Agentes de la fiscalía estatal lo detectaron, a través de las cámaras, moviéndose por las calles de Ciudad Victoria. Lo acompañaban la exdiputada panista Nohemí Estrella y el actual presidente del ayuntamiento de Hidalgo.
Intentaron detenerlo. Pero Octavio Leal Moncada, líder de la Columna Armada Pedro J. Méndez (que hoy se ostenta como “columna cívica”), le aventó el carro a los agentes e incluso arrolló la moto en que viajaba uno de estos.
Huyó Moncada hacia una zona de brechas, se internó en el municipio que es su centro de poder desde hace más de una década, y al que ni siquiera la Guardia Nacional se atreve a entrar: Hidalgo, y luego se internó en Nuevo León hasta el viernes pasado.
El surgimiento de la Columna Armada Pedro J. Méndez fue noticia en 2010, cuando Leal Moncada, apodado El Tarzán, organizó a un supuesto grupo de autodefensas que pretendían detener los excesos cometidos por los Zetas.
Era un secreto a voces que la columna era financiada por el Cártel del Golfo; de hecho, Moncada había pasado un tiempo en prisión acusado de delitos contra la salud: lo habían agarrado con 200 kilos de marihuana y varias armas de alto poder.
En poco tiempo la Columna Armada extendió su control, además del ya mencionado Hidalgo, en varios municipios situados al norte de Victoria: Güémez, Villagrán, Mainero, San Carlos y San Nicolás.
A través de sucesivos pactos con el poder político (detentado entonces por el PRI), Leal Moncada y sus colaboradores más cercanos —Eloy Flores, El Charro, y Cesáreo Leal Perales, El Alacrán— se adueñaron por completo de la vida de estos municipios, imponiendo como ley las extorsiones, el robo de ganado, así como el despojo de ranchos y otras propiedades.
Al paso de los años, gracias a su alianza con el Cártel del Golfo, habilitada para levantar en poco tiempo una fuerza integrada por varios cientos de hombres armados, la Columna encontró su primera mina de oro en el “derecho de piso” cobrado a las organizaciones criminales que cruzaban, con drogas o migrantes, por la zona bajo su dominio: una serie de campos que conducen a la Frontera Chica y conectan por diversas rutas con el vecino estado de Nuevo León, y con uno de los principales centros de acopio y distribución de droga del norte de la República: Monterrey.
El segundo gran negocio de la Columna, según reportes de seguridad consultados, se halla en los ductos de Pemex y en las tomas clandestinas de extracción de hidrocarburos que corren a lo largo de esos seis municipios.
A principios del año pasado, un periodista que se hincó ante el presidente López Obrador denunció que más de 100 habitantes habían sido aislados por la Columna, prácticamente privados de la libertad, en la zona de Buenavista. El periodista denunció que ni siquiera las fuerzas federales podían aproximarse al lugar y reveló que los supuestos autodefensas les habían quitado sus insignias a miembros de la Guardia Nacional.
Denunció a la diputada Nohemí Estrella como líder de la organización y señaló que, en las elecciones que llevaron a Francisco Javier García Cabeza de Vaca al poder, la columna había impedido que el PRI y el PRD hicieran campaña en el lugar.
Al paso del tiempo, sin embargo, se hizo evidente que la Columna había roto con el gobierno de Cabeza de Vaca, a quien le exigieron sacar de la región a los grupos criminales que hacían sombra a Moncada, disputándole el negocio. Al mismo tiempo, la propia Estrella “denunció” en el Congreso local que la Guardia Nacional trabajaba al servicio de uno de esos grupos, Los Jaibos, “quienes se han dedicado a matar inocentes y trabajadores de Hidalgo”.
Tras la ruptura con el gobierno del panista, la Columna volvió a cambiar de bandera y apoyó a Morena en las últimas elecciones. En los municipios bajo su control, el partido oficial obtuvo una votación superior al 87%. “A todos los alcaldes los pusieron ellos y a quienes estos les reportan es a ellos”, informa el documento de seguridad consultado.
Moncada fue aprehendido la semana pasada en Monterrey, en un operativo coordinado por las fiscalías de Nuevo León y Tamaulipas. La Columna desató de inmediato una movilización para cercar Ciudad Victoria y exigir la liberación de su líder: en medio de una sicosis general se suspendieron clases, hubo cese de labores en dependencias oficiales, se multiplicaron los mensajes de pánico y se canceló incluso un partido de la liga.
Con la detención de Moncada, la podredumbre de una década comienza a emerger en medio de una lucha que, lo reveló el asesinato en noviembre pasado del empresario Sergio Carmona Angulo, El Rey del Huachicol —quien financió con dinero sucio campañas de Morena en todo el país— tiene detrás el control de los negocios ilícitos en Tamaulipas, algo de lo que el líder de la Columna Armada tiene mucho, pero mucho que decir.
Un juez de primera instancia de lo penal, bajo las ordenes del hoy Presidente del Supremo Tribunal Horacio Ortiz Renan,el mismo funcionario que siendo Secretario del Ayuntamiento (2005-2007) de Francisco J. Cabeza de Vaca, dio permiso por escrito al capo Osiel Cardenas para festejar a los niños en Reynosa,cumplio las ordenes de su Gobernador y dictó ayer martes formal prisión a Octavio Leal Moncada, ex-aliado de Cabeza de Vaca y el "Truko Verastegui" y quien aparece como lider de la Columna Armada Pedro José Méndez (CCPJM), por el delito de homicidio calificado que habría cometido el 6 de mayo de 2010 en el ejido Barbosa del municipio de Hidalgo.
