Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia, la DEA situaba al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en 23 de las 32 entidades del país. A tres años, la organización criminal que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, se ha posicionado en 31 estados y se convirtió en la más poderosa por su violencia, capacidad de trasiego internacional y dominio de territorios, de acuerdo con la inteligencia de Estados Unidos.
Sinaloa, aún con la detención y condena de Joaquín “El Chapo” Guzmán, creció a 22 estados, mientras que La Familia Michoacana y Los Zetas, cárteles presuntamente resquebrajados o extintos, se reposicionaron a través de escisiones y células. A la cartera criminal del narco se sumaron delitos como el robo de hidrocarburo –contra el cual el presidente orientó su política de seguridad–, que puso en el escenario a nuevos grupos: Santa Rosa de Lima, Los Hades, Los Ocras, entre otros advertidos por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por su violencia y capacidad fuego.
Lo anterior se basa en informes generados en los últimos tres años en torno a los cárteles mexicanos por parte de la DEA (Drug Enforcement Administration), el FBI (Federal Bureau of Investigation), el Departamento de Estado y el Congreso de Estados Unidos, así como consultoras especializadas en seguridad, informes nacionales y la última radiografía delictiva elaborada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la PGR al término del sexenio de Enrique Peña Nieto, consultadas por EMEEQUIS.
Cuando Peña Nieto dejó el poder, el gobierno mexicano sólo reconocía la presencia del CJNG en ocho estados (Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos y Veracruz). La DEA, en cambio, lo situaba en 22 de 32 entidades. Actualmente opera en 96% del país.
La entonces Procuraduría General de Justicia (PGR, hoy FGR) situaba a este cártel y a Sinaloa como los objetivos prioritarios de combate a las drogas; además, advertía a nueve grandes organizaciones criminales, que controlaban 43 células. Este informe lo ha replicado la FGR, sin actualización, en requerimientos de información sobre la presencia y acciones de los cárteles mexicanos.
Sin embargo, Estados Unidos tiene otros datos.
Para el CENAPI, el Cártel de Sinaloa estaba en nueve entidades; para la DEA, en 13. Hoy, sin Joaquín Guzmán, sentenciado a perpetuidad, este grupo se amplió a 23 entidades, según la DEA; es decir, en 75% del territorio nacional. No obstante la caída del capo, no lo considera debilitado, por su poder corruptor, de armas, alianzas en México y el vecino del norte, más su capital económico.
Desde la perspectiva del doctor José Antonio Álvarez León, especialista en temas de seguridad y académico de la Facultad de Estudios Superior Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que exista un mayor número de grupos delictivos o en nuevos estados no significa necesariamente un mayor problema de seguridad, sino que obedece a un fenómeno de redistribución y reposicionamiento del territorio. El escenario de violencia, considera, se mantiene en proporciones similares a los anteriores gobiernos, lo cual, acota, es por sí mismo grave.
“El hecho de que haya una escisión en los cárteles o que se reposicionen unos que eran más pequeños o que aparezcan aparentemente otros, o que los extintos parezca que llegan a tener presencia, nos indicaría en la primera percepción que se multiplica la violencia, pero en realidad, desde la fenomenología del delito, lo que sucede es que hay traslados; es decir, ha tenido movimientos sin que las variables de la seguridad cambien. Los datos nos siguen arrojando números progresivos constantes, lo que pasa es que hay un reposicionamiento por circunstancias diferentes, una de ellas es consecuencia de la distribución del poder dentro del Cártel de Sinaloa; la otra, la actitud expansionista que tiene el Cártel Jalisco, y digamos que las células proveedoras que son las que mueven a los grandes cárteles van generando esa nueva distribución del negocio y del territorio”, explica en entrevista con este medio.
