Omar Amador Escobar Figueroa, quien llegó acompañado de un equipo inicial de entre 40 y 50 efectivos, y que operará desde una oficina en la Colonia Miravalle, en los límites de Monterrey con San Pedro.
Según fuentes allegadas al asunto, Escobar inició reuniones desde el sábado con directivos de distintas corporaciones para alistar el arranque formal de sus operaciones.
“Pero él trae su propio cuerpo operativo de investigación, incluso puede hacer las mismas investigaciones que la Fiscalía”, explicó la fuente.
“Ahorita trae una intensa agenda de reuniones Está alistando el inicio de operaciones”.
Se informó que se reunió con el Secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla, con personal de la Fiscalía General de la República en la entidad y también con el encargado de la Fiscalía General estatal, Pedro Arce.
Escobar Figueroa se formó en el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas y ha ocupado diversos cargos regionales en la FGR desde que era Procuraduría.
Su llegada ocurre luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum llamó en dos ocasiones a la Fiscalía estatal y al Gobierno de Samuel García a coordinarse para abatir los niveles de inseguridad en Nuevo León.
El miércoles, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se reunió en la Ciudad de México con Escamilla y con Arce para comprometerse a trabajar coordinados.
El repetido “chinga y jode” de criminales del Cartel del Golfo en Tamaulipas a la comunidad de “Palo Blanco” en Rio Bravo,municipio de donde es originario HECTOR JOEL VILLEGAS,alias “EL CALABAZO”, Secretario General del Gobierno al que el ejercito ilusamente cree es su aliado, tan solo porque consuetudinariamente lo tiene de lado,en un persistente problema que no se entiende, salvo en la complicidad de todos, lo mismo por el temor de enfrentarlos, aunque si lo hacen a ratos,pero no trata de ratos que seguramente ya van el trato,ni solo de dia,debe ser de noche y todos los dias.
Y es que El Ejido “Palo Blanco” ha sido victima indirecta del crimen organizado porque es es el epicentro de la guerra de bandos entre Reynosa y Matamoros, entre los “Metros (REYNOSA) y los “Escorpiones” (MATAMOROS) del Cartel del Golfo que ya van a completar 2 años en pugna, el próximo 30 de abril.
Asi que resulta obligado cuestionarnos que resultaría mas facil para resolverlo:
Pedirle a militares y policías “que dejen de jugar al gato de los ratones” y los enfrenten con la contundencia que las circunstancias reclaman y ya dejen de hacer lo que les es posible y empiecen a hacer lo que sea necesario.
Instalar en el ejido un Cuartel de la Guardia Nacional con al menos 10 mil soldados, que aunque a juzgar por la evidencia en otras latitudes, la cantidad versus calidad no permite presuponer que asi se resolverá,pero en algo abonaría.
Cambiar la ubicación del ejido a otra parte de Tamaulipas,aunque se dificulta pensar en que parte de la geografía el crimen organizado no domina el territorio,pero seguramente que echándole cabeza, habrá alguna orillita.
Mover el cauce del Rio Bravo,de tal manera que al serpentear el rio, el ejido quede en juridiccion de Texas ,donde muy a pesar de la poca distancia no enfrentan esta problemática de violencia, que nos hace pensar que nuestro problema pudiera ser de geografía.
Cambiar al actual gobernador por uno menos entergado, menos blandengue ,menos aliado de criminales,tal vez y solo tal vez, menos “humanista mal entenido”, porque la evidencia advierte que ese “humañismo” parece ser el problema y no solo privativo de Tamaulipas.
Construir un muro como el del Presidente Trump, pero ahora entre Reynosa-Rio Bravo y que se pueda prolongar al Valle de San Fernando,de tal suerte que los territorios criminales de “Metros y Escorpiones” no puedan comunicarse, bajo un agregado,el muro debe ser el doble alto del de Trump y el metal del mas duro,porque tienen sobrada experiencia “saltándo leyes y doblando gobernadores que en campaña decían que serian muy duros.