El "Viejo Narco Moncada",como tambien se le llama a quien se atrevió a desafiar al gobernador "brincando con todos sus apoyos a Morena" en las pasadas elecciones, le fue impuesta ademas la prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso, y se declaró abierto el período de instrucción para la aportación y desahogo de pruebas
Leal Moncada, líder regional del Cartel del Golfo segun la Guardia Nacional y fundador de la Columna Armada con amplia influencia en Hidalgo,Villagran,Mainero y San Carlos,fue detenido el pasado 5 de julio en Monterrey, Nuevo León, y preso en la ciudad fronteriza de Reynosa, respaldó abiertamente al candidato del partido Morena, Américo Villarreal Anaya, ahora gobernador electo, despues de enfrentar con fuertes denostaciones a Cabeza de Vaca, a quien le mentaba madre en publico,llamaba estupido al "Truko Verastegui" y advertía que los criminales eran ellos, en el preambulo de escapar del acecho de la Fiscalía de Cabeza de Vaca al pasado 13 mayo.
Durante el periodo previo a las votaciones, Octavio Leal cuestionó al actual titular del Ejecutivo estatal, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, y al candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura, César Verástegui Ostos. Aseguró que el aparato gubernamental, incluidos la fiscalía y los tribunales de justicia y electoral, así como los contenciosos, “fabricaron” crímenes a los simpatizantes de Villarreal Anaya.
Leal Moncada llamó a García Cabeza de Vaca “sátrapa” y ridiculizó uno de los lemas de campaña de Verástegui Ostos, “por un Tamaulipas con madre”. “¿Que está con madre? Si el estado figura en los primeros lugares en secuestros y desaparecidos”, planteó en sus recorridos por los municipios rurales de Hidalgo, Mainero, Villagrán, San Carlos, San Nicolás, Padilla y Güémez, donde la CAPJM tiene presencia.
Integrantes de la organización social, política, económica y cultural aseguran que los cargos en contra de su dirigente fueron inventados, con la ayuda de detractores que habrían sido “comprados” por la administración de Francisco García.
El gobernador, aun gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca,acudio ayer a la cita con el periodista Ciro Gomez Leyva para "expresar todos sus dolores, para echar fuera de su pecho todos sus resquemores,para aplaudirse y echarse porras cada que se le ocurriera",porque ese espacio y esos micrófonos le son familiar,es la tercera vez que acude en los últimos meses y sabe que en ese entorno con costo al erario casi se puede servir solo" y no batallo nada, asi que en esta entrevista hablo de todo y sin morderse la lengua larga,de su fracaso en las urnas que esta impugnado porque reclama a sus "amigos" los narcos lo que tampoco le vieron futuro su participación, habla de su excelente trabajo en el gobierno y de muchísimas otras cosas mas, que tenemos que reconocer que para decirlas se necesito mucho de su cinismo, desvergüenza e hipocresía,las que tiene de sobra para su fortuna y desgracia de Tamaulipas...escuchelo bajo su riesgo.
Una mujer embarazada de Texas recibió una multa por conducir en un carril para vehículos de alta ocupación (HOV), pero ella alega que el feto que lleva en su útero cuenta como una vida humana y, por tanto, como un pasajero más, tras la anulación de Roe vs Wade.
El pasado 29 de junio, Brandy Bottone fue detenida por la policía cuando conducía por la Central Expressway, en Dallas.
PERO ENTRARLE AL PELIGRO SIN MIEDO SE LES DIFICULTO:
En entrevista con el diario The Washington Post, Bottone contó que “conducía para recoger a mi hijo. Sabía que no podía llegar un minuto tarde, así que tomé el carril HOV (exclusivos para vehículos con dos pasajeros o más)”.
El oficial miró al interior del vehículo y le preguntó: “¿Eres sólo tú o alguien más viaja contigo?”.
Ella respondió: “¡Oh! Somos dos”, y cuándo el le preguntó por el otro pasajero, ella señaló a su vientre. Le explicó que estaba a semanas de dar a luz a una niña que pronto ocuparía el asiento del bebé en su auto.
El agente se le quedó viendo, extrañado, y le señaló que tenían que ser “dos cuerpos fuera del cuerpo”, alegando que así lo señala el Código de Transporte de Texas para los carriles HOV, habilitados para vehículos con dos pasajeros o más.
Sin embargo, cinco días antes la Suprema Corte anuló Roe vs Wade o, en otras palabras, anuló constitucionalmente el aborto, dejando en manos de los estados decidir si lo avalan o no.
Bajo las leyes de Texas, se considera que un feto es una vida humana. Bottone alegó que tras el fallo de la Corte Suprema, esa lógica también aplica con el reglamento vial.
La Ley de Latidos de Texas, aprobada en septiembre de 2021 y afianzada con la anulación de Roe vs Wade, prohíbe que se realicen procedimientos de aborto luego de seis semanas, o después de que se detecte actividad cardíaca embrionaria o fetal porque se considera que el feto es una vida humana.
El oficial hizo caso omiso de los argumentos de la mujer y le puso una multa por 215 dólares (4 mil 469 pesos mexicanos).
“Me hace hervir la sangre. ¿Cómo puede ser justo eso? Según esta nueva ley, mi bebé es una vida”, insistió la mujer, de 32 años.
Indignada por la multa, la mujer anunció que apelará en la corte. Tiene cita el 29 de julio en tribunales.
“Realmente no creo que sea correcto porque una ley lo dice de una manera, pero otra ley lo dice de otra forma”, dijo Bottone en declaraciones a NBC DFW.
A petición de Washington, el gobierno de López Obrador ha puesto en marcha una serie de medidas para frenar el cruce de migrantes a territorio estadunidense. Una de ellas: la presencia y operación del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en territorio mexicano, particularmente en los aeropuertos de Cancún y de la Ciudad de México. La incursión de estos agentes migratorios –reportada por la cadena CNN en junio de 2021– forma parte del Programa de Asesoría Migratoria, creado por Estados Unidos en 2004, el cual se extendió a México mediante un Programa de Seguridad Conjunta.
