Llegaron a la cima del poder político en 2012. Traían como escudo la imagen telegénica de un candidato que ellos mismos ayudaron a construir. Los registros públicos dejaron huellas de un estilo de vida costoso y vistoso. Pasaron seis años disfrutando de los beneficios del trono presidencial, pero ahora, varios de ellos son perseguidos por la justicia o están bajo el ojo del escrutinio público.
Era un grupo de hombres homogéneo en gustos. Unas vidas unidas no sólo por la política; sino por los trajes de diseñador europeo, las mansiones, los más caros destinos de playa, por su afición al golf.
Cuando Enrique Peña Nieto –su candidato, su hechura– ganó las elecciones, ellos se beneficiaron. Entonces, su estilo se impuso en la Administración Pública Federal. La adicción al lujo fue alimentada con más vigor. Porque ahora había dinero propio, pero también público.
Detrás del poder presidencial de Peña Nieto se formó un universo en el que fue posible que Tomás Zerón de Lucio contratara a la chef Zayda González –cuyos servicios están cotizados entre los más caros en el mercado de las bodas– mientras investigaba el paradero de los 43; que Humberto Castillejos Cervantes, el consejero jurídico del presidente, comprara tres parejas del mastín tibetano en cuanto se publicó que ese era el perro más caro del mundo o que Emilio Lozoya Austin, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), viajara a los destinos de playa más exclusivos en un avión comprado para vigilar ductos.
Les tocó la tragedia de Ayotzinapa y el descubrimiento periodístico de casas hechas sobre conflictos de interés. Pero nada les arrebató su forma de ser. Nada logró bajarlos de ese tren de vida acelerado, costoso, dispuesto para ellos.
Pero todo ha acabado. O aparentemente. En el ser de Emilio Lozoya Austin, el club de los “bon vivant” puede deshacerse y dejar un rastro deforme como historia. Se encuentra en un proceso judicial a través de audiencias. Se le acusa de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht que habrían sido utilizados justo cuando se fabricaba la imagen de Enrique Peña Nieto. También por operaciones con recursos de procedencia ilícita en la compra irregular de Agronitrogenados, una planta en condiciones de chatarra.
El otrora hombre poderoso de Pemex ha referido frente a los jueces que en los altos niveles del Estado mexicano se formó “un aparato de poder con el objetivo de abusar”.
Sus palabras revelarían de dónde vino parte del dinero que pagó tanto. Pero, sobre todo, cómo se armó esa imagen de apariencia cuidada al extremo de Enrique Peña Nieto.
A través de declaraciones patrimoniales y otros documentos públicos, estas son las semblanzas de algunos de los hombres que integraron ese poderío ahora en crisis y cuya vida puede dar un giro. Así la pasaron mientras fueron servidores públicos. Fieles a sí mismos, así fueron.
1.- Emilio Lozoya Austin
El futuro no era este
El cúmulo de documentos que dejó tras de sí, indican que en 2013 a Lozoya Austin no le importaba que se supiera que tenía dinero. Su muñeca portaba relojes de lujo con engranaje de oro y las horas marcadas con piedras preciosas. En su domicilio, colgaba un Dalí de 50 mil dólares, un Picasso de 500 mil dólares y cuadros del pintor oaxaqueño Luis Zárate.
Este era un hombre tan transparente que nada lo detuvo para escribir en su declaración patrimonial que los relojes los coleccionaba y que desde 2005, se había hecho de tajo de las obras de arte que decoraban sus paredes. ¿Por qué no? Nieto de Jesús Lozoya Solís, quien fue gobernador provisional de Chihuahua de 1955 a 1956; hijo de Emilio Lozoya Thalmann, secretario de Energía y director del ISSSTE durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en su estirpe jamás hubo una mancha de corrupción, ni de resbalones sociales.