Y lo mas dificil:
Someter a los rijosos armados al imperio de la leyes,dejandoles en claro con acciones de fuerza legitima que les tumbe la libertad pero les respete la dignidad, que es el unico idioma que entienden,pero no debe ser ocasional, ni con topones de vez en cuando, debe ser a cada rato y hasta que se les “chingue su aparato”.
Pero ademas ,al mismo tiempo hay que aclararles ,que el hecho de haber votado por MORENA y su GOBERNADOR ,no deben, aunque si pueden,hacer lo que se les de su “rechingada gana”, porque el pueblo ya esta fastidiado y va tardar mucho en que vayan a tocarle con “buenos modos” la puerta del palacio de gobierno a su aliado, porque la presidenta dice que “ella no pone ni quita gobernadores” y el aludido engallado responde ,“que el pueblo pone y quita,no alguien que grita”,asi que parece ser el unico recurso el de la protesta social.
A siete años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) urgió a redoblar esfuerzos para garantizar su cabal cumplimiento.
En un pronunciamiento, la organización llamó a no olvidar que el objetivo principal de la ley es la localización de las personas desaparecidas para dar una respuesta a sus familias.
“A pesar de contar con un marco legal robusto, el derecho a saber, consagrado en esta ley, sigue siendo una deuda pendiente para miles de familias y para la sociedad en general. Este derecho, reconocido tanto por el derecho internacional humanitario como por el derecho internacional de los derechos humanos, obliga al Estado a garantizar a las familias información clara sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos”, remarcó.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, indicó, contabilizamás de 121 mil casos.
“Esta cifra, enmarcada en la ocurrencia de situaciones de violencia armada en diversos estados del país, refleja una emergencia humanitaria que persiste: miles de personas han buscado por años a sus familiares desaparecidos, mientras nuevos casos ocurren, sumando a otras familias a esta dolorosa situación. En ambos casos persisten los obstáculos que ellas puedan acceder a sus derechos y a mecanismos efectivos de búsqueda y justicia”, aseveró.
El CICR planteó la necesidad de seguir reforzando la coordinación entre los distintos niveles de Gobierno para cerrar la brecha entre el estándar que establece la ley y la realidad que viven las familias, así como para lograr mayor efectividad de los procesos de búsqueda, localización e identificación de personas.
“Para ello es necesario también que el Estado mexicano continúe destinando recursos para seguir fortaleciendo a las instituciones responsables, en particular a las comisiones de búsqueda y fiscalías estatales”, destacó.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Petróleos Mexicanos (Pemex) cuantificó un quebranto de tres mil 303 millones 81 mil 348 pesos por robo de combustibles a través de tomas clandestinas. Pero la cifra sólo considera los casos en los que hubo un dictamen para valuar daños y sólo si se inició una carpeta de investigación, por lo que no tiene la suma de todo lo extraído mediante “ordeña” en el sexenio anterior.
El “huachicol”, como se conoce a la extracción de gasolinas mediante perforaciones a las válvulas, fue el principal delito que combatió el exmandatario, quien también expuso que el episodio más doloroso de su mandato fue cuando explotó un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero de 2019, como consecuencia de una toma abierta.
El saldo fue de 137 muertos por calcinación y quemaduras de tercer grado.
AMLO en Tlahuelilpan. Foto: Miguel Dimayuga.
Hidalgo –gobernado desde noviembre de 2022 por el morenista Julio Menchaca Salazar y antes por el expriista Omar Fayad Meneses– fue el estado más ordeñado del país durante el mandato de AMLO, con 26 mil 820 perforaciones; no obstante, en 2021, 2022, 2023 y desde enero hasta agosto de 2024 el daño por el hurto de gasolinas, diésel, gas, petroquímicos e incluso turbosina –un combustible para aviones–, está en ceros.
Lo anterior, a pesar de que en esos 44 meses se presentaron cuatro mil 624 denuncias por piqueteo de ductos mediante los cuales grupos de huachicoleros sustrajeron los hidrocarburos. Cada una de estas denuncias puede incluir más de una toma localizada, expuso Pemex a través de una serie de solicitudes de información de las que se obtuvieron los datos presentados en este reportaje.