Cuando inició el actual gobierno federal, el Cártel Jalisco –nacido en 2011, a finales de la administración de Felipe Calderón– era un grupo en expansión que, de acuerdo con Washington, ahora es el más potente, con mayor capacidad logística para mover droga en Estados Unidos. La clave de su expansión, refiere, es el control de centros en Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Atlanta donde arriban drogas que ingresan por los tres mil kilómetros de frontera entre ambos países, a través de Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua, y Nuevo Laredo, Tamaulipas,
Al inicio de la administración federal, el CENAPI situaba a Los Zetas sólo en Tamaulipas a través de tres células criminales, Grupo Operativo Los Zetas, Grupo Operativo Zetas y Fuerzas Especiales Zetas. El gobierno estadounidense alerta que se han diversificado y expandido a otras actividades delictivas, como el robo de combustible, la extorsión, el secuestro, el tráfico de personas y el tráfico de armas.
Además, dos escisiones más violentas emanaron de ellos: el Cártel del Noreste y Zetas Vieja Escuela. Estos últimos, los principales ordeñadores de combustible en el centro del país junto con el Cártel Jalisco, que en Guanajuato se enfrenta con el Cártel de Santa Rosa de Lima, cuyo líder, José Antonio Yépez, “El Marro”, es uno de los capos detenidos en este gobierno.
La Familia Michoacana, considerada extinta en el pasado gobierno, continúa operaciones y expansión territorial.
CON PRESENCIA NACIONAL
Con base en Insight crime, La Familia tiene operaciones en Guerrero y el Estado de México –además de ser advertida por inteligencia federal en Hidalgo–. Afirma que células desprendidas de este cártel todavía participan en actividades de narcotráfico, secuestro y extorsión en áreas del estado de Guerrero, aunque están siendo expulsadas de Michoacán por remanentes de los Caballeros Templarios y otros grupos.
Asimismo, advierte que un grupo conocido como La Nueva Familia Michoacana también está activo en zonas de Guerrero y Michoacán, donde, entre otras actividades, extorsionan a productores de aguacate.
La consultora Lantia Intelligence, especializada en temas de seguridad, elaboró una propuesta de Mapa criminal en 2020 –segundo año de gobierno de López Obrador– en el que utilizó siete categorías el: [1] el Cártel de Sinaloa (CDS) y [2] el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como los únicos cárteles con presencia nacional; la distribución de las escisiones de [3] Los Zetas, [4] Cártel del Golfo (CDG), [5] Los Beltrán Leyva y [6] Los Caballeros Templarios-La Familia Michoacana; además, señaló algunos grupos criminales locales o regionales de relevancia [7], ya sea porque son enlaces con cárteles nacionales, por su arraigo o por su capacidad económica o predatoria.
Además de los dos dominantes, plantea que de Los Zetas hay doce escisiones en doce entidades del país, entre las que destacan Cartel del Noreste y su brazo armado la Tropa del Infierno, agrupaciones responsables de generar violencia en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz; Los Zetas Vieja Escuela en Hidalgo, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz; Zetas Sangre Nueva en Coahuila, Puebla, Tamaulipas y Veracruz; y Los Talibanes (actualmente grupo asociado al CJNG) en Aguascalientes, Quintana Roo, Tabasco y Zacatecas. Del Cártel del Golfo, dividida en distintas bandas antagónicas entre sí, destaca que se registraron catorce escisiones en once estados de México, entre las que resaltan Los Ciclones en Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; Los Metros en Nuevo León y Tamaulipas; Los Escorpiones y Rojos en Tamaulipas; Fuerzas Especiales Grupo Sombra en Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca; y Los Pelones en Quintana Roo.
De Los Beltrán Leyva, señala que el grupo más relevante y que aún mantiene ciertos elementos de la estructura original es la familia Meza Flores, encabezada por Fausto Isidro Meza “Chapo Isidro”, que dirige los grupos criminales de La Oficina y Los Mazatlecos con presencia en Aguascalientes, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.
Imagen del CJNG en Aguililla, Michoacán. Foto: Cuartoscuro.com.