Si bien el salinismo fue una de las etapas más controvertidas en México, debido a una crisis financiera posterior, el nombre del padre de Emilio Lozoya Austin siempre quedaba libre de señalamientos en los análisis y evaluaciones que se hicieron de ese periodo a la postre. Su madre, Gilda Austin, llevaba vida de dama de sociedad, tanto en Chihuahua como en la Ciudad de México.
Así que la vida era buena y tranquila para el primogénito del matrimonio, al lado de sus hermanos Juan Jesús y Gilda. Un día de 2016 se casó con Marielle Helene Eckes, de origen alemán, nacida en 1975, de la familia que adueña el Grupo Eckes, un gigante en Europa en la distribución de jugos.
Con las licenciaturas de Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional por la Universidad de Harvard, Lozoya Austin consiguió el perfil de un hombre preparado; pero además, con talento para los negocios. De 2009 a 2012, fundó varios fondos de inversión de capital privado a nivel global en diversas industrias que incluso hacían reestructuraciones y transacciones internacionales.
En 2013, Emilio Lozoya Austin se permitía ser transparente.
No le importó escribir en su declaración patrimonial que tenía dos cuentas en francos suizos, una con 5 mil 143 y otra con 29 (un total de unos 67 mil pesos a tipo de cambio del año); además de un fondo de inversión en dólares americanos, así como tres inversiones en organizaciones privadas expresadas en títulos.
No midió que después ese dato coincidiría con las delaciones premiadas de exejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht ante la justicia de Brasil, que expusieron que Lozoya Austin habría elaborado una estructura financiera para recibir sobornos y que una de sus cuentas estaba en el banco suizo Gonet & Cie, de Latin American Asia Capital Holding, una offshore en las Islas Vírgenes Británicas.
Nada lo detuvo para hacer público que cuatro meses después del regreso del Partido Revolucionario Institucional al poder, celebró con el pago al contado de una casa de 38 millones 175 mil pesos.
No imaginaba que en el futuro esa compra podría quedar bajo cuestionamientos judiciales pues ex directivos de Odebrecht declararían ante jueces en Brasil que le dieron dinero como sobornos durante la campaña.
Su buena vida era tan ilimitada que usó un avión Cessna Citation Sovereign, cuya compra él mismo autorizó, destinado a vigilar la red de ductos y evitar el robo de combustible, para ir y regresar de destinos de playa como Cancún, Zihuatanejo y Huatulco, así como lugares más exclusivos como Westhampton y Esthampton en Nueva York.
No tuvo reparo en que la bitácora de vuelo tendría que entregarse a la Secretaría de la Defensa Nacional y que sobre ella pondría el ojo crítico la Auditoría Superior de la Federación.
Nada le importó a Lozoya Austin negociar con el dirigente del sindicato, Carlos Antonio Romero Deschamps, para ocultar la claúsula 251 bis del contrato colectivo de trabajo del sindicato de Pemex. En esa cláusula, se especificaba el dinero “extra” que Pemex le daba por acuerdo al exdirigente. Así, en estos momentos están perdidos 267 millones 967 mil 771 pesos.
No estimó el funcionario que al acceder al oscurantismo histórico de Carlos Romero Deschamps, se hundiría más en el lodo si es que el destino viraba. Lozoya Austin era un hombre libre, millonario, transparente y conocedor de cómo puede crecer el dinero.
2.- Tomás Zerón de Lucio
El policía que sólo comía viandas
En el bajo perfil, Zerón de Lucio fue maestro. Hoy, cuando es buscado por la Policía Internacional (Interpol, por sus siglas en inglés) no hay ningún documento público que indique de dónde vino, quiénes fueron –son– sus padres, si tiene hermanos o amigos. Su vida amorosa también la mantuvo bajo la discreción.