En los años en ceros, Hidalgo lideró el huachicol en el país con amplio margen de diferencia sobre sus seguidores, que llegó a ser del doble: en 2021, con cuatro mil 489 piquetes a ductos; en 2022, siguió a la cabeza con cinco mil 779; en 2023, con tres mil 675, y de enero a agosto de 2024 alcanzó mil 743.
En Hidalgo, el municipio más ordeñado del país
En ese periodo, agrupaciones protagonizaron disputas por el control de las plazas regionales. Cuautepec de Hinojosa, en el Valle de Tulancingo, fue el municipio con más sustracción ilegal no sólo del estado, sino en el país. En ese lapso también se registraron ataques armados, asesinatos, vehículos quemados y cuerpos calcinados. En tanto, por región, el Valle del Mezquital, con municipios como Tula, Tezontepec, Tlahuelilpan, Atitalaquia y Tlaxcoapan, fue la más vulnerable a nivel nacional en cuanto a tomas, también con su costo de violencia.
Aun con ello, Pemex sólo cuantificó quebranto por ductos saqueados en territorio hidalguense en 2020, 11 mil 309 pesos, aunque se presentaron mil 287 denuncias, y 2019: 703 millones 774 mil 730 pesos, después de mil 817 denuncias. Lo anterior, aunque en aquel 2019 las tomas en la geografía estatal llegaron a cuatro mil 29 y subieron a cuatro mil 994 en 2020.
Sólo en el derrame y quema de combustible durante la explosión de Tlahuelilpan en enero de 2019, a 49 días de la toma de protesta de AMLO, el gobierno mexicano calculó que a causa de la toma clandestina se derramaron diez mil barriles de gasolina con un valor cercano a los 22.3 millones de pesos antes de impuestos, según el estudio “Impacto socioeconómico. Explosión e incendio de gasolina en un ducto. Tlahuelilpan, Hidalgo”, elaborado en 2019 por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Contrasta que en el último año de Enrique Peña Nieto la pérdida reconocida por el hurto de combustibles en la entidad hidalguense fue de mil 132 millones 75 mil 661 pesos, como resultado de 597 denuncias, aunque en esos 12 meses se detectaron picaduras en ductos dos mil 111 veces; más, porque de 2018 a 2019 las tomas clandestinas aumentaron 90.85% en Hidalgo, entre un fuego cruzado de organizaciones criminales dedicadas a este delito. En ese periodo, el estado era gobernado por Fayad, ahora embajador de México en el Reino de Noruega con la denominada Cuarta Transformación (4T).
Clausura de toma clandestina. Foto: David Deolarte.
La falta de datos lleva a que, sólo en el estado más ordeñado del país, alrededor de 20 mil 680 tomas clandestinas, que son las de 2021, 2022, 2023 y 2024, así como las de 2020 en las que únicamente se reconoce producto robado por 11 mil 309 pesos, estén sin cuantificar y, con ello, sin revelar el verdadero daño al patrimonio mexicano.
35 válvulas rotas cada 24 horas
“Lo sabían todos, desde Fox”, dijo López Obrador sobre el huachicol en su conferencia matutina del 9 de enero de 2019, al afirmar que hubo conocimiento de los presidentes acerca de este delito, que no contuvieron. En los dos sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón (2000-2012) hubo cinco mil 920 perforaciones a ductos en el país; con Peña Nieto (2012-2018) se dispararon hasta llegar a 41 mil 351, mientras que el de AMLO (desde enero de 2019 hasta agosto de 2024) tiene el registro más alto en la historia: 72 mil 337, un promedio de mil 63 cada mes; 35 válvulas rotas para ser saqueadas cada 24 horas.
Nueve días después de aquella declaración en la que sugería protección o negligencia por parte de sus antecesores, vendría la tragedia más grande a consecuencia de una toma abierta: el hades en el que se convirtió la parcela de San Primitivo, en los límites entre Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, cuando el ducto estalló.
El daño sin contabilizar
De enero de 2019 –un mes después del arranque del gobierno de AMLO– a agosto de 2024 –30 días antes de que dejara el poder–, los Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Pemex registraron 72 mil 337 tomas clandestinas a nivel nacional. Hidalgo siempre lideró la incidencia, y entre 2019 y 2021 lo siguieron Puebla, Estado de México y Guanajuato.