Aparte de exhibir, una vez más, los abusos en las prácticas de deportación “en caliente” del Instituto Nacional de Migración (INM), el caso del periodista colombiano Sebastián Forero Rueda evidencia que los agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza estadunidense (CBP) operan en los principales aeropuertos de México, donde piden al INM que rechace la entrada a personas que, en su opinión, llegaron con la idea de cruzar a Estados Unidos.
La presencia de agentes estadunidenses ocurre en medio de una serie de medidas que puso en marcha el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a petición de Washington, para frenar el cruce por su territorio de migrantes provenientes de Sudamérica y el Caribe –ya no solamente de Centroamérica–, y sucede en paralelo al control estricto que Palacio Nacional impuso sobre la operación de los agentes de la Agencia Antidrogas (DEA) en México.
Más allá de un reportaje publicado el año pasado por la cadena CNN, no existe información oficial sobre la operación de agentes del CBP en los aeropuertos del país. Preguntada al respecto, la Cancillería expuso su posición general que confirma que los agentes del CBP operan en México como “colaboración” y acorde a la Ley de Seguridad Nacional.
“El Gobierno de México mantiene su compromiso con flujos migratorios ordenados, seguros y legales, tomando acciones para facilitar los viajes internacionales y preservar la seguridad de los viajeros. Esto incluye colaboración con países como Estados Unidos y Canadá para garantizar que los traslados de pasajeros en América del Norte se lleven a cabo con las mayores medidas de seguridad y apegados a las disposiciones nacionales e internacionales relevantes aplicables”, expuso.
La dependencia dirigida por Marcelo Ebrard no contestó las preguntas específicas de Proceso sobre el número de agentes desplegados en aeropuertos y sus facultades, bajo qué marco legal operan, desde cuándo y como producto de qué negociación.
En su lugar, la institución señaló: “Cabe destacar que toda la colaboración se lleva a cabo en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional, incluyendo las disposiciones sobre agentes extranjeros”.
La Embajada de Estados Unidos en México y el INM no contestaron a cuestionarios y solicitudes que este semanario les envió en la semana.
Lorena Cano, coordinadora de la Clínica Jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), recuerda otro caso reciente sucedido en marzo pasado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM): una pareja de turistas peruanos y una menor de edad –hija del esposo– esperaban abordar un avión hacia Hermosillo cuando “unas personas vestidas de civil los abordaron, los identificaron y los pusieron a disposición de migración”.
“Cuando empezaron a hablar notaron que eran estadunidenses”, recuerda la abogada en entrevista con Proceso, y agrega: “Les dijeron después esto, que eran policías de Estados Unidos, que estaban detectando justamente personas que querían migrar hacia Estados Unidos”.
***Fragmento del reportaje publicado en la edición 2383 de la revista Proceso.
Marco Antonio “N” fue sentenciado a 520 años por su responsabilidad penal en el asesinato de 13 personas sustraídas del bar Heaven de la Ciudad de México, un crimen cometido en 2013.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, el hombre fue encontrado culpable del delito de privación ilegal de la libertad en agravio de 13 personas.
El vocero de la FGJ, Ulises Lara, dijo en un mensaje a medios que Marco Antonio “N” apeló la condena en su contra y logró obtener una sentencia absolutoria, pero la fiscalía capitalina impugnó también y consiguió una orden de reaprehensión.
“Dicho mandamiento judicial fue cumplimentado en la colonia Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza, por agentes de la Policía de Investigación, para que, de manera inmediata, fuera reingresado al reclusorio”, dijo el portavoz este lunes.
Marco Antonio “N” fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente para que cumpla con la sentencia.
¿Qué pasó en el bar Heaven?
El 26 de mayo de 2013 13 jóvenes, 7 hombres, 5 mujeres y una adolescente, fueron raptados del bar Heaven ubicado en la Zona Rosa de la Ciudad de México.
Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas a un paraje ubicado Tlalmanalco, Estado de México, en donde fueron asesinadas y sepultados en una fosa clandestina.
Las cinco mujeres fueron violadas sexualmente y los siete hombres cortados con segueta.
De acuerdo con una investigación de Reporte Índigo, el crimen lo ordenaron “Los Durango”, un grupo delictivo que en complicidad con “La Unión de Insurgentes”, quienes planearon ejecutar a los de los jóvenes en venganza por el crimen de uno de sus “dealers” de la Condesa.
El expediente de la causa penal 247/2013 contiene esa y otras historias narradas por los autores del llamado “levantón de la Zona Rosa”.
Las agencias de seguridad extranjeras, como la oficina antidrogas de Estados Unidos (DEA), seguirán colaborando con México, “pero ahora se apegan a un marco legal”, a diferencia de los anteriores gobiernos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Siguen interviniendo, nada más que ya hay una ley, hay un marco legal que se ha respetado, que se establece en esta legalidad cuántos agentes pueden estar en México, los informes que tienen que estar rindiendo para nuestro país y que no pueden actuar por su cuenta, ni ordenar lo que el gobierno independiente, soberano de México, lleva a cabo en materia de política de seguridad”, explicó el mandatario en su conferencia mañanera del lunes 11, previo a tomar un vuelo comercial hacia Estados Unidos, para reunirse el martes 12 con su homólogo Joe Biden en la Casa Blanca.En su edición 2384, la revista Proceso publicó en su versión impresa una entrevista con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien adelantó algunos temas de la agenda bilateral que ambos presidentes desarrollarán en el encuentro. El canciller explicó que los esfuerzos del gobierno de México en esta visita oficial también estarán dirigidos en destacar los logros de la 4T en materia del combate al narco y su violencia, debido a la existencia de una campaña de desinformación que difunden las agencias estadunidenses.