El rastro de Zerón de Lucio es la oscuridad. En una década en el gobierno federal, dejó en el historial de la Secretaría de la Función Pública nueve declaraciones patrimoniales. Sólo dos, las presentadas en 2007, cuando fue coordinador de Control Policial de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, son públicas. Así puede saberse que ese año, era dueño de dos casas, una de 153 metros cuadrados construidos y adquirida a crédito en 1994 y otra de 82 metros cuadrados comprada al contado en 2006. Tenía seis automóviles: dos BMW, un Mini Cooper, una camioneta Chevrolet, un Volkswagen Touareg y un Honda Accord. También era dueño de cadenas, relojes y anillos con piedras preciosas.
Otro de los indicios de su persona es la reserva. Hoy, casi todas los contratos que se signaron mientras fue director de la Agencia de Inteligencia Criminal (AIC), de 2013 a 2016, aparecen testados. Una tinta negra esconde los nombres de los funcionarios que los firmaron o los de los representantes legales de las empresas.
Pero, si los contratos asignados de manera directa fueran una lista de prioridades, hay una debilidad que Zerón de Lucio no pudo ocultar: la buena mesa. En el historial de compras de su gestión como director de la AIC, la contratación de los alimentos gourmet aparece en segundo sitio, superada por la adquisición del licenciamiento del dispositivo del software Pegasus, que le habría servido para observar de manera ilegal a periodistas y defensores de derechos humanos.
En esos tres años, mientras buscaba a los 43 estudiantes normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, Zerón de Lucio llamó a la chef Zaida González, dueña de Gastronómica Zaida, una de las más caras en el mercado de las bodas y eventos especiales.
Esta cocinera gourmet tenía como cartas credenciales haber servido en el aniversario de la boda de la filántropa Paulina Alcocer y el banquero Manuel Medina Mora (fallecido), así como en una reunión familiar del ministro Mariano Azuela. También puso una mesa en El Vaticano.
Por 14 millones 990 mil 440 pesos, Gastronómica Zaida, de mayo a diciembre de 2016, le sirvió el desayuno, la comida y cena. El mismo contrato incluyó comida para su personal de apoyo, así como los empleados de la Policía Federal Ministerial que lo apoyaban en cualquier pesquisa que iniciaba.
La AIC, también desembolsó en el mismo periodo, 3 millones 761 mil 788 pesos para que la misma banquetera atendiera con viandas al personal del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia mientras trabajaba “en sitio”.
Aquellos tiempos dorados se han ido. Zerón de Lucio podría pasar 60 años en prisión, según aspira la Fiscalía General de la República, que lo acusa de tortura y desaparición forzada. Su escondite, se sospecha, está en Canadá, Estados Unidos o Belice.
Al club de los “bon vivant” ingresó desde que trabajó en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en 2009, mientras gobernaba Enrique Peña Nieto en ese estado (2005-2011). Ahí trabajó al lado de Alfredo Castillo Cervantes, quien era el procurador.
En esa oficina se encargó de la “inteligencia” que abonó para resolver el caso del secuestro y asesinato de la niña Paulette Gebara Farah, a quien encontraron muerta en su propia habitación, en un hueco formado entre el colchón y la cama. Ahí mismo, empezó a darse a conocer por sus gabardinas y trajes negros.
Antes, trabajó en la extinta Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Genaro García Luna, en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). En esa posición estuvo sólo cinco meses. Fue destituido después de que 50 sicarios se enfrentaron a balazos con policías de los tres niveles de gobierno en Cananea, Sonora, lo que derivó en un saldo de 22 muertos.
En julio de 2013, fue nombrado en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) del gobierno federal. Su currículum volvió a la página oficial de la Administración Pública Federal: Licenciado en Administración Industrial UPIICSA (IPN) y Maestría en Ciencias Penales por la Universidad España.