En el sexenio pasado, el precio de un litro en el mercado negro fue variable, desde los 15 hasta los 18 y 20 pesos, según las zonas. Hay registros en estas entidades de aseguramientos de pipas de doble remolque con capacidad de 40 mil o 60 mil litros, llenas de hidrocarburo robado, lo que muestra una dimensión del hurto de grupos criminales, que no sólo operan pipas, sino tráilers, camionetas, patrullas clonadas, ambulancias falsas y hasta carrozas, y han hecho tomas subterráneas que desembocan en tumbas y una red mediante túneles.
Para 2022, Estado de México pasó al segundo sitio de la ordeña (dos mil 221 tomas), Puebla al tercero (mil 22) y Tamaulipas ocupó el cuarto (775). Los 12 meses siguientes Jalisco fue a la segunda posición (dos mil 482), seguido del Estado de México (mil 475) y Veracruz (mil 454), mientras que Puebla se acercó con mil 274.
En el último año del mandato lopezobradorista, de enero a agosto, las entidades con más ductos drenados por la ordeña fueron Hidalgo (mil 743), Jalisco (mil 377), Tamaulipas (924) y Puebla (743).
A pesar de que estas entidades estuvieron entre las más saqueadas por el huachicol, acumularon años sin que hubiera un dictamen de valuación que cuantificara el quebranto que tuvo Pemex por la infraestructura que atacaron grupos criminales para hurtarle gasolinas, o, por falta de denuncias, quedaron sin registrar oficialmente el valor de los hurtos.
En 2023 y 2024, Puebla aparece en ceros, aunque hubo más de dos mil 17 ordeñas en ese lapso, pero sólo 68 denuncias. En 2022, sólo contabilizaron un daño por robo de combustibles de 270 mil 909 pesos, después de 41 denuncias, pero ese año hubo mil 22 ordeñas.
El mayor conteo de agravio ahí está en 2019, con 118 millones 827 mil 135 pesos, que se sumó a los 38 millones 712 mil 562 pesos de 2020 y el millón 893 mil 270 pesos de 2021.
Toma incendiada. Tula de Allende, Hidalgo. Foto: Francisco Villeda/Cuartoscuro.
Cifras no reflejan la realidad
Una fuente de la petrolera que pidió la reserva al no estar autorizada para hablar al respecto explicó que las cifras no representan que el problema en territorio poblano ni el resto en el que se tienen datos oficiales sobre quebranto haya disminuido drásticamente, sino que hay tomas que no arrojan números exactos en el sistema remoto, lo que cree también podría reflejar algún tipo de protección, además de que están condicionados al inicio de carpetas y, después, a las estimaciones volumétricas.
Aunque en 2019 el Estado de México fue el que más quebranto reconocido tuvo a causa del huachicol, 845 millones 588 mil 732 pesos en valor producto robado, en 2020 bajó drásticamente a 41 millones 277 mil 687 pesos; es decir, el 4.8% del año anterior. Esto sucedió aunque las tomas clandestinas, si bien bajaron, no lo hicieron en la misma proporción, al registrar mil 778 y mil 240.
En 2021 el huachicol incrementó de nuevo en territorio mexiquense, al llegar a mil 732 perforaciones, pero sólo se cuantificó un quebranto de siete millones 293 mil 626 pesos. La tendencia siguió: al año siguiente las tomas aumentaron a dos mil 221, pero el conteo legal fue todavía menor: tres millones 845 mil 441 pesos, mientras que en 2023 hubo mil 475 tomas, pero sólo recuento oficial de un millón 488 mil 945 pesos en pérdida por hidrocarburos robados.
En tanto, de enero a agosto de 2024, el daño documentado en Estado de México, ya gobernado por la morenista Delfina Gómez, fue de un millón 772 mil 728 pesos, con nueve denuncias, contra las 443 tomas clandestinas.