En la charla con este semanario, Ebrard deslizó que la DEA es la fuente de dicha campaña, y recordó varios desencuentros entre esa agencia estadunidense y el gobierno mexicano.
Recuerda el operativo Rápido y Furioso
A propósito de la publicación y a pregunta de este semanario, López Obrador dijo que en el contexto de cambio y respeto entre México y Estados Unidos se han realizado diversas visitas a nuestro país. “Acaba de estar el secretario de Marina del gobierno de Estados Unidos (Carlos del Toro), visitó México, estuvo dos, tres días; estuvo en Veracruz con el almirante (José Rafael) Ojeda, y hay una relación permanente, estrecha de cooperación y respeto”.
El mandatario mexicano insistió en que han cambiado las cosas y abundó que “antes existía el llamado Plan Mérida y, entonces, se violaba nuestra soberanía, como sucedió cuando de manera deliberada en un programa llamado Rápido y Furioso se permitió la entrada de armas de Estados Unidos en un acuerdo entre los gobiernos. Y esas armas causaron daños, pérdida de vidas humanas. Eso ya no se permite”.
Agregó que en los sexenios anteriores las agencias de seguridad estadunidenses intervenían en operaciones mexicanas de combate a la delincuencia, tanto en labores de inteligencia como en acciones.
“Una vez hasta el embajador de Estados Unidos llegó a opinar, luego de la detención y asesinato de un grupo de presuntos delincuentes en Morelos, de que ellos operaban con la Marina porque no le tenían confianza al Ejército mexicano. Yo era opositor en ese entonces y protesté. Era embajador un señor de apellido hispano, cuando Calderón… (Carlos) Pascual sí, y fue cuando en un enfrentamiento asesinaron a este señor Beltrán (Leyva), en ese entonces. Si lo buscan, por ahí lo van a encontrar. Entonces, eso ya no sucede”, expuso.
También insistió en que ahora su homólogo estadounidense es muy respetuoso, “(Biden) siempre habla de que el trato entre México y Estados Unidos debe darse en un pie de igualdad y de respeto a la soberanía mexicana, y así lo hacen otros funcionarios.
“Es muy importante mantener una buena relación con nuestros vecinos, mantener una política de buena vecindad. Nos unen historia, nos une una frontera de tres mil 180 kilómetros, nos une el tratado comercial”, dijo.
Sobre un camino de terracería en una zona de Sinaloa, donde predomina uno de los cárteles más poderosos, a plena luz del día, apresura el paso un convoy del Ejército, algunos uniformados avanzan a pie y no sólo se escucha su nerviosismo, también se percibe en el video, uno de ellos, que secunda el resto, dicen: «sólo vamos de paso». Cuando la imagen es más clara, sus interlocutores son hombres encapuchados y armados con palos, que insultan y amedrentan a los uniformados, y hasta golpean los cristales del vehículo castrense para ahuyentarlos. Estas imágenes fueron poco difundidas, y los comentarios de la jerarquía castrense coincidió, no hay autoridad.
La violencia criminal está fuera de control en México. La propia medición del gobierno federal sobre la cantidad de asesinatos vinculados a los enfrentamientos entre los grupos criminales aumentó más de 14 puntos en menos de 13 meses. Pasó de un cálculo de 60.5 en julio de 2021, al 75% que tuvo que reconocer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera del 15 de junio pasado.
El argumento del gobierno federal es que las mayores muestras de inseguridad en el país, son producto del choque entre grupos de civiles armados, pero no ha sido el único detonante de esta creciente violencia homicida, pues en los hechos ya suman oficialmente 121 mil 657 personas asesinadas en lo que va de este gobierno hasta mayo de este año, que hasta ahora figura como el mes más violento del primer semestre de 2022.
Desde la óptica internacional, como lo es la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos o la Unión Europea y la propia ONU han advertido del poderío y diversificación de los grupos en el crimen transnacional, especialmente los mexicanos que, además del tráfico de drogas, han consolidado sus operaciones a delitos como la trata de personas, el lavado de dinero a través de criptomonedas, la tala clandestina, el tráfico de maderas, de especies, el tráfico de armas, y el control de insumos en las cadenas enteras de producción, en medio del resto de criminalidades locales que pugnan violentamente para posicionarse.
Así lo demuestran los constantes análisis y evidencias documentadas de especialistas y asociaciones civiles que han advertido que la intención del gobierno actual por implementar una estrategia que buscó atender las causas de la violencia y el deterioro del tejido social parece no sólo haber fracasado, sino que a más de la mitad del sexenio pareciera que le estalló en las manos al artífice de la reiterada consigna de “abrazos, no balazos”, quien no ha tenido más que reconocer la dominancia de la delincuencia en ciertas regiones del país.
“Esa zona de la sierra (Tarahumara) ha estado desde hace tiempo muy infiltrada, penetrada, dominada por la delincuencia (…) Es una zona que está dominada por esta banda, por este grupo (el Cártel de Sinaloa) y se está haciendo el trabajo que nos corresponde”, reconoció el miércoles pasado el presidente López Obrador sobre el contexto en el que el lunes de esta semana fueron asesinados los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, junto con el guía de turistas Pedro Palma, al interior de una iglesia en la comunidad de Cerocahui, en el municipio de Urique, Chihuahua. Un hecho que rompe con el límite que los propios criminales se habían impuesto, ya que estos sacerdotes sólo hacían labor pastoral y social, no defensa de derechos humanos, nunca habían recibido amenazas y eran respetados por todos en la comunidad.
Las derrotas del Estado frente a esta violencia no sólo es por los enfrentamientos o presencia en las comunidades. Estos grupos han vencido en el terreno digital, en la implantación del miedo y el convencimiento de la ausencia del Estado, el mismo que permite la impunidad.