3.- Humberto Castillejos Cervantes
El gran imperio que se cayó a pedazos
Marcos Castillejos –quien fuera director de Reclusorios en el entonces DF y subprocurador en la PGR–, tenía un despacho de abogados, en el número 102 de la calle Mazatlán, en la colonia Condesa. A las 9:50 la mañana del 10 de julio de 2008, fue asesinado a las puertas de ese domicilio. Algunas fuentes indican que su hijo, Humberto Alfonso, quien nació en 1976, lo presenció todo.
Como fuere, con esta muerte en la memoria, el hijo del abogado que defendió al comediante Mario Bezares de la acusación del asesinato del conductor Paco Stanley, no se rindió. Tomó el despacho, lo renombró Consultoría Litigio Gobierno (CLG) Abogados y llamó a sus hermanas María del Carmen y Minerva a trabajar. A partir de entonces, todo fue avanzar en un poderío de relaciones y dinero, mucho dinero. Poco más de una década después, lo construido se caería a pedazos. Castillejos Cervantes está bajo investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque habría operado un esquema de extorsión a empresas desde el cargo que tuvo en el gobierno de Enrique Peña Nieto como consejero jurídico.
Pero en aquellos años del despacho, la estrategia se concentraba en ganar amigos. Con ellos trabajó Alberto Bazbaz Sacal, quien de 2008 a 2010 iba a ser procurador general de justicia en el Estado de México y estaría a cargo de la investigación del secuestro y muerte de la niña Paulette Gebara Farah. Y con ellos –casado con Minerva, hoy ya divorciados– estuvo también Luis Cárdenas Palomino, quien después estaría a cargo de Seguridad Regional de la Policía Federal, hombre de mayor confianza de Genaro García Luna, director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en esos años.
Humberto Alfonso Castillejos se acercó a Mónica Arriola (fallecida), hija de Elba Esther Gordillo y a Claudia Ruiz Massieu, hija de Francisco Ruiz Massieu (exdirigente del PRI, asesinado) y sobrina de Carlos Salinas de Gortari.
Cuando su padre vivía, el despacho Castillejos asesoró a Rafael Macedo de la Concha quien fue Procurador General de la República de 2000 a 2005, en el gobierno de Vicente Fox Quesada. A la muerte del padre, a este cliente Humberto Alfonso Castillejos Cervantes también lo mantuvo cercano.
La madrugada del 1 de diciembre de 2012 le dieron una noticia: Enrique Peña Nieto lo quería como consejero jurídico. Se presentó de inmediato y tomó posesión al día siguiente. Hubo que declarar bienes ante la Secretaría de la Función Pública, como marca la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Entonces, dijo que tenía dos casas de 720 y 600 metros cuadrados; tres terrenos; una colección de relojes, varias obras de arte, tres autos BMW, un Mercedes Benz, una camioneta Jeep Wrangler y otra Chevrolet Express Van Paq C8. Todo pagado al contado.
Fue hábil en el manejo público de su propia imagen. Sólo tomó el escenario político en ciertos momentos. Lo hizo, por ejemplo, en noviembre de 2014 cuando fue descubierto que el presidente adueñaba dos mansiones propiedad del Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista millonario del Gobierno. Castillejos Cervantes salió a decir que él era dueño de una, que de hecho, había servido como casa de campaña.
Sus dos parientes en el gobierno tuvieron más visibilidad: es primo de Raúl Cervantes Andrade, quien fue procurador general de la República en 2017, y de Alfredo Castillo Cervantes, quien fuera procurador federal del consumidor, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán y luego, director de la Comisión Nacional del Deporte.
En 2015 –cuando tenía dos años en su cargo–, el sitio de noticias financieras estadounidense, Go Banking Rates, publicó una noticia: el mastín tibetano había sido declarado “el perro más caro del mundo”, después de que lo compró un empresario inmobiliario chino. El precio pagado superó al del Ferrari 488 que ese año fue de 340 mil dólares (seis millones 904 mil pesos), según la oferta de la marca automotriz.
