Ellos piden mil y se movilizan para presionar, bloquean o toman sitios estratégicos y asfixian la economía de una ciudad, una región o si hace falta el país entero. El gobierno les da mil esperando que retiren su protesta y ellos la refuerzan, estrangulan más y piden 6 mil.
Cuando obtienen lo que querían, a veces más de los 6 mil, a veces menos, anuncian que van a consultar a sus bases y se van, a esperar el momento de realizar su próximo chantaje.
Pasan por encima de los intereses de la sociedad con total impunidad, a veces vandalizan edificios públicos, someten a vejaciones a funcionarios, maestros que no los apoyan o hasta periodistas.
Si en algún momento de sus tropelías la fuerza pública los enfrenta denuncian represión. La izquierda partidista generalmente los apoya, les aplaude y los defiende. Les llama "democráticos". En todo el proceso, los niños se quedan sin clases. La izquierda les llama defensores de la educación pública.
Es la historia de la CNTE que se repite una y otra vez. Hoy en Michoacán.
Esta vez enfrentando primero a un gobierno estatal perredista que pretendió desentenderse de los costos de la educación unos días antes de que terminara la anterior administración federal. Y después a un gobierno federal morenista, que fue su aliado electoral, que les promete nunca "reprimirlos", les manda dinero y enviados políticos con mensajes de apoyo y les pide que se porten bien porque si no serán "mal vistos" por la sociedad.
En eso están. Quince días hasta ahora de bloqueo impune de vías de ferrocarril, pérdidas por más de 15 mil millones de pesos, industrias en paros técnicos porque no les llegan las materias primas, y los derechos de miles de trabajadores y ciudadanos sencillamente pisoteados.
La CNTE hace y deshace a placer, el gobierno michoacano de Silvano Aureoles pide acción del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y él dice que es asunto local.
Las pérdidas en Michoacán y entidades cercanas se acumulan con las que ya causaba el desabasto de combustibles durante más de un mes.
La CNTE exigía los salarios de noviembre y diciembre que dejó de pagar el estado. Eran 200 millones de pesos.
El gobierno federal se los prestó al de Michoacán. La coordinadora sacó su librito de todo lo que dejó de ganar con la reforma educativa del sexenio pasado, sumó bonos, plazas y estímulos que afirma le deben, y llegó a una cifra de 6 mil millones de pesos. La federación mandó mil millones como crédito a la administración estatal y sigue el regateo.
La sociedad convertida en rehén del apetito insaciable de la coordinadora por recursos públicos, la irresponsabilidad de un gobierno estatal y la inacción de un gobierno federal que trata bien a sus aliados aunque golpeen la economía de los ciudadanos y del país, y que parece convencido de que la fuerza pública solo sirve para "reprimir al pueblo" así que no la usará para garantizar los derechos de todos.
Y mantiene la promesa de sorprender al mundo con un crecimiento económico mayor al esperado en 2019 como si enero no hubiera sido un mes de puras pérdidas.
Los maestros de la Coordinadora tienen la palabra presidencial de que nadie será despedido y son los vencedores en la batalla por derogar la reforma que les había quitado parte de sus privilegios.
¿Y los niños? Bien, gracias.
Fuente.-Carlos Loret/
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Los medidores ilegales instalados en la red paralela ilegal de agua. (Foto: Cortesía Noroeste)