ESCICIONES
Otros grupos que surgieron de las cenizas de esta organización —pero antagónicos y sin nexos— son Los Rojos en Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos y Puebla; Guerreros Unidos en Ciudad de México, Estado de México y Guerrero; Sierra Unida Revolucionaria (SUR)-Cártel del Sur en Estado de México, Guerrero y Morelos y el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) en Ciudad de México y Guerrero. En tanto que de los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana recuenta doce escisiones en ocho estados, entre éstas Los Viagra, encabezados por Nicolás Sierra Santana “El Gordo”, y el Cártel de Zicuirán Nueva Generación, de Miguel Ángel Gallegos Godoy “El Migueladas” (en alianza con el CJNG) en Michoacán, Jalisco y Colima. También está El Cártel de Tláhuac (familia Pérez Luna) en Ciudad de México; La Nueva Empresa o Cártel Brothers de José Alfredo Hurtado Olascoaga “El Fresa" y Johnny Hurtado Olascoaga “El Pez” en Estado de México, Guerrero y Michoacán; Los Tequileros en Guerrero; La Guardia Michoacana de Homero González Rodríguez “El Gallito”; Los Maldonado en el Estado de México y Guerrero; Las Moicas en Michoacán; y Guardia Guerrerense en Guerrero.
En su NDTA de 2020, la DEA reconoce que el Cártel de Juárez o de los Carrillo Fuentes continúa en Chihuahua; además, advierte que este grupo, tradicionalmente un importante traficante de marihuana y cocaína sudamericana, “se ha vuelto activo en el cultivo de opio y la producción de heroína”.
La DEA igualmente sostiene que el Cártel del Golfo diversificó sus actividades criminales: ahora se concentra en el comercio de cocaína y marihuana, pero "también se expandió recientemente a heroína y metanfetamina ... [y] pasa de contrabando la mayoría de sus envíos de drogas al sur de Texas a través de la región fronteriza entre el Valle del Río Grande y la Isla del Padre Sur”.
Cuando Peña Nieto dejó el mando a López Obrador, para la fiscalía mexicana el Cártel del Golfo sólo mantenía cinco células que operaban en Tamaulipas: Ciclones, Los Fresitas, Grupo Dragones (Tampico), Rojos (Matamoros) y Metros (Reynosa); además, a través de Los Pelones y Los Talibanes tiene presencia en Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.
Lantia Intelligence también elaboró el reporte Nuevas organizaciones criminales con AMLO, en el que refiere que seis organizaciones se consolidaron en lo que va de la administración federal.
Se trata de Cárteles Unidos, una alianza de organizaciones locales y autodefensas presuntamente promovida por el Cártel de Sinaloa para hacer frente al CJNG, que opera en Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Aguascalientes y Jalisco; Cártel de Los Alemanes, aliado a una escisión de Los Ciclones, exgrupo del Cártel del Golfo, y a los Zetas Vieja Escuela con presencia en San Luis Potosí, así como el Cártel de Caborca, en Sonora, Ciudad de México, Guerrero y Sinaloa, dirigido por Rafael Caro Quintero.
También, el Cártel de Ensenada, que participa en la disputa al interior del Cártel de Sinaloa entre los hijos del “Chapo” Guzmán, Los Chapitos, y “El Mayo” Zambada, y opera en Baja California, Baja California Sur y Sonora, así como Los Canchola, cuya sede es la Ciudad de México, bajo la protección de La Unión Tepito. El último grupo es Guerreros Unidos, en la región de Iguala, Guerrero, que durante esta administración se fragmentó en Los Tilos y La Bandera, según Lantia Intelligence.
Según la DEA, Guerreros Unidos son conocidos por traficar heroína y otras drogas hacia los Estados Unidos, además de que advierte por su capacidad de trasiego y violencia.
El huachicol, delito contra el cual el gobierno federal centra su política de combate, trajo nuevos grupos a la arena criminal, quienes se hicieron de recursos y fuego, con una capacidad de expansión que alerta a los sistemas de inteligencias de las entidades del centro del país.
