El comando armado que liberó de la cárcel de Tula, Hidalgo, a los hermanos José Artemio y Mariano Maldonado Mejía, líderes del cártel de Pueblos Unidos o Los Michoacanos, en un operativo que incluyó la detonación de coches bomba, utilizó armas de uso exclusivo del gobierno y del ejército de Estados Unidos, incluidas lanzagranadas.
La madrugada del 1 de diciembre de 2021, con una treintena de sicarios y operadores que integraron un convoy para proteger al principal comando –una camioneta distribuidora de gas a la que le adaptaron un metal al frente que utilizaron como tanqueta para derribar la puerta del penal–, los capos huyeron junto a siete personas más (tres recapturadas) identificadas con su organización, dedicada al robo de hidrocarburo en la región del Valle del Mezquital.
Del procesamiento de campo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) recabó 120 posibles evidencias relacionadas con armamento, entre fusiles de grueso calibre –algunos adaptados–, lanzagranadas, explosivos de fragmentación, así como balas útiles y otras percutidas.
El Dictamen en materia de armamento y balística forense (DCAIC/BAL/8.S/XII/568/2021) al que se tuvo acceso arrojó que el grueso de armas fueron fabricadas por Industrial Colt en Hartford, capital de Connecticut, Estados Unidos.
Uno de estos fusiles empleados en la operación para liberar a los hermanos Maldonado, un calibre 40 milímetros con lanzagranadas, era propiedad del gobierno de Estados Unidos, para uso exclusivo de corporaciones interestatales, lo cual consta en los registros de serie e inscripciones de esta arma, bajo resguardo por la investigación del caso.
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En “La carne de cañón del Michoacano”, reportaje publicado por EMEEQUIS que da cuenta del reclutamiento y participación de menores en la fuga, éstos refirieron que en el convoy principal llevaban un “lanzapapas” (lanzagranadas), para volar la torre de vigilancia del Centro de Readaptación Social (Cereso) si los custodios les hacían frente.
Reconocieron que no vieron balas venir desde ahí, pero, si las hubieran visto, habrían reventado esa infraestructura del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Tula, donde, con base en sus declaraciones rendidas ante el ministerio público, estaba personal de custodia que, aseguró en la audiencia inicial en la que se definió su situación jurídica, no tenían capacidad de fuego para repeler el ataque.
Nueve de ellos, acusados de omisiones por las cuales supuestamente se facilitó la evasión, se encuentran en prisión preventiva, en la cárcel de Pachuca.
Asimismo, otra de las armas aseguradas es un lanzagranadas de fabricación estadounidense, marca Interstate Arms, modelo M20, calibre 40 milímetros, el cual, al momento de recuperarlo, traía dentro una granada que fue extraída para garantizar la seguridad en el manejo del dispositivo.
También hallaron un fusil M16, marca Colt, que tenía un aditamento de lanzagranadas, también de 40 milímetros, más R15’s y otros fusiles de largo cañón.
El M16 matrícula 614993, de calibre .223, es propiedad del gobierno de Estados Unidos (Property of U.S. Govt, según la inscripción en su cacha).
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Varias armas provenían de Interstate Arms.
Además, otra de las armas de grueso calibre, también de origen estadounidense, tiene la advertencia que el uso exclusivo es militar: Restricted military/goverment law enforcement export use only (Sólo uso de exportación militar/gubernamental, restringido para la aplicación de la ley).
Estos indicios fueron hallados en vehículos que se emplearon en el operativo de rescate de reos, así como en una casa de seguridad de Pueblos Unidos, ubicada en la calle Acacia, manzana 36, lote 2, de la colonia Las Galaxias, en Tula, donde todos los que participaron en la evasión de presos fueron reunidos un día antes, para recibir indicaciones y definir roles: los integrantes del comando, los encargados de resguardarlo, los que detonarían los explosivos en los autos, los halcones y los encargados de tirar los ponchallantas en las calles aledañas al penal con el fin de obstruir la reacción policial.
Un dictamen acumulado en balística refiere que el penal tuvo daños producidos por proyectiles disparados a la torre de control, también en el ventanal del área denominada “comandancia”. Los casquillos percutidos se hallaron en la periferia.
ASÍ LO PLANEARON
El día del ataque al penal, elementos municipales de Tula localizaron una camioneta Van, blanca, estacionada en la segunda sección de la colonia El Llano, en la carretera que lleva a la Refinería Miguel Hidalgo.
Situada entre la cuneta y el acotamiento, observaron que tenía las puertas del copiloto y lateral abiertas, además de que salía humo del interior.
Al acercarse, se dieron cuenta que “lo que se estaba quemando era una mecha color rosa, de aproximadamente tres metros de largo, la cual parece estaba conectada a un bulto de papel con una leyenda de Maseca y varios tubos de cartón conectado a un cartón verde”.
Ese explosivo estaba a punto de estallar, otro coche bomba más en aquella madrugada; sin embargo, los oficiales comenzaron a arrojar agua hasta apagar la mecha y pidieron refuerzos. Para esos momentos ya dos vehículos habían detonado, en los caminos había ponchallantas tirados, una unidad de la policía municipal había sido atacada a tiros, con saldo de un lesionado que era trasladado de emergencia a una clínica, y un particular también había sido herido por balas.
En el Dictamen en materia de armamento y balística forense por el operativo también se analizaron 129 casquillos calibre .223 (5.56x45mm), los cuales fueron percutidos por tres armas diferentes. El tipo y marca probable, según las conclusiones del análisis, pudo ser Colt, Norinco, Anderson o bien Valmet, en su tipo fusil.
De los calibres altos, el comando empleó R15’s, más granadas.
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entre 70 y 90% de las armas recuperadas en las escenas del crimen en nuestro país fueron traficadas desde Estados Unidos y, particularmente, de seis marcas: Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Glock, Ruger y Colt, como las empleadas en la fuga de los Michoacanos.
El 4 de agosto de 2021, el gobierno mexicano interpuso una demanda en una Corte Federal en Boston, Massachusetts, en contra de productores de armas, a los que se acusa de comercio negligente e ilícito de armamento que es traficado en México y llega a grupos criminales.
En dos teléfonos asegurados por la División de Investigación en Hidalgo, asociados al caso de la fuga de reos porque presuntamente eran usados por José Artemio Maldonado, “El Rabias” o “El Michoacano”, y contienen información intercambiada por WhatsApp con su hermano Mariano, “El Gordo” o “M1”, sobre el plan de fuga, se localizaron fotografías en la que el capo principal, a quien inteligencia estatal adjudica el mando del cártel, posa con armas largas, también un clip en el que realiza varias detonaciones con un fusil de grueso calibre.
Envía, igualmente, Whats a una persona que presuntamente le revisa el cañón de un arma que no responde.
En los mensajes, además de intercambiar imágenes de comprobantes de transferencias bancarias para los reclutas, los hermanos hablaron de comprar autos, de la casa de seguridad, de armas almacenadas y equipo táctico a adquirir. El plan, como lo contemplaron, ocurrió.
Desde su fuga, volvieron a ser objetivos directos del huachicol. Inteligencia presume que se refugiaron en sitios recónditos en las montañas de Michoacán, aunque su cártel continúa, enfrentado con otros grupos, con la extracción de crudo en Hidalgo, el estado más ordeñado del país desde 2018.
fuente.-@axelchl/