El pasado 16 de mayo, integrantes de la policía ciudadana de la UPOEG denunciaron el ataque de presuntos efectivos del Ejército.
¿Cómo lo han logrado? Un análisis elaborado por especialistas del propio gobierno plantea que la violencia no puede medirse en el número de muertos, sino en el control territorial que tienen y la ausencia del Estado.
Los analistas describen, por ejemplo, que al principio se les veía a estas organizaciones distribuyen despensas o tomando el control de comunidades, solamente haciendo rondines. Ahora los videos se distribuyen en más corto tiempo a los hechos cuando ocurren, lo hacen por la mayoría de las plataformas digitales, incluyendo chats; las imágenes son de asesinatos en puntos de mucha afluencia, sin cubrirse el rostro, presumiendo la acción; también grabando la persecución o ataque a militares, y de la Guardia Nacional, distribuyendo fotografías de militares abatidos.
Ahora, todos los uniformes que usan estos grupos criminales no se distinguen del de las Fuerzas Armadas, lo que causa la confusión y que se diluya la fuerza de la autoridad; adicionalmente han provocado no sólo que la población huya, también autoridades municipales o simplemente dejen hacer, por miedo o complicidad.
Los gobiernos estatales han disminuido los espacios de gobernabilidad en sus territorios, y el federal no cuenta con un mapa claro del impacto e influencia de estos grupos por todo el país. Es así, que los riesgos y consecuencias de esa realidad han rebasado a las autoridades en varias zonas, y el problema se extiende. Enfrenta, el gobierno federal un fenómeno que crece, la deserción que aumentó en un 25% en las Fuerzas Armadas, y la Guardia Nacional, y al mismo tiempo el limitado nivel de reclutamiento. La razón, porque entre ellos han sembrado miedo, por la violencia que ejercen al capturarlos y matarlos, y en otros casos, los menos, la explicación se encuentra en los sobornos que les ofrecen.
Especialistas coinciden que, ante la incapacidad de los gobiernos locales, así como el evidente abandono y debilitamiento de las policías estatales y municipales, frente al estallido de ese dominio delictivo, aunado a la creciente violencia homicida, y el repunte en la incidencia de otros delitos de alto impacto, ha derivado en lo que para la estudiosa y observadora de estos temas como Roxana Juárez Parra, maestra en Administración Militar, bien podría considerarse como la “desnaturalización” e indefensión de las Fuerzas Armadas.
“Eso de ‘abrazos, no balazos’ tienen un trasfondo más grave de lo que pudiéramos pensar, por más mofa que se haga, estamos hablando de que hay una consigna de que no se ataque (a los grupos criminales), tenemos una ley del uso de la fuerza que no se usa. En el imaginario social el problema es que se manda un mensaje de falta de respeto hacia las instituciones: las Fuerzas Armadas son una institución de Estado y pareciera que están abandonadas a su suerte, sin una consigna clara de qué es lo que se debe hacer en determinadas circunstancias”, advirtió la egresada del Colegio de Defensa de la Sedena.
De la inacción a la indefensión
Las imágenes de Sinaloa, en donde los militares tienen que pedir permiso para continuar su trayecto a encapuchados que los ofenden, no son únicas, al contrario, este tipo de hechos son difundidos de forma más recurrente en redes sociales. En este estado del Pacífico se dio a conocer un mes después de que saliera a la luz otro video tomado en la localidad de Nueva Italia, municipio de Múgica en Michoacán, donde se ve a civiles armados a bordo de varias camionetas persiguiendo a otro convoy militar, tras lo cual el presidente López Obrador, bajo la envestidura de comandante supremo de las Fuerzas Armadas reconoció que en su gobierno se cuidaba por igual a los elementos de seguridad como a los integrantes de las bandas criminales “porque son seres humanos”.
Tecnología. El poderío que los grupos criminales muestran ha implicado, el despliegue de su fuerte arsenal y el uso de drones modificados.
Para Roxana Juárez, exdirectora nacional adjunta de la Unidad Especializada en Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la extinta SIEDO, hoy Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, las constantes afrentas de las que son blanco los integrantes de las Fuerzas Armadas como los de la Guardia Nacional, representan un grave peligro, pues advirtió la creación de “liderazgos al interior de comunidades que suelen ser criminales”, pues prácticamente dependen de delitos como el huachicol o el robo a transportistas, entre otros delitos.
“Es un atentado contra la autoridad. Entonces, si el Ejecutivo, si las autoridades no tienen el monopolio de la fuerza para poder gobernar, no sabemos quién lo va a tener, ¿en manos de quién estamos? Ese es el peligro”, refirió la especialista al señalar que el problema de fondo tiene que ver con que “históricamente en México nunca hemos trabajado por tener policías profesionales para garantizar la seguridad pública”, ya que de la seguridad interior se deben hacer cargo las Fuerzas Armadas.
El poderío que los grupos criminales han mostrado en ampliar y mantener sus zonas de influencia y replegar a las fuerzas de seguridad, ha implicado, por ejemplo, que organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación desplegara en Michoacán, principalmente en municipios de la región de Tierra Caliente, que además del fuerte arsenal que poseen sus células se sumara el uso de drones modificados y minas explosivas para agredir a los uniformados y mantener atemorizadas a las comunidades.
Este tipo de hechos ya tuvo consecuencias. En marzo, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, conformada por 18 organizaciones civiles y militares, ubicaron a los cárteles mexicanos en el mismo nivel de riesgo y peligrosidad que organizaciones terroristas como ISIS, al-Qaeda o Hezbolá, debido a su capacidad económica, la cual les permite “intimidar a los políticos e influir en las elecciones, así como reclutar y armar combatientes capaces de enfrentarse directamente a las fuerzas de seguridad gubernamentales”, alertó la Evaluación Anual de Amenazas 2022 de dicha comunidad.