Meses después, Castillejos Cervantes rompió con la tradición de excentricidad y lujo de sus compañeros de gabinete y compró tres parejas de mastín tibetano. Criado en China y en los países europeos, la especie alcanza un peso de entre 35 y 55 kilos las hembras y 45 y 73 kilos los machos, desarrolla una abundante melena que lo asemeja a un león y tiene un carácter fiel a su dueño. De acuerdo con la Federación Canófila Mexicana, las referencias más antiguas de este can se remontan a 2 mil años antes de Cristo.
Ese mismo año en que se hizo de los mastín tibetano obtuvo la cédula profesional de litigante de la que había carecido durante toda su trayectoria. En 2017 renunció para casarse con Paulina Landa Quintanilla, quien se había desempeñado como auxiliar del procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade.
Hoy, su paredero se desconoce. De él ya no hay despacho ni relaciones. Es un fugitivo.
4.- Alfredo Castillo Cervantes
“Qué bien me veo”
“Apagafuegos”, es un sobrenombre que ganó desde sus tiempos como procurador general de Justicia del Estado de México (2010-2012), por resolver en la pantalla de televisión casos como los de la desaparición de la niña Paulette Gebara Farah y los feminicidios en serie de Librado Legorreta, “El Coqueto”, en el Estado de México.
Con tres licenciaturas, una en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, otra en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana y una más en Economía Financiera en la Escuela Bancaria y Comercial, ocupó cuatro cargos de alta responsabilidad en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En diciembre de 2012, fue investido con el puesto de subprocurador en la Procuraduría General de la República; después, en 2013, ocupó la silla principal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); siete meses después, se fue a Michoacán como comisionado de Pacificación y al final del sexenio, de 2016 a 2018, fue director general de la Comisión Nacional del Deporte (Conade). Por los cuatro cargos, Alfredo Castillo Cervantes percibió más de 10 millones de pesos, según un cálculo basado en el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT) y los registros del Sistema Integral de Recursos Humanos y Nómina de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En realidad, la vida política de Alfredo Castillo Cervantes arrancó en la oficina de Toluca de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en 2010. En ese entonces, el mandatario estatal, Enrique Peña Nieto, tenía la preferencia, en todas las encuestas, para ser el candidato único del PRI a la Presidencia de la República. Ya usaba el copete alto y trajes de Armani.
Mientras, Alfredo Castillo Cervantes también desarrollaba fascinación por su propia imagen, según varios colaboradores. Si el día de trabajo tenía diez horas, él dedicaba cinco frente a una pantalla para ver noticiarios; desde los de tiempo real como Milenio y TV Fórmula hasta las repeticiones de entrevistas concedidas por él mismo. Las otras cinco horas eran para jugar ping-pong.
Cualquiera que en ese momento tuviera la ocurrencia de ingresar a su oficina sabía que el procurador podría contestar, mientras veía la tele, con un “¡Qué bien me salió esto!” O un: “¡Qué bien me veo, chingao!” En el peor de los casos, un: “Espérate, espérate, mira qué chingón soy”.
Pese a un abultado currículum que él reproducía en sus declaraciones patrimoniales, la hemeroteca no arroja una imagen profesional de Alfredo Castillo, pero sí su faceta “amorosa”. En septiembre de 2016, durante las Olimpiadas efectuadas en Río de Janeiro, fue captado por el lente fotográfico de los periodistas con una joven acompañante a la que besaba y abrazaba, mientras la delegación mexicana señalaba falta de recursos para desempeñarse en las justas. Algunos deportistas denunciaron que “la novia” de Castillo Cervantes viajó con viáticos que bien hubieran pagado a un atleta o a un médico.