Entre estos están los Ocras, cuyo líder David N, alias “El Ocra”, uno de los principales generadores de violencia en el Estado de México según la Fiscalía General de Justicia de esa entidad, que lo relacionó con alrededor de 50 homicidios, entre policías y grupos rivales, fue detenido en junio de 2020 en Pachuca. La agrupación opera con la protección de corporaciones de Zumpango, Tecamac y Melchor Ocampo, donde “El Ocra” subsidió la organización a través de la extracción ilegal de combustible.
Al Ocra le imputaron ser la cabeza de un grupo dedicado también al homicidio, extorsión y secuestro, en la región de Zumpango y Tecámac.
Una de las organizaciones que se convirtió en objetivo prioritario nacional es el Cártel de Palmillas o Los Hades, que surgió en Palmillas, Querétaro, y se afinó en los ductos de aquella entidad e Hidalgo, a través del corredor de Huichapan. Sin embargo, su crecimiento, con la protección oficial, alcanzó al grueso de la región conocida como el Valle del Mezquital. Los Hades son responsables del secuestro y asesinato de elementos de Seguridad Física de Pemex, así como de homicidios y extorsión en ambas entidades y el Estado de México.
Aspectos del fallido operativo de captura de Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa. Fotos: Juan Carlos Cruz / Cuartoscuro.com.
EL COVID NO DOBLEGÓ A LOS CÁRTELES
El informe Mexican Drug Trafficking and Cartel Operations amid Covid-19 (Operaciones de cárteles mexicanos del narcotráfico en medio del Covid-19), elaborado en abril por el Congressional Research Service (CRS) –servicio de investigación del Congreso de Estados Unidos–, refiere que ni el riesgo de infección ni las restricciones de movilidad impuestas por el gobierno mexicano por la pandemia disuadieron significativamente la actividad del narcotráfico; al contrario, los cárteles explotaron la crisis sanitaria para obtener ganancias económicas y territoriales.
El órgano de inteligencia señaló que la pandemia ha motivado a los cárteles a diversificar y expandir su uso de embarcaciones sumergibles, drones ultraligeros, túneles y criptomonedas; que las condiciones actuales fomentaron una competencia intensificada entre los grupos criminales, misma que favoreció el control y la expansión del Cártel Jalisco y el de Sinaloa. Como resultado, añadió, los delitos de agresión y homicidio se han mantenido elevados.
De acuerdo con el doctor José Antonio Álvarez León, el que el CJNG ahora opere en casi todo el país tiene una correlación con las acciones de los grupos que anteriormente controlaron, en proporción de territorios, el mapa de las drogas en México.
“Está supliendo, está tomando poder que dejó el Cártel de Sinaloa. Es decir, el Cártel Jalisco operaba de alguna manera bajo sus propias lógicas en ocho estados, pero además operaba de manera armada vendiendo servicios a otras organizaciones. Al haber cierta contracción del poder del Cártel de Sinaloa, lo que ha hecho este cártel (Jalisco) que es más violento, es expandirse y tomar esos territorios. Se suple uno por otro en cuanto a la radiografía del poder en nuestro país”.
Con base en el especialista, el CJNG tiene el poder territorial y armado, por lo que ha tomado plazas antes supuestamente acéfalas, según las autoridades, como la Ciudad de México; sin embargo, Sinaloa tiene el poder económico, que lo hace dominante en el mapa de las drogas.
“Creo que el Cártel de Sinaloa sigue teniendo el poder económico más grande, pero su contracción, el estar pasmado, sus propias lógicas internas de reposicionamiento los hace verse menos activos en cuanto a los usos violentos y de control del territorio, en cambio el Cártel Jalisco toma es aparte para vender sus activos como control territorial, distribución y reclamo por la fuerza de otros nichos delincuenciales que están a su alcance”.
