Elementos del Ejército han detenido a hombres armados, pero se niegan a ponerlos a disposición del ministerio público y ordenan a elementos de la Policía Estatal Preventiva y Municipal elaborar el informe de la detención y les dicen qué poner para simular que las corporaciones locales fueron quienes efectuaron la captura.
En los tribunales federales los jueces han absuelto a los detenidos debido a que no hay certeza de cómo ocurrió la detención, ya que cuando los elementos estatales o municipales son llevados a declarar, revelan que no saben cómo fue y que la captura la hizo el personal militar y ellos solo hicieron el informe y lo firmaron.
En 2017, durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, elementos de la Sedena empezaron a circular en patrullas de la Policía Estatal y municipales y en redes sociales eran conocidos como “poliguachos”.
Agentes de la PEP consultados dijeron que desde entonces se volvió frecuente que los soldados detuvieran personas y quienes los ponían a disposición del ministerio público eran los policías, aunque no hubieran tenido ninguna participación.
Mencionaron que los militares decían a los policías qué era lo que tenían que poner en el informe y el documento quedaba redactado como si la detención la hubieran realizado los policías.
Los agentes señalaron que los soldados decían que ellos no podían poner a disposición a los detenidos, por eso tenían que hacerlo los policías estatales o municipales.
Manifestaron que durante el tiempo que los militares andaban en patrullas de las secretarías de Seguridad Pública del Estado y de Tránsito Municipal, los policías locales quedaron relegados y solo eran choferes o los usaban para firmar los informes policiales.
Detallaron que después de que los soldados dejaron de andar en patrullas de corporaciones civiles, continuó la práctica de que los militares detenían personas y las entregaban a los policías para que los pusieran a disposición.
Detenidos en Mocorito
Una de las detenciones ocurrió el 5 de febrero de 2022, en el Zapote de los Cázares, Mocorito.
En esa comunidad capturaron a tres hombres en posesión de seis armas de fuego, 225 cartuchos, 16 cargadores, 10 mil dólares, un millón 279 mil pesos mexicanos, fornituras, pantalones y camisas pixeladas y fueron acusados de los delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos, posesión de cargadores y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La versión del informe policial indica que elementos del grupo Elite de la Policía Estatal Preventiva iniciaron la persecución de un vehículo con los vidrios polarizados, que circulaba a exceso de velocidad por una brecha, y al alcanzarlo detuvieron a los tres hombres y les aseguraron las armas, cartuchos, cargadores y dinero en efectivo.
Los cinco agentes de la PEP que firmaron el informe y que supuestamente efectuaron la detención, fueron llevados a declarar al juicio realizado en noviembre y diciembre del año pasado.
Los agentes revelaron que cuando llegaron al lugar a los tres hombres ya los habían detenido los militares y se los entregaron a ellos para que los pusieran a disposición del ministerio público.
Los policías dijeron que no estaban de acuerdo en hacer ellos la puesta a disposición, pero tuvieron que hacerlo por órdenes superiores.
Reconocieron que los soldados les dijeron cómo había ocurrido la detención y eso fue lo que redactaron en el informe, en el que incluso detallan lo que presuntamente hizo cada policía.
Los cinco policías que les atribuían a los acusados los objetos ilícitos, han reconocido ante el juez que la realidad de las cosas fue que quienes los detuvieron fueron otros elementos de la autoridad en condiciones desconocidas y a ellos simplemente los usaron para canalizar la entrega de los detenidos ante el ministerio público, señaló el juez.
Tras un juicio oral, en diciembre de 2023 el juez absolvió a los tres detenidos.
Otro caso ocurrió en Mazatlán con un hombre detenido con armas en un campo deportivo, el 16 de enero de 2018.
El hombre fue detenido en un estacionamiento con una maleta en la que había una pistola calibre 9×19 milímetros, una pistola calibre .40, nueve cargadores y 88 cartuchos útiles.
La forma en la que ocurrió la detención no quedó clara durante el juicio.
Según el informe policial la detención la realizaron elementos de la Policía Municipal de Mazatlán.
Los agentes fueron llamados a declarar al juicio y dijeron que ellos no detuvieron al hombre armado, sino que fueron los militares.
Uno de los policías declaró que él solo se encontraba comisionado como chofer de la patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y un teniente era el que iba al mando.
Narró que cuando llegaron a los campos deportivos, los soldados brincaron de las patrullas y ellos fueron los que hicieron la detención, mientras él se quedó resguardando la patrulla.
Mencionó que el parte informativo lo realizaron los soldados y que el teniente le dijo que ellos no lo podían firmar y tuvieron que hacerlo los policías municipales.
Otro agente municipal también declaró que los militares fueron quienes detuvieron al hombre y les dijeron que ellos no podían firmar el informe.
El juez consideró además que los policías se retractaron de lo que decían en el informe policial, y que no quedó precisado que el detenido portaba las armas al momento de la detención, por lo que tras un juicio oral en diciembre pasado, dictó sentencia absolutoria.
***Artículo publicado el 26 de mayo de 2024 en la edición 1113 del semanario Ríodoce.