Al respecto Roxana Juárez subrayó que lo que implica todo ese fenómeno en el que se ve minimizada la autoridad y las instituciones afecta no sólo en generar condiciones de seguridad, sino que también “afecta a la economía del país, a la confianza y sobre a la democracia, porque no sólo es ir votar, la democracia es libertad de prensa, rendición de cuentas electorales, gubernamentales, de que haya una equidad para quienes quieren contender y para todas las personas”.
Si a ello se suma que hay “Guardia Nacional que no tiene capacidades policiales, sin toda su estructura, ni adiestramiento y demás”, y de la cual ya hay incluso “una serie de quejas de indisciplina, además están trabajando con muy poco presupuesto”; la cantidad de tareas que tienen ahora las Fuerzas Armadas “las han desnaturalizado, y tienen un problema de adiestramiento porque nunca están en los cuarteles, todo el tiempo están haciendo, yendo y viniendo, lo cual nos da una ecuación que da muy malos resultados”, señaló la autora del libro Para Conocer a las Fuerzas Armadas.
Otra de las variables que se suman a dicha ecuación es el aumento de efectivos que causan baja, pues en comparación con los registros del gobierno anterior, que entre 2012 y 2018 mantuvo una cifra de entre los 7 mil y 12 mil elementos del Ejército y la Fuerza Aérea que causaron baja por diversos motivos, en promedio por año. A partir de 2020 la cifra se elevó al rango de los 15 mil.
Según datos de la Sedena, del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2022 suman ya un total de 47 mil 718 elementos de ambas instituciones que causaron baja, 4,134 de los cuales fueron “por haberla solicitado”, 243 más por “mala conducta”, mientras 2,309 más desertaron, entre otros rubros.
Para el gobierno, la estrategia de seguridad ha dado resultados y el alto índice de homicidios dolosos está focalizado, con casi el 50%, en Michoacán, Guanajuato, estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Los brotes de violencia y alta criminalidad se han desperdigado en prácticamente todo el país.
Para Nancy Canjura Luna, investigadora de la organización Causa en Común, aunque la violencia se concentra en ciertas zonas a causa de pugnas entre grupos criminales, “también vemos como ese mapa de casos se va ampliando más, en el que se van agregando nuevos estados, debido a que no ha habido ninguna política de contención exitosa, como lo dice el discurso oficial al señalar que se trata de una problemática heredada”.
Al considerar que 70% de los homicidios dolosos en el país se cometen por arma de fuego, son más constates los inéditos brotes de violencia en lugares considerados tranquilos, como el repunte de homicidios y extorsiones en la Riviera Maya, o la irrupción de grupos armados, bloqueos y enfrentamientos en ciudades como San Cristóbal de las Casas en Chiapas, revelan que la teoría gubernamental de que mientras haya predominio de una “banda (criminal) fuerte” evita que haya enfrentamientos y homicidios, como recientemente señaló el presidente López Obrador al ejemplificar el caso de Sinaloa.
Para Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt, la alta tendencia de homicidios que se mantiene es muestra clara de que ese predominio criminal “lo alcanzaron a costa de la vida de miles de personas, y no precisamente en enfrentamientos cara a cara con sicarios de grupos rivales, sino desbaratando las estructuras de lavado de dinero de sus adversarios; es decir, asesinando a las personas encargadas de administrar sus negocios, en donde además de tener a familiares y amigos de quienes delinquen, también hay personas comunes y corrientes que son contratadas en dichas empresas”.
Mediante lo que el especialista en análisis de riesgos y políticas públicas consideró como “tareas de limpieza social que rayan en delitos de lesa humanidad”, aseguró que estos grupos criminales fortalecidos actúan “con la total omisión, complacencia o complicidad de las autoridades”. Un segundo aspecto a destacar es que mientras los esfuerzos del gobierno se alineen hacia un grupo dominante y los focalicen a debilitar estructuras menores, “se extiende a que estos delincuentes se dediquen, cada vez más, al robo, la extorsión o el secuestro, entro otros delitos”.
En consecuencia de esa situación es como el deterioro del tejido social y los daños adversos en diversos ámbitos se ve reflejado no sólo en el alza de asesinatos, sino también en la crítica situación en cuanto al homicidio de autoridades municipales, líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como la inédita violencia homicida en contra de periodistas, que tan sólo en lo que va del año ya suma 11 comunicadores asesinados, aunque el gobierno sólo reconoce nueve crímenes, que de entrada significa un aumento de casi el 90% respecto a lo registrado en el primer trienio del gobierno anterior. A esto hay que sumarle las extorsiones, que son una manifestación clara de la ausencia de autoridad, en donde es posible hacer un cobro de impuesto paralelo, oscuro, que la autoridad no frena, y que en cambio somete a comerciantes y pobladores.
“Los homicidios son un indicador indiscutible, y las extorsiones ponen el foco en la pérdida de control del Estado”, explicó un funcionario de seguridad.
Datos de la consultora Etellekt sobre el contexto de violencia política en los procesos electorales señalan que la cifra de 17 alcaldes y alcaldesas asesinados en esta administración es 70% mayor que lo registrado en el mismo periodo del gobierno de Felipe Calderón, cuando sumaron 10 víctimas; y 21% más al compararlo con el lapso similar en el sexenio de Enrique Peña, con 14 víctimas.
“El Presidente apuesta a que la paz se alcance mediante estos mecanismos de violencia, y no por la acción del Estado en materia de seguridad y justicia, desconociendo además que la pax narca y sus acuerdos, son cada vez más inestables en medio de las alternancias políticas, en donde el poder a nivel estatal y municipal teje sus propios pactos con el crimen”, alertó.
