La chilena Ana Piquer asume la dirección de Amnistía Internacional para América en momentos convulsos de una región siempre convulsa. La organización se enfrenta a retos difíciles en la defensa de los derechos humanos en un continente donde desde los gobiernos se usa el Ejército y políticas de mano dura para garantizar la seguridad, se persigue a voces disidentes y donde la violencia golpea con fuerza a activistas, periodistas, mujeres y personas que aspiran a puestos políticos, como es el caso de México y su sangriento proceso electoral. Piquer (Santiago de Chile, 49 años) critica el uso de las Fuerzas Armadas para resguardar la seguridad ciudadana....este es el fragmento de la entrevista vinculada a Mexico.
#cdmx,#reynosafollow,#nuevolaredo,#mtyfollow,#cdvictoria "FUE a MANSALVA y por la ESPALDA": "PINCHES SOLDADOS ASESINOS con TODA la PINCHE IMPUNIDA_ del EJERCITO MEXICANO lo MATARON SIN PIEDAD"...esas acciones ofenden mas que las palabras que ni ofensa son https://t.co/MeXJGR0oFy pic.twitter.com/lY9MkD2Cie
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) April 27, 2024
"....P. México es un país que pasa por una situación difícil de violencia. Hay una elección en curso con más de treintena candidatos asesinados. ¿Cómo analizan desde Amnistía este proceso electoral?
R. No es la primera vez que ocurre en un contexto electoral, y surgen las preocupaciones relacionadas a qué medidas se adoptan para dar soluciones a las situaciones de violencia, a lo que ocurre con el crimen organizado, que sean realmente duraderas y que pongan en el centro los derechos humanos, que no pasen por violar derechos para garantizar la seguridad, porque sin derechos humanos tampoco puede haber seguridad.
P. ¿Ha fallado el Estado mexicano en garantizar las medidas de protección a quienes aspiran a un puesto público?
R. Todo a punta a que no ha habido medidas suficientes dada la inseguridad en que se ha desarrollado este proceso, y sobre todo a nivel local. El Gobierno ha promovido mucho la militarización como solución a los problemas de seguridad, pero esto también está mostrando que esos procesos de militarización no están dando la respuesta que se esperaba. Eso da la razón a muchas organizaciones de la sociedad civil mexicana que han cuestionado la militarización como solución y que han advertido que puede llevar a más violaciones de derechos humanos, en lugar de resolver el problema de violencia. Queda todavía una una deuda muy grande en términos de impunidad, de medidas de protección, de prevención y de atender la raíz de la violencia.
P. ¿Qué riesgos tiene dar tanto poder al Ejército y los militares en un país como México?
R. Es una preocupación que no aplica solo para México. Las Fuerzas Armadas no están capacitadas ni diseñadas para resguardar la seguridad ciudadana, sino que están preparadas para la guerra y tienen otro tipo de formación. Los gobiernos deben dar las garantías de que las personas que están cumpliendo esas funciones tengan la capacitación necesaria y estén sometidas a los mismos estándares de uso de la fuerza a la que estaría sometida la policía o cualquier funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero normalmente eso no se da así. Hay siempre un riesgo mayor de violaciones de derechos humanos cuando son las fuerzas militares las que están tomando roles de seguridad ciudadana.
P. ¿Es la de México una democracia truncada debido al nivel de violencia que sufre el proceso electoral?
R. No hacemos una evaluación de la calidad democrática, no es parte de nuestra función, pero sí puedo decir que en el contexto de las elecciones, y en general en México, los desafíos en materia de derechos humanos son enormes. Las personas que están levantando voces críticas al Gobierno, defendiendo los derechos humanos, han estado bajo mucho ataque, e incluso bajo estigmatización, y eso ha contribuido a reducir el espacio de debate y aumenta los riesgos para esas voces.
El contrato celebrado por un valor neto de 61.8 millones de pesos netos y 71.5 millones de pesos ya con impuestos.
Horacio García Rojas, presunto operador financiero de Sergio Carmona, declara en un video y entrevista con Código Magenta cómo un grupo de empresarios financian campañas electorales de Morena ; sin embargo, su firma está en contratos, al menos uno por 71 mdp, que el Gobierno de Cabeza de Vaca dio a las empresas de Julio Carmona.
Solicitud de excepción de un concurso de proveedores a fin de darle el contrato por adjudicación directa a la empresa de Jullio Carmona.