En el mismo tenor, Jalisco tuvo 2021, 2022 y 2023 en ceros, aunque ese trienio se detectaron tres mil 373 piquetes en la infraestructura de ductos que cruza su territorio, para drenarlos. En los años que sí se cuantificó algún quebranto durante el sexenio, la cifra oficial llegó a un millón 155 mil 922 pesos, pero en ese tiempo los piquetes a ductos alcanzaron los mil 676 (2019, 2020 y 2024).
Incluso, entre enero y agosto del año pasado hubo mil 377 tomas, para situar al estado a cargo del emecista Enrique Alfaro en el segundo lugar nacional, pero el agravio económico documentado por Pemex apenas alcanzó los 81 mil 522 pesos, que equivaldría a comprar tres mil 291 litros de gasolina Magna al precio promedio de 24.77 pesos. Legalmente, ésa es la cuantificación del saqueo de las organizaciones criminales en Jalisco durante ese periodo.
Guanajuato también tuvo 2021 y 2022 en ceros. En ese bienio, Petróleos Mexicanos detectó 505 y 590 perforaciones a sus válvulas en esa demarcación, donde los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Santa Rosa de Lima (CSRL) –ambos dedicados a la ordeña de ductos–, libran una de las disputas más violentas en los últimos años. Su pelea por el territorio convirtió a esa entidad en la de más homicidios dolosos en el país.
En el primer año de López Obrador en el poder, Guanajuato sumó mil 188 ordeñas y fue el cuarto a nivel nacional, pero sólo se cuantificó un quebranto de 192 mil 496 pesos. Es decir, como si los huachicoleros únicamente hubieran hurtado siete mil 800 litros de gasolinas en esos 12 meses, a valor comercial. En 2020, el daño según el recuento oficial fue aún mucho menor, de 15 mil 806 pesos; no obstante, las perforaciones sumaron 609; en 2023, 859 mil 802 pesos, pero 554 tomas, y en 2024, dos millones 183 mil 569 pesos y 546 válvulas drenadas.
Durante el sexenio de AMLO, el mayor quebranto reconocido en un territorio se dio en Baja California, con mil 325 millones 709 mil 330 pesos, lo cual representa el 40.13% del total en su gobierno. Esto ocurrió aunque la entidad siempre estuvo lejos de los punteros en tomas: 164 en 2019, en el onceavo lugar de mayor incidencia; 187 en 2020, cuando subió al nueve; mientras que en 2021 fue el puesto seis, pero con 294, lejos de las cuatro mil 489 de Hidalgo en el primer lugar.
Gasolina barata. Foto: Miguel Dimayuga.
Entre 2022 y agosto de 2024 sumó mil 142, apenas el 3% del total nacional, pero en ese lapso el quebranto reconocido por ataques en esa entidad llegó a 796 millones 207 mil 613 pesos, que fue el 94.45% de todo el daño reconocido por huachicol en el país. La disparidad demuestra que durante el sexenio hubo miles de tomas en las que no se contabilizaron los daños, justo en las entidades de mayor problema.
Es decir, según datos oficiales, Baja California sólo tuvo el 3% de las tomas en toda la nación en aquel periodo, pero casi el 95 de las pérdidas que el gobierno reconoce están ahí, mientras que en Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Coahuila, que lideraron en tomas clandestinas, no se contabilizaron saqueos por ordeñas.
El último año del anterior gobierno federal fue en el que más daño hubo por el robo de combustibles en Baja California, con base en el recuento oficial: 412 millones 568 mil 555 pesos, aunque las tomas fueron 311, contra las mil 743 de Hidalgo y las mil 377 de Jalisco que reportaron cero pesos en quebranto hasta un mes antes del cambio de poder de López Obrador a Claudia Sheinbaum Pardo.
Las miles de tomas sin cuantificar se mantienen, en un escenario en el que la disputa territorial de grupos de la delincuencia organizada también sigue, con cuerpos acribillados, desmembrados y calcinados en las geografías donde las válvulas se pelean con fuego.
Luego de que una Jueza del Poder Judicial del Estado de México ordenara el excarcelamiento de María del Rosario Martínez Esquivel, ex Presidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos, la Fiscalía mexiquense le cumplimentó una segunda orden de aprehensión en reclusión, lo que le impedirá llevar su proceso en libertad.