Castillo Cervantes fue muy exigente para que los demás fueran transparentes, pero él no lo fue. En 2015, en la columna que firmaba en el periódico La Afición, escribió: “En México, nuestras federaciones han sido prácticamente inmaculadas en las últimas décadas. Viven del presupuesto público (salvo la Federación Mexicana de Futbol) y no reportan ningún resultado, salvo a sus agremiados. Cuando llegué a la Conade, las federaciones no habían comprobado casi 300 millones de pesos. Si no rendían cuenta de sus resultados, ¿Por qué habrían de hacerlo con los recursos de los contribuyentes?”. Presentada en 22 ocasiones, Castillo Cervantes jamás aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales. Lo que sí quiso fue dar a conocer cómo había crecido su historial académico y laboral en los años en que trabajó detrás de la figura de Enrique Peña Nieto.
5.- Luis Enrique Miranda Nava
La facilidad de faltar a la palabra
Fue el amigo incondicional, el que destrabó y resolvió. Su poder en el gobierno fue tanto como el de Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y luego de Relaciones Exteriores, a quien llegaron a motejar como “Vicegaray”. Pero en esta biografía hubo una marcada diferencia: supo mantenerse detrás de bambalinas.
Miranda Nava y Peña Nieto se conocen desde que Arturo Montiel Rojas gobernó el Estado de México (1999-2005), se llaman compadres y son rivales en uno de los deportes más difíciles para practicar por sus altos costos: el golf. Los dos pertenecieron al grupo apodado “Golden Boys”, atribuido al grupo de funcionarios que en sus treinta y pocos tenían una imagen “fashionista” y trabajaban en el equipo de Arturo Montiel Rojas. Nació en 1964 en Jocotitlán, Estado de México.
Como otros, cuando Enrique Peña Nieto fue investido como presidente, también se fue a vivir a las Lomas de Chapultepec, en una casa ubicada cerca de la llamada “Casa Blanca”, donde vivió Enrique Peña Nieto, según un trabajo de investigación periodística de la reportera Jesusa Cervantes para la revista Proceso. Pero él jamás publicó lo que posee. Si se le ve en el espejo de su declaración patrimonial –el máximo documento de la Transparencia de los servidores públicos– siempre se presentó como un funcionario “pobre”, en sentido figurado. Jamás estuvo de acuerdo de mostrar lo que tenía y sólo presentaba su currículum escolar y laboral.
Tras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Social, dejó 109 irregularidades que causaron probables daños al erario por un monto de 2 mil 289 millones 66 mil 410 pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. Su nombre integra la lista de funcionarios investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico. Y no sólo su nombre; también el de su esposa, Alma Laura Saldaña Farach.
Su padre, Luis Miranda Cardozo ocupa la Notaría Pública 166 en el Estado de México, la cual fue creada en 2011, el último año de Enrique Peña Nieto en el gobierno del estado, según consta en la Gaceta de Gobierno de esa entidad.
En poco más de una década de carrera, varios asuntos quedaron en sus manos y al resolverlos, dejó su impronta de funcionario pragmático, pero también capaz de faltar a su palabra a pesar de haber estampado su firma.
Cuando fue coordinador de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de México se encargó de las protestas de los comuneros de San Salvador Atenco quienes se oponían a la construcción del Aeropuerto Internacional de Texcoco, en 2002. Luego, como secretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación (Segob), firmó un acuerdo de paz con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). En los años posteriores, el documento desapareció de los archivos de la dependencia y no se hizo válido. “Privilegiar el diálogo como una vía de construcción de propuestas orientadas al mejoramiento de la educación”, fue uno de los compromisos aquella vez, en 2013, según algunos miembros de la CNTE.
Desaparecido aquel acuerdo de paz, el conflicto continuó. Tres años después, en Nochixtlán, Oaxaca, once personas murieron y 40 más resultaron heridas cuando elementos de la Policía Federal y estatal intentaron desbaratar un bloqueo carretero de los maestros disidentes. Después, en la Segob se instalaron cuatro mesas de negociación. Miranda Nava volvió a quedar a cargo de la pacificación. Hoy es diputado federal.
Fuente.-@Linaloe_RF/(imagenes/twitter)