Estragos del “camino correcto”
El asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara de Chihuahua despertó la indagación, preocupación y enojo de la Iglesia católica. La exigencia de justicia por los ya siete homicidios de prelados que suman en esta administración detonó el clamor no sólo de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), sino también del Sumo Pontífice, el papa Francisco quien lamentó: “¡hay tantos asesinatos en México!”.
Mientras que el secretario general del CEM, Monseñor Ramón Castro advirtió que la violencia y sus estructuras de muerte se han desbordado en las comunidades, “desfigurando a la persona humana y destruyendo la cultura de la paz”, provocando que “nuestro México está salpicando sangre de tantos muertos y desaparecidos”.
Aunque el presidente López Obrador reconoció por primera vez que en su gobierno hay más asesinatos que durante la época de Felipe Calderón, a quien reiteradamente inculpa por la violencia en el país, rechazó tajantemente modificar su estrategia en busca de reducir la violencia, pues aseguró “este es el camino”.
Bajo un panorama en el que, con el asesinato de los sacerdotes jesuitas suman ya al menos 111 personas defensoras de Derechos Humanos asesinadas a lo largo del gobierno actual, de acuerdo con el seguimiento de organizaciones como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, es una de las consecuencias derivadas de la impunidad, “que permite que exista este clima en el que al parecer cometer un homicidio no tiene ninguna consecuencia y se replican estos casos, no necesariamente de naturaleza ligada con la delincuencia organizada”, subrayó Nancy Angélica Canjura.
La especialista en seguridad, políticas públicas y género sostuvo que el discurso de ‘abrazos, no balazos’ y que confrontar la violencia genera más violencia no ha dado resultados contra la delincuencia organizada, pero tampoco contra la delincuencia común, pues advirtió que “únicamente tenemos algunas políticas asistencialistas o paliativas, que sólo se enfocan a ciertas causas que no necesariamente explican como tal la dimensión del fenómeno de la violencia en el país”.
Y uno de los indicadores que también evidencian el errado diagnóstico sobre la seguridad pública es el hecho de que “el nivel de violencia contra las policías se ha agudizado en este gobierno”, pues de acuerdo con la maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM, pese a que ha sido evidenciado que mientras más se focalice en lo local los esfuerzos en materia de prevención del delito y la implementación de una policía de proximidad podría prevenirse el desbordamiento de la violencia en las comunidades.
“Una vez que empiezan las bases de operaciones mixtas en donde se utilizaban a las policías municipales y estatales en coordinación con el Ejército”, señaló Angélica Canjura, es cuando se vulneró aún más a las policías locales, por encima de un discurso en el que las Fuerzas Armadas tienen más capacidad y confianza en tareas de seguridad pública, lo cual ha propiciado mayor deslinde en el tema desde los gobiernos locales al pedir el apoyo federal.
“Si bien cada estado y municipio tienen responsabilidad en cómo se estructuran sus policías y como se financian, también es cierto que la Federación no está haciendo su parte para fortalecer estas instituciones, y actualmente está desmantelado, se perdieron fideicomisos y programas que se tenían para las policías locales con lo cual están dejando de recibir estos apoyos federales y se están canalizando a la Guardia Nacional”, expuso.
Aunado al desplome presupuestal que para los ejercicios fiscales de 2021 y 2022 incluyó la eliminación de los recursos para el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) enfocado a las policías municipales, la inconformidad de los cuerpos policiacos provocó que luego de que 2019 fue el año con más emplazamientos a paro por parte de las policías, 2020 registró la mayor cantidad de paros de estas corporaciones.
El nivel de violencia, de acuerdo con ‘La situación de las policías en México (2018-2022)’ que actualiza Causa en Común, desde el inicio de este gobierno y hasta abril de este año sumaron mil 537 uniformados asesinados, 52% de los cuales -con 810 casos- fueron policías municipales, 629 estatales y 98 federales, que representa 40 y 6%, respectivamente de esa incidencia en el que los focos rojos resultan los estados de Guanajuato y Chihuahua con 226 y 104 asesinatos cada uno en ese periodo.
Mientras que a nivel nacional los efectos inmediatos que está teniendo el incremento de la criminalidad, según la investigadora Nancy Canjura, se observa en como los grupos criminales “ahora tienen mayores territorios y despliegues de fuerza con total impunidad, dejando a las comunidades en la zozobra”, que a decir de la experta responde a la “falta de visión, de estrategia y sobre todo a la ausencia de Estado de derecho que ha caracterizado la actuación de la Guardia Nacional como tal”.
La incursión de estos grupos, considerados por gobiernos e instituciones extranjeras como organizaciones delincuenciales transnacionales, en un abanico amplio de operaciones y mercados ilícitos que además del tráfico de drogas y armas, también sofisticaron sus operaciones de lavado de dinero, lo cual ha repercutido en la caída de inversiones, tanto extranjeras como nacionales.
Con la advertencia de que la delincuencia organizada en México, particularmente los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG) ya son sinónimo de alerta para la Unión Europea, que en su informe sobre drogas de este año advierte de una mayor presencia de estas organizaciones en la producción y tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo y las metanfetaminas.
Mientras que para el gobierno de Estados Unidos, quien el 16 de junio pasado emitió una inédita alerta de viaje para que sus connacionales eviten viajar prácticamente a todo el país, con excepción sólo de Campeche y Yucatán, ante el nivel de riesgo por la incidencia de delitos como homicidios y secuestros; también ha responsabilizado a los cárteles en México por la “pandemia” de muertes por sobredosis que ya supera las 107 mil víctimas, más del 15% ocurridas en este año.
“Estamos convirtiéndonos en un estado que amenaza a otros estados, somos un Estado que amenaza a la región. Así como Venezuela que tiene tratos con los iraníes, con las FARC, apoya el tráfico de drogas a Europa y a todas partes. Es muy grave lo que nos está pasando”, advirtió Roxana Juárez, al pronosticar que las presiones internacionales, particularmente del gobierno estadounidense, para redoblar el combate a la criminalidad podría generar mayores preocupaciones y tensiones en la relación bilateral.