La segunda orden de aprehensión en contra de María del Rosario también responde al delito de extorsión y se cumplimentó luego de que la jueza ordenara libertad inmediata a la ex Alcaldesa.
El esposo de Rosario Martínez, Pedro Luis Hernández de Paz, quien fue electo como alcalde de ese municipio para el periodo actual, se encuentra prófugo y el pasado 17 de diciembre logró evitar su arresto huyendo de un operativo a pie tras rendir protesta.
Hernández de Paz fue sustituido por Ismael Matías Domínguez, quien actualmente funge como alcalde de Santo Tomás de los Plátanos.
María del Rosario, detenida el pasado jueves 23 de enero en Toluca como parte de la“Operación Enjambre”, era buscada por las autoridades desde noviembre de 2024 por el delito de extorsión y por supuestos nexos con el crimen organizado durante su administración.
Las agencias automotrices de Morelos están resintiendo el embate del crimen organizado.
En 40 días han sido robadas al menos 16 camionetas en dos agencias.
El último de los casos ocurrió la mañana de ayer domingo, en una agencia ubicada junto al Paso Exprés, a la altura de la Colonia Delicias de Cuernavaca, donde un comando ingresó y se llevó del lugar seis unidades modelo Hilux y dos Tacoma.
El robo fue reportado hasta el cambio de turno de los elementos de seguridad privada, pues cuando los relevos llegaron al lugar encontraron a sus compañeros atados, según los partes oficiales.
Fuentes de la Fiscalía estatal informaron que hasta el domingo no se había realizado ninguna denuncia por este hecho que ocurrió alrededor de las 6:30 horas.
El modus operandi habría sido el mismo que el empleado para el robo de otras ocho camionetas, también de la marca Toyota, el pasado 17 de diciembre.
Esa noche, según el testimonio de los guardias de seguridad, los presuntos ladrones saltaron las bardas, ingresaron y amarraron a los vigilantes. El atraco ocurrió a las 00:00 horas y fue reportado a los números de emergencia hasta las 1:05 horas, tras lo cual se activaron los protocolos de robo de vehículo y se logró la recuperación de tres unidades.
Respecto al primer hecho, Alicia Vázquez Luna, Secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (Seprac), indicó que a través del sistema de cámaras se logró detectar al grupo de presuntos delincuentes que huyó por la autopista con dirección al sur del estado.
En el Municipio de Xochitepec, a unos 25 minutos de Cuernavaca, policías municipales lograron recuperar una de las camionetas robadas. Posteriormente, la Guardia Nacional localizó otra unidad en la Carretera Amacuzac rumbo a Iguala, y la última fue localizada por la Policía estatal.
Tras ese primer caso, la titular de la Seprac dijo que existen indicios en casos anteriores de que los propios vigilantes están coludidos con los criminales.
“Esta información se le va a compartir a la Policía estatal también, porque tienen facultades para hacer la revisión de todas las empresas de seguridad privada para que no exista alguna sospecha o duda de las personas que están participando.
Hasta ayer, se desconocía el paradero de las unidades robadas el fin de semana y la identidad de los presuntos responsables.
Control Territorial del Crimen Organizado
El estado de Morelos se ha convertido en un territorio donde operan más de 60 grupos delictivos, incluyendo organizaciones como:
Cártel del Noreste
Guerreros Unidos
Cártel Jalisco Nueva Generación
La Familia Michoacana
Estadísticas Alarmantes
Morelos ocupa posiciones críticas a nivel nacional en diversos delitos:
Primer lugar en feminicidios
Segundo lugar en homicidios con 749 casos
Tercer lugar en extorsión con 121 incidentes
Cuarto lugar en robo de vehículos con 1,821 casos
Colusión Institucional
Las investigaciones han revelado vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado, incluyendo presidentes municipales y autoridades de distintos niveles.Esta situación ha creado una red de impunidad que facilita la operación de grupos criminales en la entidad.
Impacto Económico
El sector empresarial, específicamente las agencias automotrices, está siendo directamente afectado por esta crisis de seguridad, evidenciando la incapacidad del estado para proteger la actividad económica legítima.