Estados Unidos también mantiene a Sinaloa como una de las amenazas principales, junto al CJNG. Entre los más buscados de la DEA hay cuatro mexicanos, tres ligados a Sinaloa: Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero y Jesús Alfredo, uno de los hijos del Chapo a quien considera el heredero y principal operador de su padre.
Además, el Departamento de Estado de EU anunció la primera semana de noviembre una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que lleve al arresto de Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano del “Chapo” Guzmán y quien, con base en una acusación de la Fiscalía de Arizona, es responsable del ingreso de fentanilo, heroína, cocaína, metanfetamina a su territorio, y líder de una célula del Cártel de Sinaloa, afincada precisamente en esa entidad.
Al “Guano” lo buscan junto a tres operarios por los que, por cada uno, también ofrecen hasta cinco millones de dólares: los hermanos Ruperto, José y Heriberto Salgueiro-Nevarez, que operan en Chihuahua y Sinaloa.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI), que también incluye a Caro Quintero entre sus más buscados por delitos violentos en apoyo de la delincuencia organizada y el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, asegura que este expresidiario actualmente ocupa un cargo activo y clave entre los cabecillas del Cartel de Sinaloa, y dirige las actividades de esta organización en la región de Badiraguato, tras la caída de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Esta, señala, es una de las reorganizaciones de este grupo.
NUEVOS GRUPOS EN LA CAPITAL
El cuarto mexicano es Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, que ha extendido operaciones hasta la capital del país. Sólo en la Ciudad de México, el gobierno capitalino identificó en meses pasados cuatro cárteles, en una conferencia del secretario de Seguridad local, Omar García Harfuch, y el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto: La Familia Michoacana, La Unión Tepito, Anti-Unión Tepito, Cártel de Tlahuac y Los Beltrán Leyva, a través de La Mano con Ojos.
Estos, como parte de un grupo de 14 grupos delictivos entre los que también estaban Los Rodolfos, célula de El Balín, Los Guerreros, Los Maceros, Banda de El Perro, Los Sinaloas, La Ronda 88, Los Molina y Los Benjas. El Cártel Jalisco, afirmó García Harfuch, no operaba directamente pero sí buscaba alianzas con los grupos locales. A la organización de El Mencho fue a quien responsabilizó el secretario de Seguridad del atentado con armas de alto poder que sufrió en junio de 2020.
Antes del gobierno de Claudia Sheinbaum, ningún mandatario reconoció la presencia u operación de cárteles en la Ciudad de México.
De acuerdo con información de Lantia Intelligence, en al menos 16 entidades hay 29 organizaciones locales y regionales que por su arraigo, capacidad económica, armamentística y de despliegue (en varios municipios, incluso de entidades distintas) —así como por su participación en delitos predatorios— son de relevancia.
Se trata del Cártel de Los Arellano Félix o Cártel de Tijuana en Baja California, La Línea (Nuevo Cártel de Juárez) en Chihuahua; La Unión Tepito en Ciudad de México; el Cártel de Santa Rosa Lima en Guanajuato; Cártel de Oaxaca o del Istmo en Oaxaca y Yucatán; y la Banda de “El Loco” Téllez en Tlaxcala y Puebla; así como las mafias dedicadas al tráfico y trata de personas desde Tlaxcala, y con vínculos con otras organizaciones criminales en México y Estados Unidos: familias Granados, Hernández y Rojas Romero.
El 2 de julio, el presidente dijo en su conferencia matutina en Palacio Nacional que los cárteles sin “herencia” de las pasadas administraciones, además de insistir en que no se han creado más en su gobierno.
“A mi modo de ver, lo peligroso es que hay células más pequeñas o medianas que están actuando, pero que el poder vertical lo que en realidad está sufriendo es una movilidad que hace que nos genere esa radiografía de que hay más”, plantea el académico Álvarez León, quien remarcó que estos pequeños o medianos grupos son poderosos si tienen el abasto o el apoyo, arriba, de los cárteles más fuertes, porque acaban por operar para ellos.
@axelchl