“Hay un grave señalamiento en todas partes, y no lo digo yo, acerca de que tenemos una presidencia, un gobierno que colabora con el narcotráfico y eso es gravisísimo y eso le tendría que preocupar mucho a los estadounidenses, porque tenemos un grave lío de migración, de narcotráfico, de crimen organizado trasnacional que va desde la tala clandestina, el tráfico de maderas, de especies, de todo”, advirtió la especialista.
“¿Quieres vivir en España un tiempo?”. A los oídos de Karla Z. V., una joven de 20 años de México, esa pregunta habría sonado a viaje interesante en cualquier otra circunstancia, pero no lo fue cuando en España pendía sobre ella una posible pena de hasta tres años de prisión por tenencia ilícita de armas. La pregunta se la hicieron sus padres el pasado lunes, y a ella le dio un brinco el corazón, aunque el susto se le pasó pronto; se lo decían de broma, antes de darle la mejor de las noticias: su caso se habría sobreseído y no tendría que pisar la cárcel.
El pasado 27 de abril esta estudiante de biología llegó a Barajas procedente de Viena y la Guardia Civil la detuvo: en su equipaje llevaba una pistola de calibre nueve milímetros de uso militar, con su cargador y 12 cartuchos. Ella insistió en que el arma no era suya y que ni ella ni nadie conocido la había colocado en su maleta. Karla venía de Viena, después de pasar dos semanas con sus padres y su hermana, de 17 años, que celebraba así, con dos años de retraso por la pandemia, su viaje de quinceañera, una fecha muy marcada en México. Sin más percance que una mala digestión tras comer en París, habían recorrido siete países: Francia, Países Bajos, Bélgica, Hungría, República Checa, Alemania y Austria. Y justo cuando el viaje tocaba a su fin, y la familia aguardaba a embarcar hacia México tras pasar 10 horas de escala en Madrid, la Guardia Civil arrestó a la estudiante en la Terminal 4.
Estuvo en los calabozos del aeropuerto madrileño y en los de los juzgados de plaza de Castilla hasta el día siguiente, cuando quedó en libertad provisional y sin medidas cautelares. Karla conservaba, pues, su pasaporte, lo que le permitía volver de inmediato a México, pero su abogado le recomendó quedarse en España para no dar la impresión de que quería evadir la justicia y mientras se esclarecía un caso que el letrado, Juan Carlos Lois, califica de “inaudito”. Tres semanas después, el 19 de mayo, regresó a su país.
Pistola, cartuchos y cargador hallados en un bolsillo exterior de la maleta, en una imagen del expediente de la Guardia Civil.
Desde Zacatecas, por teléfono, la joven muestra ahora su alivio por la resolución de su caso, tras el sobreseimiento dictado por el juzgado de instrucción número 3 de Madrid. Asegura que veía “muy poco probable” que finalmente fuera condenada, aunque “la espinita todavía estaba ahí”. Que la pistola fuera hallada en un bolsillo exterior de la maleta que se puede abrir rápida y fácilmente era uno de sus argumentos de defensa. La jueza, María Isabel Durántez, ha valorado la edad, el arraigo familiar y la carencia de antecedentes de la acusada, así como el hecho de que desde que Karla se separó de su maleta en el puesto de facturación del aeropuerto de Viena “han sido muchas y desconocidas las personas que han tenido acceso a dicho equipaje y, por tanto, las que pudieron aprovechar el mismo para traficar con un arma desde Viena a México, su ciudad de destino”.
Aquellas 10 horas de escala en Madrid se alargaron para Karla y su padre —su hermana regresó en el vuelo previsto, y la madre, al cabo de unos días— hasta 22 días. Él, Guillermo Z., calcula en unos 5.000 euros el sobrecoste de su estancia involuntaria en España, entre alojamiento, comida, pago de procurador —aunque no del abogado definitivo, que ha llevado el caso gratis, y con apoyo del Consulado de México— y, sobre todo, los nuevos pasajes de avión para regresar a su país. “No se vale que haya gente que sin corazón tome ese tipo de acciones y que no le importe lo más mínimo el daño que causa a personas inocentes”, lamenta al teléfono este profesor de Magisterio que había ahorrado durante años para regalarle el viaje a su familia.
La resolución de la jueza es provisional: si más adelante, antes de los cinco años reglados para que prescriba el delito, aparecen nuevas pruebas, se reabriría el caso. Karla y su abogado creen que es improbable que eso ocurra, y la joven no quiere que esta mala experiencia le quite las ganas de viajar, con EE UU como destino a la vista: “Sé que es muy improbable que algo de este estilo ocurra si embalas con plástico y pones candado al equipaje”, previene ella. Con todo, guarda buenos recuerdos de sus paseos por Madrid, “una ciudad preciosa, que para bien y para mal me dio tiempo para recorrer bastante”, comenta con humor.
Para demostrar la inocencia de Karla, su abogado pedía también que se practicara una prueba de huellas en el arma, y probar así que la joven nunca la tocó, y también que se requiriera la colaboración de la policía austriaca para que ayudara a esclarecer cómo llegó aquella Llama Especial de fabricación española a la maleta de la joven. Pero el sobreseimiento implica también que ya no se efectuarán esas actuaciones. No se sabrá, pues, cuándo, por qué y quién quiso colar una vieja pistola que no cuesta más de 300 o 400 euros, con su cargador, cartuchos y hasta su funda, en el mismo equipaje en el que una estudiante de ruta por Europa había metido chocolatinas, llaveros y cajas de latón con motivos de Van Gogh.
Pistola, cartuchos y cargador hallados en un bolsillo exterior de la maleta, en una imagen del expediente de la Guardia Civil.